El Ministerio Público comunicó que la joven que habría asesinado a su beba recién nacida fue imputada por homicidio doloso. Además, se anunció que se realizarán evaluaciones psicológicas para conocer el estado de salud mental de la mujer de 24 años. El fiscal Federico Leguizamón está a cargo de la investigación.
La mujer se encuentra internada en un hospital bajo custodia policial y este sábado pasado fue sometida a una intervención para un curetaje, además de un procedimiento para reponerle la sangre que perdió. Asimismo, esta mañana se realizó la autopsia al cuerpo del bebé y se confirmó que nació con vida y se hallaron más de 15 puñaladas.
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El Ministerio Público fue comunicado el viernes 21 de octubre de un presunto hecho de aborto, que finalmente dio un giro inesperado. La mujer que se encontraba con un embarazo en termino, que trabajaba en una residencia en Asunción, se habría encerrado en su habitación, los propietarios de la vivienda llamaron a la Policía y encontraron a la mujer totalmente débil y junto a un charco de sangre.
Los mismos trasladaron a la empleada a un sanatorio privado rápidamente, mientras que la Policía Nacional junto a la Fiscalía ingresaron a la habitación de la mujer donde se encontraron con la peor escena, un cuerpo de bebé en el inodoro con signos de haber sido atacado. Del lugar se incautó también una tijera con la que la mujer habría atacado al bebé.
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Condenan a 20 años de prisión a un hombre por homicidio de joven hallado en el río
- Ciudad del Este. Agencia regional
En julio del año 2025 vecinos del barrio Tres Fronteras se habían movilizado por la aparición de un joven vecino y luego, con el hallazgo de su cuerpo en el río Paraná, se aglomeraron en el puerto y después en la funeraria para exigir justicia. Poco antes de su desaparición, el joven “pasero” había estado compartiendo con otros vecinos.
Por ese caso fue condenado a 20 años de prisión Juan Eugenio Medina Ávalos (37), alias “Keño”, al ser hallado culpable de homicidio doloso en el juicio oral que concluyó este martes 22 de setiembre en el Poder Judicial de Ciudad del Este. El fiscal Alberto Torres es quien realizó la acusación.
El Tribunal de Sentencia fue presidido por el juez Fabio Aguilar Benítez e integrado por sus pares Serafín González y Vitalia Duarte.
El homicidio juzgado ocurrió el 20 de julio de 2025, alrededor de las 3:00, en la ribera del río Paraná, en el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco.
En esa ocasión, Francisco Daniel López Peña, conocido como “Lope’i”, fue al lugar junto con otras personas con la intención de recuperar una motocicleta Kenton GTR 150, de color rojo, que se encontraba en poder de Cristhian Javier Aranda Benítez.
Según lo expuesto en juicio, en esa ocasión, Medina Ávalos, quien se desempeñaba como “campana” de un puerto clandestino, abordó al grupo con un rifle y efectuó varios disparos.
Uno de los proyectiles alcanzó a López Peña y le provocó la muerte. Posteriormente, Medina Ávalos solicitó una embarcación para trasladar el cuerpo y arrojar al río Paraná.
El cadáver fue localizado el 31 de julio de 2025 en la costa de Domingo Martínez de Irala. El informe médico forense determinó que la víctima presentaba un orificio de entrada y otro de salida de arma de fuego en el tórax, y diagnosticó como causa de muerte un shock hipovolémico por disparo de arma de fuego.
Las imágenes y audios de las cámaras de circuito cerrado resultaron relevantes para el tribunal, al registrar los disparos, el pedido de auxilio de la víctima y la posterior secuencia del traslado del cuerpo, según lo analizado en el juicio.
A estas evidencias se sumó un conjunto de elementos probatorios reunidos durante la investigación a cargo del fiscal Alberto Torres. Se sumaron documentos, informes policiales, declaraciones testimoniales, pericias y registros obtenidos durante los distintos procedimientos, con los cuales se sostuvo la acusación y la responsabilidad penal de Medina Ávalos.
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Denunció violencia familiar en junio, ignoraron sus pruebas y hoy está imputada por la denuncia de su expareja
La exmodelo Graciela Núñez atraviesa una situación inédita. En junio pasado denunció a su expareja, Marcos Gómez, por violencia familiar. Sin embargo, terminó siendo imputada por el mismo delito tras una contradenuncia que el hombre presentó el pasado 6 de agosto. La celeridad del Ministerio Público para formular la imputación contra la mujer levanta sospechas sobre presuntas motivaciones e intereses ocultos en el caso.
A raíz de la denuncia de Gómez, Núñez fue imputada y se ordenó su detención inmediata. La mujer fue aprehendida y trasladada a la Comisaría Tercera de Luque. Lo llamativo del caso es que, dos meses antes (el 10 de junio), la exmodelo ya había presentado una denuncia formal en sede del Ministerio Público. A pesar de aportar videos y audios como pruebas de las agresiones sufridas, su causa quedó encajonada. En contraste, Gómez logró que la Fiscalía imputara a la mujer en cuestión de días.
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Actualmente, Graciela Núñez cuenta con contención psicológica del Ministerio de la Mujer. Según su declaración testifical, los episodios de violencia física comenzaron el 11 de julio de 2025 en la habitación matrimonial. En esa ocasión, su esposo la sujetó fuertemente del cuello contra la pared y luego la golpeó en el rostro en otro sector de la casa. La niñera presenció el hecho. Además, se adjuntaron imágenes del circuito cerrado de la vivienda en las que se observa la agresión y se identifica a Marcos Gómez.
La víctima denunció otro episodio violento el 28 de noviembre de 2025, citando como testigos a miembros de su núcleo familiar. Tras un nuevo altercado el 30 de diciembre de 2025, Graciela decidió abandonar el hogar conyugal. Sin embargo, el hostigamiento continuó. El 1 de enero de 2026, Gómez le quitó el control de las cuentas bancarias. Más tarde, el 15 de junio de 2026, un conocido le advirtió mediante mensajes que su expareja planeaba plantarle drogas en el vehículo para perjudicarla.
A pesar de las evidencias audiovisuales presentadas por Núñez, la causa a cargo de la fiscal Sonnia Spezzini (Unidad 5 de Luque) no avanzó. Por el contrario, la denuncia de Marcos Gómez, presentada el 6 de agosto de 2026, tuvo un rápido trámite. El hombre alegó haber sufrido varios episodios de violencia y afirmó que, en una ocasión, despertó y encontró a Graciela apuntándole con un arma de fuego. Tan solo 48 horas después de esta declaración, el fiscal Orlando Paiva imputó a la exmodelo, ordenó su captura y solicitó prisión preventiva por un plazo de seis meses de investigación. La mujer actualmente está con arresto domiciliario.
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Juez concede libertad a abogada del caso IPS bajo fianza de G. 500 millones
El juez de Garantías Rodrigo Estigarribia otorgó la libertad a la abogada Rosa Concepción Colmán, exasesora jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS), procesada penalmente por lesión de confianza en el marco de la investigación de un supuesto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la institución. El citado magistrado ordenó la libertad de la imputada bajo una fianza de G. 500 millones.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas, llevada a cabo en el juzgado a cargo del referido magistrado. Estigarribia consideró que no se reúnen los presupuestos para dictar la prisión preventiva, al descartar la existencia de peligro de obstrucción a la investigación. Asimismo, concluyó que la fianza fijada resulta suficiente para neutralizar el eventual peligro de fuga. Inicialmente, la defensa había solicitado el arresto domiciliario con tobillera electrónica.
La Fiscalía imputó a Rosa Colmán junto con los expresidentes del IPS, Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros seis funcionarios, por presuntamente haber ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones mediante pagos indebidos relacionados con un contrato para el reacondicionamiento e instalación de quirófanos modulares.
Según la imputación, la exasesora jurídica emitió el dictamen de viabilidad para las adendas contractuales que permitieron extender la ejecución del contrato y autorizar nuevos pagos a favor de la firma Neighpart S.A., pese a que, conforme a la investigación, existían impedimentos para la ejecución de las obras.
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Guairá: imputan a un abuelo y a su nieto por el crimen de joven que estaba desaparecido
La fiscal Rocío Raquel Rivas imputó por la supuesta comisión del hecho punible de homicidio doloso contra Victoriano Duarte (74) y su nieto, un adolescente de 16 años, en el caso de la muerte y posterior ocultamiento del cuerpo de Cristhian Sosa Oviedo (27), quien contaba con orden de búsqueda y localización.
La desaparición de la víctima fue reportada por la familia el pasado 30 de julio en zona de Melgarejo, distrito de Independencia, departamento de Guairá, y su cuerpo fue hallado enterrado el lunes último en un predio de la misma localidad.
La agente del Ministerio Público pidió la imposición del arresto domiciliario para el adulto mayor, fundamentada en la prohibición establecida en el artículo 238 del Código Procesal Penal, que prohíbe decretar la prisión preventiva a personas mayores de setenta años y ordena aplicar medidas cautelares sustitutivas idóneas.
En el caso del adolescente, solicitó al Juzgado Penal de la Adolescencia como medida provisoria su internación transitoria en el Centro Educativo Sembrador y requirió la realización de los estudios psicosociales y socioambientales de rigor con profesionales forenses del Poder Judicial para evaluar su grado de madurez psicosocial, de acuerdo con el acta de imputación.
Pistas claves
Señala también que la investigación del paradero del joven de 27 años condujo a los intervinientes hacia el adulto mayor, quien quedó bajo sospecha tras entregar de manera inexplicable a la familia del desaparecido la bicicleta que la víctima utilizaba para desplazarse.
Esta pista permitió orientar el trabajo de los investigadores hacia el nieto adolescente, quien tras ser aprehendido confesó su participación en el crimen.
Posteriormente, el adulto mayor brindó datos que posibilitaron el hallazgo del cuerpo en una zona boscosa de Melgarejo, en el camino a Kurusu Pe, donde los intervinientes hallaron primeramente las prendas y calzados de la víctima
La inspección médica primaria determinó como causa de muerte un traumatismo de cráneo encefálico grave. Menciona que el hecho ocurrió el 30 de julio, alrededor de las 18:30, en el interior de una vivienda de Melgarejo, donde Sosa Oviedo habría ingresado a una habitación donde supuestamente intentó abusar sexualmente de la madre del adolescente.
Al percatarse de la situación, el adolescente forcejeó con el hombre y le propinó un golpe con un hacha en la zona frontal de la cabeza, provocándole la muerte de manera inmediata. Al día siguiente, 5:00 aproximadamente, junto al abuelo habrían arrastrado el cuerpo sin vida con una cuerda hacia una zona boscosa ubicada a unos 100 metros de la vivienda, donde lo enterraron en una fosa.
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