El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado fijó para abril de 2027 el inicio del juicio oral y público unificado para Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, exintegrante del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

La decisión judicial unifica las causas pendientes contra la procesada, optimizando los tiempos procesales para resolver su situación jurídica en un solo litigio.

Ramírez de Ramos enfrenta severos cargos relacionados con su presunta participación en actividades terroristas, apoyo logístico a la banda criminal y otros hechos punibles tipificados dentro de la ley de financiamiento del terrorismo y asociación criminal en el norte del país.

La mujer está acusada por hechos vinculados a los secuestros del suboficial Edelio Morínigo y del joven Arlan Fick.

Aunque inicialmente debía afrontar dos juicios por separado, los fiscales Federico Delfino y Lorenzo Lezcano solicitaron unificar ambos expedientes.

El colegiado dio lugar al pedido, suspendió el juicio previsto por el caso Morínigo y programó el inicio del juzgamiento conjunto para el 19 de abril de 2027. Ramírez de Ramos enfrenta cargos por terrorismo, homicidio doloso, secuestro, toma de rehenes, asociación terrorista y transgresión a la ley de armas. El Tribunal está integrado por los jueces Juan Dávalos, Pablino Barreto e Inés Galarza.

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De acuerdo con la acusación, el 2 de abril de 2014, la mujer y otros integrantes del EPP ingresaron a la vivienda de la familia Fick en Paso Tuya, Azotey.

Tras reducir a los miembros de la familia, sustrajeron dinero y alimentos, y secuestraron a Arlan Fick Bremm, por cuya liberación exigieron USD 500.000.

El pago se habría realizado el 10 de abril de ese año. La Fiscalía también la acusa por su presunta participación en el enfrentamiento ocurrido durante la huida del grupo armado, en la que murió el vicesargento Hugo Monges y fueron abatidos los criminales Bernardo Bernal Maíz y Claudelino Silva Cáceres. Arlan permaneció 267 días en cautiverio y fue liberado el 25 de diciembre de 2014 en Yby Yaú.

En relación con Edelio Morínigo, se sostiene que la acusada participó en su secuestro el 5 de julio de 2014 en la estancia María Auxiliadora, en Arroyito, Concepción.

Según la Fiscalía, los miembros del EPP emboscaron a varias personas y se llevaron al suboficial, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

Como evidencia clave, el Ministerio Público menciona un video hallado en octubre de 2014 en el que aparecían ambos secuestrados en cautiverio junto a miembros armados de la organización.

La acusada habría sido identificada en las imágenes vistiendo ropa de camuflaje y portando un fusil.

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Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.

Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.

El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.

También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.

El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.

Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.

Fuente: AFP.

Uno de los puntos centrales de la resolución es el análisis de los sucesivos recursos, incidentes, recusaciones y acciones planteados durante la tramitación de la causa.

El Tribunal de Apela­ción en lo Penal, Pri­mera Sala de la capital, resolvió revocar la resolu­ción por la cual el juez Penal de Garantías n.º 11, Yoan Paul López Samudio, había declarado la prescripción de la causa seguida contra el exministro del Interior Rafael Filizzola, en el caso conocido como “comisarías de oro”.

La Cámara hizo lugar al recurso de apelación plan­teado por la fiscala Silvia Margarita González Vester, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anti­corrupción n.º 3, y dejó sin efecto el A.I. n.º 371, de fecha 6 de mayo de 2026. De esta manera, el proceso por lesión de confianza contra Filizzola continúa vigente y deberá avanzar hacia la siguiente etapa procesal. Uno de los puntos centrales de la reso­lución es el análisis de los sucesivos recursos, inciden­tes, recusaciones y acciones planteados durante la tra­mitación de la causa. Según el tribunal, esta concatena­ción de actuaciones impidió la prosecución ordinaria del proceso y generó un período de “tiempo muerto” de 5 años, 5 meses y 12 días, que debe ser considerado como tiempo de suspensión de los plazos de prescripción.

La resolución señala que el expediente fue devuelto for­malmente al juzgado de ori­gen recién el 14 de diciembre de 2021. Entre las actuaciones enumeradas figuran recur­sos de reposición y apelacio­nes, incidentes de nulidad, una acción de inconstitucio­nalidad y sucesivas recusa­ciones. El tribunal también cita una resolución de 2022 que quedó firme luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema declarara inadmisi­ble un recurso extraordinario de casación en 2025.

Además de revocar la decisión del juez López Samudio, los camaristas Paublino Esco­bar, Jesús Riera y Adriana Giagni exhortaron al magis­trado interviniente a aplicar el procedimiento previsto en la Acordada n.º 1814 de la Corte Suprema de Justicia, de modo de velar por la regula­ridad del litigio y desalentar planteamientos dilatorios o el abuso de las facultades pro­cesales.

La Cámara impuso las costas en el orden causado. Con la decisión, queda pendiente la definición de la audiencia pre­liminar, instancia en la que se deberá analizar la acusación y determinar si corresponde elevar la causa a juicio oral.

El proceso se origina en la investigación sobre la cons­trucción de baños y celdas en 24 comisarías del área metropolitana, durante la gestión de Filizzola al frente del Ministerio del Interior. Según la acusación, el caso habría ocasionado un perjui­cio patrimonial de aproxima­damente G. 1.200 millones.

El juez Humberto Otazú otorgó la suspensión condicional del procedimiento a Cinthia Noelia Alén Guerrero, quien admitió su complicidad en el delito de lesión de confianza. El caso también involucra al exintendente Miguel Prieto por el pago de obras inexistentes, financiadas por el Consejo Local de Salud de Ciudad del Este, lo que ocasionó un perjuicio de G. 757 millones.

Tras la admisión de los hechos, el magistrado resolvió aplicar la salida procesal. Alén Guerrero deberá abonar la suma de G. 50 millones como reparación del daño social en un plazo de 10 días hábiles, una vez que la resolución quede firme.

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El dinero será destinado a la Municipalidad de Ciudad del Este. La defensa de la procesada se allanó al pedido de suspensión formulado por los fiscales Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimy Adle.

Semanas atrás, durante una audiencia preliminar, otros seis procesados también admitieron los hechos de corrupción ante el juez Otazú, devolvieron un total de G. 300 millones y obtuvieron el mismo beneficio.

Los procesados que recibieron la suspensión son: Lucía Lisboa (exsecretaria del Consejo de Salud), Salem Esgaib Zugaib (extesorero), y Karen González, Fredy Guzmán, Sonia Barrios y Hugo Benítez.

El juzgado estableció reglas de conducta que deberán cumplir por el plazo de un año, incluyendo la donación de G. 50 millones cada uno como reparación del daño. Además de Miguel Prieto, otras dos personas siguen acusadas en la causa.

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