Un Tribunal de Sentencia condenó a 20 años de cárcel a una mujer y su pareja tras ser encontrados culpables por abuso sexual en niños, cuya víctima es una niña de tan solo 11 años de edad. Asimismo, el colegiado condenó a 17 años de cárcel a otra persona que también participó del terrible hecho.
La representante del Ministerio Público fue Casse Giménez, quien logró reunir los elementos de prueba y exponer ante el Tribunal de Sentencia que una vez analizado el presente caso decidió sentenciar a los acusados a altas penas por la gravedad del caso.
Varios elementos de prueba, como testimonios, documentales, y varios informes tanto psicológicos como los presentados por los médicos forenses del Ministerio Público, fueron los que se debatieron durante la audiencia oral donde se probó la responsabilidad de los tres acusados por los hechos punibles de abuso sexual en niños, proxenetismo y violación del deber de cuidado.
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Conforme a los antecedentes del caso, la víctima del hecho había sido abusada desde los 11 hasta los 13 años por el padrastro, con el consentimiento y participación de su propia madre biológica, quien también sometía sexualmente a la niña realizando tríos con el padrastro y otros hombres.
Según declaraciones de la menor, su madre la prostituía obligándola a mantener relaciones sexuales con diferentes hombres y les cobraba sumas de dinero que luego entregaba a su pareja. A raíz de una relación sexual violenta, la niña sufrió varias lesiones que puso en riesgo su vida por la hemorragia ocasionada, debiendo ser sometida a cirugía e internada por un mes en el hospital Nacional de Itauguá.
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Estadísticas de abuso sexual en niños siguen siendo escalofriantes
El número de casos de abuso sexual infantil registrados en el Observatorio del Ministerio Público sigue siendo espantoso, pese a que ha producido una leve disminución en los últimos dos años. Esta es una situación que, pese a la gravedad, no despierta la conciencia colectiva con la fuerza necesaria que amerita y que sea capaz de reforzar las estrategias desde el Estado.
Los abusos sexuales en niños y niñas son –lamentablemente– parte de una realidad que se arrastran de antaño. Si bien en las últimas estadísticas compartidas por el Misterio Público disminuyeron algunos números, el flagelo continúa siendo una gran preocupación.
El caso de Felicita Estigarribia –“la niña de las mandarinas”– que en 2004, a sus 11 años, fue abusada sexualmente por un hombre quien no conforme con la vejación la estranguló hasta acabar con su vida. Este horrendo caso reflotó la indignación con el arresto del presunto autor, después de 21 años de aquel estremecedor suceso. Sin embargo, hechos sangrientos como este continúan ocurriendo en la actualidad, algunos más sonados, o más mediatizados que otros.
Otra triste realidad es que los casos de abusos a niños ocurren en el seno familiar o en el entorno más inmediato, por lo que es importante prevenir desde el hogar. Los profesionales enseñan que hay que apelar en la mayor medida posible al diálogo y enseñar a los chicos que nadie les puede tocar en las zonas privadas de su cuerpo.
Aunque parezcan mensajes repetitivos y gastados la insistencia –por qué no decir incluso la obstinación– en los cuidados son fundamentales para instaurar conciencia sobre el flagelo social que implican los abusos y que cualquier menor puede correr con esa suerte. Todos los ciudadanos de bien de este país tenemos la obligación de asumir el compromiso de una lucha que es válida: se trata del futuro de nuestras generaciones, el futuro del país y el mundo.
Pero señalemos algunas cifras lacerantes y duras. De 2021 hasta abril de 2025, el Ministerio Público, a través de las oficinas de denuncias, recibió un total de 15.023 causas por abuso sexual en niños a nivel país. Según este reporte, el promedio de víctimas es de 9 años y esto resulta escalofriante considerando que es una edad sensible, vulnerable, una etapa de la vida que requiere mucha contención para la formación, el discernimiento que se va adquiriendo con el desarrollo personal.
El detalle de los registros refiere que en el año 2021, año de pandemia precisamente, fueron investigadas 2.966 causas, mientras que, en 2022 ingresaron 3.812 hechos. En 2023, hubo 3.563 causas, mientras que el año pasado se cerró con 3.546 causas. En lo que va de este año 2025, hasta el mes de abril fueron reportadas 1.136 causas en la Fiscalía.
El 53 % de las víctimas tiene entre 10 y 13 años, el 34 % de los menores afectados tiene entre 5 a 9 años y el 14 % niños de hasta 4 años. Según el reporte del Observatorio del Ministerio Público, el 30 % de los presuntos agresores tiene entre 18 a 29 años, mientras que el 23 % corresponde a menores de 18 años; un porcentaje preocupante, ya que también se trata de menores de edad.
Otros datos igual de hirientes que proporciona el Ministerio Público señalan que el 26 % de los investigados por el hecho punible de abuso sexual tiene entre 30 a 44 años de edad. El 13 % corresponde a personas de 45 a 59 años de edad y el 7 %, a 60 años y más.
Resulta igual de increíble como personas que van entrando a la tercera edad caen en estos casos y se constituye también en una llamada de atención sobre el cuidado de la salud mental que debe abordarse para quienes afrontan esta etapa de la vida en la que generalmente se encuentran hastiados de renunciamientos.
Central, Asunción, Itapúa, Alto Paraná y San Pedro acaparan estos números lamentables, y se han convertido en son zonas de mucha preocupación por los índices de denuncias.
La tarea no es fácil, desde luego; se torna compleja por los vínculos existentes en los casos denunciados. La pelea no es solamente hacer justicia, sino confrontar a seres queridos, divisiones familiares, reclamar al entorno. Son procesos que requieren tratamientos con cuidado extremo y tacto especial para llegar a la verdad detrás de los sucesos.
El Estado a través de sus instituciones se encuentra ante un desafío altamente sensible tanto para la implementación de proyectos de prevención como de contención y recuperación de las víctimas. El esquema tiene que encarar políticas más rigurosas, más visibles y empáticas, ya que todo dependerá de la receptividad de la ciudadanía y las familias en sumarse a la meta que persigue uno de los flagelos sociales más angustiantes: el abuso de los niños y niñas.
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Imputan a “Pai do Santo” por abuso sexual en niños en medio de rituales macabros
- Ciudad del Este. Agencia Regional
Un hombre que se presenta como “Pai de Santo”, figura conocida como guía espiritual dentro de algunas sectas religiosas brasileñas, fue imputado por la fiscal Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, por los hechos de abuso sexual en niños, actos sexuales de menores de edad y violación del deber de cuidado.
De acuerdo al escrito de imputación, los indicios apuntan a que, entre enero y junio de 2025, en un inmueble ubicado en el km 14 de Minga Guazú, una especie de templo, el ahora imputado habría violado gravemente su deber de padre al exponer a su hija de dos años a ritos en medio del consumo de alcohol y cigarrillos, poniendo en riesgo su desarrollo.
Asimismo, atribuye al presunto guía espiritual haber realizado actos sexuales en diversas ocasiones, entre los años 2020 y 2021, con un niño de 9 años. Otra sospecha data de 2021, cuando el encausado habría realizado actos sexuales con un adolescente que tenía entonces 15 años.
Las agresiones, que se produjeron en Minga Guazú y Hernandarias, habrían comenzado con el agresor tocando a los menores de edad hasta llegar a actos sexuales más violentos.
La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos mediante una denuncia radicada por una persona, quien relató su participación en un culto con el supuesto “Pai de santo” y rituales con consumo de sustancias, agresiones y la exposición de menores. Los relatos realizados por la madre de una de las víctimas son terribles.
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En el marco de la investigación, las víctimas fueron asistidas por una profesional psicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, ocasión en que relataron crudamente los abusos sexuales sufridos. Asimismo, el diagnóstico del médico forense determinó que los menores fueron violentados sexualmente.
La fiscal Vivian Coronel solicitó la prisión preventiva del imputado debido al peligro de fuga y a la posible obstrucción de la investigación, considerando la gravedad de los hechos y la familiaridad del imputado con las víctimas.
El nombre del imputado se mantiene en reserva para preservar la identidad de las víctimas menores de edad, una de ellas incluso es su hija pequeña de dos años, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia.
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Decretan libertad de Hugo Javier, tras seis meses en prisión
El exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González, y su entonces director de Gabinete, Miguel Ángel Robles, fueron beneficiados con la libertad ambulatoria tras haber permanecido durante seis meses privados de libertad, cumpliendo una pena de diez años. Ambos fueron condenados por el caso de obras fantasmas en la Gobernación.
El fallo del tribunal de sentencia presidido por la jueza Karina Cáceres se dio a conocer este jueves, luego de una revisión planteada por la defensa, tras el cumplimiento de la condena mínima.
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“Los miembros del tribunal han revocado la prisión preventiva y ahora goza con libertad ambulatoria el señor Hugo Javier con las reglas de conducta que el Tribunal ha impuesto”, señaló el abogado Guillermo Gayoso a la 730 AM.
Explicó que su defendido ha compurgado la pena mínima establecida en el artículo 19 de la Constitución Nacional, por lo tanto corresponde otorgarle dicho beneficio. Consideró que el tribunal ha actuado en uso de sus atribuciones al disponer la libertad ambulatoria de ambos condenados.
Así también, el profesional destacó que su cliente nunca obstruyó las investigaciones y siempre cumplió las reglas, y no hay peligro de fuga.
“La Constitución dice en ninguno de los casos superará la pena mínima y eso es lo que se planteó dentro del concepto que manejamos nosotros correctamente. Y el tribunal ha resuelto”, expresó.
El 4 de enero se dictó la condena y ambos se encontraban cumpliendo la prisión preventiva, pero tras superar la pena mínima se dicta la libertad ambulatoria.
Ambos tienen prohibición para salir del país y prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial. Y en el caso de Miguel Ángel Robles se estableció una fianza que en su momento había sido ofrecida por su abogado Guillermo Duarte Cacavelos.
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Condenan a 3 años de cárcel a médico cirujano por muerte de la exmodelo Paola Gaete
Un tribunal de sentencia integrado por Hugo Segovia, Jorge Romero y Rodrigo Duré condenó a 3 años de cárcel y 3 años de prohibición de ejercer la medicina al doctor Hernán Daniel Domaniczky Vargas, encontrado culpable por homicidio culposo por el fallecimiento de la exmodelo y política Paola Gaete.
El colegiado sostuvo que se probó la responsabilidad del acusado en el grave hecho y además el Ministerio Público arrimó todos los elementos probatorios durante el desarrollo del juicio oral y púbico. El fiscal del caso fue Carlos Acuña, quien presentó todos los elementos de prueba para lograr la sentencia condenatoria.
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Por su parte Raquel Gaete hermana de la víctima indicó que “tras varios años se hizo justicia por la muerte de mi hermana”. Agregó que “mis padres se quedaron muy dolidos por el fallecimiento de mi hermana y por suerte se hizo justicia”.
El médico cirujano fue acusado por el hecho punible de homicidio culposo a raíz de la muerte de la exmodelo y política Paola Gaete, ocurrido en el 2022. En aquella oportunidad, Gaete ingresó al quirófano para una cirugía estética que estaba a cargo de Domaniczky, aunque unas horas después se produjo su fallecimiento.
Por su parte, la defensa del condenado médico anunció que apelarán la sentencia condenatoria. Durante los alegatos finales pidieron la absolución de culpa y pena, pero los jueces no tuvieron en cuenta eso y decidieron condenar a Domaniczky.