El juez del Tribunal de distrito del Este de Virginia (Estados Unidos), Rossie D. Alston, fijó para el 11 de enero de 2027 la fecha de inicio del juicio para el meganarcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, por lavado de dinero, drogas y narcoterrorismo.

El juzgado rechazó intentos de la Fiscalía que pretendía retrasar para marzo próximo, es decir un año después de su arresto registrado en Bolivia, según informó el portal de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Te puede interesar: Golpe al narcotráfico: Senad destruye más de 500 kilos de marihuana en Pedro Juan Caballero

Hoy miércoles, se realizó un suerte de audiencia preliminar en el Tribunal Federal de Alexandría, en la que el magistrado Alston elevó la causa a juicio oral.

El abogado de Marset, Robert Feitel, pidió al juzgado que el juicio se adelante ya en noviembre de este año, pero fue rechazado, fijando para el 11 de enero de 2027, previendo dos semanas o más para lo que consideró un caso complejo", refirió el portal de la OCCRP.

Marset, el narcotraficante uruguayo más importante de los últimos tiempos llegó a ser el número tres más buscado por la DEA (Administración de Control de Drogas) estadounidense, pidiéndose una recompensa de USD 2 millones por su arresto.

El narco uruguayo fue capturado en una redada al sur de Bolivia el 13 de marzo pasado y luego fue extraditado a los Estados Unidos. Además de lavado de dinero, se añadieron cargos de tráfico de drogas y narcoterrorismo.

Lea más: La Senad y la Policía Nacional de Colombia se unen contra el crimen organizado

La acusada Chiara Mikhaella Rolón Melgarejo, procesada por el feminicidio de la joven María Fernanda, recusó al tribunal de sentencia, por lo que logró suspender el inicio del juicio oral y público para los cinco acusados por el crimen de la adolescente, quien habría sido asesinada por un menor de edad en Coronel Oviedo en mayo del año pasado.

En el presente caso deben ser juzgados Franco Acosta Céspedes, Ricardo Andrés León Villamayor, Chiara Rolón Melgarejo y los padres del adolescente sospechoso de acabar con la vida de María Fernanda.

La recusación fue presentada por la abogada Laura Melgarejo Torres, quien sostuvo que los jueces Luis Ovelar, Andrea Riquelme y Víctor Vera no cuentan con la imparcialidad necesaria para juzgar la causa.

La defensa de los acusados cuestionó diversas actuaciones del Tribunal, entre ellas el cambio de sede del juicio, la transmisión de las audiencias y otras decisiones adoptadas sin que, según afirmó, se les haya dado participación.

Te puede interesar: Justicia ordena devolver a Canela con su familia biológica

Asimismo, criticó la incorporación tardía de pruebas por parte de la querella que representa a la familia de María Fernanda. También cuestionó la validez del cuaderno de novedades de la Policía Nacional —en el que se dejó constancia de la entrega del teléfono celular de la víctima— alegando que dicho documento habría sido adulterado.

Tras la recusación planteada, corresponderá a la Cámara de Apelación de Caaguazú resolver si los magistrados continúan o no al frente del juzgamiento. Esta es la tercera suspensión que se genera en el caso, por lo que los integrantes del tribunal de alzada deben definir si corresponde sancionar a los acusados y a sus abogados por seguir dilatando la realización del juicio oral.

Antecedentes

Según los antecedentes, la víctima, de 17 años, habría sido asesinada el martes 27 de mayo de 2025 en el domicilio del principal sospechoso. El móvil del crimen habría sido el descontento del joven ante el embarazo de la adolescente. Si bien se presume que el joven actuó solo en la ejecución del acto, posteriormente habría confesado el hecho a sus padres, quienes presuntamente intentaron ocultar lo sucedido.

Podes leer: Mariano Roque Alonso: detienen a mujer que realizó presuntos actos de exhibicionismo

Los jueces Adriana Planás, Mathías Garcete y Yolanda Morel son los encargados de juzgar al exhombre fuerte de Mario Abdo.

A las 8:00 se reanu­dará el juicio oral y público del exmi­nistro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado de cohecho pasivo agravado por recibir favores del presunto narco­traficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua. En la audiencia declarará el detenido en Brasil vía tele­mática.

La declaración de Vinicius se realizará ante el Tribu­nal de Sentencia presidido por Adriana Planás e inte­grado por Yolanda Morel y Mathías Garcete. Giuzzio sufrió el lunes un nuevo revés judicial tras el intento fallido de su defensa para evi­tar a toda costa que Espín­dola Marques, considerado un “pez gordo” del narcotrá­fico, declare este miércoles en el juicio oral. Asimismo, sigue pendiente exponer el contenido del teléfono celu­lar del condenado Lindomar Reges Furtado quien fue sen­tenciado a 37 años de cárcel por narcotráfico en Brasil.

Uno de los episodios más citados por la acusación es el viaje realizado por Giuzzio y su familia a Brasil a fina­les de 2021, utilizando una camioneta propiedad de una empresa vinculada a Vini­cius. Para los fiscales, este hecho constituye un indicio claro de los beneficios inde­bidos que recibió el enton­ces ministro. Por su parte, la defensa rechaza categórica­mente las acusaciones.

La Fiscalía sostiene que Giuzzio incurrió en cohecho pasivo agravado al recibir beneficios y favores de Mar­cus Vinicius mientras este buscaba convertirse en pro­veedor del Estado paraguayo, especialmente del Ministe­rio del Interior y de la Policía Nacional mediante la venta de chalecos antibalas, blindajes y vehículos de seguridad.

Los investigadores afirman que existía una relación directa y frecuente entre ambos, respaldada por men­sajes de WhatsApp, reuniones personales y otros elemen­tos documentales presenta­dos durante el juicio oral. La controversia estalló públi­camente en febrero de 2022, cuando se difundieron foto­grafías y detalles de la rela­ción entre Giuzzio y el empre­sario brasileño.

Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua fue dete­nido en Brasil en febrero de 2022 durante investigacio­nes por presuntos hechos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organi­zado.

• Antonella Mateu

La transición hacia la digitalización tributaria en Paraguay avanza de forma sostenida, marcando un antes y un después en la modernización tributaria.

El Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (Sifen) se encuentra hoy en una etapa avanzada de consolidación. Según estimaciones de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), hacia finales de 2026, aproximadamente, el 90 % de la totalidad de las facturas emitidas en el país corresponderán a documentos tributarios electrónicos, lo que refleja un importante nivel de adopción y madurez del sistema.

Para entender el alcance de este despliegue, las metas normativas y la realidad operativa en el terreno, La Nación/Nación Media conversó con Hugo López, director general de Normalización, Modernización e Innovación y coordinador del Sifen de la DNIT, junto con Alba Talavera, directora de Educación Continuada del Colegio de Contadores del Paraguay.

La incorporación de contribuyentes a la digitalidad continúa realizándose de manera gradual y segmentada, priorizando los sectores de mayor impacto fiscal y con altos volúmenes transaccionales. La DNIT registra actualmente un volumen sostenido y creciente de emisión, con más de 38 mil contribuyentes operando dentro del Sifen y un promedio mensual de validación de 2,5 millones de comprobantes electrónicos.

Alba Talavera explicó que la incorporación al sistema puede darse de forma voluntaria o mediante notificación obligatoria por parte de la administración tributaria, conforme a plazos establecidos según la terminación de Registro Único del Contribuyente (RUC) y otros criterios definidos.

Sostuvo que cada vez más contribuyentes optan por sumarse voluntariamente debido a las ventajas que representa. “La mayoría hoy en día ya se adhiere voluntariamente porque facilita mucho. Ya casi no se utiliza papel, hay plena seguridad de que la documentación llega a la DNIT y existe un control permanente”, manifestó.

Para lo que resta del año, las metas de obligatoriedad de la DNIT y los plazos calendarizados apuntan principalmente a los grandes y medianos contribuyentes, el director, Hugo López señaló que al cierre de este año, el 100 % de estas categorías deberá estar emitiendo de manera obligatoria la totalidad de sus documentos electrónicos. En esa línea, indicó que las proveedores del Estado, desde este año se encuentran obligados a emitir documentos tributarios electrónicos, fortaleciendo el control fiscal.

Un punto importante en el diseño del Sifen es la existencia de plataformas adaptadas a la capacidad económica de cada emisor. Talavera señaló que actualmente existen dos herramientas diferenciadas según el perfil, por un lado se halla el E-kuatia, que está orientado para grandes y medianos contribuyentes, el cual requiere de un software específico y de cierta inversión económica.

Por otro lado, se encuentra disponible el E-kuatia’i, una solución completamente gratuita diseñada específicamente para los pequeños contribuyentes. Para adherirse formalmente al sistema, la especialista recordó que los contribuyentes deben cumplir con requisitos básicos, como contar con un certificado de firma electrónica, disponer de un sistema informático que permita emitir, recibir y conservar los documentos electrónicos por al menos 5 años, y gestionar el timbrado correspondiente como facturador electrónico.

Desde la perspectiva de la DNIT, la facturación electrónica representa una herramienta estratégica para la modernización del sistema fiscal. Para el Estado, los principales beneficios se traducen en mayor transparencia, acceso a información en tiempo real para fiscalización, optimización de análisis de riesgos y una reducción de la evasión y elusión tributaria gracias a la trazabilidad digital.

Para el contribuyente, el sistema permite reducir costos operativos, agilizar la gestión documental y automatizar la integración con los sistemas de gestión empresarial. Talavera ratificó el impacto positivo en la seguridad y la disminución de irregularidades.

“Brinda mayor seguridad jurídica y reduce el riesgo de documentos irregulares o clonados. Cuando me llega una facturación electrónica ya estoy tranquila porque sé que es una factura legal”, afirmó.

A pesar de los indicadores positivos, la implementación a gran escala ha requerido ajustes. Talavera reconoció que durante el proceso se registraron inconvenientes técnicos, principalmente vinculados con la visualización de comprobantes en el sistema Marangatu.

Detalló que, en ciertos casos, las facturas electrónicas no aparecían reflejadas automáticamente en dicha plataforma, lo que generaba omisiones involuntarias en los registros y posteriores notificaciones de la administración tributaria. “Eso ya se va subsanando con el tiempo, pero al principio hubo algunos problemas”, explicó.

Al respecto, Hugo López aclaró un punto fundamental sobre el soporte informático. “El Sifen es un sistema totalmente independiente al sistema Marangatu; comparten datos, pero el Sifen es exclusivo para la aprobación de documentos electrónicos”.

Asimismo, enfatizó que la infraestructura tecnológica de la DNIT se encuentra en una etapa de consolidación y madurez, habiéndose emitido 27 notas técnicas desde el inicio de la implementación para realizar actualizaciones permanentes, garantizar la estabilidad operativa y asegurar la escalabilidad necesaria ante la incorporación masiva.

Uno de los principales retos identificados para lograr la expansión total del sistema radica en las limitaciones de infraestructura del país. Los mayores desafíos de adhesión se observan en pequeños contribuyentes, microempresas y sectores con menor nivel de digitalización. Talavera advirtió con especial preocupación sobre la situación en las zonas rurales.

“Hay compañías del interior donde no sabemos cómo va a responder internet. Ese es un tema que debe debatirse”, sostuvo, remarcando la necesidad de fortalecer la infraestructura general de conectividad del país.

Esta realidad técnica se vincula directamente con el planteamiento de los sectores gráficos, quienes en su momento pidieron mantener un sistema híbrido entre comprobantes impresos y electrónicos.

Ante esto, Talavera subrayó la importancia de mantener mecanismos de respaldo físicos ante contingencias. “A veces se va la energía eléctrica y no podés dejar de vender. En esos casos se siguen utilizando facturas manuales”, indicó.

Por su parte, el director de la DNIT manifestó que, si bien la transición es gradual y acompañada, la política pública se orienta firmemente hacia una digitalización total e integral, argumentando que “el sistema híbrido no garantiza una trazabilidad de la operación para los contribuyentes”, y que la tendencia internacional apunta a consolidar los documentos electrónicos como el estándar principal.