La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ampliación presupuestaria que permitirá al Ministerio Público contar con los recursos necesarios para aplicar el reajuste salarial establecido para los asistentes fiscales, cuya remuneración básica deberá alcanzar el 60 % del salario de los agentes fiscales. La iniciativa pasa ahora a consideración del Senado.

El diputado colorado José Rodríguez propuso ante el plenario la iniciativa que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026 (PGN 2026), aprobado por Ley N° 7609/2025, a fin de dar cumplimiento a la Ley N° 7.511/25, que modifica el artículo 60 de la Ley N° 1562/2000 - Orgánica del Ministerio Público -, en beneficio de los asistentes fiscales del Ministerio Público.

Luego del correspondiente análisis durante su sesión ordinaria, quedó aprobada por mayoría. El documento se remite ahora a la Cámara de Senadores para el siguiente trámite constitucional. El objetivo es ultimar los recursos presupuestarios necesarios para hacer efectivos los reajustes salariales establecidos en favor de los asistentes fiscales del Ministerio Público, conforme a la Ley N° 7609/2025.

Le puede interesar: Latorre felicitó a Amir Ohana por destacado resultado en primarias del Likud

En el debate, el legislador Roberto González mencionó que la labor de los asistentes fiscales resulta fundamental, considerando que son quienes dan apoyo directo a los agentes fiscales. “Los asistentes fiscales, según la ley, son los encargados de brindar apoyo técnico, jurídico y directo a los agentes fiscales en el análisis, diligenciamiento e impulso procesal de las causas penales e investigaciones asignadas a cada unidad fiscal”, explicó.

A su turno el diputado Néstor Castellano, en representación de la Comisión de Presupuesto, se expresó a favor e indicó que los asistentes fiscales deben percibir una remuneración básica mensual equivalente al 60 % de la remuneración de los agentes fiscales.

Informó que el bloque asesor recomendó una modificación de manera a establecer el monto a transferir desde el Ministerio de Economía y Finanzas para dar cumplimiento a la normativa.

“Sugerimos que el ajuste salarial a los asistentes fiscales sea financiado con una transferencia de créditos presupuestarios del Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente, del objeto de gastos 261 - Informática y sistemas computarizados - por un monto total de G. 4.313.823.148”, expresó.

Especificó que este monto contempla la aplicación de la primera gradualidad del incremento previsto en la ley N° 7609, del 25 %, con vigencia desde el mes de octubre del presente ejercicio fiscal. La iniciativa fue aprobada con base en el dictamen de la Comisión de Presupuesto.

Siga informado con: Titular de la ANDE asumió oficialmente como nuevo consejero de Itaipú Binacional

Con motivo del Día del Niño, el Ministerio Público presentó un informe de los hechos punibles que más afectan a la niñez. La lista encabeza el incumplimiento del deber alimentario, seguido de la violencia sexual, la vulneración del deber de cuidado, el maltrato y hechos asociados a entornos tecnológicos.

El propósito del análisis es dimensionar algunas de las situaciones que requieren investigación penal y una respuesta especializada de las instituciones responsables de la protección de la niñez y la adolescencia.

El estudio revela que entre enero de 2020 y julio de 2026 ingresaron 110.886 causas, correspondientes a los ocho hechos punibles incluidos en el relevamiento. El incumplimiento del deber legal alimentario ocupa el primer lugar, con 48.832 causas. Le sigue el abuso sexual en niños, con 21.839 causas.

En tercer lugar se encuentra la violación del deber de cuidado o educación, con 13.564 causas; seguida de la pornografía relativa a niños y adolescentes, con 13.379, y el maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, con 9.983 causas.

En conjunto, estos cinco hechos suman 107.597 causas y representan aproximadamente el 97 % de las 110.886 causas incluidas en el relevamiento.

Te puede interesar: Pedrozo: suman cinco las víctimas fatales en terrible accidente

El incumplimiento del deber legal alimentario constituye el hecho con mayor cantidad de registros de toda la serie analizada con 48.832 causas desde el 2020 hasta la fecha. Entre enero y julio de 2026 se contabilizaron otras 4.317 causas.

El punto más alto entre los seis años completos analizados se produjo en 2023, con 8.293 causas, según registro del Ministerio Público.

Uno de los indicadores de mayor sensibilidad corresponde al hecho punible de abuso sexual en niños. Entre enero de 2020 y julio de 2026 fueron registradas 21.839 causas. La evolución anual muestra 2.739 causas en 2020; 2.968 en 2021; 3.814 en 2022; 3.564 en 2023; 3.551 en 2024 y 3.408 en 2025.

El mayor registro entre los años completos analizados se produjo en 2022, con 3.814 causas. Entre enero y julio de 2026 se registraron otras 1.795 causas.

La franja etaria consignada se encuentra entre los 10 y 13 años, mientras que el 84 % corresponde al sexo femenino.

Los registros del Ministerio Público incluyen hechos vinculados directamente con los entornos tecnológicos. La pornografía relativa a niños y adolescentes acumula 13.379 causas entre enero de 2020 y julio de 2026.

Por otra parte, el hecho punible denominado abuso por medios tecnológicos registra 54 causas entre enero de 2020 y julio de 2026.

Asunción, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná y Central aparecen identificados entre las zonas destacadas en los datos territoriales del Observatorio del Ministerio Público.

En abuso sexual en niños, el 84 % de las víctimas registradas corresponde al sexo femenino; en pornografía relativa a niños y adolescentes, también el 84 %; en abuso por medios tecnológicos, el porcentaje alcanza el 81 %, y en violación de la patria potestad, el 79 %. En abuso sexual en niños y el abuso por medios tecnológicos se ubican entre los 10 y 13 años.

Leé más: Juez definirá si envía a la cárcel o no a Vicente Bataglia, extitular del IPS

“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.

Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.

Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.

Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.

Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

Lea también: “La oposición debe pensar seriamente en el balotaje”, sostiene Dionisio Amarilla

“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.

Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.

Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.

Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.

Te puede interesar: Pérez se reunió con coordinadores para potenciar campaña: “A tocar todas las puertas”

El tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Francisco Ortiz, deberá dar a conocer su fallo en el juicio oral y público que enfrenta la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún, acusada del supuesto hecho punible de prevaricato por entregar 310.000 hectáreas de tierra, ubicadas en la franja de seguridad fronteriza en Alto Paraguay, a presuntas empresas de maletín.

La audiencia oral prosigue este martes a las 13:00 con el tramo final, para luego dar paso a la deliberación de los jueces de sentencia, quienes tomarán la decisión de primera instancia.

Los fiscales Silvia González y Christian Benítez solicitaron una condena de 3 años de cárcel para Irún, mientras que la querella adhesiva, representada por el abogado Francisco de Vargas, solicitó una pena de 6 años de prisión. En los alegatos finales, el Ministerio Público sostuvo que la exmagistrada utilizó su cargo para dictar una resolución arbitraria y contraria a derecho. Los fiscales afirmaron que Irún dictó la sentencia sin contar con los documentos indispensables para resolver el caso.

Te puede interesar: Inició juicio oral contra el exsenador Hernán Rivas por caso de título dudoso

Asimismo, el fiscal Benítez manifestó que la actuación de la acusada no puede considerarse un simple error de interpretación. Recordó que, en un fallo de 2015, la propia exjueza reconoció que no disponía de toda la información necesaria sobre las empresas beneficiadas. Indicó, además, que durante el proceso fue advertida sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Fronteriza y que contaba con informes que acreditaban que las tierras estaban en dicha zona restringida.

El representante del Ministerio Público también cuestionó la decisión de Tania Irún de interrumpir su reposo por maternidad para dictar la sentencia. Sostuvo que, durante el juicio oral, se comprobó que los estatutos de las empresas permitían transferir acciones por simple endoso, situación que vulneraba abiertamente la normativa vigente.

Los jueces Rossana Maldonado y Juan Francisco Ortiz fueron quienes condenaron al exministro Miguel Óscar Bajac a tres años de prisión por cohecho pasivo. Dicha sentencia fue ratificada en la Cámara de Apelaciones y en la Corte Suprema de Justicia, por lo que se espera que evalúen con el mismo rigor la actuación de la exjueza Tania Irún.

Podes leer: Estafa a menonitas: juez fijó para el 17 de agosto extraer datos del celular de acusado