El exvocalista de Pipa para Tabaco, Pedro Lerea, enfrentará un nuevo juicio oral y público tras acusación por supuesta tenencia, consumo y comercialización de drogas. El fiscal Guillermo Sanabria acusó al músico de 36 años, que nuevamente afrontará un proceso recordando que la primera vez fue condenado por violencia familiar tras agredir a su expareja.
En tanto que el defensor de Lerea solicitó el cambio de calificación alegando que presenta trastorno mental y del comportamiento, debido al consumo de múltiples sustancias; sin embargo, este pedido fue rechazado por el juez de garantías que cuenta el proceso.
De acuerdo a los antecedentes, Lerea tenía en su poder, dentro de un bolso tipo riñonera, una importante cantidad de cocaína que arrojó un peso de 18,6 gramos y siete dosis más pequeñas de la misma sustancia con un peso aproximado de 4,2 gramos, así como 25,4 gramos de marihuana. Ocurrió el 7 de octubre del 2021 en su vivienda del barrio Mburicaó de Asunción.
Los intervinientes estiman que Lerea se encontraba comercializando las dosis de drogas a varias personas mayores de edad que estaban en su vivienda, a fin de obtener un beneficio económico con la conducta desplegada.
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Lerea fue condenado a 3 años y 6 meses de cárcel tras ser encontrado culpable por violencia familiar por haber agredido a su expareja quien lo denunció por maltrato ante la Policía Nacional, pese a luego retirar la acusación. La víctima de 22 años presentó rastros de golpes en la cara. Por este caso, el hombre estuvo un año en la Penitenciaría de Tacumbú.
La denuncia fue realizada por la mujer en el 2016, cuando alegó que sufrió una serie de agresiones durante su relación con el vocalista, como maltratos físicos y psicológicos. Sin embargo, luego había decidido retirar la denuncia alegando que se trató de un malentendido.
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Agricultor peruano pierde juicio en Alemania contra grupo energético
- Hamm, Alemania. AFP.
Un tribunal alemán rechazó el miércoles la demanda de un agricultor peruano contra la empresa energética RWE, asentando un revés a los activistas medioambientales en este caso emblemático de justicia climática. La Corte de Apelaciones de Hamm, en el oeste de Alemania, reconoció sin embargo el principio de responsabilidad global de las energéticas.
"Si existe una amenaza de daño, el responsable de las emisiones de CO2 puede estar obligado a tomar medidas preventivas (...) [o] a asumir los costes en proporción a su cuota de emisiones", dictaminó el tribunal. El caso empezó con la demanda de Saúl Luciano Lliuya, de 44 años, que sostenía que RWE, una de las mayores emisoras de dióxido de carbono del mundo, debía compartir el coste de proteger su ciudad natal, Huaraz, de una laguna glaciar que amenaza con desbordarse por el deshielo.
La Corte de Apelaciones no reconoció sin embargo riesgo importante de inundación, un requisito previo para examinar la cuestión de la posible responsabilidad de RWE en el caso. El agricultor no podrá solicitar una revisión del juicio y deberá pagar los costes de aquel, según el fallo.
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Lucha de expertos
El caso poseía una dimensión jurídica crucial, ya que RWE no tiene centrales en Perú y, por tanto, ningún vínculo directo con la localidad del demandante ni con los efectos locales del calentamiento global.
El agricultor y las organizaciones que lo apoyan querían que RWE sirviera de ejemplo de la responsabilidad jurídica global que, en su opinión, tienen las empresas energéticas sobre el cambio climático.
Lliuya y la oenegé Germanwatch exigían que el gigante energético alemán pagase una indemnización proporcional a su parte de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero desde el inicio de la era industrial, que estimaron en un 0,38% en un estudio.
La casa del peruano estaría amenazada por el deshielo de los glaciares que rodean la laguna de Palcacocha, en la cordillera central, acelerado por el cambio climático.
Según el ingeniero Rolf Katzenbach, citado por el tribunal, el riesgo en los próximos 30 años se sitúa en torno al 1%, tras una estimación inicial del 3%.
Sin embargo, Lukas Arenson, un experto convocado por la parte demandante, alegó que el estudio de Katzenbach subestima los efectos futuros del cambio climático.
Por otra parte, el equipo jurídico de Lliuya pidió, sin éxito, que se anulara el testimonio de Katzenbach, alegando que estaba sesgado porque el ingeniero supuestamente tenía vínculos con una filial de RWE.
“Seguimos adelante”, declaró Roda Verheyen, abogada del peruano, tras este fracaso.
La primera acción legal de Lliuya se remonta a 2015 en el tribunal de Essen, sede de RWE, donde reclamó 17.000 euros a la empresa para proteger a su comunidad de las inundaciones. El tribunal desestimó la demanda, pero el tribunal superior de Hamm admitió en 2017 un recurso de apelación.
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“Paso adelante”
La decisión suscitó esperanzas entre los defensores del medio ambiente que esperaban que el caso sentara un precedente en cuanto a la “justicia climática global”, un concepto político según el cual el Norte contaminante debe compensar a los países del Sur víctimas de la contaminación.
Verheyen esperaba que el tribunal confirmase un principio sin precedentes: que una empresa debe responder de las consecuencias de sus emisiones de gases de efecto invernadero.
“Esto enviaría un mensaje muy importante a los tribunales de todo el mundo”, añadió Noah Walker-Crawford, investigador que asesora al equipo jurídico de Lliuya, y sería “un enorme paso adelante”.
Por su parte, RWE sostiene que los efectos del cambio climático no pueden atribuirse legalmente a emisores concretos.
“De lo contrario, cualquiera podría demandar a cualquiera a causa del cambio climático”, declaró a AFP un portavoz de la compañía energética, añadiendo que esta “ha cumplido en todo momento todas las normas legales relativas a las emisiones de CO2 en el curso de sus actividades comerciales”.
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Escándalo de la “jueza de dios” por grabar caso Maradona sin autorización
- Buenos Aires, Argentina. AFP.
“La jueza de dios”, una magistrada del tribunal argentino encargado de definir si la muerte de Diego Maradona fue un homicidio, ratificó este martes pasado que pretende continuar al frente del juicio tras el escándalo por su participación en un audiovisual que ha puesto el proceso al borde del fracaso.
La figura de la jueza Julieta Makintach está en la picota después de que se conocieran grabaciones no autorizadas dentro del tribunal de San Isidro, 30 Km al norte de Buenos Aires, en el que se juzgan las posibles responsabilidades por la muerte de Maradona en 2020, cuando tenía 60 años. “La jueza de dios” es el apodo que la prensa local le dio a la abogada.
Siete profesionales de la salud están acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte de Maradona el 25 de noviembre de 2020 debido a un edema pulmonar mientras estaba en una internación domiciliaria recuperándose de una cirugía neurológica. La pena en caso de ser hallados culpables va de 8 a 25 años de prisión. El escándalo pone en riesgo la validez de las 20 audiencias que llevan transcurridas y los más de 40 testimonios presentados en el juicio desde el 11 de marzo.
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“Gran operación mediática”
Los videos se difundieron el fin de semana después de que los abogados querellantes denunciaran que Makintach iba a participar en un documental sobre el caso sin conocimiento de las partes y a pesar de que el acceso de cámaras no se permite desde la segunda audiencia.
“No hay irregularidad, delito o causal de mal desempeño. Lo que puede haber es una gran operación mediática para ocasionar que me aparte de este debate, pero yo no me voy a excusar, no hice nada irregular”, dijo la jueza este martes ante el tribunal cuando las partes solicitaron que dejara la causa.
En varias de las tomas que se filtraron a la prensa tras una serie de allanamientos, Makintach se presenta, camina frente a la cámara y declara: “No me imagino haciendo otra cosa (que ser jueza)”. La magistrada negó que esos videos fueran parte de un documental.
El fiscal Patricio Ferrari la acusó de mentirosa. “No logro salir del asombro. La doctora Makintach nuevamente volvió a mentirnos a todos en la cara”, dijo este martes ante el tribunal.
“Esto fue un reality, una sobreactuación permanente de la doctora Makintach que en todo momento ofició de actriz y no de jueza”, agregó.
El abogado querellante Mario Baudry consideró que lo sucedido “es el peor escándalo en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires en toda su historia”.
Fernando Burlando, representante legal de dos de las hijas de Maradona (Dalma y Gianinna), había adelantado que pediría la recusación de la magistrada y el juicio político contra Makintach, lo que puede inhabilitarla como jueza.
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“Escándalo absoluto”
El juicio dio un giro el 15 de mayo cuando una de las defensas pidió la recusación de Makintach por parcialidad -señalando su vehemencia al interrogar testigos- y por sospechar que había participado en la realización de un documental, algo que se rumoreaba entre las partes y la prensa desde el comienzo de las audiencias el 11 de marzo.
La jueza rechazó también esos cargos. “Nadie puede decir que yo tengo inclinación en la balanza de la justicia hacia alguna de las partes”, afirmó en su descargo.
Al pedido de recusación, que fue apelado, le siguieron dos solicitudes más en igual sentido de abogados defensores. Ambas deben resolverse este martes.
Una de las implicadas en las grabaciones sostuvo que los videos forman parte de una entrevista a la magistrada “en su rol de jueza y mujer” y negó el proyecto de un documental, en un escrito presentado ante la fiscalía al que accedió la AFP.
Adrián Tenca, doctor en derecho penal de la Universidad de Buenos Aires, dijo a la AFP que esta situación “es un escándalo absoluto porque los jueces penales o los jueces en general tienen que mantener ante todo el decoro y, segundo, ser objetivos”.
Makintach “debe ser destituida por un juicio político” y el proceso judicial “debe anularse”, opinó. La policía allanó seis domicilios el jueves tras la denuncia presentada por los abogados Burlando y Baudry. Durante el proceso, la querella cuestionó la internación en el domicilio, las condiciones del lugar y la atención brindada a Maradona. Una octava acusada será juzgada por separado.
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Extraditado de Paraguay, testaferro de Marset se declaró culpable ante la justicia de EE. UU.
El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, de 44 años, considerado como testaferro de Sebastián Marset Cabrera, en el rol de blanqueador de dinero transnacional del narcotráfico, se declaró culpable ante la justicia estadounidense, reportó la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, a través del portal del Departamento de Justicia, el 21 de mayo. Santoro fue extraditado desde Paraguay en julio de 2024.
En este marco, el Gobierno norteamericano anunció una recompensa de hasta 2 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) por información que conduzca al arresto o condena de Marset, que se suma a la recompensa de 100.000 dólares en Bolivia, anunciada en 2023.
El narcotraficante uruguayo también es sospechado de haber ordenado el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y las autoridades de Estados Unidos manifestaron la posibilidad de que se encuentre actualmente prófugo en Venezuela. Su esposa, Gianina García Troche, fue extraditada de España a Paraguay, el pasado 21 de mayo, y fue recluida en la cárcel militar de Viñas Cue, en Asunción.
Este último anuncio fue realizado por Erik S. Siebert, fiscal dederal para el Distrito Este de Virginia, y Louis A. D’Ambrosio, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA), en una coordinación entre el Departamento de Justicia, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.
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Blanqueador de dinero
Santoro se declaró culpable de una conspiración para lavar dinero que involucró millones de dólares provenientes del narcotráfico. El acusado era un estrecho colaborador del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 29 años, quien, según se alega en un auto de procesamiento abierto esta semana, es un narcotraficante transnacional responsable del traslado de toneladas de cocaína con valor millonario desde Sudamérica a Europa. Santoro se desempeñó como blanqueador de dinero transnacional para organizaciones narcotraficantes y facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde varios países de Europa a Sudamérica y otros lugares.
Marset presuntamente lideraba una organización de narcotráfico a gran escala que distribuía miles de kilogramos de cocaína, incluyendo hasta diez toneladas a la vez, desde Sudamérica, generalmente a Europa. La organización Marset traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros lugares.
Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros. Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global. Posteriormente, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias. Santoro solía indicar que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitaba la transacción.
Santoro utilizaba al menos siete empresas para facilitar la transferencia de dinero y ocultaba la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante empresas no relacionadas, todas registradas como presuntamente operando en industrias diferentes y no relacionadas. Santoro utilizó empresas registradas en Sudamérica y Asia para recibir el producto blanqueado del narcotráfico y ocultó el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias bancarias.
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Amenazas violentas
Santoro y, presuntamente, Marset amenazaron con violencia para proteger sus actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales. Santoro blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico y, en menos de cinco meses, dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Como pago, Santoro se apropió de un porcentaje del dinero ilícito que blanqueaba.
En enero de 2021, se adeudaba a Marset presuntamente más de 17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína. Santoro organizó la recaudación y el blanqueo de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayoría de los cuales se blanquearon a través del sistema bancario estadounidense.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y sus socios policiales en Paraguay brindaron asistencia sustancial para lograr el arresto y la extradición de Santoro Vassallo. Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están a cargo del caso.
Operación “Recuperemos América”
“Se insta a cualquier persona que tenga información sobre las operaciones de Marset, incluyendo su tráfico de drogas, lavado de dinero y uso (o amenazas de uso) de la violencia, o sobre su paradero, a contactar a la DEA por correo electrónico a MarsetTips@dea.gov”, señala el informe del Departamento de Justicia en su portal oficial.
Esta investigación forma parte de la Operación “Recuperemos América”, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.
Una copia de este comunicado de prensa se encuentra en el sitio web de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Los documentos e información judicial relacionados se encuentran en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia o en PACER, buscando el caso n.° 1:23-cr-143.
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Kardashian, “satisfecha” con sentencia a atracadores en París
- París, Francia. AFP.
La justicia francesa condenó este viernes pasado a penas de hasta tres años de cárcel en firme a los autores del millonario atraco que sufrió la estrella de telerrealidad estadounidense Kim Kardashian en un hotel en París en 2016, aunque ninguno volverá a prisión. Kardashian, quien testificó en el juicio en la capital francesa, afirmó estar “satisfecha” con la sentencia y añadió que está “profundamente agradecida con las autoridades francesas por haber hecho justicia en este caso”.
“Este crimen fue la experiencia más aterradora de mi vida”, dijo la empresaria de 44 años en un comunicado enviado por sus abogados, en el que asegura que ahora quiere “dar vuelta a la página”. Nueve hombres y una mujer estaban siendo juzgados desde finales de abril por el robo a mano armado de joyas de la superestrella, valoradas en 10 millones de dólares.
Kardashian, que entonces tenía 35 años, fue amenazada con una pistola en la cabeza, atada y amordazada. En su momento, la prensa francesa describió el evento como “el robo del siglo”.
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Todas las condenas fueron inferiores a las requeridas por la fiscalía, que esta semana solicitó hasta diez años de prisión para cuatro de los imputados.
Aomar Ait Khedache, de 69 años y considerado como el cabecilla de la banda, fue condenado a la pena más dura, de tres años de prisión en firme, más cinco en suspenso. Pero debido al tiempo ya cumplido tras las rejas no volverá a prisión, al igual que los demás condenados.
Otros dos sospechosos acusados de facilitar información sobre el paradero de la “influencer” fueron absueltos.
“Lo lamento mucho”
“Las sentencias son bastante indulgentes; pienso que comprenden que han causado daño”, dijo a los acusados el presidente del tribunal, David De Pas, al leer los veredictos.
“El estado de salud de los principales protagonistas prohíbe éticamente encarcelar a nadie. Habría sido injusto llevarlos a prisión esta tarde”, añadió.
El principal acusado, Aomar Ait Khedache, suplicó ser perdonado. “Pido perdón. No encuentro las palabras. Lo lamento mucho”, dijo en una declaración leída por su abogado, ya que está completamente sordo y casi mudo.
Durante el juicio, escribió incluso una carta de disculpas para Kardashian. Khedache reconoció su participación, pero negó ser el jefe del grupo.
La defensa de los acusados, bautizados por los medios como los “abuelitos atracadores”, había pedido que sus clientes no fueran a la cárcel debido a su avanzada edad.“A esa edad, una pena de prisión equivale a una cadena perpetua”, argumentó.
Otros dos acusados, Yunice Abbas, de 71 años, y Didier Dubreucq, de 69, fueron condenados a siete años de cárcel, cinco de ellos en suspenso.
“Sólo puedo ofrecer arrepentimiento. Lo siento. Asumo la responsabilidad de lo que hice”, había declarado Abbas, enfermo de Parkinson.
Dubreucq, quien no estuvo presente en el juicio ya que se encuentra hospitalizado, afirmó que “nunca” participó en el robo.
El cuarto miembro de la banda, Marc-Alexandre Boyer, de 35 años, fue condenado a la misma pena. También pidió perdón en su declaración final antes de la sentencia.
Segundas oportunidades
Kardashian, que ha usado su notoriedad en las redes para lanzar varios negocios, relató que estaba en su habitación de hotel en 2016, cuando un grupo de atracadores la amenazaron a punta de pistola.
“Estaba segura de que iba a morir esa noche”, declaró durante el juicio.
La mayoría del botín nunca fue encontrado, incluyendo un anillo valorado en cerca de cuatro millones de dólares, un regalo del entonces marido de Kardashian, el rapero Kanye West.
El juicio recibió una gran cobertura mediática y atrajo a multitudes que esperaron fuera del tribunal, en el centro de París, con la esperanza de ver aunque sea de lejos a la famosa estrella.
Durante su testimonio, Kardashian contó que durante el robo pensó que iba a ser violada y que iba a morir. Pero también le otorgó su perdón a uno de los acusados.
“Lo perdono por lo que ocurrió, pero eso no cambia (...) el trauma y la forma en que mi vida cambió”, dijo Kardashian a mediados de mayo, después de llorar al escuchar las disculpas de Khedache. “Siempre he creído en las segundas oportunidades”, declaró la estrella, una de las personas más seguidas en X e Instagram y que la revista Time la sitúa entre las 100 celebridades más influyentes del planeta.