Estados Unidos retiró ayer lunes la certificación de aliado en la lucha contra las drogas a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, lo que confirma el estancamiento diplomático entre ambos gobiernos. La certificación es una evaluación que desde 1986 hace cada año Washington sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores y distribuidores a cambio de recursos. En el caso de Colombia, representa una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales.

“Los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos, de policías, de soldados de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína“, dijo el presidente Gustavo Petro en Bogotá. Colombia se une a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, países que, según el comunicado oficial, han “fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como en tomar las medidas requeridas” según la legislación estadounidense.

Es la primera vez desde 1996 que Washington descertifica a Colombia en su lucha antinarcóticos. Los otros países llevan años siendo señalados por los gobiernos tanto demócratas como republicanos. “El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis” considera la determinación presidencial firmada por el presidente Donald Trump.

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“El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político”, añade. En el texto, Trump asegura que considerará cambiar la designación si el gobierno de izquierda de Petro toma medidas “más agresivas”.

“Colombia ha sido un gran socio a lo largo de la historia. Lamentablemente, ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen aliado a la hora de enfrentarse a los carteles de la droga”, añadió el secretario de Estado, Marco Rubio, crítico acérrimo de los líderes izquierdistas de América Latina, durante una visita a Israel. “Creo que tenemos aliados dispuestos, si dependiera del ejército, de la policía. Llevamos décadas trabajando”, dijo Rubio a los periodistas, al expresar su esperanza de que Colombia pueda volver a ser acreditada en el futuro.

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La descertificación de Washington es un desaire para el gobierno Petro en plena lucha contra carteles como el Clan del Golfo y guerrillas dedicadas al tráfico como el ELN, y las disidencias de las FARC, que se apartaron del acuerdo de paz de 2016. Bogotá considera que sigue haciendo lo suficiente. En lo que va del año 2025 Colombia ha decomisado 700 toneladas de cocaína y ha destruido la cifra récord de 4.570 laboratorios clandestinos, según datos del ministerio de Defensa.

La descertificación no implica la cancelación de toda la ayuda, sino que Trump tiene ante sí todo un abanico de medidas. Parte importante de la cooperación militar es por ejemplo la entrega y mantenimiento de helicópteros como los Blackhawks, valiosos para la lucha antinarcóticos.

“Se acaba la dependencia de las fuerzas militares colombianas de Estados Unidos (...). Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus propias armas”, declaró Petro. Fuentes oficiales destacan igualmente que Colombia ya había sufrido un importante recorte con el fin de los fondos de la agencia de ayuda Usaid, decidida por Trump al principio de su mandato.

Colombia fue descertificada una primera vez en 1996. En ese año gobernaba Ernesto Samper, que enfrentó un escándalo por la presunta financiación de su campaña por parte del Cártel de Cali, que nunca fue comprobada. Entre 2000 y 2018 Estados Unidos entregó a Colombia más de 10.000 millones de dólares, según el Congreso estadounidense, para fines militares, sociales y de erradicación de narcocultivos. Washington es el principal socio comercial y militar de Bogotá.

Desde que llegó al poder en 2022, Petro promueve un cambio de enfoque en la guerra contra las drogas por considerarla un fracaso y suspendió la erradicación forzada de hoja de coca, principal componente de la cocaína. Año tras año el país rompe su propio récord de área sembrada con esa planta y de producción del polvo blanco.

En su territorio hay unas 253.000 hectáreas de narcocultivos y se elaboran por lo menos 2.600 toneladas anuales de cocaína, de acuerdo con el último balance de 2023 de la ONU. Las relaciones diplomáticas entre Trump y Petro son malas, especialmente debido a las críticas del mandatario colombiano a su política de deportación de migrantes.

Fuente: AFP.

El agente fiscal de Asuntos Internacio­nales, Manuel Dol­dán, indicó que el Ministe­rio Público realizó nuevas acciones dentro de la inves­tigación sobre las supuestas cuentas bancarias ocultas que tendrían por beneficia­rios finales al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, y su esposa Sil­vana López Moreira, y que no se limita solo al reque­rimiento de informaciones al Gobierno de la islas Sey­chelles.

Doldán dijo que, en el marco de la causa que investiga al líder del movimiento Colo­rado Añetete por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el órgano extrapoder también requerirá informa­ciones a otros cuatro o cinco países con el fin de determi­nar la ruta de la millonaria suma de USD 21 millones, que fueron ocultos en cuen­tas bancarias del país locali­zado en África.

“Estamos trabajando en la redacción de otros varios exhortos para otros países sobre el mismo caso. Hasta ahora identificamos entre 4 y 5 países, pero por cues­tiones de investigación no quiero hablar sobre los paí­ses”, indicó Doldán, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, el agente fis­cal recordó que, en agosto pasado, el Ministerio Público remitió a la oficina del fiscal general de la República de Seychelles pedidos de coo­peración en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.

“Todavía no hay respuestas. Nosotros habíamos remitido el exhorto a la autoridad cen­tral que debe recibirlo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención de Mérida, pero las autoridades de la Fiscalía nos pidieron que, a la par de eso, hagamos el trámite por vía diplomá­tica, entonces yo inmediata­mente volví a enviarlo. Hay dos remisiones de exhortos por la vía de la autoridad cen­tral que es la legal y vía Can­cillería que es la diplomática que es la que Seychelles nos pidió “, afirmó.

La apertura de una investi­gación judicial contra Abdo Benítez surgió luego de una publicación realizada por la prensa argentina, en el portal Periodismo y Punto, el pasado 20 de julio, mediante datos obtenidos por una filtración de fuente confidencial.

La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera de dos cuentas se encuentra locali­zada en el banco MCB Inter­national y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviem­bre de 2022, año en que Abdo Benítez aún se desempeñaba como presidente de la Repú­blica.

Señala que la cuenta figura a nobre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran Abdo Benítez y su esposa Sil­vana López Moreira.

Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391, y fue abierta en setiembre del 2023a nom­bre de Exchange Contracts International Finance Limi­ted, un mes después de fina­lizar su periodo como jefe de Estado.

De acuerdo al informe con­fidencial, la cuenta presen­taba un balance de USD 8.716.581,02. Figuran tam­bién como beneficiarios fina­les Abdo Benítez y López Moreira.

Señala que entre los meses de noviembre de 2024 y mayo de 2025, la firma Star Capital recibió cuatro transferencias –desde Capi­tal Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd., Sports Marketing Plus Ltd. y Winward Brokerage LLC– por montos que van de USD 850.000 a USD 1,7 millones.

Mientras que Exchange Con­tracts recibió también cinco transferencias de empresas similares, cuyos montos van desde USD 600.000 hasta USD 950.000. El medio argentino agrega que estos registros, que figuran den­tro del informe confidencial, reflejan el “clásico el patrón de blanqueo de dinero”.

Un ataque armado de un grupo criminal que ingresó a un billar con disparos la noche del viernes dejó siete muertos y cuatro heridos en el oeste de Ecuador, informó este sábado la policía.

La institución calificó el hecho como una acción “selectiva” por parte de una banda para controlar el territorio en Santo Domingo, a unos 160 km de Quito.

Videos divulgados en redes sociales muestran cómo varios hombres, en su mayoría con el rostro cubierto, abren fuego mientras las personas jugaban billar.

Punto de partida de la cocaína que viaja con rumbo a Estados Unidos y Europa, Ecuador es un centro de operaciones de agrupaciones dedicadas a múltiples crímenes como la extorsión y el sicariato. Algunas están asociadas con cárteles mexicanos, colombianos y albaneses.

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Este es el cuarto ataque de este tipo que sucede en Ecuador en las últimas semanas. “Se presume que este hecho violento responde a una disputa de control de territorio por parte de grupos de delincuencia organizada y grupos armados organizados”, dijo en una declaración a los medios la coronel de la policía Beatriz Benavides.

La responsable aseguró que una camioneta en la que se movilizaban los pistoleros fue incinerada y abandonada, y ofreció una recompensa para hallar a los responsables.

En agosto siete personas fueron asesinadas en un billar en esta misma ciudad. La policía aseguró que investiga si estos hechos tienen relación.

Pese a los operativos desplegados y los constantes estados de excepción decretados por el presidente Daniel Noboa, Ecuador registró el primer semestre del año más de 4.600 homicidios. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cifra representa un incremento del 47% con respecto al mismo periodo del 2024.

El mandatario defiende una política de mano dura contra el crimen. Uno de sus hechos más notorios fue la captura en junio y la extradición un mes después de alias Fito, líder de la principal banda del país.

• Fuente: AFP

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"Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado", enfatizó el presidente de la República, Santiago Peña, al celebrar la importante captura de Hernán Bermúdez Requena, que era buscado por la justicia mexicana. Resaltó el trabajo coordinado de las instituciones del Estado en cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México.

Igualmente, el jefe de Estado realizó un importante reconocimiento y valoró el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro”. El operativo se llevó a cabo en la madrugada de este sábado en el barrio cerrado Surubi’i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso.

Se logró la detención del capo mexicano, conocido por los alias “Comandante H” o “El Abuelo”, en un operativo conjunto de inteligencia entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), en estrecha cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México.

El exjefe policial Bermúdez Requena es considerado uno de los más importantes objetivos criminales de México y vinculado directamente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se encontraba viviendo en el país, en medio de importantes lujos.

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Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó igualmente su satisfacción y destacó también el trabajo conjunto con las autoridades paraguayas para el éxito en la captura de esta persona vinculado al crimen organizado.

“Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán “N”, vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidades disminuye la violencia en nuestro país", expresó la mandataria mexicana a través de sus cuentas de redes sociales.

Bermúdez Requena cuenta con un amplio historial delictivo en México, donde inicialmente se desempeñó como jefe policial en el estado de Tabasco. Su carrera en las fuerzas de seguridad estuvo marcada por acusaciones de corrupción, vínculos con el narcotráfico y utilización de su cargo para favorecer a estructuras criminales.

Tras su salida de la función pública, pasó a integrar y posteriormente liderar la organización criminal conocida como La Barredora, estructura que mantiene conexiones estrechas con el Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las facciones más violentas y expansivas del narcotráfico mexicano.

De acuerdo con informes de inteligencia, Bermúdez Requena habría coordinado operaciones de tráfico internacional de drogas, además de estar vinculado a casos de homicidios, desapariciones forzadas y actividades de corrupción institucional en México. Por estos antecedentes, figuraba en los listados de objetivos prioritarios internacionales para las agencias de seguridad mexicanas.