En allanamientos simultáneos desarrollados por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el barrio Dr. Francia de la ciudad de Asunción fueron sacadas de circulación tres personas vinculadas con el microtráfico. En dos de las viviendas intervenidas decomisaron más de 450 dosis de cocaína y crack.

Dos de los detenidos fueron identificados como José Diego Flecha y Daniel Gustavo Martínez, este último cuenta con antecedentes por hurto, según informaron. Los procedimientos fueron liderados por las fiscales Ingrid Cubilla y María Irene Álvarez, antidrogas.

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La fiscal Álvarez manifestó que los procedimientos se realizaron en el marco del plan Sumar. Detalló que en una de las casas allanadas además de la droga incautaron dinero en efectivo, que sería producto de la venta de la droga, y un arma de fuego.

Los detenidos ya se encuentran a disposición del Ministerio Público. Estas acciones se dan en el marco del plan Sumar, donde la Secretaría Nacional Antidrogas lleva adelante varios operativos en diversos puntos del país para desarticular redes dedicadas a la comercialización y distribución de drogas, que destruyen comunidades y atrapa a jóvenes en el consumo.

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El gobierno de Guatemala negó el jueves que haya acordado llevar a cabo ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos en su territorio contra organizaciones del narcotráfico, como aseguró The New York Times. El diario estadounidense publicó el jueves que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, aceptó tanto ataques aéreos como otras acciones militares en una llamada con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y cita a dos personas familiarizadas con las conversaciones.

"No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional“, aseguró el gobierno de Guatemala en un comunicado. En una declaración posterior a periodistas, Arévalo dijo que Guatemala solicitó a Washington cooperación en sus esfuerzos antidrogas, pero que esto no incluye presencia militar estadounidense pues de ser así requeriría autorización del Congreso.

"Va a implicar tener acceso a equipo, capacitación, expertos para (apoyar) la planificación de operaciones a nivel estratégico o a nivel táctico“, detalló el mandatario socialdemócrata. El gobierno difundió una carta en la que el ministro de Defensa, Henry Sáenz, expresa a Hegseth que Guatemala “desea liderar, con la asistencia de los Estados Unidos de América, operaciones militares activas para combatir organizaciones terroristas señaladas por los Estados Unidos dentro (...) de Guatemala”.

En la nota, fechada el pasado 23 de mayo, Sáenz se refiere a esas maniobras como “operaciones combinadas lideradas por Guatemala”. Según el comunicado del gobierno, Arévalo y sus ministros de Defensa y Relaciones Exteriores sostuvieron una “conversación telefónica” con Hegseth “confirmando los términos de la cooperación”.

La solicitud de Guatemala se encuadra en la Coalición Anticarteles de las Américas, señaló Sáenz en su nota, al referirse al grupo de países creado por el presidente Donald Trump a inicios de este año para combatir al crimen organizado en el hemisferio. En ese marco, Washington aumentó su ayuda en inteligencia a Ecuador y luego reconoció que está ayudando militarmente en zonas de la frontera con Colombia.

Según The New York Times, las operaciones conjuntas en Guatemala podrían comenzar el próximo mes, pero no está claro qué otras actividades militares podrían incluirse. El diario sostiene que el objetivo de Trump con esas acciones, a las que espera sumar a Honduras, es presionar a México para que acepte operaciones conjuntas contra el narcotráfico en su territorio, algo a lo que se opone la presidenta Claudia Sheinbaum.

La incursión de un grupo armado desde Honduras en una comunidad fronteriza de Guatemala dejó el lunes un campesino muerto y viviendas quemadas, informó el gobierno guatemalteco. El ataque fue reportado el lunes por el Ejército de Guatemala, que aseguró que soldados repelieron a tiros al escuadrón que se desplazaba en varios vehículos, pero no informó de víctimas o daños.

El ministro de Defensa guatemalteco, Henry Sáenz, dijo este martes que el choque se produjo en la comunidad de San José Las Lágrimas, en el poblado oriental de Esquipulas, y dejó un fallecido cuya nacionalidad no precisó. “Los soldados reaccionan a los disparos que estaban oyendo y llegan a la comunidad y encuentran (...) casas destruidas, algunas quemadas, y encuentran un cadáver de un campesino”, señaló el ministro en rueda de prensa. Imágenes de medios locales mostraron algunas viviendas de láminas de zinc quemadas en esa zona fronteriza. Sáenz señaló que las fuerzas de seguridad y la fiscalía investigan el caso.

Los hechos se produjeron luego de que el pasado jueves cinco policías fueran asesinados durante un operativo contra presuntos narcotraficantes en la localidad hondureña de Omoa (Cortés), cerca de la frontera con Guatemala y con costas en el Caribe. Los dos países aumentaron la presencia de militares y policías en el área limítrofe, tras los sucesos que involucraron a una red hondureña vinculada con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.

“La zona fronteriza en general ha sido un área que ha estado muy contaminada por estructuras criminales”, declaró este martes a periodistas el ministro de Seguridad de Honduras, Gerzon Velásquez. El mismo jueves, un comando armado asesinó a 19 personas en el poblado hondureño de Trujillo (norte), una localidad bajo el azote de dos bandas rivales que usurpan fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico, según las autoridades.

Fuente: AFP.

La diferencia entre “internación” y “cuidados” domiciliarios marcó ayer jueves una nueva audiencia en el juicio en Argentina contra siete profesionales de la salud por la muerte de Diego Maradona, quien falleció en 2020 cuando convalecía en una casa alquilada tras una cirugía en la cabeza. “Mi criterio siempre fue el mismo: una internación domiciliaria seria”, afirmó la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las principales acusadas y quien atendía entonces a Maradona.

Cosachov dijo que nunca consideró adecuado que el exfutbolista volviera a su casa tras la operación por un hematoma subdural a la que fue sometido el 3 de noviembre de 2020. Para la médica, que habló por primera vez en la sala, la mejor alternativa era continuar la rehabilitación en un centro especializado, debido al cuadro de depresión y adicción al alcohol del paciente de 60 años.

Sin embargo, Maradona se negaba, por lo que surgió la opción de alquilar una casa en Tigre -a 30 km al norte de Buenos Aires- para que pasara su convalecencia. “Para mí, como psiquiatra, no era opción que volviera solo a la casa. Se nos ocurre entonces esta opción intermedia que era el dispositivo de internación domiciliaria”, declaró.

“Solicité médico clínico, neurólogo, estudios clínicos, ambulancia para traslados, enfermeros hombres y especialidad en consumo problemático de sustancias”, prosiguió. “Yo firmé convencida de que eso se iba a cumplir. ¿Por qué iba a pensar que una empresa como Swiss Medical no le iba a dar lo mejor a un paciente de estas características?”, sostuvo al referirse a la empresa de medicina privada que participó en la logística.

A su turno, Mariana Flichman, exmédica legista de Swiss Medical que intervino en el acta de externación, declaró como testigo que el servicio previsto era de acompañamiento y enfermería, no de una estructura hospitalaria. “Nosotros no conocemos ni intervenimos en el estado clínico. Solo tomamos la reseña clínica que nos transmite el equipo tratante”, declaró.

“Yo confié en que todos sabían lo que firmaban”, agregó. El juicio en el tribunal de San Isidro, vecino a Tigre, examina tanto la pertinencia como las condiciones de la internación domiciliaria que terminó con la muerte del ídolo el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.

Swiss Medical no está imputada como entidad, aunque entre las acusadas figura Nancy Forlini, médica que trabajaba para la compañía y que actuó como coordinadora médica de la convalecencia. Los siete acusados enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, que implica haber sido conscientes del riesgo de muerte, y penas de hasta 25 años de prisión. Se espera que el juicio, con dos audiencias semanales, continúe al menos hasta julio.

Fuente: AFP.

El ejército desplegó el miércoles a sus tropas en una zona rural del sureste de Colombia, en medio de letales enfrentamientos entre dos estructuras disidentes de las FARC que se disputan las rentas del narcotráfico en esa región. Colombia atraviesa su peor ola de violencia en la última década a cuatro días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que el país elegirá al sucesor del izquierdista Gustavo Petro.

El “crudo enfrentamiento” entre las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, las dos principales estructuras rebeldes del país, dejaron “múltiples víctimas fatales”, dijo en la red social X el ministro de Defensa Pedro Sánchez, que atribuyó los combates a “disputas de narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas”.

Los enfrentamientos se registran desde el lunes en el departamento del Guaviare, dijo a la AFP un vocero del ejército, que anunció en un comunicado el despliegue de soldados en la zona para “proteger a la población civil”. Las autoridades aún no han divulgado un balance oficial de víctimas.

Las Fuerzas Militares se movilizan hacia esa zona de difícil acceso en el municipio de San José del Guaviare, una región con vastos cultivos de hoja de coca. Es cuna de las primeras filas que rechazaron el histórico tratado de paz entre las FARC y el gobierno que desmovilizó al grueso de esa guerrilla en 2016.

A cuatro días de la primera vuelta presidencial, el recrudecimiento del conflicto armado de seis décadas es una de las principales preocupaciones de los votantes. Petro, el primer presidente izquierdista en la historia de Colombia, priorizó una política de diálogos con todos los grupos armados del país conocida como “paz total”.

Pero a tres meses de dejar el poder, ninguna de estas negociaciones ha tenido éxito. La oposición critica su política de paz y lo acusa de ser indulgente con los criminales. El mandatario, que por ley no puede reelegirse, busca continuar su proyecto con la candidatura de su aliado, el senador Iván Cepeda, que parte como favorito en las encuestas. Le siguen los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que defienden una política de mano dura contra los grupos criminales.

Fuente: AFP.