Natalia Zuccolillo no pagó el IRP, ratifica querellante y aguarda audiencia para presentación de pruebas
Compartir en redes
Este viernes continuó el juicio oral y público para la directora del diario Abc Color, Natalia Zuccolillo y el periodista Juan Carlos Lezcano, por difamación y calumnia impulsado por la exviceministra de Tributación, Marta González Ayala. Se procedió a la lectura de varios documentos, en el marco de la etapa de producción de pruebas documentales. La audiencia pública arrancó a las 8:15 e inmediatamente se pasó a leer varias pruebas documentales, aunque no pudo culminar el procedimiento.
Posteriormente se dio el cuarto intermedio correspondiente para este primer juicio oral y público que está a cargo del juez de Sentencia, Wilfrido Peralta. Las partes aguardarán la comunicación del citado magistrado a fin de que se pueda decidir la continuidad de la audiencia, en la que finalmente se podrá presentar los informes confirmatorios de la falta de pago del Impuesto a la Renta Personal (IRP).
Sobre el punto, el abogado querellante Jacinto Santa María explicó que el proceso ya se encuentra en fase culminante. Lamentó que en la fecha ya no se haya podido exponer todos los documentos que avalan que la demandada habría eludido los impuestos.
La querellante Marta González Ayala, junto a los abogados Jacinto Santa María y Ricardo Preda, Foto: Archivo/Roberto Zarza.
“Hoy continuó el juicio oral y público con la producción de pruebas. La querella está por terminar, a nosotros nos falta solamente leer los informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación sobre la situación de los pagos de impuestos de la señora Natalia Zuccolillo y del señor Juan Carlos Lezcano que seguramente lo vamos a hacer en la próxima audiencia. Pensamos que hoy íbamos a poder hacerlo pero no hubo tiempo porque la defensa se demoró mucho”, manifestó.
El representante legal y esposo de la extitular de la SET, afirmó que dicho informe básicamente confirma lo que ya se dijo en los alegatos iniciales. “Que la señora Natalia Zuccolillo no pagó Impuesto a la Renta Personal (IRP) hasta el año 2017 y comenzó a pagar cuando la viceministra de Tributación la obligó a hacerlo”, aseveró al tiempo de mencionar que en represalia a la medida tomada por la SET surgieron las publicaciones malintencionadas del citado medio de prensa contra la viceministra.
Por otro lado, ayer jueves declararon varios testigos en el segundo juicio oral y público que enfrenta también la directora de Abc Color y el citado comunicador. Este juicio está siendo guiado por el juez unipersonal Juan Carlos Zárate y va a continuar el próximo lunes a las 9:00. En este caso, la querella por difamación y calumnia se inició porque Abc acusó a la ex viceministra de Tributación y al abogado Santa María de despojar de sus tierras a una familia de Paraguarí. Los querellantes aseguran que la información carece de veracidad, puesto que dicha propiedad fue adquirida hace varios años.
Tras dos años y medio de demora por 18 chicanas y 8 suspensiones, el primer juicio había comenzado el 2 de agosto en el tribunal de Wilfrido Peralta, caso en que Marta González querelló por difamación a Natalia Zuccolillo y Juan Carlos Lezcano por haberla acusado falsamente en reiteradas publicaciones de la supuesta comisión de irregularidades en el ejercicio del cargo de viceministra de Tributación. Esta causa caratulada “Juan Carlos Lezcano Flecha y otros s/difamación” lleva siete sesiones hasta este viernes.
El Tribunal de Sentencia concluyó que las pruebas del juicio demostraron que el exsenador Hernán Rivas carecía de una trayectoria académica que respaldara su condición de abogado. Foto: Gentileza
Condenan a 8 años de prisión a Hernán Rivas por producción y uso de documentos falsos
Compartir en redes
Luego de deliberar por más de tres horas, el Tribunal de Sentencia emitió su veredicto en el caso del exsenador Hernán Rivas, estableciendo una condena de 8 años de prisión. La Fiscalía había solicitado una condena de 12 años de cárcel, porque concluyó que su título de abogado es falso.
En la lectura de la sentencia, la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga, argumentó que las evidencias expuestas por la Fiscalía demostraron que Rivas carecía de un historial académico de correspondencia y una condición profesional inexistente, según pudieron comprobar en el juicio oral.
Las juezas María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo votaron por 8 años de cárcel y el juez Juan Carlos Zárate votó en disidencia considerando que la pena en este caso debía ser de 14 años. En tanto se mantienen las medidas correspondientes a la libertad hasta tanto quede firme y ejecutoriada la condena.
Los integrantes del tribunal de sentencia llegaron a la conclusión de que Hernán David Rivas es el responsable de los hechos punibles de producción y uso de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad agravada.
Asimismo, sostuvo que durante el juicio oral quedó probado que no existe documentación académica que respalde el certificado de estudios y el título presentados por Rivas para acreditar su condición de abogado y obtener su matrícula ante la Corte Suprema de Justicia.
“Estamos ante lo que podemos denominar un alumno fantasma, una persona cuyo supuesto paso por la carrera de Derecho no dejó ni un solo rastro académico, administrativo o contable”, explicó la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga.
Del mismo modo, los magistrados concluyeron, “más allá de toda duda razonable”, que Rivas no realizó ni aprobó el trabajo final requerido para obtener el título de abogado. Respecto a los testigos que afirmaron haberlo visto cursar la carrera en Ciudad del Este, señalaron que sus declaraciones fueron contradictorias.
“Una carrera universitaria no se hace en un papel, se cursa en un lugar durante años”, sostuvo García de Zúñiga, al referirse a la falta de elementos que acrediten que Rivas haya cursado efectivamente la carrera.
Para calificar los hechos como especialmente graves, el Tribunal remarcó que las consecuencias de la falsedad trascendieron la utilización de una condición de abogado que no le correspondía, ya que Rivas llegó a integrar un órgano constitucional encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos.
En sus alegatos finales, el Ministerio Público decidió avanzar con un proceso de investigación a siete personas que se presentaron como testigos de la defensa, incluidos la universidad que emitió el documento falso, por presuntas declaraciones falsas ante el tribunal.
Tía Chela: presunto esquema de Prieto direccionó licitación y encubrió falta de insumos
Compartir en redes
La Fiscalía presentó sus alegatos iniciales en el juicio oral y público contra el destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el caso “Tía Chela”, acusándolo de liderar una presunta trama para direccionar contrataciones de emergencia por la pandemia de covid-19, desde mediados de marzo de 2020. La causa, que proseguirá el lunes 21 de setiembre a las 8:00, analiza un supuesto perjuicio al patrimonio público de 2.130 millones de guaraníes mediante la compra simulada de kits de alimentos para familias vulnerables.
Durante la audiencia del 14 de setiembre, el Ministerio Público sostuvo que el exjefe municipal encabezó una red integrada por directores, jefes de área y colaboradores del sector privado para evitar los mecanismos de control habituales. La maniobra se habría ejecutado adjudicando contratos directos a la firma Tía Chela SRL, comercial que carecía del stock y la capacidad técnica para responder al compromiso de proveer 25.000 kits de alimentos.
La Fiscalía, representada por los agentes Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, sostiene su acusación sobre informes, memos, dictámenes y resoluciones municipales que detallan el proceso de licitación, con documentación remitida por la propia firma proveedora; así como dictámenes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República que señalan irregularidades en la solvencia técnica, económica y de experiencia de las empresas invitadas y adjudicadas; además del análisis de facturas y la reconstrucción de inventarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuya trazabilidad señala el millonario perjuicio patrimonial.
Según la acusación fiscal, la comuna utilizó la vía de la excepción sin argumentar motivos válidos de urgencia, omitiendo intencionalmente requisitos básicos de capacidad en los pliegos de bases. Esto permitió seleccionar a un proveedor sin antecedentes en el rubro, vulnerando los principios rectores de la contratación pública.
Los acusados por lesión de confianza y asociación criminal son Miguel Prieto Vallejos, quien desempeñó un rol central como intendente municipal y ordenador de gastos; los funcionarios municipales: Magui Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Infrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Francisco Raimundo Barruga Álvarez; junto con Fermín Ávalos Britos (de la firma Tía Chela SRL) y Emili Vanessa Florentín Páez (vinculada a la firma Vanemi SA).
Licitación manipulada
Tanto la Contraloría General de la República como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas concluyeron que la licitación ID 382177 presentó irregularidades desde su etapa de planificación. Las entidades fiscalizadoras confirmaron la falta de justificación para omitir la licitación pública y la ausencia de garantías financieras adecuadas.
Asimismo, la investigación expuso que las invitaciones para concursar se enviaron de manera dirigida a un grupo reducido de firmas interconectadas. La firma beneficiada se inscribió en el registro de proveedores el mismo día de la invitación, confirmando la falta de trayectoria técnica para cumplir con las exigencias. Los dictámenes oficiales remarcan que la municipalidad tampoco exigió notas de recepción ni verificaciones de entrega en tiempo y forma. Esta omisión facilitó el aval documental a operaciones que carecían de respaldo logístico real.
Facturación ficticia
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actualmente DNIT) aportó análisis fundamentales al reconstruir los inventarios de las empresas involucradas. El informe evidenció que los comercios declarados como subproveedores registraban saldos en cero o figuraban como contribuyentes ficticios dentro del sistema tributario.
Para justificar la posesión de las mercaderías, la red utilizó esquemas de facturación falsa y triangulaciones con empresas vinculadas, entre ellas Vanemi SA. Sin embargo, los cruces de datos demostraron que los bienes nunca ingresaron a los depósitos municipales en los volúmenes contratados.
Esta inconsistencia en la cadena de suministros ratificó que el contrato consistió en un montaje administrativo para justificar desembolsos millonarios. El perjuicio patrimonial se consumó al autorizar pagos por insumos que jamás llegaron a los sectores vulnerables.
Roles definidos
Según la acusación fiscal expuesta en el juicio, el encubrimiento de la falta de mercaderías (los kits de alimentos que debían proveerse a familias de escasos recursos) se realizó a través de un esquema coordinado de simulación documental y administrativa. Los excolaboradores de Prieto suscribieron actas dejando constancia de la recepción de 25.000 kits de alimentos, a pesar de que estos no habían ingresado físicamente a la institución.
- Miguel Prieto (intendente de CDE): se le atribuye haber impulsado la licitación por la vía de la excepción para la compra de cestas básicas; su intervención fue determinante para la aprobación del llamado, la firma del contrato y la autorización de los desembolsos. Además, se señala el vínculo de confianza con la presidenta de la principal firma subproveedora, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la intendencia.
- Maggi Fariña (coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones, UOC): responsable de elaborar el pliego de bases y condiciones con requisitos mínimos y omitir exigencias de capacidad técnica o financiera, además de cursar las invitaciones dirigidas a empresas específicas.
- Sebastián Martínez (director de Desarrollo Social): promovió el llamado, integró el comité de evaluación que recomendó la adjudicación a ‘Tía Chela SRL’ y actuó como administrador del contrato, suscribiendo además documentos de recepción de kits que no llegaron a la institución.
- José Félix Cáceres (jefe de Desarrollo Comunitario): Integró el comité de evaluación que avaló la contratación y participó en la firma de documentos para certificar una ejecución contractual que no fue real.
- Julián Benítez Gamarra (jefe de Almacenes): figura como receptor formal de las entregas de los kits de alimentos, validando documentalmente la recepción de mercaderías que, en la realidad, no fueron provistas en su totalidad.
- Francisco Arúa (director de Administración y Finanzas) e Higinio Ramón Acuña (jefe de Adquisiciones): suscribieron órdenes de compra y gestionaron los procedimientos administrativos de pago a la empresa proveedora.
- Nelson Segovia (tesorero): Participó en el proceso de desembolso de los fondos municipales destinados a la firma adjudicada.
Por su parte, en la audiencia del 15 de setiembre, las defensas alegaron que Tía Chela SRL cumplió con el contrato de provisión de alimentos, para lo cual anuncian que durante el juicio se presentarán pruebas documentales, fotografías, videos y testimonios de la supuesta entrega de las cestas. También cuestionan que la investigación fiscal haya recurrido a informes de entes técnicos como DNCP o DNIT para analizar la trazabilidad documental.
Claves de la acusación
Injustificación de la urgencia: no se acreditó suficientemente la “urgencia impostergable” como causal válida para saltar los procesos ordinarios de contratación, determinando el uso incorrecto de la vía de excepción.
Irregularidades técnicas: el pliego de bases y condiciones omitió criterios esenciales de evaluación, como la capacidad financiera, técnica y de experiencia de los oferentes, direccionando supuestamente la licitación a la empresa Tía Chela SRL.
Operaciones ficticias: la empresa Tía Chela SRL habría simulado una cadena de compraventa para tapar la falta de stock, emitiendo facturas a través de la subproveedora Vanemi SA, que, a su vez, declaró contribuyentes ficticios en las compras.
Falta de contraprestación: la firma solo realizó una entrega mínima de los kits de alimentos, a pesar de haber recibido pagos millonarios del municipio, además con plazos incumplidos para casos de urgencia impostergable.
Compañero de celda de Hugo Javier ratificó su versión sobre la caída
Compartir en redes
Luis Giménez, compañero de celda del exbogernador de Central Hugo Javier González, prestó declaración ante el fiscal Luis Chamorro donde relató lo ocurrido en la noche del domingo 6 de setiembre pasado.
De acuerdo a las imágenes de circuito cerrado, nadie ingresó a la celda, y Giménez fue la última persona que tuvo contacto con Hugo Javier esa noche.
El agente fiscal que investiga la causa brindó detalles a los medios de prensa tras tomar la declaración. Señaló que Giménez mantiene la teoría de que se trató de una caída, ya que, según su relato, escuchó un fuerte ruido y luego lo vio, por lo que su versión de los hechos gira principalmente en torno a esa hipótesis.
Chamorro ratificó que se están analizando todos los elementos y las declaraciones hasta ahora recabadas sobre los hechos.
“Esa información (de hematomas en otras partes del cuerpo) nosotros la corroboramos con todas las demás testificales y vamos a ir verificando igual, y hacer un análisis integral de todo, pero sí su declaración es coherente con una hipótesis de caída como consecuencia de un evento médico y que provoca esas lesiones y que está sustentada finalmente en todas las demás declaraciones y elementos de pruebas”, detalló.
El fiscal señaló que Giménez confirmó que “Hugo Javier estaba con un cuadro gripal, que los dos estaban con un cuadro gripal, que se acostaron las 9 y media, y que después a las 11 él escucha un ruido, y es ahí donde lo encuentra en el baño, ahí hace la llamada de auxilio, y luego aparecen todos los demás testigos que tenemos hasta ahora, más o menos son 20 personas que ya declararon, ya aún van a declarar más”.
Aclaró además que no se descarta ninguna de las líneas de la investigación, que hasta ahora son dos, la caída accidental o que haya sufrido un ataque, pero que todas las aristas están siendo analizadas.
“No descartamos tampoco una hipótesis de agresión, principalmente por la multiplicidad de las lesiones y la gravedad de las lesiones, es por eso que nuestra investigación siempre va encaminada hacia esas dos hipótesis principales, la hipótesis de la caída que tiene sustento en las declaraciones de Luis Giménez que vio después de caerse y que es el testigo principal que tenemos, que es su compañero de celda y que estuvo en ese momento”, apuntó.
Adelantó que para mañana martes se prevé las declaraciones de los médicos que fueron los primeros que vieron al paciente, derivado desde la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE), para conocer los primeros diagnósticos. “Tenemos las dos hipótesis, no tenemos todavía la conclusión médica definitiva”, sentenció.
Miguel Prieto y otras 10 personas son acusadas por lesión de confianza por el supuesto desvío de G. 2.130 millones de las arcas municipales de CDE. Foto: Matias Amarilla
Caso Tía Chela: Fiscalía presenta alegatos iniciales
Compartir en redes
Este lunes se reinició el juicio oral y público en contra del exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras 10 personas, en el marco del caso conocido como Tía Chela.
Las 11 personas están acusadas por el hecho de lesión de confianza por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos en pandemia que habría generado un perjuicio patrimonial a la comuna esteja de unos G. 2.130 millones.
En esta jornada, se reanudó la audiencia con la la lectura de parte de la resolución judicial del juez Humberto Otazú, quien decidió elevar a juicio oral y público el caso, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán.
Luego de esta etapa los fiscales del caso encabezado por Silvio Corbeta deberán presentar los alegatos iniciales de este juicio oral y público, donde la Fiscalía se ratificará en su acusación inicial.
El juicio de esta jornada se extenderá hasta las 15:00, ante el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel.
Este juicio oral y público se desarrolla en el marco de la acusación por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.130.000.000 de las arcas municipales.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, quienes sostienen la acusación desde junio de 2024, apuntan a Prieto y a Francisco Raimundo Arrúa Álvarez como los autores principales del perjuicio financiero.
Asimismo, la estructura delictiva incluye como cómplices a Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Florentín Páez.
El avance de este juicio promete desnudar las cuestionables prácticas de una administración que, bajo la fachada de la emergencia, habría montado un esquema para saquear el dinero público.