Juicio oral a Natalia Zuccolillo prosiguió con lectura de pruebas documentales
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La segunda jornada del juicio oral y público por difamación, calumnia e injuria contra la directora del diario Abc Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista del mismo medio, Juan Carlos Lezcano, terminó con la lectura de las pruebas documentales de la querella. Dos testigos debían declarar hoy: el ingeniero y exviceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) Andreas Neufeld y el secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), Marcio Ferreira Verdi.
El testimonio de Ferreira Verdi fue reagendado y solo se tomaron las declaraciones del ingeniero Neufeld. El exviceministro de la SET fue el responsable de la modernización del sector fiscal paraguayo, con la implementación de la reingeniería del sistema tributario y destacó que el sistema esté funcionando hasta hoy día, con sus actualizaciones y mejoras. “Estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos desde la SET”, remarcó.
Señaló que el sistema Marangatu fue hecho por el CIAT en conjunto con la SET y que no recuerda si otra firma o consultora estuvo involucrada, pero aclaró que se había contratado a una empresa local para construir una aplicación para la renta personal, lo cual quedó en la nada porque la renta personal quedó suspendida.
“Nunca tuve problemas con el CIAT, yo era representante del país ante el centro. Los viceministros o directores son los representantes de los Estados partes ante el CIAT, este prestó asistencia al sistema Marangatu porque el paquete era completo: reingeniería y asistencia informática”, destacó el exviceministro.
Con respecto a la tercerización realizada por el CIAT o el trabajo con otras empresas, manifestó que no lo puede precisar, pero cree que se trata de una mezcla entre ambas cosas porque había gente relacionada con el centro interamericano y no dejaban de contratar consultores externos. “Pero no sé la relación laboral entre los consultores con el CIAT”, remarcó, agregando también que él no recuerda haber firmado ningún contrato con la organización, pues los trámites de firmas se hacían en el ministerio, ya que el viceministro no constituía un ordenador de gastos.
La defensa de Zuccolillo manifestó que no debía tomarse la declaración del testigo Ferreira Verdi porque el mismo se encontraba en la sede del CIAT y no en la embajada paraguaya en Panamá, como constituía un acuerdo establecido para considerarse la declaración. Del mismo modo, la querella solicitó al juez bajo las reglas del artículo 394 del Código Procesal Penal, que se ordene y se remita a través de exhortos a la Cancillería Nacional para que se comisione al testigo al consulado paraguayo.
Finalmente el juez sentenció a favor del pedido solicitado y destacó que se tomarán las declaraciones del testigo toda vez que el mismo se constituya en la sede del consulado. Debido a que Ferreira Verdi se encuentra con una agenda ya establecida, por viajes de representación del CIAT en diversos países, solicitó que se determine una fecha para su declaración; así, el juez confirmó que se tomará el testimonio del secretario ejecutivo del CIAT el jueves 8 de setiembre a las 9:30 (hora paraguaya).
Por otra parte, la querella también aclaró que desiste de la comparecencia de los testigos Raúl Zambrano, Pedro Fadul, Roberto Pereira y María Luz Pereira Ferrario para agilizar con el desarrollo del juicio oral y público.
El Tribunal de Sentencia concluyó que las pruebas del juicio demostraron que el exsenador Hernán Rivas carecía de una trayectoria académica que respaldara su condición de abogado. Foto: Gentileza
Condenan a 8 años de prisión a Hernán Rivas por producción y uso de documentos falsos
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Luego de deliberar por más de tres horas, el Tribunal de Sentencia emitió su veredicto en el caso del exsenador Hernán Rivas, estableciendo una condena de 8 años de prisión. La Fiscalía había solicitado una condena de 12 años de cárcel, porque concluyó que su título de abogado es falso.
En la lectura de la sentencia, la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga, argumentó que las evidencias expuestas por la Fiscalía demostraron que Rivas carecía de un historial académico de correspondencia y una condición profesional inexistente, según pudieron comprobar en el juicio oral.
Las juezas María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo votaron por 8 años de cárcel y el juez Juan Carlos Zárate votó en disidencia considerando que la pena en este caso debía ser de 14 años. En tanto se mantienen las medidas correspondientes a la libertad hasta tanto quede firme y ejecutoriada la condena.
Los integrantes del tribunal de sentencia llegaron a la conclusión de que Hernán David Rivas es el responsable de los hechos punibles de producción y uso de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad agravada.
Asimismo, sostuvo que durante el juicio oral quedó probado que no existe documentación académica que respalde el certificado de estudios y el título presentados por Rivas para acreditar su condición de abogado y obtener su matrícula ante la Corte Suprema de Justicia.
“Estamos ante lo que podemos denominar un alumno fantasma, una persona cuyo supuesto paso por la carrera de Derecho no dejó ni un solo rastro académico, administrativo o contable”, explicó la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga.
Del mismo modo, los magistrados concluyeron, “más allá de toda duda razonable”, que Rivas no realizó ni aprobó el trabajo final requerido para obtener el título de abogado. Respecto a los testigos que afirmaron haberlo visto cursar la carrera en Ciudad del Este, señalaron que sus declaraciones fueron contradictorias.
“Una carrera universitaria no se hace en un papel, se cursa en un lugar durante años”, sostuvo García de Zúñiga, al referirse a la falta de elementos que acrediten que Rivas haya cursado efectivamente la carrera.
Para calificar los hechos como especialmente graves, el Tribunal remarcó que las consecuencias de la falsedad trascendieron la utilización de una condición de abogado que no le correspondía, ya que Rivas llegó a integrar un órgano constitucional encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos.
En sus alegatos finales, el Ministerio Público decidió avanzar con un proceso de investigación a siete personas que se presentaron como testigos de la defensa, incluidos la universidad que emitió el documento falso, por presuntas declaraciones falsas ante el tribunal.
Tía Chela: presunto esquema de Prieto direccionó licitación y encubrió falta de insumos
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La Fiscalía presentó sus alegatos iniciales en el juicio oral y público contra el destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el caso “Tía Chela”, acusándolo de liderar una presunta trama para direccionar contrataciones de emergencia por la pandemia de covid-19, desde mediados de marzo de 2020. La causa, que proseguirá el lunes 21 de setiembre a las 8:00, analiza un supuesto perjuicio al patrimonio público de 2.130 millones de guaraníes mediante la compra simulada de kits de alimentos para familias vulnerables.
Durante la audiencia del 14 de setiembre, el Ministerio Público sostuvo que el exjefe municipal encabezó una red integrada por directores, jefes de área y colaboradores del sector privado para evitar los mecanismos de control habituales. La maniobra se habría ejecutado adjudicando contratos directos a la firma Tía Chela SRL, comercial que carecía del stock y la capacidad técnica para responder al compromiso de proveer 25.000 kits de alimentos.
La Fiscalía, representada por los agentes Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, sostiene su acusación sobre informes, memos, dictámenes y resoluciones municipales que detallan el proceso de licitación, con documentación remitida por la propia firma proveedora; así como dictámenes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República que señalan irregularidades en la solvencia técnica, económica y de experiencia de las empresas invitadas y adjudicadas; además del análisis de facturas y la reconstrucción de inventarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuya trazabilidad señala el millonario perjuicio patrimonial.
Según la acusación fiscal, la comuna utilizó la vía de la excepción sin argumentar motivos válidos de urgencia, omitiendo intencionalmente requisitos básicos de capacidad en los pliegos de bases. Esto permitió seleccionar a un proveedor sin antecedentes en el rubro, vulnerando los principios rectores de la contratación pública.
Los acusados por lesión de confianza y asociación criminal son Miguel Prieto Vallejos, quien desempeñó un rol central como intendente municipal y ordenador de gastos; los funcionarios municipales: Magui Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Infrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Francisco Raimundo Barruga Álvarez; junto con Fermín Ávalos Britos (de la firma Tía Chela SRL) y Emili Vanessa Florentín Páez (vinculada a la firma Vanemi SA).
Licitación manipulada
Tanto la Contraloría General de la República como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas concluyeron que la licitación ID 382177 presentó irregularidades desde su etapa de planificación. Las entidades fiscalizadoras confirmaron la falta de justificación para omitir la licitación pública y la ausencia de garantías financieras adecuadas.
Asimismo, la investigación expuso que las invitaciones para concursar se enviaron de manera dirigida a un grupo reducido de firmas interconectadas. La firma beneficiada se inscribió en el registro de proveedores el mismo día de la invitación, confirmando la falta de trayectoria técnica para cumplir con las exigencias. Los dictámenes oficiales remarcan que la municipalidad tampoco exigió notas de recepción ni verificaciones de entrega en tiempo y forma. Esta omisión facilitó el aval documental a operaciones que carecían de respaldo logístico real.
Facturación ficticia
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actualmente DNIT) aportó análisis fundamentales al reconstruir los inventarios de las empresas involucradas. El informe evidenció que los comercios declarados como subproveedores registraban saldos en cero o figuraban como contribuyentes ficticios dentro del sistema tributario.
Para justificar la posesión de las mercaderías, la red utilizó esquemas de facturación falsa y triangulaciones con empresas vinculadas, entre ellas Vanemi SA. Sin embargo, los cruces de datos demostraron que los bienes nunca ingresaron a los depósitos municipales en los volúmenes contratados.
Esta inconsistencia en la cadena de suministros ratificó que el contrato consistió en un montaje administrativo para justificar desembolsos millonarios. El perjuicio patrimonial se consumó al autorizar pagos por insumos que jamás llegaron a los sectores vulnerables.
Roles definidos
Según la acusación fiscal expuesta en el juicio, el encubrimiento de la falta de mercaderías (los kits de alimentos que debían proveerse a familias de escasos recursos) se realizó a través de un esquema coordinado de simulación documental y administrativa. Los excolaboradores de Prieto suscribieron actas dejando constancia de la recepción de 25.000 kits de alimentos, a pesar de que estos no habían ingresado físicamente a la institución.
- Miguel Prieto (intendente de CDE): se le atribuye haber impulsado la licitación por la vía de la excepción para la compra de cestas básicas; su intervención fue determinante para la aprobación del llamado, la firma del contrato y la autorización de los desembolsos. Además, se señala el vínculo de confianza con la presidenta de la principal firma subproveedora, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la intendencia.
- Maggi Fariña (coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones, UOC): responsable de elaborar el pliego de bases y condiciones con requisitos mínimos y omitir exigencias de capacidad técnica o financiera, además de cursar las invitaciones dirigidas a empresas específicas.
- Sebastián Martínez (director de Desarrollo Social): promovió el llamado, integró el comité de evaluación que recomendó la adjudicación a ‘Tía Chela SRL’ y actuó como administrador del contrato, suscribiendo además documentos de recepción de kits que no llegaron a la institución.
- José Félix Cáceres (jefe de Desarrollo Comunitario): Integró el comité de evaluación que avaló la contratación y participó en la firma de documentos para certificar una ejecución contractual que no fue real.
- Julián Benítez Gamarra (jefe de Almacenes): figura como receptor formal de las entregas de los kits de alimentos, validando documentalmente la recepción de mercaderías que, en la realidad, no fueron provistas en su totalidad.
- Francisco Arúa (director de Administración y Finanzas) e Higinio Ramón Acuña (jefe de Adquisiciones): suscribieron órdenes de compra y gestionaron los procedimientos administrativos de pago a la empresa proveedora.
- Nelson Segovia (tesorero): Participó en el proceso de desembolso de los fondos municipales destinados a la firma adjudicada.
Por su parte, en la audiencia del 15 de setiembre, las defensas alegaron que Tía Chela SRL cumplió con el contrato de provisión de alimentos, para lo cual anuncian que durante el juicio se presentarán pruebas documentales, fotografías, videos y testimonios de la supuesta entrega de las cestas. También cuestionan que la investigación fiscal haya recurrido a informes de entes técnicos como DNCP o DNIT para analizar la trazabilidad documental.
Claves de la acusación
Injustificación de la urgencia: no se acreditó suficientemente la “urgencia impostergable” como causal válida para saltar los procesos ordinarios de contratación, determinando el uso incorrecto de la vía de excepción.
Irregularidades técnicas: el pliego de bases y condiciones omitió criterios esenciales de evaluación, como la capacidad financiera, técnica y de experiencia de los oferentes, direccionando supuestamente la licitación a la empresa Tía Chela SRL.
Operaciones ficticias: la empresa Tía Chela SRL habría simulado una cadena de compraventa para tapar la falta de stock, emitiendo facturas a través de la subproveedora Vanemi SA, que, a su vez, declaró contribuyentes ficticios en las compras.
Falta de contraprestación: la firma solo realizó una entrega mínima de los kits de alimentos, a pesar de haber recibido pagos millonarios del municipio, además con plazos incumplidos para casos de urgencia impostergable.
Miguel Prieto y otras 10 personas son acusadas por lesión de confianza por el supuesto desvío de G. 2.130 millones de las arcas municipales de CDE. Foto: Matias Amarilla
Caso Tía Chela: Fiscalía presenta alegatos iniciales
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Este lunes se reinició el juicio oral y público en contra del exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras 10 personas, en el marco del caso conocido como Tía Chela.
Las 11 personas están acusadas por el hecho de lesión de confianza por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos en pandemia que habría generado un perjuicio patrimonial a la comuna esteja de unos G. 2.130 millones.
En esta jornada, se reanudó la audiencia con la la lectura de parte de la resolución judicial del juez Humberto Otazú, quien decidió elevar a juicio oral y público el caso, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán.
Luego de esta etapa los fiscales del caso encabezado por Silvio Corbeta deberán presentar los alegatos iniciales de este juicio oral y público, donde la Fiscalía se ratificará en su acusación inicial.
El juicio de esta jornada se extenderá hasta las 15:00, ante el Tribunal de Sentencia integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel.
Este juicio oral y público se desarrolla en el marco de la acusación por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.130.000.000 de las arcas municipales.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, quienes sostienen la acusación desde junio de 2024, apuntan a Prieto y a Francisco Raimundo Arrúa Álvarez como los autores principales del perjuicio financiero.
Asimismo, la estructura delictiva incluye como cómplices a Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Florentín Páez.
El avance de este juicio promete desnudar las cuestionables prácticas de una administración que, bajo la fachada de la emergencia, habría montado un esquema para saquear el dinero público.
El exministro Arnaldo Giuzzio es juzgado por su presunto vínculo con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Foto: Matías Amarilla
La Fiscalía expuso en juicio evidencias incautadas en la casa de Giuzzio
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La Fiscalía concretó este lunes la producción de varias pruebas documentales en la continuidad del juicio oral y público al exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado por su presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. “Son las evidencias que fueron incautadas de la casa del señor Giuzzio y se resaltó aquello que para el Ministerio Público es relevante”, comentó la agente fiscal Verónica Valdez, al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Agregó que “son documentos que guardan relación con algunos vehículos y documentaciones que también se relacionan con la empresa Black Eagle (nombre comercial de la firma Ombú S.A. de Marcus Vinicius). El próximo 22 de setiembre continuará con la declaración de un testigo. Todavía no llega el juicio oral a instancias finales, falta la declaración de varios testigos”.
La audiencia se desarrolló durante unos 45 minutos debido a que la fiscal Valdez y la jueza Yolanda Morel, que integra el Tribunal de Sentencia, debieron participar del enjuiciamiento contra el destituido exintendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, en el caso “Tía Chela”, que iniciaba a las 8:30 de esta mañana. El tribunal encabezado por la magistrada Adriana Planás fijó la siguiente sesión judicial para el martes 22 de setiembre.
La agente fiscal Verónica Valdez. Foto: Matías Amarilla
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.