La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conformada por Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, confirmó la condena del médico Miguel Ángel Cabarcos, sentenciado a 5 años de cárcel por homicidio culposo donde falleció un niño de 4 años de edad durante una cirugía de amígdalas en el año 2016.
Los altos magistrados declararon inadmisible el recurso de casación presentado por el abogado Arsenio Centurión, defensor del profesional de blanco de nacionalidad uruguaya Miguel Cabarcos. Ahora el expediente debe bajar al Juzgado de Ejecución para que se pueda ejecutar la sentencia y el condenado pueda pisar la cárcel para cumplir la condena.
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El médico fue condenado el 24 de mayo del 2021 por el Tribunal de Sentencia de San Lorenzo, integrado por Julio César Granada, Leticia de Gásperi y Gloria Garay. El presente fallo fue apelado y tras meses de estudio, el Tribunal de Apelación de Central decidió confirmar el fallo condenatorio.
Debido al resultado de segunda instancia, la defensa del condenado recurrió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, declaró inadmisible el recurso de casación y por ende se confirmó el fallo dictado en primera y segunda instancias.
El médico estuvo prófugo por un buen tiempo, pero luego fue detenido en la ciudad de Coronel Oviedo para ser sometido a la Justicia. La fiscal Mirtha Rivas considera de histórica la condena al mencionado galeno por homicidio culposo.
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Corte estadounidense limita poder de jueces para vetar decisiones presidenciales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado ayer domingo su satisfacción por la última decisión del Tribunal Supremo, que limita las competencias de los tribunales para vetar decisiones presidenciales. “Un juez federal local de izquierda radical podía decidir la política de toda la nación y ahora ya no puede hacerlo”, ha afirmado Trump durante una entrevista con Fox News. Es “una decisión enorme”.
“Ha sido una de las decisiones más grandes”, ha insistido. “Ahora pueden actuar a nivel local, pero no tienen todo el poder. Un juez de Massachusetts no puede influir en Oklahoma ni en otros lugares de la nación”, ha apuntado. El Supremo anunció el pasado viernes una decisión que afecta a las denominadas “medidas cautelares a nivel nacional” que varios tribunales federales han emitido contra órdenes de Trump en cuestiones como la inmigración, financiación federal, diversidad, aunque ha dejado en el aire la cuestión de la ciudadanía por nacimiento, cuya suspensión es una de las ambiciones de la Administración.
“Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo”, explicó la jueza Amy Conney Barret en representación de la mayoría conservadora del tribunal. “Resuelven casos y controversias conforme a la autoridad que les ha otorgado el Congreso”, añade en un dictamen que ha contado con la opinión discordante de la bancada liberal (progresista) del tribunal, encabezada por la jueza Sonia Sotomayor.
Autoridad equitativa
La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó al presidente Donald Trump una importante victoria el viernes pasado al limitar la facultad de jueces federales para bloquear decisiones de su administración que consideran ilegales. Por seis votos a favor y tres en contra (los de las juezas progresistas), la corte declaró que las suspensiones a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores “probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales”.
El máximo tribunal no se pronunció por el momento sobre si el decreto de Trump para abolir la ciudadanía automática por nacimiento es constitucional o no. “Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso”, declaró la jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen.
“Cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades”, añadió en un fallo al que se adhirieron los otros cinco jueces conservadores del tribunal. Las tres juezas liberales discreparon. El fallo tendrá consecuencias en la capacidad del poder judicial para controlar a Trump o a futuros presidentes estadounidenses.
El caso se centró en si un solo juez de un tribunal federal de distrito tiene derecho a bloquear a nivel nacional un decreto presidencial mediante una orden universal mientras el asunto se litiga en las cortes.
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El 20 de enero, día de su investidura, Donald Trump firmó uno de sus decretos más criticados. Su objetivo: negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas.
Este principio está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.
El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts (ambos en el noreste) y el estado de Washington (noroeste). Lo consideraron inconstitucional. Magistrados demócratas y republicanos han congelado otras iniciativas de Trump, muchas de ellas migratorias. Ante esta situación su gobierno presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema.
Fuente: Europa Press/AFP.
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Justicia europea condena a Francia por controles policiales discriminatorios
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este jueves a Francia por discriminación durante el control policial de un joven, en el primer fallo de este tipo contra el país por supuesto prejuicio racial.
Grupos de derechos humanos suelen acusar a las autoridades francesas de realizar controles abusivos por la apariencia e incluso de brutalidad policial hacia jóvenes percibidos como negros o magrebíes.
La corte paneuropea condenó a Francia por el caso de Karim Touil, nacido en 1991 y a quien la policía sometió a controles de identidad en tres ocasiones en el plazo de 10 días en 2011 en la ciudad oriental de Besanzón.
En este caso existe “una presunción de trato discriminatorio en su contra”, indica el fallo, que precisa que el gobierno no aportó ninguna “justificación objetiva y razonable” de los controles.
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El TEDH condenó a Francia a pagar 3.000 euros (3.500 dólares) a Touil en concepto de daños morales por violar el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo a la prohibición de la discriminación.
En cambio, la corte con sede en Estrasburgo, en el noreste de Francia, consideró que los controles sufridos por otros cinco demandantes no fueron por motivos discriminatorios ni tampoco encontró evidencias de fallas estructurales.
Slim Ben Achour, abogado de los seis demandantes, calificó la sentencia como una “victoria”. “El Estado francés debe asumir la responsabilidad y cambiar la forma en que lleva a cabo los controles de identidad”, agregó.
La Defensora del Pueblo francesa informó el martes que los controles de identidad habían aumentado desde 2016 hasta 2024, incluidos los de personas mayores o percibidas como blancas.
Pero los jóvenes “percibidos como árabes, negros o del norte de África” tienen cuatro veces más probabilidades de ser controlados que el resto de la población, precisó un informe de su oficina.
- Fuente: AFP
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Imputan a automovilista tras choque que causó la muerte de una niña
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Alberto Torres Flores presentó imputación contra Alcides Arévalos Casco (20), por los supuestos hechos punibles de homicidio culposo, omisión de auxilio y obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito. El domingo colisionó contra una moto, lo que causó la muerte de una niña de 12 años, al ser tirada al pavimento.
Asimismo, el agente solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, con el argumento de peligro de fuga y la conducta renuente del imputado a someterse a la Justicia. El hombre fue detenido ayer y se había resistido a la prueba de alcotest.
El percance fatal ocurrió el 22 de junio, alrededor de las 07:15, en la intersección de la calle Nanawa y la avenida Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, del barrio Fátima de Presidente Franco. Resultó víctima fatal la niña Erika Cristal Giménez Barreto (12).
Arévalos Casco habría estado conduciendo, en presunto estado etílico, un automóvil de la marca Toyota, modelo Vitz RS, color gris, con matrícula BXB-904 Py. Al realizar una maniobra indebida (cruzar la avenida sin tomar las debidas precauciones), impactó en la parte trasera de una motocicleta Kenton, chapa 596 CDO Py, guiada por Luis Alberto Giménez Giménez (20), quien llevaba como acompañante a su sobrina, Erika Cristal.
A raíz del impacto, ambos ocupantes del biciclo fueron lanzados al pavimento. La niña golpeó su cabeza contra la baranda de protección (cordón de hormigón), lo que le provocó fractura cervical y su fallecimiento por “traumatismo severo de cráneo encefálico”, según el diagnóstico del médico forense.
Tras el hecho, el presunto autor se dio a la fuga sin prestar auxilio a las víctimas, conducta que agravó su situación procesal, según el escrito de imputación. Luego de una intensa búsqueda, fue localizado y detenido en la misma ciudad, además de ser incautado el rodado que utilizó al momento del choque.
Arévalos Casco se negó a someterse a la prueba de alcotest. Ante estos elementos, el fiscal Alberto Torres sostiene que existe un fundado peligro de fuga, teniendo en cuenta que el imputado no evidenció disposición de someterse a la Justicia y habría intentado eludir su responsabilidad desde el primer momento.
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Argentina: enfermera condenada a prisión perpetua por crimen de cinco bebés
- Buenos Aires, Argentina. AFP.
Una enfermera fue condenada a prisión perpetua ayer miércoles por matar a cinco bebés e intentar acabar con la vida de otros ocho en un hospital argentino, reportaron medios locales, que publicaron un video de la lectura de la sentencia. La enfermera Brenda Cecilia Agüero inyectó de forma irregular potasio e insulina a recién nacidos entre marzo y junio de 2022, tomando dosis de los “carros de paro”, usados para emergencias y sin control de inventario, según la investigación de la fiscalía.
Agüero es “autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, cinco hechos, en concurso real (...) y homicidio calificado por procedimiento insidioso en grado de tentativa reiterado, ocho hechos, (...) informándole la pena de prisión perpetua", dijo la secretaria del tribunal.
En el código penal argentino, el agravante de la “insidia” se aplica en casos en que el victimario recurre a un engaño o artificio para cometer el daño. Los bebés, nacidos sanos, fallecieron en circunstancias inicialmente inexplicables, mientras que ocho sobrevivieron por la rápida intervención médica. Todo ocurrió en el servicio de neonatología del hospital materno infantil de la provincia de Córdoba, 700 km al noroeste Buenos Aires.
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El juicio, resuelto tras seis meses por ocho jurados populares y dos jueces, también juzgó a 10 imputados, entre exfuncionarios provinciales y profesionales de salud, por encubrimiento e incumplimiento de deberes, incluyendo un exministro y un exsecretario de Salud de la provincia de Córdoba (centro), además de la exdirectora del hospital.
Agüero, había negado los cargos en enero. Aseguró al tribunal que “no tienen pruebas” y acusó a los medios de pintarla como “asesina serial”. De los otros 10 imputados, cinco fueron hallados culpables, pero con condenas menores, y otros cinco fueron absueltos, entre los que estaban los exfuncionarios provinciales, constató el medio local Infobae. La prisión perpetua implica que Agüero, detenida en 2022, no podrá solicitar libertad condicional antes de cumplir 35 años de reclusión, conforme al código penal argentino.