La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conformada por Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, confirmó la condena del médico Miguel Ángel Cabarcos, sentenciado a 5 años de cárcel por homicidio culposo donde falleció un niño de 4 años de edad durante una cirugía de amígdalas en el año 2016.
Los altos magistrados declararon inadmisible el recurso de casación presentado por el abogado Arsenio Centurión, defensor del profesional de blanco de nacionalidad uruguaya Miguel Cabarcos. Ahora el expediente debe bajar al Juzgado de Ejecución para que se pueda ejecutar la sentencia y el condenado pueda pisar la cárcel para cumplir la condena.
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El médico fue condenado el 24 de mayo del 2021 por el Tribunal de Sentencia de San Lorenzo, integrado por Julio César Granada, Leticia de Gásperi y Gloria Garay. El presente fallo fue apelado y tras meses de estudio, el Tribunal de Apelación de Central decidió confirmar el fallo condenatorio.
Debido al resultado de segunda instancia, la defensa del condenado recurrió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, declaró inadmisible el recurso de casación y por ende se confirmó el fallo dictado en primera y segunda instancias.
El médico estuvo prófugo por un buen tiempo, pero luego fue detenido en la ciudad de Coronel Oviedo para ser sometido a la Justicia. La fiscal Mirtha Rivas considera de histórica la condena al mencionado galeno por homicidio culposo.
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Condenan a propietario de constructora a pagar cien jornadas laborales de multa por grave accidente
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El propietario de una constructora fue condenado al pago de cien jornadas laborales a la víctima de un accidente laboral que resultó con la pierna amputada tras el percance. El sentenciado es Julio César Trinidad Da Silva, dueño de la empresa Constructora y Metalúrgica Trinidad de Santa Rita.
La medida fue dictada durante el juicio oral desarrollado por exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. El trabajador afectado, Fidel Vera Paredes, quedó con graves secuelas físicas. La fiscal Rocío Celeste González fue quien sustentó la acusación. Antes del juicio, se produjo el resarcimiento económico a la víctima.
Los antecedentes indican que el hecho ocurrió el 30 de enero de 2024, alrededor de las 08:30, en una obra en construcción del barrio Nueva Asunción de Santa Rita, donde la persona que después se accidentó, realizaba tareas de montaje de estructuras metálicas.
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Durante el trabajo, recibió una descarga eléctrica de alta tensión al entrar en contacto con un cable expuesto en el techo y cayó al suelo. Como consecuencia, sufrió quemaduras graves y la amputación de la pierna inferior izquierda, además de daños psicológicos.
La investigación se inició el 8 de febrero de 2024, tras la denuncia presentada por Fredy Vera Paredes, hermano de la víctima. La acusación sostuvo que no se habían proporcionado los equipos de protección, ni adoptado las medidas de seguridad necesarias para realizar las labores.
El Tribunal de Sentencia que dictó la condena estuvo presidido por la magistrada Zunilda Martínez Noguera e integrado por los jueces Herminio Montiel y Edgar Lezcano. En el mismo proceso, se declaró la rebeldía de Alfredo Giménez Cardozo, señalado como empleador del trabajador al momento del accidente.
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Defensa de Rivas apeló condena y afirma que la misma se basó en presunciones y no en pruebas
La abogada Alba Zaracho apeló la condena de 8 años de cárcel dictada contra el exsenador Hernán David Rivas por la posesión de un título dudoso de abogado. La defensa de Rivas sostiene que la sentencia de primera instancia adolece de errores de fondo que obligan a su absolución o, como mínimo, a la realización de un nuevo juicio oral para revisar la pena.
Entre los principales argumentos, la defensa menciona que el presunto hecho de producción de documentos públicos de contenido falso ya se encontraba prescripto al momento del inicio del proceso penal. Asimismo, refiere que el fallo no determina las conductas concretas atribuidas al acusado y que el Tribunal de Sentencia lo condenó por hechos que la Fiscalía ni siquiera incluyó en su acusación. A su vez, crítica que no se distinguieron cuáles conductas correspondían a la producción y cuáles al uso de documento no auténtico, un defecto que, según afirman, arrastra el Ministerio Público desde la acusación original.
La abogada Zaracho sostiene además que la condena se basó en presunciones y no en pruebas fehacientes. Añadió que se invirtió la carga de la prueba al exigirle a Rivas demostrar su inocencia, y que se utilizaron elementos que nunca fueron producidos en el juicio oral y público. Respecto a la tipicidad, la defensa argumentó que los instrumentos cuestionados no constituyen “documentos falsos” en el sentido estrictamente penal: “Una designación del Congreso o un acta de juramento no certifican que alguien sea abogado. El título, el certificado de estudios y su registro en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) son documentos válidos y legales hasta el momento”.
Finalmente, sostiene que la pena de 8 años de penitenciaría, además de ser excesiva, violó garantías de la Constitución Nacional y el Código Penal. El escrito de apelación señala que el tribunal aplicó erróneamente un agravante (la calificación de “especialmente grave”) y duplicó la valoración de los mismos motivos para justificar dicha gravedad, aplicar el concurso de delitos del artículo 70 y realizar la medición de la pena.
Por último, advierten una evidente discordia en los votos de la mayoría, ya que los dos jueces partieron de bases distintas para el cálculo de la sanción, utilizando incluso elementos propios del tipo penal dentro de la medición de la pena.
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Fiscalía inicia proceso contra camionero por homicidio culposo tras atropellar a adolescente
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Cinthia Leiva Cardozo, de la Unidad Penal N.º 2 de Ciudad del Este, inició un proceso penal contra un camionero por el supuesto hecho punible de homicidio culposo, tras un accidente de tránsito en el que falleció un adolescente de 17 años.
Se trata de Carlos Mendoza Duarte, de 67 años, quien estaba al mando de un camión de gran porte, marca Volvo, semirremolque, chapa BCV 378.
El hecho ocurrió el 17 de octubre, alrededor de las 09:20, sobre la calle Cristhopher Quintana, en el sector Kuwait del barrio San Miguel, en Ciudad del Este.
De acuerdo al hecho de investigación, en la fecha citada, el conductor perdió aparentemente el control del tracto-camión al producirse un aparente desperfecto en el freno de aire que no dio la suficiente presión y el camión se encontraba en una pendiente por la que circuló sin control hasta embestir contra todo lo que encontraba en su camino.
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El adolescente de 17 años que caminaba por la vía pública fue una víctima fatal del camionero, cuyo vehículo también embistió a una motocicleta y tres automóviles estacionados en el sitio hasta terminar incrustado por una vivienda, según el escrito de imputación al camionero.
La médica forense, doctora Tania Morínigo, determinó que el menor falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico severo. Por su parte, la prueba de alcotest practicada al conductor arrojó resultado negativo.
Entre las pruebas reunidas por el Ministerio Público figuran el informe policial, las actas del procedimiento y del levantamiento del cuerpo, el certificado de defunción y el resultado del alcotest.
La fiscal solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para el conductor, sujetas al cumplimiento de reglas de conducta, como la comparecencia periódica ante el Juzgado Penal de Garantías, la prohibición de salir del país y el pago de una caución.
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La Corte Suprema conmemora diez años de la llegada del Expediente Judicial Electrónico
Este sábado 10 de octubre se cumplen diez años de la implementación del Expediente Judicial Electrónico, herramienta que comenzó a operar en 2016 en dos juzgados de la Capital como prueba piloto. Desarrollado íntegramente con recursos y técnicos del Poder Judicial, el sistema constituye el pilar central en la transformación digital de la gestión jurisdiccional paraguaya.
Desde aquella primera experiencia bajo las Acordadas n.° 1107 y 1108, la plataforma se expandió de forma progresiva hasta lograr una cobertura del 100 % en los tribunales de apelación y juzgados de primera instancia del país. Actualmente, el principal desafío institucional radica en completar su despliegue en la Justicia de Paz, donde alcanza una penetración del 40 % a nivel nacional.
A lo largo de esta década, la herramienta incorporó funciones clave como la presentación de escritos en línea, notificaciones electrónicas, firma digital y acceso remoto a las causas. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, resaltó que el desarrollo propio de la plataforma refleja la consolidación de la capacidad técnica e institucional de la entidad.
Actividades conmemorativas
En el marco de las conmemoraciones, la máxima instancia judicial anunció la realización de conferencias, exposiciones y encuentros con los actores que acompañaron el proceso de digitalización. Asimismo, se llevó a cabo una encuesta digital dirigida a usuarios internos y externos para evaluar el impacto de la herramienta y detectar oportunidades de mejora de cara al futuro.
Los datos obtenidos en dicho relevamiento servirán como insumo estratégico para trazar la hoja de ruta que guiará la evolución tecnológica de la administración de justicia en los próximos diez años. El objetivo apunta a proyectar la integración de nuevas tecnologías que sigan optimizando la atención a los profesionales del fuero y a la ciudadanía.
Como parte de este proceso continuo, desde el lunes 12 de octubre se habilitará un módulo en el Portal de Gestión de Partes para tramitar electrónicamente juicios de naturalización ante la Sala Civil y Comercial. Con este paso, el Expediente Electrónico inicia una nueva etapa enfocada en consolidar sus servicios, expandir su alcance territorial y fortalecer el ecosistema digital judicial.