La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conformada por Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, confirmó la condena del médico Miguel Ángel Cabarcos, sentenciado a 5 años de cárcel por homicidio culposo donde falleció un niño de 4 años de edad durante una cirugía de amígdalas en el año 2016.
Los altos magistrados declararon inadmisible el recurso de casación presentado por el abogado Arsenio Centurión, defensor del profesional de blanco de nacionalidad uruguaya Miguel Cabarcos. Ahora el expediente debe bajar al Juzgado de Ejecución para que se pueda ejecutar la sentencia y el condenado pueda pisar la cárcel para cumplir la condena.
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El médico fue condenado el 24 de mayo del 2021 por el Tribunal de Sentencia de San Lorenzo, integrado por Julio César Granada, Leticia de Gásperi y Gloria Garay. El presente fallo fue apelado y tras meses de estudio, el Tribunal de Apelación de Central decidió confirmar el fallo condenatorio.
Debido al resultado de segunda instancia, la defensa del condenado recurrió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, declaró inadmisible el recurso de casación y por ende se confirmó el fallo dictado en primera y segunda instancias.
El médico estuvo prófugo por un buen tiempo, pero luego fue detenido en la ciudad de Coronel Oviedo para ser sometido a la Justicia. La fiscal Mirtha Rivas considera de histórica la condena al mencionado galeno por homicidio culposo.
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Octogenario es condenado a 12 años de prisión por abuso sexual de una niña
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un comerciante de 81 años fue condenado a 12 años de prisión por el abuso sexual sistemático de una niña. La fiscal Julia González Medina, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, fue la que desarrolló la acusación en juicio oral realizado en el Poder Judicial de la capital de Alto Paraná.
El sentenciado está identificado como Víctor Mereles Arzamendia, quien fue encontrado culpable por el hecho punible de abuso sexual de una menor de 8 años. El juzgamiento y posterior fallo penal estuvo a cargo del Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Margarita Martínez e integrado por sus pares Gloria Vera y Diego Duarte.
Las agresiones sexuales juzgadas en juicio se produjeron en un inquilinato ubicado en el barrio San Miguel de Ciudad del Este, desde que la víctima tenía 7 años de edad, quien era manoseada en partes íntimas por parte del octogenario.
Al tratarse de un inquilinato, el agresor aprovechaba los momentos en que la madre de la niña se ausentaba de la casa para cometer los actos bajo amenazas.
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Sin embargo, un día, la pequeña contó lo que venía sufriendo a su hermana de 15 años, quien a su vez informó a la familia sobre lo ocurrido y se presentó la denuncia ante ante el Ministerio Público, el 25 de febrero de 2025.
En el marco de la investigación del hecho, la Fiscalía reunió diversos elementos, entre ellos la evaluación psicológica, el informe forense y la entrevista en Cámara Gesell (realizada como anticipo jurisdiccional de prueba), los cuales sirvieron de base para la acusación fiscal que derivó en la condena de 12 años de pena privativa de libertad para el octogenario.
De acuerdo a Datos Abiertos del Ministerio Público, de enero a mayo de 2025, fueron presentadas 1.184 denuncias por abuso sexual de niños. Central, Alto Paraná y Asunción siguen siendo los que concentran la mayor cantidad de casos y el mayor porcentaje de los autores también se mantiene en el entorno familiar o cercano de las víctimas.
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Plantean a Espínola que pida su desafuero tras imputación por homicidio culposo
La mesa directiva de la Cámara de Diputados no incluyó en el orden del día de la próxima sesión ordinaria el requerimiento del Ministerio Público de desaforar al diputado abdista Mauricio Espínola, imputado por homicidio culposo por protagonizar un accidente fatal, el pasado 16 de mayo en Asunción.
“Estamos viendo los números y no va a ser fácil. Es más fácil echar a un diputado que aprobar un desafuero. Lo ideal sería que la gente de su propia bancada converse con él y ver la posibilidad de avanzar (...), si él mismo lo solicita. Por supuesto que vamos a acompañar”, sostuvo el líder de bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara Baja, Miguel Ángel del Puerto.
El pedido de desafuero fue remitido a la Cámara Baja el pasado 9 de junio por la jueza Diana Carvallo con la finalidad de avanzar en la causa judicial. No obstante, la Fiscalía ya solicitó para Espínola la aplicación de medidas alternativas a la prisión para asegurar su sometimiento a la investigación de avanzar el despojo de sus fueros, entre ellas figura la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado para la firma del libro de control, la prohibición de salir del país, la obligación de mantener el domicilio fijado, sin posibilidad de cambiarlo sin autorización judicial y la imposición de una caución real suficiente, acorde a la naturaleza del hecho.
De acuerdo a la descripción de los hechos, Espínola conducía una camioneta de la marca Toyota, modelo Fortuner, de color negro, sobre la calle Cerro Corá, cuando, al llegar a la intersección con la avenida Kubistchek, habría cruzado imprudentemente produciendo una colisión con una motocicleta de la marca Kenton, modelo GTR, también de color negro, manejada por Emilio Benítez Chaparro, quien falleció el 27 de mayo por las graves lesiones.
Según las informaciones recabadas, el joven circulaba por la avenida con dirección sur e impactó contra la puerta lateral izquierda del rodado. Como consecuencia de la embestida, Benítez Chaparro cayó al pavimento y sufrió lesiones de gravedad. El hecho fue registrado aproximadamente a las 18:35 horas.
Posteriormente, al choque, Benítez Chaparro fue auxiliado por paramédicos y trasladado por personal del Cuerpo de Bomberos hasta el Hospital del Trauma para recibir atención médica. El fallecimiento del joven de 30 años de edad que se desempeñaba como funcionario de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), se produjo el 27 de mayo, tras haber padecido un traumatismo craneoencefálico moderado.
Tras darse a conocerse la imputación a Espínola, surgieron varios materiales audiovisuales obtenidas mediante cámaras de circuito cerrado que revelan el momento exacto del accidente y que complica su responsabilidad. A la vez existen personas que presenciaron el hecho y que actualmente prefieren el anonimato y aseguran que el parlamentario cruzó el semáforo en rojo.
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Condenan a 14 y 13 años de prisión a pilotos boliviano y peruano por tráfico de drogas
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Dos pilotos extranjeros fueron condenados a 14 y 13 años de prisión, tras ser hallados culpables por tráfico internacional de drogas, en un juicio oral y público sustanciado ante un Tribunal de Crimen Organizado de la capital del país, Asunción. Los condenados son Lucio Alfonzo Paz Fernández (36), piloto de nacionalidad boliviana, y Elmer Enrique Figueroa Paredes (53), copiloto peruano.
Fueron considerados responsables del traslado de un cargamento de cocaína proveniente de Bolivia y con destino final al Brasil, según se sustentó en la acusación por remisión a países extranjeros de sustancias estupefacientes, tenencia sin autorización de estupefacientes, provisión de medios de transporte y formación de organizaciones constituidas, para perpetrar hechos contra la ley 1340/40.
Elvio Aguilera fue el agente fiscal de la causa y el Tribunal de Sentencia que dictó el fallo condenatorio estuvo presidido por el juez Federico Rojas e integrado por las magistradas María Luz Martínez y Rossana Maldonado.
Los ahora condenados fueron detenidos el 29 de enero de 2023, alrededor de las 13:20, durante un operativo conjunto de la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná y agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, en las afueras de Hernandarias.
En el lugar, los intervinientes se incautaron de 265,095 kilos de cocaína distribuidos en 260 panes, hallados en el interior de una avioneta Cessna 206, matrícula CP-2038, de color blanco, que estaba al mando de los tripulantes extranjeros.
La aeronave habría ingresado desde Bolivia con el cargamento ilícito y aterrizado en un camino vecinal de la zona, para reabastecerse de combustible, donde era aguardada por cinco personas de sexo masculino a bordo de dos camionetas, de las cuales descendieron para bajar bidones de combustible.
Sin embargo, se percataron de la presencia de los intervinientes y todos huyeron del sitio, abandonando los bidones y la aeronave, pero los pilotos fueron aprehendidos.
La investigación fiscal sostiene que la operación formaba parte de una estructura criminal dedicada al tráfico aéreo de cocaína desde Bolivia, con tránsito por territorio paraguayo y destino final el mercado brasileño, considerado uno de los principales puntos de comercialización de la red.
Durante el procedimiento también fueron incautados dos GPS y otras evidencias que confirmaron la logística utilizada para el transporte aéreo de la droga, según lo expuesto en juicio.
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Juzgado comunicó a Diputados el pedido de desafuero de Mauricio Espínola
La jueza Diana Carvallo, a cargo del caso que involucra al diputado abdista Mauricio Espínola, remitió el pedido de desafuero a la Cámara Baja, confirmó este martes su titular, Raúl Latorre. El pleno deberá resolver si mantiene o retira los fueros del diputado que fue imputado por homicidio culposo por un accidente vial ocurrido el 16 de mayo, en que el motociclista Emilio Benítez Chaparro resultó con un traumatismo craneoencefálico moderado, que derivó en su fallecimiento el 27 de mayo.
“Hemos recibido la solicitud de desafuero del diputado Mauricio Espínola, y hay un grupo de solicitudes de desafueros que habían sido recibido por esta cámara. Tenemos que conversar en la mesa directiva y tenemos que conversar con los colegas porque el desafuero requiere de dos tercios, y en base a la distribución de fuerzas, ninguna facción, ningún equipo político tiene por sí mismo los dos tercios”, dijo el presidente Latorre a los medios.
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El titular legislativo afirmó que “para que se produzcan los desafueros que están pendientes tiene que haber una conversación entre todos y llegar a esa decisión”, teniendo en cuenta que se requieren de 53 votos para la aprobación, y ninguna de las bancadas no cuentan con ese número por sí solos y se requiere de un acuerdo entre todos los sectores, ya que también existen otros pedidos pendientes.
Por otra parte, evitó dar una postura personal al respecto señalando que es una decisión del cuerpo colegiado. “Yo siempre he tenido la misma posición con respecto a los desafueros, no quiero diferenciar una situación de la otra, soy respetuoso con los procesos que lleva adelante la justicia, y en términos de competencia de la Cámara de Diputados de proceder con el desafuero estaba expresando nuestra realidad matemática”, sentenció Latorre.
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