Luego de varias dilaciones, recusaciones y otros, declaró este miércoles la exjueza Tania Irún, destituida por mal desempeño en sus funciones. Foto: Gentileza.
Tras varias chicanas, exjueza civil Tania Irún declaró ante fiscal
Compartir en redes
Luego de varias dilaciones, recusaciones y otros, declaró este miércoles la exjueza Tania Irún, destituida por mal desempeño en sus funciones e imputada por el delito de prevaricato por entregar presuntamente de forma irregular a empresas de maletín 310 mil hectáreas de tierra en Alto Paraguay que están valuadas en US$ 500 millones.
El abogado Osvaldo Bittar, representante legal de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, indicó que la exmagistrada no aportó ningún dato relevante, sino que solo dijo que se ratifica en su declaración anterior.
El referido profesional del derecho sostuvo que los verdaderos elementos de prueba con que cuenta el Ministerio Público y que son contundentes están agregados a la carpeta fiscal, por lo que sin ningún problema el fiscal del presente proceso puede formular la acusación correspondiente contra Irún. El próximo 3 de agosto el Ministerio Público deberá presentar la acusación contra la exmagistrada.
Mientras que Rodrigo González Planás, defensor de Irún, mencionó que su representada se ratificó en la audiencia indagatoria e hizo mención a los documentos nuevos que están en la carpeta fiscal.
JEM
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituyó a la jueza civil y comercial de Asunción Tania Irún por haber actuado de forma irregular al hacer lugar a un juicio en el que entregó 310 mil hectáreas de tierras a empresas extranjeras violando la ley de seguridad fronteriza de nuestro país. Asimismo, el propio pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó la destitución de Irún.
El senador Dionisio Amarilla sostuvo que su expulsión de la nucleación opositora fue para sacar de la cancha a su equipo político con miras a la renovación de autoridades partidarias. Foto: Gentileza
Según Dionisio Amarilla, está allanado el camino para su retorno al PLRA
Compartir en redes
El senador Dionisio Amarilla se refirió a la desestimación de la denuncia impulsada por el titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, contra 3 camaristas electorales que dejaron sin efecto la expulsión tanto de Amarilla, como de los senadores Edgar López, Hermelinda Alvarenga y Noelia Cabrera.
Amarilla indicó que con la decisión se allana el camino para su retorno y el de sus colegas a la nucleación opositora. “Es cuestión de días y mero trámite nuestro retorno al partido”, sostuvo el congresista en una entrevista con los medios de prensa.
Fleitas acusó a los camaristas de haber incurrido en prevaricato cuando ordenaron la reposición de los parlamentarios en carácter de afiliados. “Queda al desnudo que las acusaciones infundadas, incluso de manera temeraria contra estos magistradosera solamente una denuncia para sacarnos de la competencia futura que se dará para la renovación del partido”, refirió.
Asimismo acotó: “Anémicos, por sobre todas las cosas personas sobre quienes existen sospechas fundadas de que han aplicado de manera irregular los fondos públicoscomo el caso de Hugo Fleitas me ha preocupado porque si nosotros llegamos al partido revisaremos con lupa cómo se administraron los fondos. Ellos creen que quitarnos de la nucleación política, podrán seguir sobreviviendo”.
Afirmó además que no solo el temor a que haya un mayor control de los recursos económicos del PLRA motivó al sector oficialista para concretar su expulsión. “Ellos saben que si tomamos la conducción política iremos por el poder. Nosotros hacemos los acuerdos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir lo hacemos con todas nuestras fuerzas”, afirmó.
El expresidente Mario Abdo Benítez y las otras exautoridades imputadas por el caso de filtración de datos mediante instituciones públicas, solicitaron el cambio de fiscales en la investigación en curso contra el agente del Ministerio Público Aldo Cantero por prevaricato.
En el marco de la causa abierta contra los fiscales Aldo Cantero, Giovanni Grisettiy otros sobre prevaricato y persecución a inocentes, la representación legal de Mario Abdo Benítez, el diputado Mauricio Espínola, René Fernández, Carlos Arregui, extitulares de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y Arnaldo Giuzzio exministro del Interior, solicitaron la reasignación del caso, que actualmente está en manos del fiscal Néstor Coronel.
Esta investigación nació luego de la difusión de supuestas conversaciones de WhatsApp fraguadas entre el fiscal que investigaba a Abdo y el abogado Pedro Ovelar, que desembocó en la apertura de la carpeta fiscal contra el expresidente y sus funcionarios por filtración de datos. Recordemos que Ovelar había afirmado que dichas conversaciones eran falsas y que tal hecho no ocurrió.
De acuerdo a lo que publicó el diario Hoy Digital, el argumento de la solicitud para la reasignación de la causa radica en el interés de garantizar la objetividad de la investigación, ya que según se alega en el escrito presentado, no se hicieron las diligencias sugeridas como parte de la investigación.
Coronel se constituyó en las oficinas de sus colegas Cantero y Grissetti en busca de documentos y materiales relevantes que pudieran aportar al caso. Sin embargo, a partir de allí, no ha habido algún avance.
Decretan prisión del juez de Paz Franco Garelik, imputado por prevaricato
Compartir en redes
La jueza penal de Garantías de Lambaré, Ana Esquivel, decretó la prisión preventiva en la Comisaría 13 de Itá Enramada, del juez de Paz de Nueva Asunción, Jorge Adolfo Franco Garelik, imputado por prevaricato por el caso Steven Automotores. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el juzgado de la mencionada magistrada judicial.
La justicia benefició con medidas alternativas a la prisión a la actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona Benítez, imputada por asociación criminal. Esta resolución judicial fue apelada por el Ministerio Público debido a que sostiene que la procesada podría obstaculizar el proceso penal.
El magistrado suspendido en sus funciones Franco Garelik y Gaona Benítez, en carácter de juez y actuaria del Juzgado de Paz de Chacoi, habrían emitido resoluciones, como órdenes de secuestro, violando los derechos de la otra parte para favorecer a la playa de ventas de automóviles Steven Automotores, a través de su dueño Denis Steven Bareiro y sus representantes legales.
Las resoluciones que fueron emitidas inmediatamente después del escrito de la demanda sin cumplir las formalidades que requiere un juicio ordinario en el ámbito civil, esto se corrobora con el acta de allanamiento realizado en fecha en el Juzgado de Paz de Chaco’i, Nueva Asunción, de donde se incautaron 68 expedientes judiciales sin los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil.
El agente fiscal Fernando Galeano imputó a la pareja conformada por Eduon Paulo Michels y Alzeni Martins da Silva de Michels por haber proveído presuntamente, alimentos en mal estado en una fiesta que ocasionaron la intoxicación de 57 personas.
Fue el 30 de diciembre de 2023 durante la celebración de una boda en la ciudad de San Alberto.
La imputación es por los hechos punibles contra la seguridad de las personas frente a riesgo colectivo y comercialización de alimentos nocivos y otros. Según la investigación fiscal, la pareja Michels ofreció sus servicios de catering en la boda de Arminda Martínez Ramírez y César Cordero Cáceres, celebrada en el salón “Viva Eventos” de la ciudad de San Alberto.
De 140 invitados, alrededor de 57 sufrieron intoxicación tras consumir ensalada de papa con mayonesa, presentando vómitos, diarrea y fiebre, según el escrito fiscal, pero en realidad, fueron muchas más las personas afectadas, de acuerdo a lo que fue corroborado en las unidades de salud a las que asistieron las víctimas.
Las muestras de heces de cuatro pacientes, elegidas en forma aleatoria, arrojaron resultados positivos para Salmonella Newport spp., una bacteria que causa intoxicación alimentaria, de acuerdo a lo indicado en el dictamen médico sobre el caso.
La investigación fiscal constató que la pareja responsable del servicio de catering no cuenta con registro sanitario para la elaboración y venta de alimentos, según un informe del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN).