Luego de varias dilaciones, recusaciones y otros, declaró este miércoles la exjueza Tania Irún, destituida por mal desempeño en sus funciones. Foto: Gentileza.
Tras varias chicanas, exjueza civil Tania Irún declaró ante fiscal
Compartir en redes
Luego de varias dilaciones, recusaciones y otros, declaró este miércoles la exjueza Tania Irún, destituida por mal desempeño en sus funciones e imputada por el delito de prevaricato por entregar presuntamente de forma irregular a empresas de maletín 310 mil hectáreas de tierra en Alto Paraguay que están valuadas en US$ 500 millones.
El abogado Osvaldo Bittar, representante legal de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, indicó que la exmagistrada no aportó ningún dato relevante, sino que solo dijo que se ratifica en su declaración anterior.
El referido profesional del derecho sostuvo que los verdaderos elementos de prueba con que cuenta el Ministerio Público y que son contundentes están agregados a la carpeta fiscal, por lo que sin ningún problema el fiscal del presente proceso puede formular la acusación correspondiente contra Irún. El próximo 3 de agosto el Ministerio Público deberá presentar la acusación contra la exmagistrada.
Mientras que Rodrigo González Planás, defensor de Irún, mencionó que su representada se ratificó en la audiencia indagatoria e hizo mención a los documentos nuevos que están en la carpeta fiscal.
JEM
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituyó a la jueza civil y comercial de Asunción Tania Irún por haber actuado de forma irregular al hacer lugar a un juicio en el que entregó 310 mil hectáreas de tierras a empresas extranjeras violando la ley de seguridad fronteriza de nuestro país. Asimismo, el propio pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó la destitución de Irún.
El ministro de la Corte, Víctor Ríos, vinculado al Efrainismo, se perpetuará en el cargo hasta los 75 años luego de ser declarado inamovible en la máxima instancia judicial. Foto: Archivo
El efrainista, Víctor Ríos se perpetuará en la Corte hasta los 75 años al ser declarado inamovible
Compartir en redes
El ministro Víctor Ríos, vinculado al sector efrainista del Partido Liberal, quien inicialmente afirmó que se retiraría al cumplir los cinco años de mandato en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), permanecerá finalmente en el cargo hasta los 75 años, perpetuándose en la máxima instancia judicial. Esto ocurre tras ser declarado inamovible por los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte.
Los ministros que firmaron la resolución judicial que permite a Ríos asegurar su permanencia son Alberto Martínez Simón, César Diesel y Luis María Benítez Riera. En su voto, Martínez Simón sostuvo que el artículo 19 de la Ley N° 609/95 —que organiza la CSJ y limita la duración de funciones a cinco años— contrapone lo dispuesto en la Constitución Nacional.
El magistrado argumentó que el artículo 252 de la Carta Magna no es aplicable a los ministros de la Corte, sino únicamente a los magistrados del Poder Judicial(desde jueces de Paz hasta miembros de tribunales de apelación).
Según Martínez Simón, la limitación de cinco años es “claramente inconstitucional”, ya que el artículo 261 de la Constitución no establece dicho plazo ni exige el trámite de confirmación para los ministros.
Con esta decisión, se espera que ocurra lo mismo con la acción promovida por el ministro Gustavo Santander, quien igualmente busca ser declarado inamovible hasta los 75 años de edad.
EL JEM retiró los fueros a la fiscala Gloria Rojas, imputada por cohecho pasivo por pedir dinero para beneficiar a un procesado en el caso del feminicidio de María Fernanda, ocurrido en Coronel Oviedo. Foto: Archivo
JEM retiró los fueros a fiscala imputada por coima en caso feminicidio de María Fernanda
Compartir en redes
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) retiró los fueros a la agente fiscal de Coronel Oviedo, Gloria Mabel Rojas, para que la misma pueda enfrentar el proceso penal que tiene por cohecho pasivo agravado o pedido de coima en el caso en el que se investiga el feminicidio de María Fernanda.
El órgano juzgador de magistrados solicitó a la Corte Suprema de Justicia la suspensión en sus funciones de la mencionada agente fiscal.
El actual presidente del JEM, César Garay, indicó que por oficio número 368 del 15 de diciembre, el juez penal de Garantías, Humberto Otazu, informó lo resuelto por providencia de la misma fecha, dictada en la causa caratulada “Juan Carlos Bedolla Fleitas s/ tráfico de influencias” por la que remitió los antecedentes al JEM.
En dicho oficio se indica que la agente fiscal Silvia González Lester fue quien peticionó al juez de la causa que comunique al Jurado la imputación por cohecho pasivo agravado.
“En el acta de imputación se señalan suficientes elementos de sospechas, declaraciones testimoniales, videos, incluso copias autenticadas de billetes que sustentan la presunta participación de la imputada en el hecho punible de cohecho pasivo agravado”, manifestó el presidente del órgano, César Garay.
Ahora el juez Otazú podrá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si la imputada será beneficiada con medidas alternativas a la prisión.
Militar asesinado frente a la UNA fue testigo en juicio oral contra el coronel Belotto y su esposa
Compartir en redes
El Tte. Cnel. Guillermo Moral Centurión (44), asesinado frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, declaró en calidad de testigo en el juicio oral y público que enfrentaron el coronel Luis Belotto y su esposa Alba Ale de Belotto, donde ambos fueron condenados a dos años de cárcel por querer facilitar un teléfono celular a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.
De acuerdo a lo manifestado por el Tribunal de Sentencia, el entonces Jefe del Área Penal de la cárcel militar de Viñas Cué, Guillermo Moral, fue citado en una estación de servicio para que se le entregue un celular y un sobre con dinero para que pueda facilitar el ingreso del celular al interno Tío Rico, pero tal hecho fue denunciado por Moral a sus superiores y fue así que se evitó que el aparato celular ingrese a la cárcel militar.
Sicarios a bordo de una motocicleta atacaron a tiros la camioneta de una persona que estaba estacionada frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). El fallecido es estudiante del décimo semestre de Derecho de esa casa de estudios, ubicada en Trinidad. Es el jefe de la Prisión Militar de Viñas Cué.
El presente caso generó preocupación en los vecinos de la casa de estudios, atendiendo a que la zona es un barrio residencial donde las personas suelen realizar caminatas y otras actividades deportivas.
El Ministerio Público, a través de los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, presentó acusaciones contra dos jueces en funciones, dos exjueces, actuarios, ujieres notificadores, oficiales de justicia y abogados representantes de empresas de cobranzas; por la comisión de hechos punibles ocurridos en el marco de procesos judiciales tramitados en cuatro juzgados de Paz de la ciudad de Asunción.
Según la acusación, los representantes legales de empresas de cobranzas promovieron acciones preparatorias, juicios ejecutivos y juicios ordinarios de cobro de guaraníes o reconocimiento de deudas, en los cuales se produjeron informes falsos de notificación, intimaciones de pago y embargos ejecutivos con el propósito de hacer prosperar los juicios sin que los deudores demandados tuvieran conocimiento de los mismos.
Esta maniobra derivó en la emisión de resoluciones judiciales contrarias a derecho, con la intención de beneficiar a las partes actoras.
Los jueces y exjueces son acusados de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, ambos en calidad de autores.
Los abogados representantes de empresas de cobranza son calificados como instigadores de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autores. En lo que respecta a los ujieres notificadores, se los acusa de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autores, y cómplices de prevaricato.
Igualmente a los actuarios judiciales y a los oficiales de justicia. Cabe destacar que la fiscal Belinda Bobadilla fue recusada respecto a dos de los juzgados investigados, por lo que las acusaciones correspondientes fueron presentadas por los fiscales Jorge Arce y Leonardi Guerrero. En las causas vinculadas a los otros dos juzgados, la acusación fue formulada, en forma conjunta, por los tres fiscales intervinientes.