El juez penal de Garantías de Paraguarí Hilario Bustos decretó la prisión preventiva en la cárcel de Misiones de las hermanas Laura Verónica Giménez y Lorena Beatriz Verón Giménez, imputadas por homicidio doloso por asesinar a su propia madre.
La resolución del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia de imposición llevada a cabo en el juzgado de Paraguarí. Una vez conocida la resolución del juez Bustos, las hermanas ya fueron directamente trasladadas hasta su nuevo lugar de reclusión.
El fiscal Alfredo Ramos Manzur imputó a las dos hermanas por homicidio doloso tras recibir el informe de la autopsia de la víctima, Limpia Concepción Giménez, de 73 años de edad, quien falleció tras ser brutalmente golpeada por sus dos hijas.
El médico forense indicó que el resultado de la autopsia revela que la víctima sufrió la fractura de 6 costillas del lado izquierdo y 4 del lado derecho, además de un probable traumatismo de cráneo como resultado preliminar. De esta manera, la autopsia fue clave para conocer en detalle los rigores del caso y descartar la primera hipótesis de un supuesto infarto.
El terrible caso fue denunciado por vecinas de la zona de Paraguarí. Sin embargo, las ahora imputadas llevaron hasta un hospital de la zona a su madre, alegando que se había caído y golpeado, por lo cual en el centro asistencial se había diagnosticado como causa de muerte un infarto.
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Imputan por homicidio doloso a repartidor que mató a presunto ladrón en barrio Santa Ana
La Fiscalía imputó por homicidio doloso al repartidor de 60 años que disparó y mató al presunto delincuente que estaba asaltando con un arma de fuego a su compañero, en el barrio Santa Ana de la ciudad de Asunción. El hombre alegó que realizó los disparos en defensa propia y que huyó del sitio por temor a represalias de otros delincuentes de la zona.
El hecho se reportó el jueves pasado, cuando el camión repartidor llegó hasta una despensa en el citado barrio capitalino y los trabajadores estaban descargando mercaderías. En eso se acercaron dos personas y encañonaron a uno de los hombres para pedirle la recaudación del día. Cuando se dio cuenta el chófer del camión tomó su arma para realizar disparos intimidatorios.
Sin embargo, uno de los proyectiles dio contra Jonatan Ariel Franco, de 18 años, quien contaba con dos antecedentes por robo agravado y terminó falleciendo en el lugar. Tras realizar los disparos, los trabajadores subieron al camión y volvieron a su lugar de trabajo donde se enteraron que el delincuente falleció. Esa misma tarde, Carlos Garcete, de 60 años, se entregó a las autoridades.
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La fiscal Laura Finestra imputó al detenido por homicidio doloso y describe que fue por excitación emotiva, por acabar con la vida del presunto delincuente en medio de un intentó de asalto y se expone hasta 5 años de prisión. El detenido alegó que había actuado en legítima defensa, para evitar que tanto su compañero como él sean víctimas de la inseguridad.
Cabe destacar que, el barrio Santa Ana, entre 42 Proyectadas y Antequera donde ocurrió el hecho, es considerada zona roja por la alta inseguridad reinante y es un lugar donde más asaltos se reportan, atendiendo a que cuenta con pequeños pasillos donde se ocultan los maleantes y que es dificil acceso para la Policía Nacional.
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Brasil: ordenan encarcelar al expresidente Collor, condenado por corrupción
Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó ayer jueves encarcelar al expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), condenado en 2023 a ocho años y diez meses de prisión por corrupción en una investigación derivada de la megacausa Lava Jato.
La orden será sometida a votación por los demás magistrados de la corte este viernes, pero es de cumplimiento “inmediato”, sin esperar a la decisión del plenario. El magistrado “Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), rechazó el segundo recurso de la defensa y determinó la detención inmediata del expresidente de la República y exsenador Fernando Collor de Mello", indicó la corte en un comunicado.
El exmandatario, de 75 años, fue hallado culpable de recibir 20 millones de reales entre 2010 y 2014 (3,5 millones de dólares, al cambio actual) cuando era senador, para “viabilizar irregularmente contratos” entre una constructora y una exfilial de da petrolera estatal brasileña Petrobras.
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Su defensa recibió el fallo “con sorpresa y preocupación” y afirmó que Collor “se presentará para cumplir la decisión determinada por el magistrado Alexandre de Moraes”, en una nota enviada a la prensa. Una fuente del tribunal aclaró que “nadie puede ser detenido en la noche, pero él puede entregarse en la madrugada”.
Moraes argumentó que los recursos presentados por la defensa de Collor contra la condena de 2023 son “meramente dilatorios”. A partir de las 11:00 locales (14:00 GMT) y hasta las 23:59 del viernes (02:59 GMT del sábado) el plenario se reunirá virtualmente para confirmar o no su decisión.
Destino común
Collor no es el único exmandatario brasileño en tener líos con la justicia. Desde el fin de la dictadura militar (1964-1985), cuatro de los siete ocupantes del palacio presidencial de Planalto fueron en algún momento condenados, encarcelados o destituidos.
Y el expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022) está a puertas de ser juzgado por una tentativa de golpe de estado tras ser derrotado en su aspiración la reelección. Primer presidente elegido por sufragio universal después del régimen militar, Collor generó grandes expectativas al llegar al poder. Sin embargo, renunció a la presidencia en 1992 en medio de denuncias de corrupción.
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En 1989 derrotó en las urnas al líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente entre 2003 y 2010, Lula luego estuvo 18 meses en la cárcel, entre 2018 y 2019, también en el marco de la causa Lava Jato. La condena contra Lula fue finalmente anulada por la corte suprema y el izquierdista volvió a Planalto en 2023.
Tras renunciar a la presidencia en medio de protestas callejeras, Collor consiguió volver a la política en 2006, al ser elegido senador por Alagoas, un estado pobre del noreste. Ocupó ese escaño hasta 2022. Ese año apoyó a Bolsonaro en las elecciones.
Como senador, se valió “de la influencia político-partidaria para promover nombramientos en el directorio” de una distribuidora de combustibles filial de Petrobras y direccionar contratos, según la corte suprema.
Fuente: AFP
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Fiscal imputa por homicidio doloso a policía que disparó a presunto delincuente
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El oficial de Policía Augusto Oviedo Martínez (36), fue imputado esta tarde por la fiscal de la Unidad Penal No. 3 de Hernandarias, Nathalia Montanía, por homicidio doloso, según confirmó a La Nación/Nación Media, la asistente fiscal Teresa Báez.
Es en la investigación de la muerte de un presunto delincuente durante un enfrentamiento con el personal policial de la Comisaría 27, del barrio San Francisco de Hernandarias. El agente se encuentra con detención preventiva en la Dirección de Policía de Alto Paraná.
El fallecido es Alcides De La Cruz Lezcano Ortiz (45), nacido en Coronel Oviedo. El mismo tenía orden de captura por robo agravado y coacción sexual, emitida en el departamento de Caaguazú.
El mismo recibió un impacto de bala en la zona maxilofacial, lado izquierdo, con orificio de salida en el lado derecho, explicó la asistente fiscal Báez, en base a los datos recabados. Agregó que el policía también recibió una herida de refilón porque el disparo se produjo al forcejar con el presunto delincuente para desarmarlo, supuestamente.
El relato señala que los policías estaban en un vehículo particular y persiguieron al hombre que estaba en motocicleta, por unas diez cuadras, del barrio San Francisco. Acto, seguido, alcanzaron al hombre, lo interceptaron en un camino vecinal y cayó, momento en el cual desenfundó su arma de fuego.
El personal policial que ya había descendido del vehículo, forcejeó con el hombre, intentando desarmarlo y en ese trance se produjo el disparo del arma del agente policial que mató al motociclista, según lo referido por la asistente fiscal Teresa Báez, de lo expuesto por el imputado.
Informó que se realizó la prueba pertinente de nitrito y nitrato, se solicitaron informes varios a la Policía Nacional para el esclarecimiento de las circunstancias en que se produjo el fallecimiento, entre ellos, la comprobación del pedido de apoyo a las otras patrulleras que los policías realizaron, antes de alcanzarlo al luego fallecido, según la declaración.
El agente policial declaró ante la Fiscalía, acompañado de abogados de la asesoría jurídica de la Dirección de Policía de Alto Paraná. Esta mañana surgieron versiones contradictorias dentro de la Policía Nacional, aunque el primer dato conocido fue el forcejeo que terminó con la muerte de Alcides Lezcano Ortiz.
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El exsuboficial Florentín fue condenado a 24 años de cárcel por el homicidio de Rodrigo Quintana
Este viernes, el Tribunal de Sentencia condenó al suboficial Gustavo Adolfo Florentín Silva a 24 años de prisión por el homicidio doloso agravado de Rodrigo Quintana, hecho que ocurrió en 31 marzo del 2017 en sede del Partido Liberal Radical Autentico (PLRA). El agente policial es el único procesado y condenado por el asesinato del dirigente liberal.
El tribunal estuvo presidido por Lourdes Garcete e integrado por Manuel Aguirre y Rossana Maldonado, quienes tras analizar todas las evidencias y escuchar a los testigos decidió que suboficial debía ser condenado por matar al joven dirigente. “Florentín disparó el arma, los proyectiles impactaron en la espalda de Rodrigo Quintana”, manifestó la jueza Garcete.
Afirmó que los nueve proyectiles que fueron disparados por el acusado, luego de que forzó y entró en sede del partido, atravesaron varios órganos de la víctima, quien terminó falleciendo en el lugar. Tras realizar los disparos, Quintana cayó al suelo y seguidamente fue pisado por Florentín, quien lo miró detenidamente, pero no lo auxilió y prosiguió su camino hacia el patio.
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“El impacto de estos nueve proyectiles de plomo atravesaron varios órganos incluidos sus pulmones y le ocasionaron una hemorragia que derivó en una muerte agónica por una asfixia por la acumulación de sangre, lo que en medicina se considera neumotórax”, detalló la jueza, durante la lectura final de la sentencia.
Ricardo Estigarribia, abogado del sentenciado, afirmó que con esta condena queda claro que no existen garantías para los agentes policiales y militares, y que no se puede condenar a una persona sin siquiera saber cuál es el arma homicida. “No se analizó la totalidad del contexto de lo que ocurrió”, puntualizó a los medios de comunicación.