El juez Rolando Duarte deberá estudiar si corresponde hacer lugar al sobreseimiento provisional de Ramón González Daher, procesado por quebrantamiento de depósito y extorsión. Foto: Archivo.
Piden sobreseimiento provisional de Ramón González Daher
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Los fiscales Néstor Coronel y Luis Piñánez solicitaron el sobreseimiento provisional del exdirigente de futbol Ramón González Daher, imputado por quebrantamiento de depósito y extorsión en el marco de la denuncia que realizó el empresario Alberto Antebi.
Ahora el juez penal de Garantías Rolando Duarte deberá estudiar si hace lugar al requerimiento de los fiscales. En caso de hacer lugar al sobreseimiento provisional, el Ministerio Público tendrá un año más de tiempo para poder reunir los elementos de prueba y luego presentar la acusación correspondiente contra González Daher.
El escrito del Ministerio Público señala que a pesar de los elementos de prueba recolectados por la fiscal Natalia Cacavelos, aún no se tienen elementos de convicción suficientes que puedan sostener el grado de certeza con respecto al procesado Ramón González Daher por lo que corresponde realizar más diligencias en el presente caso y es por ello que se pide el sobreseimiento provisional del imputado.
En esta investigación fiscal falta agregar algunos informes de entidades bancarias, así como de informes de compañías telefónicas y otros elementos de prueba.
Antecedentes
El Ministerio Público inició una investigación debido al hurto de varios cheques que fue denunciado por el juez Humberto Otazú. A raíz de ello se realizó un allanamiento en la casa de Ramón González Daher donde se encontró varios cheques que fueron hurtados del Juzgado de Delitos Económicos de Otazú. Dichos cheques hurtados, González Daher pretendía cobrar y es por ello que fue imputado por quebrantamiento de depósito y extorsión.
La defensa de la exfiscala solicitó la acumulación de la causa de otro procesado y por ende se suspendió el inicio del juicio oral y público. Foto: Archivo
Se suspendió el juicio oral de exfiscal acusada por extorsión
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Se suspendió el inicio del juicio oral para la exfiscal de San Lorenzo, Ana Girala y otros procesados por extorsión, persecución de inocentes y otros. La defensa de la exrepresentante del Ministerio Público planteó una reposición solicitando que la causa sea acumulada junto con la de otro procesado.
Con la presentación que se hizo de parte de la de la defensa de Girala se pretende acumular esta causa con la del abogado Marcos Aurelio Velazco, quien fue acusado en febrero del corriente año por la presunta comisión de los hechos de tráfico de influencias, soborno agravado y asociación criminal.
En febrero del año 2023 el Fiscal Osmar Legal intervino la unidad de la fiscal Ana Girala luego de haber recibido una denuncia de que tanto ella como otros miembros de la unidad habían solicitado la suma de G. 25 millones para beneficiar a un procesado por homicidio doloso con una salida alternativa al juicio oral y público al momento de la realización de la audiencia preliminar.
El Ministerio Público cuenta con suficientes elementos probatorios para poder lograr una sentencia condenatoria durante el desarrollo de un juicio oral y público.
En su momento Girala estuvo privada de su libertad, pero luego fue beneficiada con medidas alternativas a la prisión. Posteriormente presentó su renuncia al cargo de agente fiscal, renuncia que fue aceptada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
José González, asesor jurídico del IPS, señaló que se realizaron dos denuncias por corrupción ante el Ministerio Público y que se está priorizando el reordenamiento de la previsional. Foto: Pánfilo Leguizamón
IPS ya no puede cometer “los mismos errores” que dejó la administración anterior
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El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó, el 16 de abril pasado, una denuncia ante el Ministerio Pública al detectar, a través de una auditoría interna, una presunta rosca que solicitaba coimas a los jubilados para falsificar certificados médicos con el fin de “agilizar” los trámites en la Caja de Préstamos de la previsional. El asesor jurídico José González puntualizó las irregularidades detectadas y los desafíos que asume la institución para mejorar la transparencia.
“No podemos caer en los mismos errores que cayó la administración anterior, tenemos que ver nuestros números, todas las falencias que dejó la pasada administración, identificar a los responsables y mejorar”, señaló González en el programa “Fuego cruzado”, por GEN/Nación Media, detallando que esta es la segunda denuncia presentada por IPS ante la Fiscalía, luego de los reportes finales que había remitido la Contraloría General de la República (CGR) sobre otras irregularidades.
A partir de aquel informe, el presidente de la institución, el doctor Jorge Brítez dispuso la realización de la auditoría, el 21 de marzo pasado, que verificó 25 solicitudes de préstamos a partir del mes de febrero, pendientes de aprobación. En tanto, la Contraloría señalaba sobre un crédito que se había sacado para pagar a los proveedores. Posteriormente se sacó otro, el cual no tenía fuente de financiación, y para saldar ese crédito se dejó de cumplir con los proveedores, por lo cual se hablaría de un monto cercano a los USD 250 millones, refirió González.
“Luego se detectaron otras irregularidades como solicitudes de embargo sobre inmuebles del IPS, cuando esto no se dispone reglamentariamente, sin mencionar que se encontró un fideicomiso totalmente descalzado”, indicó González. Aparte, durante 5 años se dejaron de certificar las deudas y, hoy en día, 5.300 títulos de créditos se están empezando a imprimir, que consisten en los aportes de obrero-patronal que se hacen por parte de las empresas, que la anterior administración no judicializó.
El asesor jurídico del IPS detalló que actualmente hay dos causas abiertas en el Ministerio Público, planteadas desde la previsional, una sobre los tres reportes que había hecho la Contraloría y la segunda sobre los resultados de la auditoría externa. “Se encuentran en etapa inicial, están en proceso de investigación, pero consideramos que el Ministerio Público posee los suficientes elementos para presentar una imputación porque se trata de hechos irregulares graves y reportes finales que ha emitido la Contraloría”, expresó González.
“Ahora tenemos que ordenar la casa. Estamos trabajando en la parte inmobiliaria, también queremos implementar un sistema donde todos los asegurados y la ciudadanía puedan saber lo que tiene IPS, cuál es el valor real de lo que están pagando y qué es lo que deberían pagar”, señaló. También se analizarían los mecanismos para realizar un control de los bienes, con lo cual se prevé la posibilidad de contar con mayor transparencia. Todo está siendo informatizado para que en corto plazo se pueda llegar a este tipo de servicios.
"Consideramos que el Ministerio Público posee los suficientes elementos para presentar una imputación", expresó José González. Foto: Pánfilo Leguizamón
Una mujer denunció la inacción del Ministerio Público ante un grave caso que debía ser intento de homicidio debido a que quemó la casa de su pareja. FOTO: ILUSTRATIVA
Violencia familiar: quemó la casa de su pareja y solo fue sentenciado a donar G. 500.000
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Una mujer denunció la inacción del Ministerio Público y la falta de protección que debe brindar la justicia a las víctimas de violencia familiar. Asimismo, sostuvo que está impotente debido a que es de escasos recursos y no puede contratar un abogado para poder defenderla ante un caso que considera como injusticia.
“Soy víctima de un intento de feminicidio porque mi expareja quemó mi casa cuando mis hijos estaban adentro”, dijo la señora Karen Balovier ante la situación que está atravesando, que actualmente no tiene ni donde guarecerse.
Agregó que su expareja quemó la casa estando dentro ella con sus hijos. Pese al voraz grado de violencia, el expediente solo está caratulado como violencia familiar. Sostuvo que por este motivo se siente “impotente porque no tengo recursos para poder contratar a un abogado”, indicó.
Añadió que ya solicitó al Juzgado donde atienden su caso que se cambie la carátula de violencia familiar a intento de feminicidio, porque siente mucho miedo que su expareja vuelva y quiera hacerle algo a sus hijos o a ella, manifestó.
Asimismo, Balovier manifestó: “espero que se cambie la carátula y que sea por intento de feminicidio porque él sabía cuando quemó la casa que estábamos mis hijos y yo adentro”, puntualizó la denunciante.
Del mismo modo, la mujer criticó la resolución del juez de Ayolas, Blas Montiel, quien hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento del imputado César Ramón Villar Fretes, que en principio fue procesado por violencia familiar.
Como medida reparatoria, el magistrado dispuso que Villar Fretes realice una donación de G. 500.000, pese a que las víctimas quedaron sin un techo y con mucho miedo a que vuelvan a ser víctimas de algún tipo de agresión.
La justicia ordenó el sobreseimiento definitivo del comisario Tomás Paredes Palma, quien en su momento fue procesado en el caso del homicidio de Rodrigo Quintana. Foto: Archivo
Ordenan sobreseimiento definitivo del comisario Tomás Paredes en caso Rodrigo Quintana
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La jueza penal de Garantía Diana Carvallo, a pedido del Ministerio Público, resolvió hacer lugar al sobreseimiento definitivo del comisario Tomás Ramón Paredes Palma y del suboficial Arnaldo Báez, quienes estaban procesados en el caso de Rodrigo Quintana.
El comisario Paredes Palma fue procesado por inducir a un subordinado a un hecho punible, debido a que presuntamente fue quien dio la orden de ingresar a la sede del PLRA donde falleció el joven Rodrigo Quintana.
Por su parte, el agente policial Arnaldo Báez fue procesado por el delito de coacción, al ser uno de los uniformados en irrumpir en el local del PLRA y amenazar a los presentes, incluso al que intentó auxiliar a Quintana tras ser herido de muerte.
La fiscal adjunta Nancy Salomón presentó requerimiento conclusivo de sobreseimiento definitivo para ambos ante la imposibilidad de colectar evidencias que puedan sostener una acusación respecto a los dos uniformados.
Con la resolución judicial de sobreseimiento definitivo, se dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesaban sobre Paredes Palma y Báez.
En este caso también está procesado el agente policial Gustavo Florentín, quien está con medidas alternativas a la prisión a la espera que el proceso penal avance.
El homicidio de Rodrigo Quintana, ocurrió el 1 de abril del 2017 dentro del local del PLRA.