Los fiscales Néstor Coronel y Luis Piñánez solicitaron el sobreseimiento provisional del exdirigente de futbol Ramón González Daher, imputado por quebrantamiento de depósito y extorsión en el marco de la denuncia que realizó el empresario Alberto Antebi.
Ahora el juez penal de Garantías Rolando Duarte deberá estudiar si hace lugar al requerimiento de los fiscales. En caso de hacer lugar al sobreseimiento provisional, el Ministerio Público tendrá un año más de tiempo para poder reunir los elementos de prueba y luego presentar la acusación correspondiente contra González Daher.
El escrito del Ministerio Público señala que a pesar de los elementos de prueba recolectados por la fiscal Natalia Cacavelos, aún no se tienen elementos de convicción suficientes que puedan sostener el grado de certeza con respecto al procesado Ramón González Daher por lo que corresponde realizar más diligencias en el presente caso y es por ello que se pide el sobreseimiento provisional del imputado.
En esta investigación fiscal falta agregar algunos informes de entidades bancarias, así como de informes de compañías telefónicas y otros elementos de prueba.
Antecedentes
El Ministerio Público inició una investigación debido al hurto de varios cheques que fue denunciado por el juez Humberto Otazú. A raíz de ello se realizó un allanamiento en la casa de Ramón González Daher donde se encontró varios cheques que fueron hurtados del Juzgado de Delitos Económicos de Otazú. Dichos cheques hurtados, González Daher pretendía cobrar y es por ello que fue imputado por quebrantamiento de depósito y extorsión.
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Tras caos aéreo, Trump pide USD 50.000 millones para reformar la aviación de EE. UU.
La administración del presidente Donald Trump pidió este martes al Congreso de Estados Unidos 50.100 millones de dólares para modernizar los sistemas de control de tráfico aéreo y la infraestructura aeroportuaria.
El viernes, durante cuatro horas, se suspendieron los vuelos en todo el país, lo que desató un caos aéreo que se extendió durante el fin de semana.
El secretario de Transporte, Sean Duffy; el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, y el director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, enviaron a los congresistas una carta en la que detallaron cómo se gastaría el dinero.
La solicitud formaliza la petición de Duffy de 50.000 millones de fondos de emergencia, hecha horas después de la interrupción sin precedentes, que forzó a la cancelación de miles de vuelos.
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Según el gobierno, son necesarias cinco partidas de 10.000 millones de dólares cada una.
- La primera, para mejorar la tecnología del control de tráfico aéreo, incluidas las redes de comunicación.
- Una segunda, para mejorar las infraestructuras aeroportuarias del país.
- La tercera, para la modernización de terminales envejecidos.
- Una cuarta se destinaría a financiar cinco nuevos centros regionales de control de tráfico aéreo, para reemplazar los 22 actuales.
- Los últimos 10.000 millones de dólares se destinarían a la renovación o la construcción de 140 torres de control.
El parón más largo
“Equipos obsoletos y antiguos interrumpieron las comunicaciones de las aeronaves y las señales de radar”, escribieron los funcionarios, que argumentaron que la crisis subrayó la urgencia de las inversiones.
El parón nacional de vuelos del viernes fue el más largo desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Pero la demanda de fondos adicionales ha generado críticas de los demócratas, que acusaron a Duffy de mal manejo de miles de millones de dólares que ya se habían aprobado para la FAA.
La demócrata Rosa DeLauro, del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, acusó a Duffy de pedir un “rescate de 50.000 millones de dólares sin un auténtico plan”.
Trump ha culpado de las fallas a equipos anticuados y a administraciones anteriores.
Fuente: AFP
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Tras renuncia de fiscal general, plantean necesidad de restablecer confianza en instituciones
Para el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, la renuncia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, representa una oportunidad para iniciar un proceso de reconstrucción institucional y recuperar la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público.
El congresista destacó que las bancadas A y B del Partido Colorado asumieron una postura favorable al juicio político al considerar que la ciudadanía reclamaba un cambio en la conducción de la Fiscalía.
“Nosotros creemos que este es un momento donde se tiene que restablecer el orden institucional en nuestro país y tenemos que recuperar la confianza ciudadana en las instituciones”, expresó.
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Dijo que desde el bloque colorado se entendió el clamor sobre la urgencia del cambio en la conducción del Ministerio Público “que tiene el monopolio de la acción penal pública”.
Así también, el diputado Latorre manifestó que el próximo titular de la Fiscalía tendrá el desafío de responder a la crisis de credibilidad que atraviesan las instituciones.
A su vez, recordó que desde el inicio de la crisis desatada por la resolución de Ueno Bank, desde su curul planteó como prioridades: la recuperación de los ahorros de los afectados, la estabilización del sistema financiero y el esclarecimiento de los hechos mediante la actuación de la Justicia.
Aseveró que las investigaciones deben avanzar sin distinción de las personas involucradas y que quienes tengan responsabilidades deberán responder ante la Justicia.
Consultado sobre la situación de la Contraloría General de la República y los cuestionamientos a su titular, Camilo Benítez, Latorre consideró necesario abrir un diálogo amplio entre los distintos sectores políticos para avanzar en una agenda de reconstrucción institucional.
Indicó que el país atraviesa una etapa que exige acuerdos y entendimientos, especialmente de cara al escenario electoral de 2027 y 2028, donde la ciudadanía va a tener el poder en el ejercicio del derecho a voto de elegir a su nueva autoridad.
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Alba Cantero asumirá la conducción interina de la Fiscalía General del Estado
Tras presentar su renuncia al cargo de fiscal general del Estado, Emiliano Rolón designó como encargada de Despacho y la función de ordenador de gastos a la fiscal adjunta Alba Rocío Cantero Vera. La medida, formalizada a través de la Resolución F.G.E. Nº 4665, se rige en estricto cumplimiento del artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Conforme a la disposición legal se estipula que la titularidad interina sea asumida por la fiscal adjunta en lo penal más antigua de la institución, debido a su carácter normativo. La disposición administrativa y de orden funcional entrará en vigencia a partir del próximo miércoles 18 de noviembre de 2026, conforme a la resolución que fue firmada por el propio Rolón.
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Además, remitió su nota al presidente de la República, Pedro Alliana, quien deberá aceptar la renuncia del fiscal general para proceder al mecanismo de reemplazo hasta la designación de un nuevo fiscal general. Rolón asumió el cargo en el 2023 y debió permanecer hasta el 2028, en cumplimiento de los 5 años establecidos en la Constitución Nacional.
El propósito de la designación de la fiscal Cantero Vera es garantizar la continuidad institucional y la operatividad administrativa de la entidad mediante la delegación de las funciones del despacho y de ordenador de gastos.
Conforme a la normativa que prevé ante ausencias temporales, inhabilidades o situaciones que afecten al titular, el despacho será asumido por los fiscales adjuntos de acuerdo con los criterios de antigüedad y especialidad fijados en la ley y los antecedentes institucionales; que en este caso, recae en la figura de la fiscal adjunta penal Alba Rocío Cantero Vera.
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Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
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Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
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Captación de depósitos pese a advertencias
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
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