Jueza Ana María Esquivel dio lugar al pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva a Wilmar Baliero, imputado por feminicidio por la muerte de su hermana Romina. Foto: Gentileza.
De explosión de vaper a feminicidio: jueza decretó que Wilmar Baliero vaya a Tacumbú
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Wilmar Javier Baliero Rodríguez, de 19 años, fue derivado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde guardará prisión preventiva tras su imputación por feminicidio por la muerte de su hermanastra Romina Aylén Peralta Rodríguez, de 16 años. Esto dispuso la jueza Ana María Esquivel durante la audiencia de imposición de medidas en el Juzgado Penal de Garantías.
Esta tarde Baliero fue trasladado a la sede judicial ubicada a inmediaciones de la penitenciaría, donde se le realizó una inspección médica para derivarlo directamente a Tacumbú, donde guardará reclusión mientras dure la investigación.
“Se hará el papeleo correspondiente e irá directamente a Tacumbú, primero acá se le va a chequear sus documentos, por Identificaciones, y después, tras tener el ‘Ok’ de Identificaciones, ya va ir directo a Tacumbú. Ya se le hizo la inspección médica, solo se están procesando sus documentos a través del sistema. Dio algunos datos más que por cuestiones de la investigación no puedo decir; la fiscal en su momento dará esa información”, indicó el comisario Juan Ferreira, jefe de la Comisaría Cuarta de Asunción, en comunicación con C9N.
Por otro lado, el arma que se habría utilizado para el asesinato de Romina fue hallado en la ciudad de Villa Elisa, posterior a un aviso de un testigo. Según el informe preliminar, ya no se hallaron huellas dactilares en el arma, pero el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional levantó la evidencia para un análisis laboratorial más profundo.
Baliero sigue siendo el único sospechoso del asesinato de su hermanastra Romina, con quien mantenía una relación sentimental desde hace cuatro años, según testigos, ya que éste habría alquilado una pistola calibre 22 el pasado sábado 25 de junio por G. 300.000, de una persona con orden de captura.
La resolución se dio tras la imputación fiscal por presunta lesión de confianza y asociación criminal en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank. Foto: Gentileza
Caso Ueno: juez dicta prisión preventiva para tres exdirectivos del BCP
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El juez penal de garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva para los tres exmiembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Ángel Mora.
González y Mora guardarán prisión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional por el término de 15 días; en tanto la exdirectiva Caballero estará por el mismo lapso de tiempo en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional.
Igualmente, el juzgado admitió la imputación por asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña.
La resolución se dio tras la imputación fiscal por presunta lesión de confianza y asociación criminal en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank.
El magistrado Humberto Otazú rechazó los pedidos de medidas alternativas y ordenó la reclusión preventiva de los tres exintegrantes de la cúpula de la banca matriz, quienes comparecieron en audiencia de imposición de medidas durante la tarde y noche de este viernes.
Con esta determinación, los tres exdirectivos se suman a la lista de altos exfuncionarios recluidos en la misma causa, entre los que ya figuran el expresidente de la República, Santiago Peña, imputado por asociación criminal; el expresidente del BCP, Carlos Carvallo; y el exsuperintendente de Bancos, Holger Insfrán.
Disponen prisión preventiva para funcionaria de Ueno Casa de Bolsa que destruyó evidencias
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El juez penal de garantías, Marcelo Saldívar, decretó este miércoles la prisión preventiva por 10 días en el Departamento Judicial femenino de la Policía Nacional de Andrea María José Benítez, jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, imputada por frustración de la persecución penal.
La funcionaria es investigada por destruir evidencias durante un allanamiento realizado por el Ministerio Público en la sede de la entidad en la marco del caso Ueno Bank.
La mujer acudió esta mañana para su audiencia de imposición de medidas tras ser imputada por presunta frustración de la persecución y ejecución penal, luego de romper documentación que la Fiscalía debía incautar durante un allanamiento.
El incidente ocurrió el lunes 9 de noviembre, cuando una comitiva fiscal llegó a las oficinas de Ueno Casa de Bolsa para realizar una intervención. Según los registros de circuito cerrado, minutos antes del ingreso de los investigadores, la funcionaria habría rasgado varios documentos impresos y los habría arrojado a un basurero.
No obstante, la intervención permitió recuperar los papeles y reconstruir parte de la documentación. Entre los materiales encontrados había correos electrónicos, comunicaciones internas, informes de operaciones, resoluciones y contratos. Algunos documentos contenían referencias al expresidente Santiago Peña.
La acción judicial forma parte de las pesquisas sobre el colapso de Ueno Bank y la caída de su matriz empresarial, el Grupo Vázquez.
Durante la audiencia, realizada a las 7:30, el abogado defensor Andrés Álvarez cuestionó la hipótesis fiscal y presentó registros de circuito cerrado. En ese sentido, aseguró que los documentos fueron rotos a las 10:30, aproximadamente dos horas y media antes de la llegada de la comitiva fiscal, prevista alrededor de las 13:00.
“No es como cuenta fantasiosamente la historia del Ministerio Público”, dijo Álvarez al referirse a la hipótesis de destrucción de evidencias.
La defensa argumentó que la diferencia horaria contradice la posibilidad de que su representada haya actuado para reaccionar ante el procedimiento fiscal. Asimismo, señaló que Benítez colaboró con los investigadores y entregó previamente los documentos que le fueron requeridos.
El Tribunal de Apelación confirmó la prisión preventiva de tres exdirectivos de Ueno Bank, investigados por presuntas irregularidades financieras y operaciones crediticias que habrían comprometido recursos de la entidad. foto: Archivo
Ratifican prisión preventiva de tres exdirectivos de Ueno Bank
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El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado confirmó la prisión preventiva de Juan Manuel Gustale Cardoni, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente, exdirectivos de Ueno Bank. Los tres habían apelado la decisión del juez Rodrigo Estigarribia, quien el pasado 5 de noviembre ordenó que permanezcan recluidos mientras avanza la investigación.
La defensa había solicitado sustituir la prisión por arresto domiciliario con tobillera electrónica, además de otras medidas de control. Sin embargo, los camaristas consideraron que las garantías inmobiliarias ofrecidas no reunían las condiciones necesarias para respaldar una medida menos gravosa, debido a la falta de certificados que acreditaran la titularidad, las condiciones de dominio y la disponibilidad de los bienes presentados como caución.
Entre los elementos analizados por el Tribunal figuran las presuntas irregularidades en operaciones crediticias realizadas durante 2025 y 2026 con empresas vinculadas al grupo empresarial, así como la venta de una cartera de créditos por USD 74,4 millones a la firma Vinanzas SA. Según la hipótesis fiscal examinada, esta operación habría utilizado recursos provenientes del propio banco para aparentar una compra al contado.
La resolución también estableció una calificación jurídica provisoria de los hechos investigados, que incluye:
presunto lavado de activos
estafa
conducta indebida en situaciones de crisis
lesión de confianza
violación del deber de llevar libros de comercio
y asociación criminal.
No obstante, el Tribunal dejó abierta la posibilidad de revisar la prisión preventiva si las defensas presentan nuevos documentos que demuestren la suficiencia de las garantías ofrecidas.
La Fiscalía imputa a Peña y requiere su prisión preventiva
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Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
Los hechos atribuidos el rol de los imputados
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
Volumen de fondos y severidad de las medidas cautelares
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá en el Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Un fuerte contingente de seguridad hubo ayer en Palacio de Justicia. Foto: Matías Amarilla/LN
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.