Caso guardaparques asesinados: pedirán que procesado siga en prisión preventiva
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Este viernes se debe realizar la audiencia de revisión de medidas para Daniel González Britos, imputado por el asesinato de los guardaparques Artemio Villalba (51) y Rumildo Toledo (36), ocurrido el 18 agosto del 2018 en la Reserva Natural Tapytá, administrada por la Fundación Moisés Bertoni.
En su momento el Tribunal de Apelación de la circunscripción Judicial de Caazapá revocó la prisión domiciliaria del imputado. Por su parte, la querella adhesiva representada por el abogado Daniel Paiva González adelantó que pedirá que se ratifique la prisión preventiva para el imputado por la gravedad del caso ocurrido.
En el 2021, Hugo González Sosa fue condenado a 24 años de cárcel tras ser declarado culpable por homicidio doloso como principal responsable del asesinato a los trabajadores. Mientras que Robert, Braulio y Arnaldo Alcaraz González fueron condenados a dos años con suspensión a prueba de la condena, debido a que no se comprobó la participación directa en el crimen. Estas personas fueron condenadas por producción de riesgos comunes y transgresión a la ley de armas, por haber portado armas sin contar con los permisos respectivos.
El asesinato de los guardaparques ocurrió en agosto del 2018, cuando Artemio y Rumildo realizaban su tarea de patrullaje en la Reserva Natural Tapytá. La triste noticia conmocionó a toda la sociedad debido al rol noble y fundamental que cumplen los trabajadores en la protección de los recursos naturales, tarea que se volvió muy peligrosa en los últimos tiempos debido al crecimiento de la caza furtiva y plantaciones ilegales, entre otros.
Reportan nuevo presunto caso de feminicidio en Concepción
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Este martes, la Policía Nacional reportó un nuevo caso de feminicidio en el departamento de Concepción. El presunto autor del crimen sería la pareja de la mujer, quien tras cometer el hecho fue hasta su taller y se quitó la vida. Con este nuevo caso suman tres crímenes contra mujeres en los últimos cuatro días.
Según el reporte policial, el hecho se registró durante la siesta de este martes, en una vivienda ubicada en el barrio San Francisco de la ciudad de Concepción. El caso fue comunicado por vecinos, quienes escucharon un disparo de arma de fuego proveniente de la vivienda donde reside la pareja.
La víctima fatal fue identificada como Lucila Riveros, de 53 años, quien se encontraba en su casa, donde fue hallada sin signos de vida por los intervinientes luego de que vecinos reportaron el disparo. La misma presentaba un impacto de bala a la altura de la cabeza lado izquierdo.
El presunto autor del crimen sería la pareja de la mujer identificado como Dionisio Arévalos, de 59 años, quien estaba con paradero desconocido. Hasta que vecinos indicaron que el mismo cuenta con un taller a unos 150 metros. En el sitio los intervinientes hallaron al hombre sin signos de vida, se habría quitado la vida.
Con este nuevo crimen suman tres los presuntos casos de feminicidio en los últimos cuatro días. El primer caso se registró el pasado sábado 25 de julio en la ciudad de Guarambaré, departamento Central, y el segundo fue ayer lunes en la ciudad de Curuguaty, departamento de Canindeyú.
Caso agua tónica: ratifican prisión de extitular de Petropar del gobierno de Abdo
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La Cámara de Apelación ratificó que la extitular de Petropar, Patricia Samudio, y su esposo José Costa Perdomo deben seguir presos para cumplir sus condenas de 4 años, y 3 años y 9 meses, respectivamente. La expresidente de la petrolera estatal durante el mandato de Mario Abdo Benítez fue condenada junto a esposo por lesión de confianza en el caso del negociado en la compra de agua tónica y otros insumos durante la pandemia del covid-19.
La resolución de segunda instancia indica que las medidas cautelares sustitutivas ya no resultan idóneas para garantizar el efectivo sometimiento de los condenados a la ejecución de la sentencia, teniendo en cuenta que la resolución condenatoria ya adquirió estado de ejecutoriedad. Asimismo, los camaristas señalaron que el análisis ya no se centra en los requisitos para la aplicación de la prisión preventiva, sino en los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
El tribunal también recordó que la sola presentación de una acción de inconstitucionalidad no suspende los efectos del proceso, salvo que la sala competente haya dispuesto expresamente una medida cautelar con efecto suspensivo, situación que no se da en este caso.
Condena
Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia para desviar G. 359.700.000 de Petróleos Paraguayos (Petropar) mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos. Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo mediante un proceso licitatorio direccionado.
Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., las cuales evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
La extitular de Petropar Patricia Samudio, fue derivada a la cárcel de mujeres para cumplir su condenas de 4 años de cárcel por corrupción. Foto: Gentileza
Remiten a la cárcel a extitular de Petropar del gobierno de Abdo para cumplir condena
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La extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez, Delia Patricia Samudio, condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza por el caso de agua tónica, fue enviada a la cárcel de mujeres para cumplir la sentencia condenatoria. Igualmente, su esposo José Costa Perdomo, sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión, fue remitido a la cárcel de Emboscada.
La resolución judicial fue firmada por un tribunal de sentencia a pedido del fiscal Silvio Corbeta. El colegiado rechazó una reposición planteada por la defensa, que pretendía impedir que el expediente fuera remitido al Juzgado de Ejecución para iniciar el cumplimiento de las penas. Los condenados alegaron que aún existen recursos pendientes ante la Corte Suprema, pero el Tribunal concluyó que las condenas ya se encuentran firmes.
Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia del COVID-19 para desviar G. 359.700.000 de Petropar mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos.
Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo, mediante un proceso licitatorio direccionado. Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., que evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
La sala penal de la Corte ratificó la absolución de una persona quien fue acusada de forma injusta por estafa. Se demostró en el proceso que no existió ningún delito. Foto: Archivo
Corte ratifica absolución de una persona en caso de supuesta estafa
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, ratificó la absolución de culpa y pena de Farid Ismael Yinde, quien fue juzgado por los delitos de estafa y tentativa de estafa.
Esta decisión se tomó al declarar inadmisibles los recursos extraordinarios de casación presentados por el abogado querellante, Guillermo Duarte Cacavelos, y la agente fiscal Esmilda Álvarez.
Con esta resolución judicial se demostró que no existió ningún delito por parte de Yinde Ríos. De este modo, la demanda civil contra la empresa multinacional Villa Oliva Rice S.A. —donde se reclama la suma de G. 3.181.960.050— seguirá su curso.
La defensa de Yinde Ríos estuvo representada por el abogado Roberti Cardozo, quien demostró durante el juicio oral que su defendido no cometió ningún hecho punible. Dicha situación fue validada inicialmente por el Tribunal de Sentencia que lo absolvió de culpa y pena. El fallo fue confirmado posteriormente por la Cámara de Apelaciones y, finalmente, ratificado por la Corte Suprema de Justicia.
Antecedentes
Los antecedentes del caso indican que la causa penal se inició con la denuncia presentada por la multinacional mencionada, a través de su presidente, Marcos Alex.
Este indicó ante el Ministerio Público que Farid Yinde habría estafado a la firma extranjera al incumplir un contrato para recuperar créditos fiscales y, a su vez, quedarse con pagos indebidos.
Por su parte, la defensa sostuvo que la denuncia de la empresa fue montada con el único fin de evitar el pago de los honorarios profesionales de Yinde.