La justicia de nuestro país hizo lugar a un juicio de restitución internacional de las niñas alemanas homologando el acuerdo arribado entre los padres y cuyo intermediario fue la República Federal de Alemania, por lo que las niñas viajarán a su país.
Igualmente se levantan todas las medidas cautelares que pesaban sobre las niñas, como la prohibición de salida del país, la búsqueda y localización inmediata, así como la publicación de los datos de las menores de edad.
Se dispone igualmente que para el cumplimiento efectivo de la resolución, la autoridad central en materia de restitución del Paraguay deberá arbitrar con su par alemán para el resguardo y acompañamiento efectivo durante el proceso de regreso de las niñas al citado país.
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Del mismo modo, la resolución también establece que las costas del juicio serán en el orden causado. La referida determinación lleva la firma de la jueza de la Niñez y la Adolescencia Alice González Delorenzi.
Las dos niñas alemanas desaparecidas durante seis meses fueron entregadas a las autoridades de la Defensoría de la Niñez del departamento de Itapúa. Se trata de los ciudadanos alemanes Andreas Rainer Egler, padre de Clara, de 10 años, y Anna Magdalena Blank, madre de Lara, de 11 años, quienes eran buscadas tras ser vistas por última vez en enero pasado. Las mismas llegaron a Paraguay el 27 de noviembre del 2021.
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Invitan a marcha para pedir justicia por Deisy Paola en Asunción y CDE
Este sábado, en Asunción y Ciudad del Este, allegados y la ciudadanía en general se movilizarán para pedir “Justicia para Deisy”. Los organizadores repudian la falta de protección por parte de las autoridades para la joven que era víctima de sistemática violencia y exigen la máxima condena para Aldo Duarte, principal sospechoso del feminicidio.
Allegados de Deisy Paola Giménez, joven víctima de feminicidio, convocan a la marcha denominada “¡Justicia para Deisy!”, para hoy a las 17:00 en la Plaza de la Democracia de Asunción. Estarán presentes organizaciones civiles y conocidos de la joven estudiante de Derecho que fue brutalmente asesinada el pasado jueves, 8 de octubre, mientras iba a su lugar de trabajo, por un hombre que contaba con restricción para acercarse.
“La consigna es exigir justicia para Deisy, porque ella hizo todo para ser protegida. Acudió a las autoridades y el sistema de justicia le falló, porque el hombre tenía orden de restricción, pero igual, pese a todos los mecanismos aplicados para este tipo de hechos, una vez más tenemos una muerte”, expresó Marlene Orué, abogada especialista en DD. HH., en entrevista con la 730 AM.
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Afirmó que lastimosamente las autoridades no le dieron a la joven la respuesta que necesitaba. “Estamos llegando al límite impensable, por eso convocamos a toda la ciudadanía para poder llegar hasta la emblemática plaza para pedir justicia y que ya no se reporten este tipo de hechos en los que no se tienen”, apuntó.
Agregó que lastimosamente el día a día de todas las víctimas es que no se resuelven los casos en las primeras 24 a 48 horas y que muchas veces son ellos mismos los que deben presionar para que las autoridades cumplan todos los pasos requeridos de protección. “Muchas veces los abogados tenemos que resguardar a nuestras víctimas en nuestras oficinas o casas hasta que la orden sea librada”, puntualizó.
Marcha pacífica en CDE
Así también, Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, para hoy a las 17:00 se unirán en una marcha pacífica para honrar la memoria de Deisy Paola y alzar la voz contra la violencia y falta de seguridad en el país. La convocatoria es sobre la avenida Gral. Bernardino Caballero, frente a la Gobernación.
“Marchamos por justicia, por protección efectiva y por una sociedad donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo. El recorrido será hasta la plazoleta frente a la municipalidad, donde se dará lectura a un manifiesto y minuto de silencio en su memoria”, expresaron las mujeres autoconvocadas de la ciudad.
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Justicia española ratifica prisión y una millonaria condena contra el hermano de Julio Iglesias
El Supremo español confirmó una millonaria condena contra Carlos Luis Iglesias, hermano del cantante Julio Iglesias, por un caso de fraude fiscal que se remonta a 2001. La información fue recogida este jueves 8 de octubre por la agencia RT, a partir de una sentencia del Tribunal Supremo de España.
El máximo tribunal español ratificó la pena de seis meses de prisión, además de una multa y una indemnización de 30 millones de euros, monto que supera los 33,6 millones de dólares, por el delito cometido mediante la sociedad Rolimpa Trading Corporation.
La Sala de lo Penal rechazó el recurso presentado contra la resolución dictada en noviembre de 2023 por la Audiencia Provincial de Madrid y confirmó que Iglesias incurrió en un incumplimiento tributario relacionado con el impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio 2001.
Venta de terrenos
El caso está vinculado con la venta de tres terrenos ubicados en Vicálvaro, operación que generó ingresos superiores a 46 millones de euros, equivalentes a más de 51,5 millones de dólares. Sin embargo, las ganancias obtenidas no fueron declaradas ante la Hacienda Pública española.
Según los antecedentes del proceso, aunque la empresa involucrada desarrollaba actividades y mantenía sus activos en España, se habría utilizado una estructura empresarial internacional para dificultar la identificación del verdadero responsable de las operaciones y evitar el pago de los impuestos correspondientes.
La investigación judicial determinó que esa estructura incluía sociedades radicadas en Panamá, cuentas en el extranjero y empresas interpuestas, mecanismos utilizados para ocultar la operación y reducir las obligaciones fiscales.
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Juez considera excesiva una medida cautelar y restituye a Martínez en Cargo Line
Giro radical y revés judicial en el caso de la empresa Cargo Line Paraguay S.A. Una nueva resolución judicial pateó el tablero y desnudó los excesos de la polémica medida cautelar ejecutada el pasado 16 de septiembre. El juzgado a cargo del magistrado Guillermo Trovato consideró que los efectos de aquella actuación de su colega Mafalda Cameron fueron completamente desmedidos y resolvió sustituirla por una administración judicial independiente, devolviéndole el oxígeno institucional a las firmas, cuya administración estaban a cargo del empresario Juan José Zapag.
En un verdadero acto de justicia, Gustavo Martínez Venialgo —quien había sido apartado de la empresa durante el cuestionado procedimiento encabezado por el abogado hoy procesado penalmente por coacción y otros delitos, Fernando Marecos— fue designado ahora como el nuevo administrador judicial de la compañía Cargo Line Paraguay.
Este nuevo pronunciamiento modifica sustancialmente el turbio escenario generado por el A.I. N.º 1392, firmado el 16 de septiembre de 2026 por la duramente criticada jueza Mafalda Cameron Luque. En la decisión judicial, la magistrada había dispuesto una simple “intervención”, pero en la práctica provocó un verdadero golpe de timón: suspendió a las autoridades legítimas de las sociedades y desplazó por completo a los órganos de administración. El actual fallo judicial del juez Trovato arranca la careta de esa maniobra, sosteniendo que semejante desplazamiento es característico de una administración judicial forzada y jamás de una intervención preventiva.
Pero el punto más grave y escandaloso que detectó el juzgado es otro: como consecuencia de la polémica medida cautelar brindada por la jueza Cameron, la propia parte demandante terminó colocada como la autoridad principal de las empresas afectadas. El juzgado advirtió, con rigurosidad, que la medida cautelar terminó pareciéndose peligrosamente a la pretensión final que se busca en el juicio, otorgando el botín antes de dictar sentencia.
Frente a esta flagrante anomalía, la Justicia resolvió reencauzar el proceso y reemplazar la medida cautelar brinda a favor de Blas Zapag y Nora Zapag por una administración ejercida por terceros ajenos al litigio. La decisión impacta de lleno en el violento procedimiento del 16 de septiembre, cuando el abogado Fernando Marecos fungió de ejecutor para apartar de sus funciones al entonces gerente general, Gustavo Martínez. Hoy, la misma Justicia le da la razón a Martínez al nombrarlo administrador judicial provisional de Cargo Line Paraguay S.A.
Asimismo, en el fallo del juez Trovato se nombra a José Eduardo Fleitas Gómez como administrador de Cimportex Paraguaya Ind. y Com. S.A., y de María Graciela Álvarez Benítez como interventora de ambas sociedades.
La nueva resolución judicial fulmina la medida cautelar anterior firmada por la cuestionada jueza Mafalda Cameron, calificándola de “excesiva”. Con esto, el conflicto de Cargo Line suma un capítulo que pone bajo la lupa la sospechosa actuación de Fernando Marecos y el llamativo criterio de la jueza Cameron. El juicio de fondo sigue abierto, pero se corrigió el rumbo correcto y se recuperó la administración de ambas empresas.
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Sorpresa en Bolivia: investigan a hermana de Marset tras verla en una feria pese a su arresto domiciliario
La Justicia boliviana se llevó una inesperada sorpresa al conocer que Tatiana Marset, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue vista en una feria de Santa Cruz de la Sierra pese a tener una medida de prisión domiciliaria.
Las imágenes de la joven en la Expocruz, una de las principales ferias de Bolivia, generaron dudas sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas por la Justicia luego de su salida de la cárcel de Palmasola, el pasado 19 de agosto.
Ante esta situación, la Fiscalía de Santa Cruz solicitó informes para determinar si Tatiana Marset respetó las restricciones impuestas. El fiscal departamental Alberto Zeballos señaló que se revisará objetivamente lo ocurrido y las condiciones bajo las cuales debía cumplir la medida.
La investigación también buscará establecer si la mujer debía permanecer bajo custodia de efectivos policiales y si contó con autorización para acudir al lugar. En caso de comprobarse un incumplimiento, la Justicia podría evaluar la revocación de la medida o incluso determinar responsabilidades para los funcionarios encargados de su vigilancia.
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El caso
Tatiana Marset Alba fue detenida el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, durante un operativo coordinado con la DEA que también permitió localizar a su hermano Sebastián Marset, señalado como líder del denominado Primer Cartel Uruguayo. La Justicia boliviana la investiga por:
- presunta asociación delictiva
- porte ilegal de armas
- legitimación de ganancias ilícitas
- y encubrimiento.
Su defensa sostiene que se encontraba de visita en Bolivia y niega cualquier relación con actividades criminales.
Tras permanecer cinco meses en prisión preventiva, obtuvo una medida de detención domiciliaria nocturna, con arraigo, controles y presentaciones periódicas. Según las condiciones fijadas, puede realizar actividades durante el día, pero debe permanecer en su domicilio entre las 20:00 y las 06:00, bajo supervisión policial.