El juez de sentencia Manuel Aguirre fijó para el 3 de mayo el inicio del juicio oral y público para el exarquero de la selección paraguaya José Luis Chilavert, querellado por difamación, calumnia e injuria por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
El 21 de abril el Tribunal de Apelación ratificó la competencia del juez Manuel Aguirre para que siga siendo el magistrado del presente caso. El tribunal de alzada rechazó la recusación presentada por el abogado Pedro Wilson Marinoni, defensor de Chilavert.
Por su parte el abogado querellante Claudio Lovera explicó que el juez fijó para el 3 de mayo el inicio del juicio oral y sostuvo que cuentan con elementos que demostrarán la responsabilidad del querellado en el presente caso. Ahora ya no existen excusas para que se pueda suspender el desarrollo de la audiencia oral.
La querella presentada por Domínguez Wilson-Smith fue debido a las publicaciones vía redes sociales de Chilavert contra la actual administración de la Conmebol, a cargo de Alejandro Domínguez.
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Sigue juicio contra Giuzzio por cohecho pasivo
Tras las testificales, arranca la etapa final de la audiencia oral donde se presentarán los alegatos.
El juicio oral y público contra el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio Benítez –acusado por cohecho pasivo agravado al recibir presuntamente favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua– continúa este martes a partir de las 8:00.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por la jueza Adriana Planás e integrado por Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel, es el encargado de llevar adelante el juzgamiento.
Por su parte, los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce son los responsables de presentar las pruebas contra el acusado.
Tanto los elementos documentales como los diferentes testimonios han aportado indicios en contra del exministro, por lo que su situación procesal se complica jornada tras jornada.
En las últimas audiencias del proceso, el Tribunal escuchó al testigo número 31, Jorge Medina, quien se desempeñó como director general de Administración y Finanzas de la Policía Nacional hasta setiembre de 2021.
Asimismo, semanas atrás declaró el exdirector de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, Victoriano Benítez, cuyo testimonio ratificó la tesis acusatoria de la Fiscalía.
El caso contra el exministro se centra en haber recibido favores de Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien pretendía licitar con el Estado paraguayo a través de una empresa de vehículos blindados y materiales de seguridad.
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Juicio oral a Giuzzio sigue con los últimos testigos
Los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce son los responsables de ir presentando las pruebas contra el acusado.
Este martes a las 8:00 de la mañana continuará el juicio oral y público contra el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio Benítez, acusado por cohecho pasivo agravado al recibir presuntamente favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.
En la jornada de la fecha se espera que declaren más testigos en relación con el proceso penal donde está siendo juzgado Giuzzio.El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por la jueza Adriana Planas e integrado por Ubaldo
Matías Garcete y Yolanda Morel, es el encargado de llevar adelante el juzgamiento del exministro. Por su parte, los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce son los responsables de ir presentando las pruebas contra el acusado.En las últimas audiencias del proceso, el Tribunal escuchó al testigo número 31, Jorge Medina, quien se desempeñó como director general de Administración y Finanzas de la Policía Nacional hasta septiembre de 2021.
De igual manera, en el presente juicio oral declararon varios testigos cuyos testimonios comprometieron al acusado Giuzzio en el hecho punible imputado por el Ministerio Público.
Asimismo, semanas atrás se dio la declaración del exdirector de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior Victoriano Benítez, quien aportó con su testimonio varias circunstancias que ratifican la tesis de la acusación de la Fiscalía.
Al respecto, tras el receso diario correspondiente, la fiscal Verónica Valdez detalló: “El exdirector general explicó los procesos administrativos para la adquisición de bienes y también para pagos de servicios, entre ellos pagos de reparaciones de vehículos”.
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Juicio oral contra Arnaldo Giuzzio sigue con los últimos testigos
Este martes a las 8:00 de la mañana continuará el juicio oral y público contra el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio Benítez, acusado por cohecho pasivo agravado al recibir presuntamente favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.
En la jornada de la fecha se espera que declaren más testigos en relación con el proceso penal donde está siendo juzgado Giuzzio.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por la jueza Adriana Planas e integrado por Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel, es el encargado de llevar adelante el juzgamiento del exministro. Por su parte, los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce son los responsables de ir presentando las pruebas contra el acusado.
En las últimas audiencias del proceso, el Tribunal escuchó al testigo número 31, Jorge Medina, quien se desempeñó como director general de Administración y Finanzas de la Policía Nacional hasta setiembre de 2021.
De igual manera, en el presente juicio oral declararon varios testigos cuyos testimonios comprometieron al acusado Giuzzio en el hecho punible imputado por el Ministerio Público.
Asimismo, semanas atrás se dio la declaración del exdirector de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, Victoriano Benítez, quien aportó con su testimonio varias circunstancias que ratifican la tesis de la acusación de la Fiscalía.
Al respecto, tras el receso diario correspondiente, la fiscal Verónica Valdez detalló: “El exdirector general explicó los procesos administrativos para la adquisición de bienes y también para pagos de servicios, entre ellos pagos de reparaciones de vehículos”.
El caso contra el exministro se centra en haber recibido favores del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien tenía la intención de licitar con el Estado paraguayo a través de una empresa de vehículos blindados y materiales de seguridad.
“Confirmó que fue trasladado ese vehículo hasta la firma Black Eagle Group SA y que se realizaron reparaciones; fue lo que él pudo aportar”, indicó la fiscal sobre el rodado. El automóvil, perteneciente a la Senabico y utilizado por el Ministerio del Interior en ese entonces, fue reparado en la empresa de Marcus Vinicius.
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Reanudan juicio oral contra Miguel Prieto por el caso “Tía Chela”
Este lunes se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones. La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales.
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
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Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio. En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación a los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda. De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la Municipalidad esteña.