La agente fiscal María del Carmen Meza formuló imputación contra un joven que habría asesinado a puñaladas a su tío tras una pelea que sostuvieron en la vía pública. El mismo fue identificado como Miguel Ángel Gómez Fernández (29), quien se encuentra privado de su libertad en sede policial, a disposición del juzgado de garantía, de acuerdo al portal del Ministerio Público.
El crimen ocurrió el 7 de abril último, a las 17:30, en la colonia Chacore’i, Primera Línea, distrito de Ñacunday, resultando víctima Marcial Carmelo Fernández Vergara, quien falleció por “shock hipovolémico por traumatismo penetrante producido por herida de arma blanca (cuchillo)”.
Según la investigación, en la fecha y hora indicada, víctima y victimario se encontraban en la calle, hasta que iniciaron una discusión por motivos particulares. Seguidamente, el presunto criminal sacó un cuchillo que tenía en la cintura, le dio una estocada y le produjo una herida en la región superior del pecho, sin orificio de salida, al familiar.
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El herido falleció casi en forma instantánea en el lugar y al percatarse de esta situación, el joven huyó inmediatamente. Sin embargo, al día siguiente, es decir el 8 de abril, el mismo se presentó en la subcomisaría número 21 de Iruña, dándose por detenido.
Posteriormente, a las 10:30, fue puesto a disposición del Ministerio Público. Luego, la fiscal Meza ordenó su detención preventiva y finalmente presentó la imputación en su contra. La representante del Ministerio Público requirió la prisión preventiva del procesado, quien quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
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Condenan a 20 años de prisión a un hombre por homicidio de joven hallado en el río
- Ciudad del Este. Agencia regional
En julio del año 2025 vecinos del barrio Tres Fronteras se habían movilizado por la aparición de un joven vecino y luego, con el hallazgo de su cuerpo en el río Paraná, se aglomeraron en el puerto y después en la funeraria para exigir justicia. Poco antes de su desaparición, el joven “pasero” había estado compartiendo con otros vecinos.
Por ese caso fue condenado a 20 años de prisión Juan Eugenio Medina Ávalos (37), alias “Keño”, al ser hallado culpable de homicidio doloso en el juicio oral que concluyó este martes 22 de setiembre en el Poder Judicial de Ciudad del Este. El fiscal Alberto Torres es quien realizó la acusación.
El Tribunal de Sentencia fue presidido por el juez Fabio Aguilar Benítez e integrado por sus pares Serafín González y Vitalia Duarte.
El homicidio juzgado ocurrió el 20 de julio de 2025, alrededor de las 3:00, en la ribera del río Paraná, en el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco.
En esa ocasión, Francisco Daniel López Peña, conocido como “Lope’i”, fue al lugar junto con otras personas con la intención de recuperar una motocicleta Kenton GTR 150, de color rojo, que se encontraba en poder de Cristhian Javier Aranda Benítez.
Según lo expuesto en juicio, en esa ocasión, Medina Ávalos, quien se desempeñaba como “campana” de un puerto clandestino, abordó al grupo con un rifle y efectuó varios disparos.
Uno de los proyectiles alcanzó a López Peña y le provocó la muerte. Posteriormente, Medina Ávalos solicitó una embarcación para trasladar el cuerpo y arrojar al río Paraná.
El cadáver fue localizado el 31 de julio de 2025 en la costa de Domingo Martínez de Irala. El informe médico forense determinó que la víctima presentaba un orificio de entrada y otro de salida de arma de fuego en el tórax, y diagnosticó como causa de muerte un shock hipovolémico por disparo de arma de fuego.
Las imágenes y audios de las cámaras de circuito cerrado resultaron relevantes para el tribunal, al registrar los disparos, el pedido de auxilio de la víctima y la posterior secuencia del traslado del cuerpo, según lo analizado en el juicio.
A estas evidencias se sumó un conjunto de elementos probatorios reunidos durante la investigación a cargo del fiscal Alberto Torres. Se sumaron documentos, informes policiales, declaraciones testimoniales, pericias y registros obtenidos durante los distintos procedimientos, con los cuales se sostuvo la acusación y la responsabilidad penal de Medina Ávalos.
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Cecilia Cubas: 22 años de un dolor que sigue marcando la historia del Paraguay
Hoy, se cumple un nuevo aniversario del secuestro de Cecilia Cubas, un hecho que marcó para siempre la historia del país y de una familia, que un 21 de septiembre de 2004, perdió a su amada hija en una violenta emboscada que se registró a cuadras de su casa ubicada en el limite entre San Lorenzo y Fernando de la Mora.
Este lunes, hace exactamente 22 años, Cecilia estaba por llegar a su casa en el barrio Laguna Grande cuando fue interceptada por miembros del grupo criminal autodenominado Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), que en medio de disparos y mucha violencia la llevaron en contra de su voluntad.
El ataque ocurrió a escasos metros de su residencia familiar, donde comenzó un doloroso calvario que se extendió por casi cinco meses, manteniendo en vilo a todo un país. El tiempo que duró el secuestro, los secuestradores se contactaron con la familia e intentaron negocia la libertad de la joven.
Tras momentos de profunda desesperación, la familia Cubas Gusinky cumplió en noviembre con las exigencias de los criminales, efectuando un pago de 300.000 dólares en la zona de Caaguazú. Cecilia estuvo secuestrada por cinco meses y con su muerte se convirtió en la primera víctima fatal de secuestro del grupo criminal.
El 16 de febrero de 2005, hace 21 años, se daba a conocer la triste noticia del hallazgo del cuerpo de Cecilia Mariana Cubas Gusinky, hija mayor del expresidente Raúl Cubas y la exsenadora Mirta Gusinky, en la ciudad de Ñemby.
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“Te recuerdo cada momento de mi vida”
Hoy, Fátima Cubas, prima de Cecilia, la recuerda con mucho amor como a la persona que a la que más quería y quien querrá siempre. Con mucho dolor resaltó que la buscó día y noche con la ilusión de encontrarla y volverte a abrazarla.
“Recé y le rogué a Dios para que puedas volver, pero unos secuestradores asesinos truncaron tu vida y nos dieron el dolor más grande que una persona puede sentir. Te recuerdo en cada momento de mi vida, tu sonrisa, tu forma tan auténtica y sencilla de ser. Pasan los años, pero cada vez que recuerdo tu secuestro el corazón se me comprime del dolor y la angustia por eso prefiero recordar lo mejor que vivimos juntas y saber que sos mi estrella más hermosa del cielo”, manifestó en sus redes sociales.
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Condenados
Tras el fatal desenlace, el Ministerio Público inició las investigaciones logrando condenar a 11 personas por el secuestro y muerte de Cecilia. Entre ellos Osmar Martínez, Anastasio Mieres Burgos, Francisca Andino, Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, José Domingo Hidalgo, Manuel Portillo, Roberto Otazú, Rosalba Jara Drackeford, Lidia Samudio y Aldo Meza.
Osmar Martínez y Anastasio Mieres Burgos fueron condenados a 25 años de prisión y 10 años de seguridad por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, luego de afirmarse que cometieron los delitos de homicidio doloso, privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal.
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Fiscalía imputa a cuatro directivos de APA por presunto desvío de casi G. 2.000 millones
Este lunes, el Ministerio Público imputó al presidente y otros tres directivos de Autores Paraguayos y Asociados (APA) tras detectar un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones.
La investigación revela el presunto uso de facturas falsas y el desvío no autorizado de intereses bancarios en el marco de un programa de regalos navideños y que esos pagos habrían sido cobrados en efectivo por otra persona.
Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero, formularon imputación contra el presidente, el director general, el director financiero y el tesorero del APA, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Los investigados fueron citados a declaración indagatoria para los días 12 y 13 de octubre.
Los imputados son David Herminio Portillo Biancotti, presidente; Humberto Victorio Rodas Orué, director general; Juan José María Vidal Bonin, director administrativo y financiero; y Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.
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En la carpeta fiscal resaltan que el origen del desvío de fondos públicos se habría producido a través de irregularidades en el presupuesto asignado al Programa Jopoi 2025, destinado originalmente a la adquisición de regalos navideños y que se habría aplicado un sobrecosto en los artículos adquiridos.
Se solicitó al Juzgado Penal de Garantías un plazo de seis meses para la investigación y la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para estas personas. Se aplicará las restricciones como la prohibición de salir del país e ingresar a la sede central de APA, además, de que no puedan comunicarse entre sí y la presentación de una caución real equivalente al millonario perjuicio denunciado.
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Fiscalía solicitó 12 años de prisión para Rivas
El Ministerio Público solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exsenador Hernán Rivas, durante los alegatos finales del juicio oral, por la presunta comisión del hecho punible de producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.
Los fiscales de la causa alegan que durante el juicio se probó que el acusado produjo y usó documentación pública de contenido falso, al mentir sobre su condición de abogado para acceder a una matrícula ante la Corte y luego representar a ambas Cámaras del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Durante el juicio oral resaltaron la gravedad de que Rivas, presuntamente sin haber cursado la carrera de Derecho, haya sido miembro y presidente del órgano juzgador de jueces y fiscales. El fiscal Christian Benítez incluso señaló que este caso se trata de la causa más grave y flagrante sobre la vulneración del orden jurídico en la era democrática.
Ante el Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta y los miembros Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, la fiscal Patricia Sánchez señaló que las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar los documentos que certifican una calidad de abogado titulado.
Carece de historia académica real
La fiscal sostuvo que los certificados y títulos presentados por Rivas carecen de correspondencia con una historia académica real, coherente y justificable. Por lo tanto, remarcó que esos documentos son con informaciones de contenidos falsos.
“Una carrera universitaria deja una secuencia objetiva de hechos, deja huellas, hay una inscripción, hay una matrícula, hay asignaturas cursadas, docentes, constancia de asistencia, exámenes, parciales, habilitaciones de exámenes, trabajo final de grado, egreso y fotos del egreso... Nada de eso tuvimos aquí“, expresó la fiscal Patricia Sánchez, durante el juicio oral.
En conferencia de prensa, el fiscal Christian Benítez, señaló que se trata de una conducta que no solo se realizó en una oportunidad, sino en reiteradas oportunidades y que tiene un impacto a una cuestión que está vinculada a una conducta aislada y el impacto es a la seguridad jurídica de la República del Paraguay.
“Si este no se toma como un caso especialmente grave, entonces cuál sería. Sí utilizar todo el aparato vinculado al ámbito de la Justicia, pero también a instituciones del Ejecutivo, el MEC (Ministerio de Educación y Ciencias) el Poder Legislativo, estamos hablando de un órgano que es parte del Poder Judicial, si usar todos los poderes del Estado para cometer hechos punibles no es un caso especialmente grave, cuándo vamos a estar frente a un caso especialmente grave”, cuestionó.