La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó dos recursos de aclaratoria y un recurso de reposición interpuestos por las defensas de algunos procesados por narcotráfico en el caso de Reinaldo Javier Cabañas, que disponía la remisión del expediente judicial a la Fiscalía General del Estado para que su titular formule o no acusación contra los procesados, presentando la documentación pertinente, en su caso.
Con respecto a las aclaratorias, la sala constitucional argumentó su decisión en que los recurrentes buscaban que la Corte se pronuncie sobre cuestiones que no guardan relación alguna con el objeto de la acción de inconstitucionalidad y manifestó que, por lo tanto, lo peticionado no se encuadra dentro de lo dispuesto por el Art. 387 del Código Procesal Civil, en atención a que no se observó error material alguno por corregir, expresión por aclarar ni omisión que se deba suplir.
En cuanto al recurso de reposición que fuera interpuesto por Cabaña, la Corte manifestó que el Art. 17 de la Ley 609/1995, “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, dispone que las resoluciones emitidas por la Corte sea por el pleno o por una de sus salas, son susceptibles de recursos de aclaratoria y de reposición y que, en este último caso, se da solo contra providencias de mero trámite, regulaciones de honorarios o caducidades de instancia, siendo el presente caso extraño a dichos supuestos, pues se promueve en el mismo una reposición contra una sentencia definitiva, lo que, claramente, no se encuadra en los supuestos establecidos en las normas que regulan el recurso de reposición que puede deducirse ante la máxima instancia.
Ahora el expediente judicial deberá bajar al juzgado penal de garantías para que pueda ser remitido al Ministerio Público que deberá acusar o no a los procesados en el caso Cucho Cabañas y otros.
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Pese a aclaratoria oficial de Itaipú, oposición persiste en campaña de desprestigio, señalan
El superintendente de Comunicaciones de la Itaipú Binacional, José Luis Rodríguez Tornaco, explicó acerca de la postura oficial de la Margen Derecha de la Itaipú Binacional acerca de recientes publicaciones de medios de prensa y ciertos voceros de la oposición que cuestionan los alcances del acuerdo establecido entre las Altas Partes para la definición de la tarifa 2024 - 2026, basados en una serie de mentiras.
En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que en principio había pensado que estos sectores que cuestionan podrían estar hablando desde la desinformación, pero luego de que la Itaipú emitiera una primera aclaratoria basada en documentaciones, persistieron en el error.
Más aún, cuando luego de esto se concretó una reunión que estuvo encabezada por un extitular de la ANDE, que había sido incluso candidato a legislador por la oposición; y a esa reunión se sumaron otros referentes de la oposición que siempre han tenido un discurso crítico hacia el gobierno colorado y algunas figuras de la disidencia colorada; señaló que la única conclusión que puede sacar es que esto es una agenda política.
“En todo este tiempo hemos sido testigos de una campaña de desinformación, no nos queda de otra, que tratar de manera institucional, mostrar las resoluciones y documentos de la Itaipú; y a pesar de todo persisten en la necedad de insistir en la desinformación, por tanto deducimos que es una campaña de una agenda política de desprestigio”, enfatizó.
Respecto a las cuestionables posturas que están teniendo estos referentes contrarios al gobierno, señaló que están basados en creativas ideas que solo ellos sabrán de dónde las han sacado.
Como ejemplo, señaló que estos sectores afirman que se ha establecido a partir de análisis antojadizos que el aumento de la tarifa de la Itaipú, anunciado por el Gobierno del Paraguay, dicen que no ocurrió, lo cual es totalmente falso, enfatizó Rodríguez Tornaco.
En el comunicado de la Itaipú que en la fecha dieron a conocer, se han adjuntado fragmento de la Resolución del Consejo Administrativo Nro. 016/2024 del 09/05/2024 que establece en su Art. 2°: “Aprobar el valor nominal del Costo Unitario del Servicio de Electricidad (tarifa) de UDS 19,28 / kW por mes (...) para los Ejercicios 2024, 2025 y 2026.”
“Ya en la primera aclaratoria se les explicó que esto no era así, posteriormente siguieron con esta campaña argumentando que la tarifa real era UDS 15, y que no fue UDS 19,28. Decían que Paraguay recibió menos dinero que en la época de Marito, que el país perdió plata por colocar sus recursos en reales. Dijeron que era mentira que Paraguay va a recibir 1.950 millones de dólares, en gastos sociales y comenzaron a instalar esto con mucha fuerza en medios aliados”, indicó.
Resaltó que en este segundo comunicado aclaratorio de la Itaipú, el cual se puede leer en el siguiente enlace: Postura oficial de la Margen Derecha de ITAIPU, desarticula punto por punto con base a documentos, las falsedades que ellos mencionan.
No aceptan las explicaciones
Rodríguez Tornaco indicó que otra de las falsedades que señala este grupo minoritario, es que no quiere reconocer que no solo se logró el aumento de la tarifa, sino que además generó los ingresos adicionales que se necesitaban.
“Después dijeron que la plata que Paraguay no utilizó perdió. Sin embargo se les explicó que este año por primera vez se logró un presupuesto trianual, a raíz del acuerdo de las Altas Partes, y que el dinero que no se usaba se juntaba para el año siguiente. Esta gente comenzó a decir que esto era mentira, que no hay documento que avalen esto. Por eso, ahora se publicaron los puntos 2 y 3 de las resoluciones del Consejo de Administración en los que efectivamente se aprueba el presupuesto por tres años”, señaló.
Finalmente, destacó que desde la Itaipú trabajarán en lo que corresponda en materia de transparencia y comunicación para la ciudadanía, ya que la instrucción final que tienen es que cada guaraní que se obtuvo de la histórica negociación con el Brasil, llegue a cada uno de los paraguayos.
“Hoy ya se ven esos recursos en las maquinarias para las gobernaciones, en las patrulleras y motocicletas de la Policía, próximamente en las ambulancias, en la histórica compra de los mobiliarios escolares, en la culminación de las oficinas de Gobierno. En fin, en todo lo que implica la utilización correcta y transparente de los gastos socio ambientales. Además, recordemos que la Itaipú está auditada y calificada por las calificadoras de prestigio más importantes del mundo”, concluyó.
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Corte rechazó acción de inconstitucionalidad de odontóloga, acusada por la muerte de Sol Chávez
La sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó in limine la acción de inconstitucionalidad presentada por la odontóloga Lilia Graciela Espinoza de Rodríguez, quien debe enfrentar un nuevo juicio oral y público por la muerte de la joven Sol Chávez, ocurrida en abril del 2021.
La acción fue promovida contra una resolución del tribunal de apelación en lo penal, que había anulado el fallo de primera instancia donde un colegiado condenó a penas irrisorias a dos acusadas.
El próximo 30 de abril a las 12:00 se fijó el inicio del juicio oral y público para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la química farmacéutica Sandra Hermosa, acusada por el fallecimiento de la joven Sol Chávez (22) quien murió por intoxicación por flúor.
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Condena anulada
En diciembre del año pasado, el tribunal de Apelación, integrado por Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández, anuló la leve condena de 2 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, acusadas por el fallecimiento de la joven María Sol Chávez Franco, de 22 años, quien murió el 9 de abril de 2021.
Los jueces señalaron que la sentencia cuestionada “denota claras contradicciones y falta de fundamentación por parte del tribunal de Sentencia en relación con el artículo 65 del Código Penal en cuanto a los fundamentos esgrimidos para llegar a la decisión adoptada, habiendo incurrido la sentencia en vicios consistentes en una fundamentación insuficiente y contradictoria”.
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Compra de equipos tecnológicos es clave para investigaciones, afirman desde la Senad
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, habló sobre la inversión que está realizando el Gobierno en materia de seguridad, en este sentido, el secretario de Estado manifestó que para esta institución, es clave la adquisición de equipos tecnológicos de modo a poder cumplir con sus funciones con mayor eficiencia.
“Para nosotros es necesario y primordial que contemos con esos equipos de tecnología por el simple hecho de que cuando nosotros asumimos en la Senad, nos dejaron un presupuesto cero en tecnología, entonces es un poco complicado, pero aun así estamos sacando resultados extraordinarios. Lo que quiero es que la Senad tenga esos equipos para mejorar aún más esos resultados, es indispensable para nosotros, para nuestras investigaciones y para trabajos de inteligencia”, explicó a la 650 AM.
Asimismo, recalcó que hubo una mala intención de parte de actores políticos en afirmar que estos equipos iban a estar dedicados al espionaje. Rachid dejó en claro que estos equipos que van a ser adquiridos pasarán por todos los procesos legales establecidos para las compras públicas y pasarán a formar parte del patrimonio del Estado para su lucha contra el narcotráfico.
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“Hay una mala intención al informar que son equipos de espionaje porque no lo son, son equipos de tecnología que nos van a ayudar a nosotros en el día a día, nos va a facilitar las cosas en muchísimos aspectos, entonces es algo necesario porque lo que queremos es seguir mejorando permanentemente”, expresó.
El ministro indicó que la Senad ya ha avanzado en la compra de otros equipamientos tecnológicos, como un drone táctico que tiene una capacidad de vuelo de hasta 180 minutos, dispositivo sumamente útil para sus procedimientos. Rachid enfatizó la necesidad de una inversión importante en tecnología, puesto que las estructuras criminales manejan grandes caudales de dinero y las instituciones de seguridad necesitan actualizarse de forma permanente.
En esta línea, celebró la reciente inversión del Gobierno en la Policía Nacional, puesto que es una institución con la que realizan operativos en conjunto de forma permanente. “Todo aquello que represente una inversión, más todavía en cuestiones de seguridad para nosotros es importante, tenemos bien clara la película de lo que el presidente quiere ni bien asumimos, nos dijo que trabajemos todos en equipo y estamos demostrando eso”, afirmó.
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Gremios de funcionarios de la Fiscalía rechazan juicio político a Emiliano Rolón
Sindicatos de funcionarios del Ministerio Público emitieron este miércoles un comunicado rechazando el planteamiento de juicio político contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón Fernández, que es propiciado en la Cámara de Diputados. Alegan que la institución es constantemente blanco de hostigamiento y persecución sistemática.
“El Frente Unido conformado por 8 gremios de funcionarios organizados del Ministerio Público, rechaza el constante hostigamiento y persecución sistemática al que intentan someter no solo a la gestión de la fiscalía general del Estado, sino también a todo el Ministerio Público”, indica.
Asimismo el comunicado refiere que “manifestamos nuestra preocupación ante las acciones con las cuales son utilizadas instituciones constitucionales como es el juicio político. Nos preocupa que esta figura legal sea utilizada en muchas ocasiones para intentar presionar, amedrentar o coaccionar a autoridades, sin las debidas justificaciones jurídicas y/o presupuestos establecidos en la ley, mecanismos utilizados como modus operandi”.
El pedido de juicio político contra Rolón Fernández, es impulsado por la defensa legal de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. Entre los argumentos esgrimidos contra el fiscal general figura la pérdida de legitimidad y confianza en su gestión por la falta de resultado en casos de corrupción, crimen organizado y violaciones de derechos fundamentales.
Alegan que el Ministerio Público realizó una investigación deficiente, parcial y negligente para el esclarecimiento de la muerte del parlamentario. “Más grave nos resulta aún que esta figura y otros recursos sean utilizados con el solo fin de presionar a operadores de justicia y autoridades en el marco de investigaciones penales sobre el crimen organizado y narcotráfico, puesto que el cumplimiento de la labor del Ministerio Público es la investigación de las mismas”, indican.
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El comunicado agrega que “en muchas ocasiones, articulaciones solapadas solo buscan frenar estás pesquisas, sobre todo cuando involucran a altos objetivos con vínculos extensivos, cuando la obligación no solo parte de los operadores de justicia, sino de todas y cada una de las autoridades que conforman el Estado paraguayo, sin embargo, la misión constitucional recae en los agentes fiscales, y en la persona que ocupe la fiscalía general del Estado”.
Finalmente los gremios sostienen que “no olvidamos que la lucha contra estos esquemas de crimen organizado, narcotráfico y corrupción pública ha costado la vida de un compañero de trabajo Marcelo Pecci, de otros cientos de ciudadanos, por lo que a la vez hacemos propicia la ocasión para también recordar la necesidad de seguir impulsando y abonando los recursos como Estado para que esos hechos no queden en la impunidad”.