Se suspendió el juicio oral y público para el excomandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, y su esposa Mirta Rotela, acusados por enriquecimiento ilícito. La diligencia judicial se pospuso debido a la superposición de audiencias del tribunal que tiene a su cargo juzgar el presente proceso penal.
El Tribunal de Sentencia integrado por Yolanda Portillo, Claudia Criscioni y Yolanda Morel fijó para el próximo 6 de junio la nueva fecha para el desarrollo del juicio oral y público. El presente juicio oral se desarrollará en la sala de juicio del Palacio de Justicia y tendrá una duración de 10 días aproximadamente.
En marzo del año pasado la jueza penal de Garantías, Clara Ruiz Díaz, elevó a juicio oral y público el proceso penal por enriquecimiento ilícito que soporta el excomandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, quien está recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Asimismo, enfrentará juicio oral por el mismo delito Mirta Rotela, esposa de Alvarenga.
Proceso penal
La imputación es porque el excomandante adquirió cuatro inmuebles en el 2014 cuando se desempeñaba como alto jefe policial. De acuerdo a la investigación fiscal, la adquisición de los bienes no condice con lo percibido por el extitular de la Policía Nacional. También se le imputó a la esposa de Alvarenga por la compra de inmuebles, lo que tampoco pudo justificar sus ingresos. Con respecto al hijo de la pareja, el proceso es por supuesto lavado de dinero.
La imputación había sido presentada por los fiscales Aldo Cantero y Luis Lionel Piñánez en el marco de la investigación de desvío de combustibles. Sin embargo, tuvo que ser presentada otra carpeta debido a que la Cámara de Apelaciones había delimitado el campo de la imputación.
Condena
El excomandante de la Policía Nacional, Francisco Alvarenga, fue condenado a cuatro años de prisión por el negociado del desvío de combustible que era asignado a la institución. En el juicio oral y público se probó que se produjeron documentos no auténticos para solicitar las tarjetas de provisión de combustible que ocasionaron más de G. 1.159 millones de daño patrimonial a la Policía Nacional. En total tenían 186 tarjetas, conforme se probó.
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