En poder del sindicado como el segundo del clan Rotela, César Ramón Ortiz Sosa, alias Gordo Capiatá, se encontró una llave original para abrir las esposas de seguridad. Gracias a la revisión estricta de los guardias internos del Poder Judicial se pudo detectar y sacar la llave del procesado, quien enfrenta un juicio oral y público por robo agravado y otros delitos.
El director de Seguridad del Palacio de Justicia, Freide Amarilla, explicó que la llave de esposa original se encontró dentro de la billetera del encausado, por lo que se dio aviso al Tribunal de Sentencia, integrado por Olga Ruiz, Inés Galarza y Víctor Medina, y a la comisaría zonal.
En agosto del 2019, Ortiz Sosa fue detenido junto a otros integrantes del clan Rotela tras cuatro allanamientos en el departamento Central. Este ya tenía en ese momento orden de captura por robo agravado.
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Ortiz Sosa está acusado del asalto a la estación de servicios de Barcos y Rodados, ubicada en el barrio Panambí Vera de Asunción, hecho ocurrido el 30 de julio del 2021, de donde se llevaron G. 30 millones. Asimismo, soporta otras investigaciones por varios asaltos más realizados bajo la dirección del peligroso delincuente.
A raíz del hecho, las autoridades judiciales comunicaron del caso a la Policía Nacional que realizó luego la cobertura en la sala de juicio oral de la sede de Asunción.
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La Corte prepara nuevas acciones para promover la igualdad de género
Este martes, desde la Corte Suprema de Justicia informaron que se desarrolló una capacitación que tuvo como propósito presentar el Plan de Igualdad de Género y promover acciones orientadas a acercar la justicia a las mujeres de todo el país. La actividad se realizó en el marco del programa “Mujeres en la Justicia”, impulsado por la Secretaría de Género del Poder Judicial.
La jornada, dirigida a directores y directoras de distintas dependencias judiciales, permitió socializar la propuesta del Plan de Igualdad de Género y recoger aportes para su posterior validación. El encuentro estuvo enfocado en fortalecer la promoción de la igualdad dentro de la institución.
Plan vigente
Uno de los principales objetivos fue avanzar en la implementación del Plan, conforme a las disposiciones institucionales vigentes en materia de género, además de establecer mecanismos de coordinación que permitan desarrollar acciones concretas y efectivas.
Durante la capacitación, la asistente técnica Pilar del Barrio destacó las opiniones, propuestas e ideas planteadas por representantes de las diferentes direcciones del Poder Judicial, consideradas fundamentales para enriquecer la iniciativa.
En ese contexto, explicó que la Corte Suprema de Justicia deberá definir el mecanismo para poner en marcha las consultorías previstas, cuyos resultados y acciones posteriormente serán replicados mediante las unidades desconcentradas de la Secretaría de Género.
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El Plan de Igualdad de Género busca responder a los principios establecidos en el artículo 48 de la Constitución Nacional, referido a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, además de incorporar los compromisos derivados de instrumentos internacionales mediante el denominado control de convencionalidad.
La propuesta también apunta a convertirse en una herramienta para fortalecer la prevención y erradicación de la violencia en sus distintas expresiones, mediante una mayor articulación entre las instituciones y áreas vinculadas a la protección de derechos.
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Juicio contra Miguel Prieto continuará el 7 de setiembre
Tras un breve receso y algunos incidentes, esta tarde se retomó el juicio oral contra Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, acusado por lesión de confianza, en el caso conocido como “Tía Chela”, asociado con la compra de kit de alimentos en pandemia por valor de casi G. 3.000 millones.
Ahora la Fiscalía tendrá que contestar los incidentes presentados por la defensa de Prieto y los demás acusados. Una vez que el Ministerio Público conteste los incidentes, el Tribunal de Sentencia deberá resolver los pedidos de la defensa de los acusados, por lo que el juicio continuará el próximo lunes 7 de septiembre, desde las 08:00.
Inicio con un incidente
La apertura de la audiencia tuvo un primer incidente con uno de los abogados defensores, Martín Prieto, representante del acusado Julián Benítez Gamarra, quien pidió la suspensión del juicio al alegar que no había tenido acceso a la investigación.
Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo y dispuso además una sanción disciplinaria contra el abogado.
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Específicamente la audiencia inició con la presentación de algunos incidentes probatorios por parte del fiscal Silvio Corbeta, con el testimonio del actual director de contrataciones públicas, Agustín Encina.
El juicio comienza más de un año después de la acusación formal presentada en junio de 2024, y define la responsabilidad penal de Prieto y los otros diez acusados por el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este.
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Pedrozo: diputado apunta a la ineficiencia del Poder Judicial
El diputado Hugo Meza indicó que el Poder Judicial también es gran responsable de la tragedia en la zona de Pedrozo, Ypacaraí; esto, tras el último accidente registrado el pasado fin de semana y que dejó seis víctimas fatales. Las declaraciones del legislador se refieren específicamente a la lenta actuación judicial en el litigio de los terrenos, que impidió el avance de las obras del cruce de desnivel en esa zona.
“La interpelación no es sinónimo de agravio para una autoridad, acá evidentemente hubo una ineficiencia, una demora, pero no solamente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en este caso de su ministra, sino una desidia de un poder, el más aplazado, el más corrupto, el más ineficiente que es el Poder Judicial”, refirió el diputado a los medios de prensa.
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Meza cuestionó que “después de esta tragedia, que ni siquiera quiero catalogar como una tragedia porque es un patrón que se viene dando a más de 20 años y casi 80 muertos, salieron en tiempo récord esas medidas judiciales que estaban pendientes”. Señaló además que existe una desidia, y aunque no pretende restar responsabilidad al Ministerio de Obras Públicas, “pero hay acá una enorme complicidad también de un Poder Judicial incapaz de ser resolutivo en tiempo para que esto no haya ocurrido”.
En cuanto a la interpelación a la ministra Claudia Centurión, que se plantea tanto en Diputados como en el Senado, señaló que es una herramienta válida y una oportunidad para que la propia ministra otorgue los informes correspondientes.
“Quiero defender la figura de la interpelación, siempre digo que para la ministra o el ministro, el director o presidente de ente que maneja su institución, es una herramienta diseñada para venir a contarle a la autoridad, en este caso a los diputados o senadores, cuál es el funcionamiento y qué es lo que no funcionó para que en casi dos años que se diseñó una obra para combatir los cientos de accidentes que hay en esa zona, tuviera un retraso enorme”, sentenció.
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Justicia y conservación unen fuerzas para proteger el Bosque Mbaracayú
El Poder Judicial y la Fundación Moisés Bertoni formalizaron este lunes un convenio de cooperación interinstitucional, una alianza que busca fortalecer las acciones destinadas a la conservación ambiental y promover una mayor articulación entre la Justicia y las organizaciones vinculadas a la protección de los recursos naturales.
El acuerdo establece una hoja de ruta para desarrollar iniciativas conjuntas en materia de preservación ambiental, con especial atención a la zona donde se encuentra la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, en el departamento de Canindeyú. La cooperación apunta a generar herramientas que permitan a los operadores de justicia contar con mayores conocimientos para abordar los casos relacionados con la protección del ambiente.
Capacitación
Como primera medida, se prevé organizar jornadas de capacitación y formación destinadas a jueces y fiscales de la región. El objetivo será brindar información y generar espacios de análisis sobre la realidad ambiental del área, de manera que el sistema de justicia pueda responder con mayor eficacia ante situaciones que afecten los ecosistemas y los recursos naturales.
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La iniciativa también pretende instalar una mayor conciencia sobre la importancia de preservar este patrimonio y favorecer la adopción de medidas concretas a través del trabajo coordinado entre las instituciones. En ese sentido, la capacitación de quienes intervienen en los procesos judiciales constituye uno de los primeros pasos para fortalecer la protección efectiva del ambiente.
La Reserva Natural del Bosque Mbaracayú abarca unas 64.000 hectáreas de propiedad privada y se encuentra bajo administración de la Fundación Moisés Bertoni. Su creación fue establecida mediante una ley nacional y contempla la conservación del territorio a perpetuidad, convirtiéndola en una de las áreas de especial relevancia para la protección de la biodiversidad del país.
Protagonistas
El convenio fue suscrito con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera, y el ministro Eugenio Jiménez Rolón.
Por parte de la Fundación Moisés Bertoni participaron su director ejecutivo, Yan Speranza; el miembro de su Consejo de Administración, Eduardo Bernal, y el asesor jurídico Daniel Jacquet.
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