En poder del sindicado como el segundo del clan Rotela, César Ramón Ortiz Sosa, alias Gordo Capiatá, se encontró una llave original para abrir las esposas de seguridad. Gracias a la revisión estricta de los guardias internos del Poder Judicial se pudo detectar y sacar la llave del procesado, quien enfrenta un juicio oral y público por robo agravado y otros delitos.
El director de Seguridad del Palacio de Justicia, Freide Amarilla, explicó que la llave de esposa original se encontró dentro de la billetera del encausado, por lo que se dio aviso al Tribunal de Sentencia, integrado por Olga Ruiz, Inés Galarza y Víctor Medina, y a la comisaría zonal.
En agosto del 2019, Ortiz Sosa fue detenido junto a otros integrantes del clan Rotela tras cuatro allanamientos en el departamento Central. Este ya tenía en ese momento orden de captura por robo agravado.
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Ortiz Sosa está acusado del asalto a la estación de servicios de Barcos y Rodados, ubicada en el barrio Panambí Vera de Asunción, hecho ocurrido el 30 de julio del 2021, de donde se llevaron G. 30 millones. Asimismo, soporta otras investigaciones por varios asaltos más realizados bajo la dirección del peligroso delincuente.
A raíz del hecho, las autoridades judiciales comunicaron del caso a la Policía Nacional que realizó luego la cobertura en la sala de juicio oral de la sede de Asunción.
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Detienen a cuatro personas por el traslado de marihuana skunk desde PJC
En medio de un operativo de vigilancia y seguimiento, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) lograron detener a cuatro personas, implicadas en el traslado y recepción de un importante cargamento de marihuana tipo skunk, conocida por su alta concentración de THC (tetrahidrocannabinol), desde Pedro Juan Caballero (Amambay) hasta Asunción, donde la carga iba a ser entregada a integrantes del grupo criminal Clan Rotela.
La detención se produjo en la zona del Parque Guazú. Según el reporte de las autoridades intervinientes, el líder, y quien debía recibir el producto, fue identificado como Diego Ramón López, de 50 años; se encontraba en un automóvil junto a su cómplice, Juan Carlos Aguilera, de 38 años. Los involucrados aguardaban la llegada de Liz Karina Ocampos, de 25 años, y Otto Rafael Agusti, de 25, estos últimos provenientes de Pedro Juan Caballero, que traían el cargamento.
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Desde la Senad destacaron que la captura de estas personas y la incautación de la droga se logró gracias a una tarea investigativa pormenorizada y al apoyo en la ejecución del operativo por parte del agente fiscal Martín Morínigo, quien acompañó todo el proceso.
El costo aproximado de esta droga en el departamento central oscilaría 2.500.000 guaraníes por kilo, monto que casi equipara al de la cocaína actualmente, hecho por el cual la producción y comercialización de esta variedad se mantiene en auge en el territorio nacional. Desde el año pasado se han ejecutado una importante cantidad de intervenciones, tanto a centros de producción y acopio como a focos de distribución y venta de este tipo de marihuana, con el objetivo de frenar este ilícito.
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Policía Nacional denunció a dirigentes opositores por perturbar la paz pública
La Policía Nacional denunció a opositores ante el Ministerio Público por los hechos punibles de perturbación de la paz pública y resistencia. Esto, tras los disturbios ocasionados el pasado 31 de marzo frente al Poder Judicial. El grupo de dirigentes políticos pretendía acceder al Museo de la Justicia, violando los protocolos establecidos para el ingreso.
Fueron acusados el senador del Partido Democrático Progresista (PDP) Rafael Filizzola, su esposa la exsenadora Desirée Masi y los liberales, el exsenador Luis Alberto Wagner, Marlene Orué, Agustín Saguier y Efraín Alegre (hijo).
La denuncia ante la Fiscalía fue presentada por el comisario Mario Ovelar. Los incidentes se registraron en coincidencia con el octavo aniversario del fallecimiento del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.
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Los dirigentes opositores pretendían realizar una representación teatral y entregar al Museo de la Justicia el expediente judicial del caso Quintana. “Ellos no pidieron autorización para ingresar al museo. No se puede recibir donaciones sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. Todas las causas deben estar finalizadas, con sus últimas sentencias”, había indicado la coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau.
En la acusación se relata que los uniformados comunicaron sobre la necesidad de contar con una autorización oficial, conforme a la acordada n.° 254, inciso 4 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Agrega que esta situación terminó enfureciendo a los dirigentes políticos, motivo por el cual se decidió la conformación de un cordón de seguridad perimetral con personal de prevención y seguridad en dos líneas (femenino y masculino).
Señalan que fueron agredidos verbal y físicamente por los opositores resultando heridos, Ovelar, los suboficiales ayudantes Jesús Martínez, Pablo Cabrera, Miguel Vergara, Diego Zaracho y Fernando Fernández.
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Suspensión de la revisión del Anexo C: “Es la reacción correcta”, opina experto
“Realmente no es una situación conveniente para el Paraguay, pero es la reacción correcta”, dijo el experto energético Victorio Oxilia sobre la decisión tomada por el gobierno de Santiago Peña de suspender la revisión del Anexo C de Itaipú, ante el espionaje informático contra Paraguay que Brasil confirmó el lunes pasado en un comunicado, tras una publicación en un medio brasileño, y que se habría realizado entre junio de 2022 y marzo de 2023.
“Hay puntos que para nosotros son estratégicos y para el mercado eléctrico brasileño. Para ellos el tema de la energía es vital, tampoco le conviene una indefinición. La imprevisibilidad es lo peor que puede pasarle a Brasil, teniendo en cuenta que su mercado tiene una serie de autores privados y públicos, dijo Oxilia, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las decisión fue tomada tras ventilarse un supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del gobierno paraguayo en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de la entidad binacional. El espionaje se habría iniciado en la gestión de Jair Bolsonaro y ejecutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.
“Para los brasileños es muy importante tener una orientación sobre los temas energéticos. Este hecho (espionaje) ya está dentro de una investigación interna en el Congreso brasileño, está siendo evaluado por una comisión mixta denominada Control de las Acciones de Inteligencia del gobierno brasileño. El día de ayer, se instaló la nueva mesa directiva del parlamento y se discutió el tema”, comento.
Gobierno de Lula es “bastante favorable”
Oxilia manifestó que como, resultado del debate, los legisladores del vecino país, acordaron requerir el próximo 9 de abril informaciones oficiales a la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y a la Policía Federal. “Yo defiendo la idea de que es necesario continuar con la negociación. Si vamos a aguardar que esto se aclare, vamos a esperar demasiado tiempo y eso a nosotros no nos conviene. Realmente no se está llegando a un consenso en las negociaciones, el hecho de que se haya postergado varias veces, nos da esa señal”, refirió.
La preocupación del experto energético, surge debido a que en el transcurso de los próximos meses, Brasil se encontrará inmerso exclusivamente en las disputas electoralistas con miras a las elecciones generales del 2026. “Las cosas pueden quedar muy difíciles a futuro. El gobierno de Lula da Silva es bastante favorable en términos de negociación”, puntualizó.
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Triple choque en Sanber: juez definirá si ratifica o no la prisión de Sanabria Vierci
A las 07:30 de este miércoles se deberá realizar la audiencia de revisión de medidas cautelares para el empresario Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre, por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque- San Bernardino donde falleció toda una familia.
La diligencia judicial se realizará ante el juez penal de garantía de Caacupé Augusto Acuña, quien tendrá que definir si ratifica la prisión preventiva de Sanabria Vierci en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional o en otro recinto penitenciario. Por su parte, la querella adhesiva pedirá al juzgado penal de garantía que se ratifique la prisión del imputado.
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La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.
En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.
La única que pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.
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