El Tribunal de Sentencia, integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Osvaldo Prates, fijó para el 18 de noviembre a las 08:30 el inicio del nuevo juicio oral y público contra el exdiputado colorado Tomás Rivas.

El exlegislador está acusado por presunta estafa en el caso de los “caseros de oro”, quienes cobraban salarios de la Cámara de Diputados por servicios que, en realidad, prestaban en el domicilio particular de Rivas.

El juicio oral también fue programado para los días 19, 20, 23 y 25 de noviembre. Este será el tercer intento del Ministerio Público por sostener la acusación.

En las dos ocasiones anteriores, el exdiputado obtuvo el sobreseimiento definitivo luego de que los tribunales consideraran válida la reparación del daño y declararan extinguida la acción penal.

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La nueva convocatoria se produce después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara dicho sobreseimiento.

La máxima instancia judicial consideró que no correspondía extinguir la causa por reparación del daño sin el consentimiento del Ministerio Público.

Al respecto, el ministro Manuel Ramírez Candia explicó que, si bien la estafa permite la extinción de la acción mediante la reparación del daño, la causa también incluye el delito de cobro indebido de honorarios —un ilícito contra el ejercicio de funciones públicas—, el cual no admite este mecanismo de solución.

Según la acusación fiscal, Rivas certificó planillas de asistencia falsas para justificar el pago de salarios a sus caseros con fondos del Estado, a pesar de que estas personas no cumplían funciones en la sede legislativa.

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A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.

El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.

A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.

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“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.

Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.

Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.

“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.

Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.

Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.

De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.

“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.

Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.

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El juez Rodrigo Estigarribia resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal contra el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, por supuesta lesión de confianza, en el marco de la investigación por la presunta compra irregular de detergentes y otros insumos de limpieza con fondos municipales durante la pandemia de la COVID-19.

La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia. El juzgado igualmente decidió excluir el hecho punible de asociación criminal al considerar que no existen elementos suficientes para que esa parte de la acusación sea debatida en juicio. Además, rechazó los incidentes de sobreseimiento planteados por la defensa de Rodríguez.

Estigarribia sostuvo que la acusación fiscal describe de manera circunstanciada los hechos atribuidos al exintendente y contiene elementos que permiten que la supuesta lesión de confianza sea analizada por un Tribunal de Sentencia.

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Según el Ministerio Público, las presuntas irregularidades habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 1.808.956.000 mediante la adquisición de insumos que, en varios casos, no habrían ingresado a la Municipalidad de Asunción.

La Fiscalía sostiene que, durante los años 2020 y 2021, en el marco de las contrataciones por la emergencia sanitaria, se habría favorecido sistemáticamente a un grupo de empresas, con presuntas vulneraciones a los principios de igualdad, libre competencia, transparencia y publicidad.

La acusación también señala que las licitaciones habrían sido direccionadas a determinadas firmas y que se habrían utilizado nombramientos, contratos y emisión de cheques como parte de una supuesta estructura para perjudicar a la institución.

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“Yo creo que me tiene que complementar a mí un candidato con el perfil más técnico”, sostuvo de manera contundente el segundo del Ejecutivo y aspirante a mandatario por el oficialismo, Pedro Alliana, en el marco de la puja por la definición de su dupla rumbo a los comicios internos partidarios fijados para diciembre del 2027.

“Si es posible alguien que no sea del interior de la República porque yo también ya represento a la gente del interior”, manifestó a los medios de comunicación descartando prácticamente de la definición al titular del Consejo de Gobernadores y jefe departamental de Guairá, César Sosa, quien cuenta con pretensiones de ocupar la candidatura a vicepresidente de la República.

a Policía Nacional realizó este lunes el lanzamiento de un Dispositivo Especial de Seguridad para la cobertura de entidades financieras y bancarias, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y garantizar la seguridad ciudadana.

“En primer lugar, tendremos control de barreras en puntos vulnerables, críticos, donde vamos a estar teniendo personal de prevención como así también elementos tácticos”, explicó el comisario Juan Agüero, en conferencia de prensa.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) llevó a cabo un encuentro territorial en la Costanera Norte de Asunción el pasado 25 de octubre, encabezado por la ministra Claudia Centurión, para presentar a las familias locales el plan de reasentamiento e indemnización del Distrito Eco Inclusivo. La titular de la cartera enfatizó el alcance humano del proyecto al señalar: “Detrás de este proyecto hay familias, historias y sueños que queremos acompañar; no se trata solo de construir viviendas, sino de toda una infraestructura urbana para que Asunción sea una ciudad más linda y segura, sin miedo a las inundaciones”.

La agente fiscal Verónica Valdez indicó que el juicio oral y público contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado por su presunto vínculo con el capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, seguirá el próximo 3 de noviembre. Este lunes se realizó la presentación de evidencias que para el Ministerio Público no guardan relación con la causa judicial.

“Hoy se produjeron las evidencias que fueron incautadas de la casa de Giuzzio que estaban pendientes. El Ministerio Público no consideró hacer resaltos con respecto a estas evidencias y la defensa sí leyó la parte que le pareció pertinente”, indicó al canal GEN y Universo 970 AM. Valdez agregó que “fueron evidencias documentales encontradas y que la defensa consideró hacer resaltos. Son documentos que para el Ministerio Público no tienen vinculación con el hecho”.

En el marco de su agenda de seguridad en Washington, el presidente Santiago Peña sostuvo un encuentro con el director de la CIA, John Ratcliffe, para fortalecer la cooperación internacional en inteligencia, combatir el crimen organizado y resguardar las inversiones locales. Durante su mensaje, el mandatario enfatizó que la seguridad constituye la base indispensable para el desarrollo económico y la protección de las familias paraguayas, al tiempo de ratificar que Paraguay ejerce su soberanía con libertad, se mantiene fiel a sus aliados internacionales democráticos y rechaza cualquier intento de injerencia o presión externa en sus decisiones.

“La seguridad del Paraguay se construye sobre principios que compartimos con nuestros aliados. Con esa convicción, en Washington me reuní con John Ratcliffe, director de la CIA, como parte de nuestra agenda de seguridad”, expresó el mandatario, este lunes, en una publicación en redes sociales respecto al encuentro con Ratcliffe, que tuvo lugar el jueves 22 de octubre en Washington D. C., durante su visita oficial a los Estados Unidos desarrollada entre el 21 y el 23 de octubre.

El Ministerio de Justicia dispuso la intervención de la cárcel de Emboscada tras la fuga de dos reos en la madrugada del domingo. En el caso ya hay cuatro guardiacárceles detenidos, sospechosos de ser cómplices del hecho.

Pero, al margen de los agentes penitenciarios que están siendo objeto de investigación, no se descarta que haya más funcionarios involucrados. “Acá hubo complicidad. Estamos seguros de que hay más responsables que deberán responder a la justicia”, expresó este lunes el ministro Rodrigo Nicora, en diálogo con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Ante las denuncias mediáticas sobre un supuesto esquema de apriete y cobro a sus funcionarios, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, confirmó que remitirá el caso al Ministerio Público. Un grupo de funcionarios de Delgado denunció que la legisladora exigía millonarios pagos para nombramientos, bonificaciones e incluso para no ser despedidos de sus funciones.

“Ante las denuncias publicadas en las últimas horas contra la senadora Zenaida Delgado, informo que desde la Presidencia del Congreso Nacional se presentará una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue el caso y la eventual participación de otras personas. Es fundamental que la justicia actúe con celeridad e imparcialidad”, confirmó Núñez a través de sus redes sociales.