El abogado Derlis Céspedes, representante legal de la odontóloga Lilia Espinoza, imputada por homicidio culposo tras la muerte de la joven Sol Chávez por intoxicación con flúor, apeló la resolución del juez Yoan Paul López, quien elevó a juicio oral y público el presente caso. Con la presentación hecha por la defensa de la procesada será un Tribunal de Apelación el que tendrá que decidir si confirma la determinación adoptada por el magistrado o anula la misma.
Días atrás López elevó a juicio oral el caso de la odontóloga y la bioquímica Sandra Hermosa, procesadas por presunto homicidio culposo. La resolución del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
De acuerdo a la acusación, Espinoza sería la responsable por el fallecimiento de la víctima, quien ingirió un medicamento que le fuera recetado en el consultorio de la profesional. Por otra parte, Hermosa autorizó la elaboración en dosis de 500 mg en cada cápsula.
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La acusada obvió la estricta observancia de los protocolos para la elaboración de preparados magistrales sobre dosis que pueden resultar letales para su consumo directo, en especial cuando esta puede poner en peligro la vida de la paciente.
La víctima era paciente de Espinoza, quien le recetó 2 gramos de flúor en comprimidos. El 9 de abril a las 15:00 aproximadamente, la misma ingirió el primer comprimido y minutos después empezó a sentirse mal gradualmente. A las 17:00 tuvo que ser internada de urgencia en un sanatorio privado, donde le realizaron un lavado gástrico, la joven tuvo un paro cardiorrespiratorio por intoxicación con flúor y falleció a las 22:00 de ese mismo día.
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Sigue juicio contra Giuzzio por cohecho pasivo
Tras las testificales, arranca la etapa final de la audiencia oral donde se presentarán los alegatos.
El juicio oral y público contra el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio Benítez –acusado por cohecho pasivo agravado al recibir presuntamente favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua– continúa este martes a partir de las 8:00.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por la jueza Adriana Planás e integrado por Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel, es el encargado de llevar adelante el juzgamiento.
Por su parte, los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce son los responsables de presentar las pruebas contra el acusado.
Tanto los elementos documentales como los diferentes testimonios han aportado indicios en contra del exministro, por lo que su situación procesal se complica jornada tras jornada.
En las últimas audiencias del proceso, el Tribunal escuchó al testigo número 31, Jorge Medina, quien se desempeñó como director general de Administración y Finanzas de la Policía Nacional hasta setiembre de 2021.
Asimismo, semanas atrás declaró el exdirector de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, Victoriano Benítez, cuyo testimonio ratificó la tesis acusatoria de la Fiscalía.
El caso contra el exministro se centra en haber recibido favores de Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien pretendía licitar con el Estado paraguayo a través de una empresa de vehículos blindados y materiales de seguridad.
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Peña pide tranquilidad y garantiza mecanismos de protección a afectados
El presidente de la República, Santiago Peña, se pronunció a través de un video dirigiéndose a la ciudadanía paraguaya, principalmente a los afectados por el cierre de ueno bank. Pidió tranquilidad y dio garantías sobre la protección de los ahorristas afectados, admitiendo las consecuencias de esta situación financiera.
“Estoy plenamente consciente de que miles de paraguayos están preocupados por los sucesos de ayer generados por la decisión del Banco Central del Paraguay, de proceder con la disolución de ueno bank”, expresó en el material audiovisual.
“Entiendo la incertidumbre que causa una situación como esta y, sobre todo, sé que detrás de cada ahorro están los esfuerzos y el trabajo de miles de paraguayos; por eso la prioridad del Gobierno de Paraguay es y será proteger con todas nuestras fuerzas el fruto de ese esfuerzo y generar respuestas concretas, rápidas y responsables”, agrega.
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También se refirió al proyecto de ley de emergencia para ahorristas que está en tratamiento en el Congreso, indicó que se reunió con los presidentes de ambas Cámara para promover esta iniciativa que permita devolver los fondos a los afectados lo antes posible.
“Con la aprobación de esta ley estaremos dando una acción concreta y eficaz para cubrir el 98 % de todos los ahorristas de la institución afectada, iniciándose los pagos esta misma semana. Agradezco a ambas Cámaras del Congreso Nacional por tratar con celeridad estas iniciativas y les insto a los congresistas a aprobarlas en la brevedad posible”, señaló.
El presidente sostuvo además que esta situación se da con uno de los bancos, pero que el sistema financiero sigue fuerte. “Quiero transmitir tranquilidad a nuestros ciudadanos. El sistema financiero es fuerte, cuenta además con instituciones y mecanismos de protección. Asimismo, tengan la seguridad de que quienes resulten responsables de irregularidades deberán responder, y ya lo están haciendo, ante la Justicia sin excepciones”, aseveró.
“Queridos compatriotas, en horas difíciles debemos estar unidos. Mantengamos la serenidad para poder enfrentar esta situación de la mejor manera. A las instituciones les pido que sigan trabajando con profesionalismo, transparencia y sentido de responsabilidad pública”, también expresó.
Por otra parte, se dirigió al sector político. “Y a todos los sectores políticos les solicito encarecidamente anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés. El Paraguay necesita instituciones que den respuestas y protejan los recursos de nuestra gente. Eso es lo que estamos haciendo desde el Poder Ejecutivo, para que cada paraguayo afectado tenga una respuesta y se garantice, por sobre todo, la protección de sus ahorros”, sentenció.
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Sector empresarial y productivo pide preservar transparencia y seguridad jurídica
La Cámara de Comercio Paraguayo Americana (Amcham) y gremios del sector productivo e industrial comunicaron su seguimiento permanente a los acontecimientos relacionados con el inicio del proceso de resolución y cese de operaciones de ueno bank, manifestando que los mecanismos de revisión deben conducirse con estricto rigor técnico y transparencia.
En un comunicado emitido este miércoles, la Amcham señaló que la estabilidad y credibilidad del sistema bancario son condiciones esenciales para garantizar la continuidad de la cadena de pagos, el acceso al crédito del sector productivo y la confianza de los mercados.
“La solidez del Estado de derecho reposa en la clara delimitación de responsabilidades conforme a las normativas que regulan el sistema financiero”, mencionaron, enfatizando que la confianza de los ahorristas e inversionistas constituye el activo más valioso de la economía.
Asimismo, pidieron que en salvaguarda de la fe pública las decisiones de gestión se evalúen bajo los más altos estándares de gobernanza corporativa y, además, los recursos del erario público quedar debidamente preservados.
“Resulta indispensable que los mecanismos de resolución y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) operen con máxima celeridad, precisión y estricto apego a la Ley General de Bancos, asegurando la protección íntegra de los fondos y evitando incertidumbres operativas en el mercado”, indicaron.
La credibilidad del Paraguay en los mercados internacionales, incluyendo las operaciones de deuda regidas bajo jurisdicciones globales como la del Estado de Nueva York, se fundan en el respeto a la seguridad jurídica y a la confianza de los inversionistas.
Por ello, un tratamiento claro, técnico y apegado a derecho en la resolución de estos compromisos es crítico para resguardar la reputación crediticia del país y no encarecer el costo del financiamiento para el sector productivo nacional, reza el comunicado.
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ARP rechaza ampliación de garantía
Por su parte, la ARP compartió su rechazo al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que autorizó al BCP a ampliar la garantía del FGD para cubrir la totalidad de los fondos públicos depositados en ueno bank.
“El FGD se constituye con aportes del sistema financiero y existe con un único fin: proteger los ahorros de los depositantes dentro de los límites que fija la ley. Apoyamos que se pague de inmediato a los ahorristas de ueno conforme a esa cobertura”, indicaron.
Según la ARP, usar el remanente del fondo para devolver el total de los depósitos estatales no es una solución, sino que sería trasladar a todos los ahorristas del país, entre ellos miles de productores, el costo de decisiones que tomaron otros.
“Los fondos del IPS, de las cajas jubilatorias y de las entidades del Estado no llegaron solos. Alguien decidió concentrarlos allí. Esos recursos deben recuperarse de los bienes de quienes resulten responsables del perjuicio, y las responsabilidades deben determinarse y sancionarse”, mencionaron.
Por ello, solicitaron a los congresistas rechazar la ampliación de cobertura a los fondos públicos, garantizar el pago a los ahorristas dentro de la cobertura legal y exigir la recuperación de esos recursos.
Sector maquilador también afectado
La Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap) también se pronunció ante el escenario. El gremio se refirió al efecto que tiene sobre las empresas y los trabajadores del régimen de maquila, así como en la confianza en el sistema financiero del país.
“Varias de nuestras asociadas pagan salarios, cobran y cumplen con sus proveedores a través de esta entidad. Mientras sus servicios sigan suspendidos, hay trabajadores que no pueden disponer de su sueldo y plantas que deben sostener la producción y sus compromisos de exportación sin acceso a sus fondos”, explicaron.
La Cemap instó a las autoridades competentes a esclarecer los hechos con celeridad y a determinar las responsabilidades que correspondan. “Una resolución ordenada, que proteja los ahorros de la ciudadanía y sea rigurosa con los responsables, es la mejor señal que el país puede dar a la inversión productiva y al empleo formal que esta genera”, mencionó.
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Caso ueno bank: defensor del pueblo exige transparencia y garantías para ahorros y fondos del IPS
Ante la situación de ueno bank, el defensor del Pueblo exige transparencia, responsabilidades y garantías concretas para proteger los ahorros de la ciudadanía y los fondos jubilatorios. Advierte que la incertidumbre sobre el dinero de miles de familias no puede quedar sin respuesta.
El defensor del Pueblo, Rafael Luis Ávila Macke, expresó su profunda preocupación ante la crisis financiera de ueno bank y considera inadmisible que miles de ciudadanos enfrenten incertidumbre sobre sus ahorros, salarios y recursos destinados a su subsistencia. La situación adquiere especial gravedad ante los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), comprometidos en la entidad bancaria, recursos que pertenecen a los trabajadores y jubilados paraguayos y cuya protección debe ser una prioridad absoluta del Estado.
“El dinero de los trabajadores, jubilados y ahorristas no puede quedar a merced de decisiones irresponsables ni de eventuales irregularidades financieras. Detrás de cada cuenta bancaria hay familias, medicamentos que comprar, alimentos que llevar a la mesa y obligaciones que cumplir. La ciudadanía no tiene por qué pagar las consecuencias de errores ajenos”, manifestó el defensor del Pueblo.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exige al Banco Central del Paraguay (BCP) y a las instituciones competentes respuestas inmediatas, información transparente y garantías efectivas para la recuperación de los depósitos, sin someter a los afectados a trámites interminables ni a una incertidumbre injustificada.
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Asimismo, considera indispensable esclarecer cómo se llegó a esta situación, determinar si existieron fallas en los mecanismos de supervisión y establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. “No basta con anunciar que los depósitos están garantizados. La gente necesita saber cuándo y cómo recuperará su dinero. La confianza pública no se recupera con discursos, sino con hechos, transparencia y responsables que rindan cuentas”, enfatizó.
La Defensoría del Pueblo sostiene que ninguna consideración económica, empresarial o política puede estar por encima de los derechos de la ciudadanía. Los ahorros de los paraguayos deben ser protegidos, los fondos jubilatorios resguardados y los hechos investigados hasta sus últimas consecuencias. La ciudadanía merece respuestas, no excusas.
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