La jueza Alicia Pedrozo blanqueó al exministro del Interior Rafael Filizzola y otros acusados por lesión de confianza en un caso de licitación de comisarías en el que se estima la existencia de un perjuicio de G. 1.200 millones. Foto: Gentileza.
Blanquean al exministro Rafael Filizzola procesado por lesión de confianza
Compartir en redes
La jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo blanqueó al exministro del Interior Rafael Filizzola y otros acusados por lesión de confianza en un caso de licitación de comisarías en el que se estima la existencia de un perjuicio de G. 1.200 millones a la referida institución. La resolución de la magistrada se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. Se manejó la información de que la referida audiencia ya estaba todo acordada para dejar impune el presente caso, y es por ello que la defensa del exsecretario de Estado no presentó ninguna chicana para evitar su realización.
Con la resolución judicial Filizzola y demás procesados fueron sobreseídos de forma definitiva y la Justicia una vez más se presta al blanqueamiento de los casos de corrupción ocurridos en nuestro país. Asimismo, se levantan todas las medidas cautelares que pesaban sobre el exsecretario de Estado, quien logró este beneficio tras chicanear durante 10 años.
El Ministerio Público se ratificó en su acusación pero la jueza no tuvo en cuenta la postura de la Fiscalía. El presente fallo judicial se puede apelar y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que definirá si confirma el blanqueamiento de Filizzola o anula la resolución de Pedrozo. Además de Filizzola también fueron sobreseídos Alejandro Candia, Juan Diego Fernández, Aníbal Gerardo Muñoz y Fernando Ángel Sokoda Giménez.
La acusación del Ministerio Público refiere que, el 15 de octubre del 2010, el ministro del Interior había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.
El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras no fueron terminadas. En esta causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional.
Defensa de joven intenta frenar audiencia preliminar con chicanas
Compartir en redes
Los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres Frutos y Álvaro Cáceres, defensores de un joven acusado por coacción sexual, plantearon chicanas para evitar la realización de la audiencia preliminar ante el juez penal de garantías Raúl Florentín, quien debe decidir si el caso se eleva a juicio oral y público.
La defensa del acusado solicitó al juzgado que cite a declarar a la víctima del grave suceso. Ante este pedido, el juez Florentín dictó una providencia señalando: “téngase presente para su tratamiento y resolución en la etapa procesal oportuna”.
Contra esta determinación, los abogados del acusado presentaron un recurso de reposición con el objetivo de suspender la audiencia preliminar fijada para este viernes a las 8:30 de la mañana.
El pasado 7 de febrero, la fiscala María Angélica Insaurralde presentó la acusación contra el joven acusado y solicitó que el proceso penal sea elevado a juicio oral y público, considerando la gran cantidad de elementos probatorios recolectados.
La acusación fiscal señala que “los actos sexuales padecidos por la víctima en contra de su autonomía sexual consistieron en manoseos en los pechos, ser besada a la fuerza, el despojo de una prenda conocida como body e intentos de desnudarla al tratar de quitarle el pantalón que traía puesto”.
Igualmente, la Fiscalía refiere que “el presunto autor, en todo momento neutralizó a su víctima subiéndose sobre ella; además, trató de ocultar su identidad colocándose una manta en la cara y haciéndose pasar por otra persona”.
Del mismo modo, el Ministerio Público indica que los actos sexuales a los cuales el acusado sometió a la víctima constituyen una conducta típica, pues se halla descrita en la normativa penal como un hecho punible y cumple con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal mencionado.
Caso Tía Chela: ratifican juicio oral del exintendente de CDE Miguel Prieto
Compartir en redes
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras diez personas más van a enfrentar un juicio oral y público por lesión de confianza y asociación criminal en el caso conocido como Tía Chela, en el que se tiene un perjuicio de G. 2.100 millones. Así confirmó el tribunal de apelación integrado por Paublino Escobar, Arnulfo Arias y Camilo Torres.
Los citados magistrados declararon inadmisible el recurso que presentó una de las acusadas, quien pretendía dejar sin efecto la resolución del juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, quien decidió elevar en noviembre el caso a un juicio oral y público. Ahora se deberá sortear el tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar a los acusados en el presente caso.
Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones
Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social
José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario
Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes
Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas
Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros
Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago
Nelson Segovia Acevedo, tesorero
Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL
Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA
La adquisición se concretó en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19, por vía de la excepción y la beneficiada fue la empresa Tía Chela SRL. Ahora se deberá sortear el tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto, así como a los demás acusados en el presente caso.
Miguel Prieto y otros, a juicio oral por lesión de confianza
Compartir en redes
El exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y otras diez personas más van a enfrentar un juicio oral y público por lesión de confianza y asociación criminal en el caso conocido como Tía Chela donde se tiene un perjuicio de G. 2.100 millones. Así resolvió el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Otazú rechazó el incidente de nulidad del acta de acusación que presentó la defensa de Prieto quien pretendía dejar sin efecto el proceso penal y por ende ser beneficiado con el sobreseimiento definitivo, pero el incidente fue rechazado por el citado magistrado.
Además de Prieto, están acusados Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL, y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA, por lesión de confianza a partir de compras simuladas
La adquisición se concretó en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19, por vía de la excepción y la beneficiada fue la empresa Tía Chela SRL. Ahora se deberá sortear el tribunal de sentencia que tendrá a su cargo poder juzgar a Prieto así como a los demás acusados en el presente caso.
OTRO CASO
En el caso conocido como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
Asimismo el juez Otazú impuso medidas a Prieto como la prohibición de salida del país, así como la comparecencia mensual ante el juzgado para la firma del acta. Las medidas obedecen a la actitud chicanera que ha tenido Prieto como los demás imputados.
El exintendente, Miguel Prieto, destituido por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 2.100 millones a la comuna esteña enfrentará un juicio oral por lesión de confianza. FOTO: GENTILEZA
Miguel Prieto y otros irán a juicio oral por lesión de confianza
Compartir en redes
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras diez personas más van a enfrentar un juicio oral y público por lesión de confianza y asociación criminal en el caso conocido como Tía Chela, en el que se tiene un perjuicio de G. 2.100 millones. Así lo resolvió el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Otazú rechazó el incidente de nulidad del acta de acusación que presentó la defensa de Prieto, quien pretendía dejar sin efecto el proceso penal y por ende ser beneficiado con el sobreseimiento definitivo, pero el incidente fue rechazado por el citado magistrado.
Además de Prieto, están acusados:
Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones
Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social
José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario
Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes
Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas
Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros
Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago
Nelson Segovia Acevedo, tesorero
Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL
y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA, por lesión de confianza a partir de compras simuladas.
La adquisición se concretó en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19, por vía de la excepción y la beneficiada fue la empresa Tía Chela SRL. Ahora se deberá sortear el tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto, así como a los demás acusados en el presente caso.
Otro caso
En el caso conocido como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.