En prosecución de la investigación de la tragedia ocurrida en San Bernandino el domingo 30 de enero durante un festival musical, el fiscal Marcelo Pecci dijo que una de las hipótesis tiende a consolidarse en torno a la víctima Marcos Rojas.
“Esta persona se dedicaría a la comercialización de drogas en Asunción. Queda mucho por hacer. Estaban reunidos dos grupos vinculados al narcotráfico que lastimosamente tuvo víctimas. No estoy seguro de que solo él haya sido el objetivo, hubo personas que lastimosamente perdieron la vida”, mencionó en comunicación con la 650 AM.
Agregó que el que lo hizo evidentemente quiso dar muerte a Marcos Rojas. “Ahora lo que dejo abierto es que haya habido otra persona como posible víctima. Sabemos que hay ajuste de cuentas entre los grupos, estamos investigando si son grupos nuevos o el PCC o clan Rotela. Queda abierta la posibilidad de que sea el clan Rotela”, señaló.
Pecci dijo además que se habla de un crimen organizado urbanísticamente asentado. “Estamos analizando las listas de los sectores en donde ellos estaban, es muy larga la labor, estamos avanzando y noto a la Policía comprometida. Nos están llegando muchas imágenes, videos”, remarcó.
Así también, el fiscal señaló que en la riñonera de la víctima (Marcos Rojas) había gran cantidad de documentos y 4 teléfonos celulares. “Estamos progresando, estamos tratando de adquirir mayores datos, hay 2 elementos importantes en curso, la extracción de datos de los teléfonos y la extracción de proyectiles”, apuntó.
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Otra arista a tener en cuenta, según el fiscal, es que hay muchas cosas que se están dejando de lado a nivel Estado. “Nos sumerge en profunda preocupación. Este tipo de episodios, aparte de trágico, es muy preocupante. Es una nueva fisonomía funcional de estas organizaciones, mayormente importadas del Brasil, como el PCC y Comando Vermelho”, resaltó.
En el hecho perdieron la vida, además de Marcos Rojas, la modelo e influencer Cristina “Vita” Aranda y otras 5 personas resultaron heridas.
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Madre e hijo murieron antes del incendio, revela autopsia
La autopsia practicada a la mujer y su hijo de 12 años, hallados muertos el domingo tras un incendio en la vivienda en la que residían en la colonia Tupa Rendá del distrito de Abaí, departamento de Caazapá, confirmaron que ya habían fallecido antes del siniestro. El fuego habría sido originado presuntamente por la expareja de la víctima, Ángel Roberto Lugo Sánchez (32).
Así lo informó el titular de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, doctor Pablo Lemir. El profesional mencionó que los cuerpos se encontraban calcinados.
Explicó que la autopsia descubrió que la mujer falleció debido a un “degüello homicida efectuado con un cuchillo liso” que afectó ambos paquetes vásculonerviosos, en tanto que, la muerte del niño se produjo como “consecuencia de un estrangulamiento producido con un cable eléctrico”.
En cuanto al último, el médico forense señaló que una vez muerto, y debido al fuego, la parte plástica que envuelve el cable se derritió, quedando expuesto solo el material metálico que se encuentra en el interior del componente eléctrico.
El principal detenido fue imputado por la fiscal Lisa Baeza por feminicidio y homicidio doloso debido a su presunta implicancia en el fallecimiento de su expareja, Vilma Rosana Cabello (38) y del hijo de esta, Leandro Alves Martínez.
La agente fiscal pidió la prisión preventiva del imputado, ya que los resultados de la autopsia fortalecen la “hipótesis de que el imputado ocasionó el siniestro para eliminar las evidencias que pudieran existir luego de que perpetró el feminicidio de su expareja de 38 años y el homicidio del niño de 12 años”, indica la publicación de la Fiscalía
El juez Carlos Flores admitió la imputación e hizo lugar al pedido realizado por el Ministerio Público.
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Fiscalía acusó y pidió juicio oral para presunto líder de invasión a Agroganadera Pindó
El Ministerio Público formuló acusación contra Jorge Mercado Méndez y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público, en el marco de la investigación por la ocupación ilegal de los inmuebles pertenecientes a Agroganadera Pindó S.A., ubicados en el departamento de Canindeyú. La acusación fue presentada por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, de la Unidad Penal N.º 2 de la Fiscalía Zonal de Santa Rosa del Aguaray.
La acusación relata que Jorge Mercado Méndez fue individualizado durante la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, por la presunta comisión, en carácter de autor, de los hechos punibles de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal, en relación con el arma de fuego incautada durante su detención.
Uno de los aspectos centrales de la acusación es que la intervención atribuida a Jorge Mercado Méndez no se limita a su presencia dentro del inmueble ocupado. Los informes policiales incorporados a la investigación lo individualizan como uno de los dirigentes de la organización instalada en el lugar y le atribuyen funciones de dirección y liderazgo dentro del asentamiento Joaju – Primero de Marzo.
La investigación describe la existencia de una estructura organizada dentro de los asentamientos, con dirigentes identificados, grupos de vigilancia, sistemas de comunicación y mecanismos de control de los accesos. El relevamiento policial remitido al Ministerio Público el 29 de septiembre de 2025 registró aproximadamente 450 viviendas dentro de los asentamientos y documentó la existencia de mecanismos organizados de vigilancia y control territorial.
Los antecedentes de la causa se remontan a las denuncias formuladas por Agroganadera Pindó S.A. a raíz de la ocupación ilegal de sus propiedades. Luego de los procedimientos de expulsión realizados en 2013, se produjo el reingreso de ocupantes y la posterior consolidación de asentamientos permanentes dentro de las fincas.
Del mismo modo, Méndez ya había sido imputado en el año 2021 y posteriormente declarado rebelde, disponiéndose su captura. Finalmente, el 11 de febrero de 2026, fue detenido por personal de Inteligencia de la Policía Nacional en el distrito de Laurel, departamento de Canindeyú. Durante ese procedimiento se incautó una pistola marca Canik, calibre 9 x 19 mm, con cargador y dieciséis cartuchos, evidencia posteriormente sometida a estudios técnicos de Criminalística.
Querella adhesiva
Paralelamente al requerimiento conclusivo del Ministerio Público, Agroganadera Pindó S.A., en su condición de víctima, presentó formalmente su acusación a través de su querella adhesiva, adhiriéndose a la pretensión de llevar a Jorge Mercado Méndez ante un Tribunal de Sentencia.
La acusación de la víctima sostiene que los elementos reunidos durante la investigación permiten someter a debate oral la participación atribuida al acusado en la ocupación organizada de los inmuebles, su presunto rol dirigencial dentro de la estructura asentada en el lugar y el hecho relacionado con el arma de fuego incautada. La empresa continuará ejerciendo sus derechos como víctima dentro del marco de la Constitución y las leyes de la República, confiando en que las instituciones competentes permitan el esclarecimiento integral de los hechos y la determinación de las responsabilidades que correspondan.
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Investigan presunto robo y venta ilegal de medicamentos del IPS en albergues
La Fiscalía y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) iniciaron con la investigación de lo que sería el presunto robo y luego venta ilegal de medicamentos del Instituto de Previsión Social (IPS) dentro de los albergues de la previsional. Esto, a raíz de las denuncias recibidas por algunos pacientes, que derivó en la intervención de los sitios en cuestión.
Según el reporte de la fiscal Hermenegilda Cubilla, se realizó el allanamiento de dos albergues de IPS, donde se incautaron de varias cajas llenas de medicamentos que serían ofrecidos a la venta y que son entregados de forma gratuita en la previsional, Ministerio de Salud y el Hospital de Clínicas.
El primer sitio intervenido fue el albergue 1 de UTI, donde familiares encontraron más de 20 cajas de medicamentos. En el lugar fue detenida una mujer identificada como Dolores Angélica Burgos de García, de 42 años, quien se hace decir cuidadora y que indicó que todos los fármacos fueron donados. En su poder se hallaron dinero, y en un dormitorio encontraron más cajas de medicamentos.
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“En el albergue de UTI 2 encontramos más medicamentos, de ahí se extrajeron dos cajas, pero familiares no permitieron que se pudieran sacar más cajas que tenían las inscripciones del Ministerio de Salud, IPS y Hospital de Clínicas. Había algunos productos vencidos y otros de administración controlada, todos almacenados sin refrigeración” dijo la fiscal en contacto con la 730 AM.
Afirmó que hasta ahora, solo se tiene a una persona detenida, pero que esperan que caigan más dentro del esquema. Agregó que el hecho punible es de comercialización no autorizada de medicamentos y los involucrados se exponen a una expectativa de pena de hasta tres años o multa.
El gerente de Salud del IPS, doctor Derlis León, refirió que existe complicidad desde adentro. En este caso, indicó que colaboraron para que estos caigan, por lo que instó a los pacientes a denunciar este tipo de casos. “No es una generación espontánea, hay cómplices desde adentro, lastimosamente son compañeros nuestros y tomaron la decisión equivocada”, puntualizó.
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LN PM: edición del 12 de agosto
Seis excolaboradores de Prieto admiten presunto desvío de G. 757 millones
Seis de los once excolaboradores del exintendente esteño Miguel Prieto, que están imputados por un presunto desvío de G. 757 millones a través del Consejo Local de Salud durante su gestión comunal, reconocieron los hechos que el Ministerio Público les atribuyen y brindaron una colaboración con la investigación. En otra causa que involucra al líder del partido YoCreo, también tres de sus exfuncionarios aceptaron las denuncias del caso Tajy.
El Ministerio Público solicitó la abreviación del plazo de investigación y la suspensión condicional del procedimiento para los procesados: Salem Esgaib Zugaib (extesorero), Hugo Benítez Vázquez (exvicepresidente), Lucía Elizabeth Lisboa de Torales (exsecretaria) y Karen Elizabeth González Vergara (exmiembro suplente), quienes formaron parte de la comisión directiva del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este.
Duarte Frutos señaló avances del gobierno de Peña ante estrategia opositora de desgaste
El exmandatario Nicanor Duarte Frutos desestimó la existencia de un descontento social que se pretende instalar desde la oposición como estrategia de campaña para desgastar al gobierno de Santiago Peña y a la Asociación Nacional Republicana (ANR), con miras a los comicios presidenciales del 2028.
“Dónde está la sintomatología de que estamos en una sociedad alarmada, con un malestar profundo, si no hay estremecimiento del cuerpo social, no hay una convulsión social, no existe un estado de agitación, que son los elementos sintomáticos de una sociedad políticamente en situación de gran malestar”, refirió el expresidente, este miércoles, en una visita al estudio de Nación Media, durante el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM.
Extitular del IPS Vicente Bataglia se presentó ante la Fiscalía
Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), se presentó por la mañana de este miércoles ante el Ministerio Público, que ordenó su imputación y pidió la prisión preventiva, pero se abstuvo de declarar. Está imputado al igual que otro extitular de la previsional, Jorge Brítez, y otros siete exfuncionarios por lesión de confianza.
Bataglia se encontraba de viaje en Italia al momento de librarse la imputación, el 4 de agosto pasado, en la causa que investiga un perjuicio patrimonial de 61.000 millones de guaraníes por un presunto desvío de fondos en el que se habría beneficiado a la empresa Neighpart, a través de un contrato con adendas irregulares para instalar quirófanos en el Hospital Central.
Detienen a peligroso miembro del PCC
Agentes del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional detuvieron a Sergio Francia Bernal (25), alias Bada, presumiblemente miembro del Primer Comando Capital (PCC), en un allanamiento llevado a cabo en la madrugada de este miércoles.
El procedimiento se registró en Mariano Roque Alonso, hasta donde llegó una comitiva fiscal-policial y allanó un domicilio ubicado sobre la calle Mariscal Estigarribia entre Jejuí y Lomas Valentinas de dicha ciudad, según reporte de la Policía Nacional.
Cerro Porteño está listo para otro “ciclonazo” en Brasil
Cerro Porteño está listo para volver al ruedo en el plano internacional. El “Ciclón”, que si bien arrancó a los tumbos el segundo semestre, ya está enfocado en hacer una nueva historia en Brasil.
El conjunto azulgrana enfrentará este miércoles al Palmeiras, desde las 19:00 en el Nubank Parque, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Las estadísticas están para romperse y Cerro Porteño intentará eliminar por primera vez en el historial a un equipo brasileño en la fase de Octavos de Final de la Copa Libertadores.
Javier Ramírez asume como ministro interino de la Senatur
El presidente de la República, Santiago Peña, a través del Decreto 6568/26 designó a Javier Eduardo Ramírez Valdez como ministro interino de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) en reemplazo de Jacinto Santa María Ammatuna, quien ayer martes presentó su renuncia al cargo por “motivos particulares y de dignidad personal”.
Funcionario de la Senatur desde el 2007, Ramírez Valdez venía desempeñándose como director general de Gestión Turística de la misma institución. Anteriormente estuvo al frente de la Dirección General de Productos Turísticos y de la Dirección de Prestaciones Turísticas.
Metrobús: “El daño no solo es patrimonial, se pagó por una obra que no tenemos”, dice fiscal
“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.
“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.