En el marco de la investigación por el atentado que se registró en la ciudad de San Bernardino, donde fallecieron dos personas y resultaron heridas varias, declaró ante el fiscal Marcelo Pecci el herido y buscado por la justicia del Brasil José Luis Bogado Quevedo.
Pecci señaló que Bogado dijo que llegó al evento a las 20:00 en compañía de su señora y a partir de adquirir las entradas por gente cercana a él pasó a ocupar la zona de camarote y en el movimiento habitual se trasladó hasta la zona de los sanitarios y la cantina, y allí reconoció que estaba posicionado al lado del señor Marcelo Monteggia, a quien conocía de vista por ser de Pedro Juan Caballero y también estaban un poco alejadas las víctimas fatales. “Y fue todo muy rápido, dijo que solo alcanzó a ver los destellos de los disparos que fueron siete aproximadamente y ya sintió que una de las balas le impactó en el cuello”, indicó el representante del Ministerio Público.
Agregó que luego fue consultado si estuvo en la ciudad de San Bernardino y reconoció que por tener problemas con la Justicia no tiene un domicilio fijo e iba de domicilio en domicilio. Manifestó el fiscal que Bogado no observó nada raro antes de ingresar al evento.
También Bogado señaló al fiscal que no conocía a Marcos Rojas, una de las víctimas del atentado registrado en la ciudad veraniega de San Bernardino. En relación a si el testigo pudo identificar a los sicarios, el mismo respondió que no pudo ver nada porque todo fue muy rápido. También dijo Bogado que sí conocía a Vita Aranda porque era una persona muy conocida en las redes.
Pecci indicó que están por buen camino y que se están recolectando varios elementos probatorios que van a llegar hasta los autores del grave hecho sucedido en San Bernardino.
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Joven que atentó contra presidenciable en Colombia es sentenciado a 7 años de reclusión
El adolescente de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, fallecido a mediados de agosto, fue sentenciado el miércoles a siete años de internamiento en un centro de reclusión para menores, informó la fiscalía.
Uribe, del partido opositor Centro Democrático, murió por heridas en la cabeza tras un brutal ataque a tiros durante un acto político en Bogotá en junio, que revive los fantasmas de los peores años de la violencia política en Colombia. Cinco aspirantes a la presidencia fueron acribillados durante la segunda mitad del siglo XX.
El joven “deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”, dijo la fiscalía en un comunicado. No lo trasladarán a una cárcel de mayores cuando cumpla 18 años, precisó una vocera del ente acusador a la AFP.
Un tribunal penal especial para menores juzgó al adolescente por intento de homicidio y porte ilegal de armas. El menor aceptó los cargos a principios de agosto. Siete días después, Uribe falleció en el hospital.
La ley colombiana no permite modificar los cargos contra un menor una vez aceptados, por lo que fue sentenciado por tentativa de asesinato y no por homicidio.
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“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor”, escribió en la red social X el abogado de la familia, Víctor Mosquera.
“Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, agregó.
El legislador opositor de 39 años pasó dos meses en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bogotá. Allí fue sometido a múltiples cirugías y finalmente murió tras sufrir una hemorragia cerebral.
Señalan a guerrilla
Videos mostraron el momento del atentado el 7 de junio, durante un mitin en un parque de un barrio popular de la capital. Luego de los disparos, en medio de la confusión y gritos de un centenar de personas que escuchaban su discurso, el candidato ensangrentado se desplomó.
El menor le disparó tres veces, dos en la cabeza. Los escoltas de Uribe lo hirieron en una pierna mientras intentaba huir a pie por un callejón cercano al sitio del ataque.
El caso es investigado por la fiscalía como un “magnicidio”, con el fin de identificar a los autores intelectuales.
Además del atacante, las autoridades han capturado a otras cinco personas, incluido Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, supuesto cerebro logístico del ataque.
Al resto de acusados, todos mayores de edad, la fiscalía les reformuló sus cargos como homicidio agravado. Las primeras hipótesis de los investigadores señalan como autores intelectuales a una disidencia de la extinta guerrilla FARC conocida como la Segunda Marquetalia.
- Fuente: AFP
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Essap construirá nuevos módulos de tratamiento y reservorio en San Bernardino
La demanda de agua potable está vinculada con el crecimiento exponencial de las ciudades. Para acompañar este desarrollo de la ciudad del verano, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap) invertirá en la construcción de dos módulos de Planta de Tratamiento Compacta en San Bernardino, departamento de Cordillera.
Cada módulo tendrá una capacidad de 200 m³/h y contará con casa química, toma de agua cruda, estación de bombeo y un reservorio de agua tratada en el mismo predio, junto al Lago Ypacaraí.
El proyecto incluye además la construcción de un nuevo reservorio de 3.000 m³, ubicado a 3.200 metros de las plantas, que permitirá fortalecer la distribución del servicio a los usuarios.
Actualmente, la capacidad de producción en la ciudad llega a 700.000 litros por hora, trabajando al límite de la demanda. Con la incorporación de estos nuevos módulos y el reservorio con su respectiva aductora, la producción se incrementará a 1.100.000 litros por hora, sumando el aporte de las plantas existentes y de los pozos profundos de Tukangua.
Con esta inversión, Essap reafirma su compromiso de asegurar un servicio sostenible, eficiente y a la altura del crecimiento de San Bernardino, señalaron las autoridades de la institución.
De esa manera, se estará garantizando más agua para miles de familias que eligen la ciudad cada verano, añadieron.
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Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
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“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
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Chicanas de Prieto impiden el avance de sus causas judiciales, afirma fiscal Corbeta
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.
“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
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Kits de alimentos
De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.
“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.
Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.
El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones. Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.
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