El Tribunal de Apelación integrado por Agustín Lovera Cañete, Andrea Vera y Gustavo Santander, ratificó la prisión preventiva de Bruno José da Costa Amaral, acusado por supuestamente vender armas al grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Los camaristas consideraron que las medidas alternativas a la prisión preventiva no son suficientes como para evitar los peligros procesales existentes, como el peligro de fuga y obstrucción de la investigación, por lo que corresponde ratificar la prisión del procesado.
El 25 de marzo del 2021, el fiscal Federico Delfino imputó a Da Costa Amaral por el hecho punible de violación a la Ley 4.036/10 de portación y tenencia de armas, con respecto a los incisos específicos de detentación, tráfico ilícito y acopio ilícito.
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Da Costa Amaral sería el dueño de un local comercial denominado Caza y Pesca Rossi, que presuntamente provee armas a personas vinculadas al grupo terrorista criminal autodenominado EPP. El Ministerio Público había encabezado un allanamiento en el mencionado local, ubicado en Salto del Guairá, y se procedió a la incautación de una gran cantidad de armas, componentes y municiones.
En el marco de las investigaciones relacionadas al grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, en septiembre del 2020, durante un allanamiento realizado en la localidad de Sapucai, distrito de Yby Yaú, fueron halladas imágenes del local de venta de armas de fuego, del cual sería propietario el ahora procesado.
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Caso Imedic: confirman cárcel de 3 años para Justo Ferreira por contrabando
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 3 años de cárcel para Justo Ferreira, directivo de la firma Imedic S.A, encontrado culpable por el contrabando de 50 camas hospitalarias durante la pandemia del Covid-19. Asimismo, se confirmó la absolución de su hija Patricia Ferreira y de otras tres personas procesadas en la misma causa.
La máxima instancia judicial no admitió los recursos de casación presentados por la fiscalía y así como la presentada por las defensas al considerar que no cumplían con los requisitos legales para su estudio. La resolución de la Corte lleva la firma de los ministros María Carolina Llanes, Agustín Lovera Cañete y María Belén Agüero.
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La acusación fiscal sostuvo que en abril de 2020 ingresaron al país 450 camas hospitalarias, pese a que el contrato con el Ministerio de Salud contemplaba únicamente 400. Las 50 camas excedentes, de alta gama, habrían ingresado sin el pago de los tributos correspondientes. La defensa señaló durante el juicio que dichos impuestos sí fueron abonados.
El tribunal de sentencia concluyó que quedó probado que Justo Ferreira cometió el hecho de contrabando. En cambio, absolvió a Patricia Ferreira al considerar que la Fiscalía no logró demostrar su participación directa y que su condición de representante de la empresa no implicaba responsabilidad penal.
También quedaron firmes las absoluciones de los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, así como del despachante Carlos Gamarra, al concluirse que no se acreditó la existencia de dolo en sus actuaciones.
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Remiten a la cárcel a extitular de Petropar del gobierno de Abdo para cumplir condena
La extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez, Delia Patricia Samudio, condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza por el caso de agua tónica, fue enviada a la cárcel de mujeres para cumplir la sentencia condenatoria. Igualmente, su esposo José Costa Perdomo, sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión, fue remitido a la cárcel de Emboscada.
La resolución judicial fue firmada por un tribunal de sentencia a pedido del fiscal Silvio Corbeta. El colegiado rechazó una reposición planteada por la defensa, que pretendía impedir que el expediente fuera remitido al Juzgado de Ejecución para iniciar el cumplimiento de las penas. Los condenados alegaron que aún existen recursos pendientes ante la Corte Suprema, pero el Tribunal concluyó que las condenas ya se encuentran firmes.
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Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia del COVID-19 para desviar G. 359.700.000 de Petropar mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos.
Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo, mediante un proceso licitatorio direccionado. Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., que evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
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Dibujo antiguerra de niña rusa marcó un calvario de prisión, separación y exilio
Cuando María Moskaliova tenía 12 años, hizo un dibujo de unos misiles volando sobre una bandera rusa hacia una mujer y un niño de pie junto a una de Ucrania. “No a Putin y la guerra”, escribió sobre la bandera rusa. Moscú acababa de invadir el país vecino, y el dibujo antiguerra cambió para siempre la vida de la niña, llevándola a ella y su padre soltero, Alexéi, por una ruta de separación, encarcelamiento y exilio.
La directora contactó a las autoridades de la pequeña ciudad de Yefremov, al sur de Moscú, donde vivían los Moskaliov, y rápidamente llegaron la policía y los servicios de seguridad. Alexéi comentó que la policía le mostró el dibujo de María por primera vez. Él sostuvo que no habían hecho nada de malo. “¿Qué tiene eso de delictivo?”, preguntó a la policía. “Mi hija y yo no estamos en guerra contra Ucrania y su pueblo”.
La policía amenazó con quitarle la patria potestad y examinó sus perfiles en redes sociales, donde encontró comentarios críticos de la guerra. Alexéi sacó a María de la escuela, esperando que los dejarían en paz. Pero meses después fue puesto en arresto domiciliario y luego sentenciado a dos años de prisión por “desacreditar a las fuerzas armadas rusas” por sus comentarios en redes sociales.
Intentó huir, pero fue atrapado en Bielorrusia y devuelto a Rusia. “Pasé por cinco prisiones”, comentó Alexéi, de 58 años. Dice que sufrió presión, abuso y celdas de castigo, pero lo más difícil fue la separación de su hija, a quien crió solo desde sus tres años.
Aislamiento
Rusia intensificó la represión de sus críticos tras invadir Ucrania en febrero de 2022. Pero la separación de Moskaliov de su hija como castigo por criticar la guerra causó impacto en el país. El Kremlin ha defendido el caso, y calificó a Moskaliov como un padre “”deplorable". Tras la detención de Alexéi en 2023, María fue llevada a un albergue donde estuvo un mes, separada del mundo exterior.
“Estaba completamente aislada”, recordó María, ahora de 16 años. “No sabía a quién preguntar sobre lo que estaba pasando”. Cuando Alexéi intentó huir del país, las autoridades le dijeron a María que “su padre la abandonó”. Eventualmente se fue a vivir con su madre, luego de que las autoridades la convencieron de recibirla. La separación fue dolorosa para Alexéi. Semanas después de su captura en Bielorrusia, recibió una carta de su abogado informando que María estaba a salvo.
Sin arrepentimiento
Recordó cómo otro preso intentó matarlo, un ataque que cree orquestado por las autoridades carcelarias. Su compañero de celda era un mercenario de Wagner que intentó convencerlo de combatir en la guerra. Cuando Alexéi se negó, intentó estrangularlo de noche. “Logré liberarme, pero sufrí heridas en la cabeza, había sangre, me golpeó la cabeza en la cama metálica”.
Las semanas que pasó en la celda de castigo fueron intolerables. “Para mí era una celda de tortura”, dijo. “Era horriblemente frío. Nos despertaban a las cinco y apagaban las luces a las nueve, y todo este tiempo tenía que estar de pie y moverme para no congelarme”, contó De noche tenía que cubrirse fuertemente para evitar mordeduras de ratas.
Alexéi pudo reencontrarse con su hija tras ser liberado de prisión en octubre de 2024, pero le quedó claro que la policía no lo iba a dejar en paz. Poco después, él y su hija partieron a Armenia. Querían ir a Alemania, pero ese país endureció sus reglas de asilo. Pasaron un año y medio esperando las visas alemanas, pero nunca llegaron. Al final, Francia los recibió.
Viven desde marzo en Estrasburgo, donde han buscado rehacer sus vidas. María intenta aprender francés para poder concluir la escuela. Dice querer entrar en la política. “Realmente espero que las cosas en Rusia mejoren”, comentó la adolescente. Ninguno de los dos lamenta haber hablado contra la guerra. “Mis convicciones valen más para mí que cualquier riqueza en el mundo”, declaró Alexéi.
Fuente: AFP.
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IPS confirma a Contraloría que quita de deuda a familia de Abdo ocurrió durante su gobierno
El informe remitido por el Instituto de Previsión Social (IPS) a la Contraloría General de la República confirma que la millonaria quita de la deuda a la empresa de la familia política de Mario Abdo Benítez se realizó durante su propio gobierno. De esta manera, se descarta la versión mediática del diario ABC Color, del Grupo Zuccolillo, que pretendía atribuir al mandatario Santiago Peña haber digitado dicho acuerdo.
El documento enviado por el IPS a la Contraloría describe paso a paso cómo se generó la demanda contra el Consorcio Hotelero Sudamericano y la forma en que la previsional recuperó la suma multimillonaria de G. 9.391 millones en 2024.
De acuerdo con el informe que ya está en poder de la Contraloría, fue en el 2018, durante la gestión de Mario Abdo Benítez, cuando se “arregló” y se firmó un acuerdo que recortaba la deuda de más de G. 10.000 millones a G. 5.557 millones, en beneficio del Consorcio Hotelero Sudamericano, propiedad de los familiares políticos de Abdo. Posteriormente, en 2024 y durante la Presidencia de Santiago Peña, al verificarse el incumplimiento del acuerdo de 2018, se ejecutó el cobro de G. 9.391 millones a favor del IPS, quedando pendiente el cobro de lo adeudado desde el 2018 en adelante.
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Empresa de la familia
El Consorcio Hotelero Sudamericano S.A. -vinculado a Jorge López Moreira y Colaso Bo, familia política de Mario Abdo Benítez- adeudaba desde el 2014 la suma de G. 5.557 millones al IPS. Esta deuda fue litigada por muchos años por la previsional, la cual logró ganar en todas las instancias judiciales el cobro del capital y los intereses. Para el 2017, el monto total ya superaba los G. 10.000 millones.
Al año siguiente, a pesar de haber ganado el juicio, la previsional aceptó un acuerdo extrajudicial para que la deuda se fijara en G. 5.557 millones. Esto generó una reducción del saldo de hasta G. 5.000 millones durante la era Abdo. Además, se permitió el pago fraccionado en 120 cuotas, con un interés del 1 % mensual (12 % anual) aplicable solo en caso de mora en las cuotas, resultando en un acuerdo sumamente favorable para la empresa.