Un grupo de rematadores matriculados en la Corte Suprema de Justicia solicitó al Comando de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) anular la designación de la rematadora Lorena Ramírez Silva, que debe realizar la subasta de varios vehículos de la institución, por la presunta violación del derecho a la defensa y libre concurrencia. La nota de protesta lleva la firma de los rematadores Roque Daniel Trabuco, Édgar Manuel Acuña, Juan Wlligs, Isabelino López Cristaldo y otros.
La irregularidad habría cometido la institución militar debido a que no dio tiempo a otros rematadores a que se puedan presentar al llamado a licitación para designar a un rematador. Los firmantes de la nota exigen a las autoridades del Comando de la FAP que anule la referida designación porque fue la única que se presentó y, en consecuencia, que se realice un nuevo llamado donde se puedan presentar varios rematadores y se pueda realizar con transparencia el sorteo para designar al encargado de realizar la subasta.
Asimismo, el escrito de protesta menciona que se realizó el llamado en días no hábiles, por lo que los rematadores no pudieron reunir todos los documentos que se requieren para poder participar de una licitación para la designación de un rematador para la subasta. Este hecho habría sido dirigido por el Comando de la Fuerza Aérea para poder beneficiar a la rematadora Lorena Ramírez Silva, quien fue la única que se presentó y fue nombrada. Ahora se pide que se deje sin efecto tal designación y se vuelva a realizar otro llamado ante la poca transparencia de la referida institución militar, que debe ser el ejemplo, sostienen.
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Estafa a menonitas: piden a juez fijar fecha para extracción de datos de teléfono de acusado
La abogada Gessy Ruiz Díaz, quien ejerce la querella adhesiva en representación de los ciudadanos menonitas de Río Verde (San Pedro) —víctimas de una millonaria estafa—, solicitó al juez Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel, que fije la fecha para la extracción de datos del teléfono celular del acusado William Bogarín, exfuncionario de la Cámara de Diputados.
El pedido obedece a que el Departamento Antisecuestro y Antiextorsión ya comunicó al juzgado la disponibilidad para realizar dicha diligencia judicial, por lo que el magistrado solo debe determinar el día y la hora.
El escrito de la querella menciona que, al no haber impedimentos para proseguir con la extracción —la cual fue suspendida el 26 de noviembre de 2025 debido a la falta de licencia del software—, y al estar superada dicha situación fáctica, se solicita fijar a la brevedad posible la audiencia de extracción de datos y la toma de juramento de los peritos. Esto en cumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenaron el procedimiento en el año 2025.
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Por otra parte, el próximo 21 de agosto a las 08:45 se llevará a cabo la audiencia preliminar para Bogarín y los demás acusados por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. Además del exfuncionario, están procesados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al celular de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de nuevos actores en el caso.
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Feminicidio de María Fernanda: Fiscalía pidió 10, 4 y 3 años de cárcel para acusados
En una decisiva jornada judicial dentro del juicio oral y público que se realiza por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, presentó de manera formal los alegatos finales de la representación fiscal. Durante su exposición, el agente del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 10 años para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, a quien sindica como una pieza clave en la ejecución del crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el fiscal Segovia, el rol de Rolón Melgarejo no fue secundario, sino que tuvo una participación fundamental en calidad de instigadora. Las investigaciones y los elementos probatorios producidos en el debate oral indicarían que la acusada ejerció una fuerte y directa influencia psicológica sobre el adolescente de iniciales B. S., determinándolo y alentándolo a avanzar con las acciones materiales que finalmente terminaron de forma violenta con la vida de María Fernanda.
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Por otra parte, la Fiscalía extendió el pedido de reprochabilidad hacia los demás procesados en la causa, quienes habrían colaborado activamente en la impunidad del hecho. En ese sentido, se requirió la pena de 4 años de cárcel para Franco Antonio Acosta, bajo los cargos de frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.
El fiscal fundamentó este pedido revelando que Acosta mantuvo conversaciones con el adolescente B. S. orientadas a la obtención de medicamentos utilizados habitualmente para la interrupción de embarazos, lo cual conecta directamente el trasfondo del caso con el posterior desenlace fatal.
Finalmente, para el tercer involucrado, Ricardo Villamayor, el Ministerio Público solicitó una condena de 3 años de pena privativa de libertad. Según lo acreditado por la Fiscalía durante el juicio, Villamayor tuvo un contacto fluido y directo con el entorno familiar del adolescente involucrado.
A pesar de que el acusado manejaba información precisa y de alto valor sobre la desaparición y la situación real de la víctima, optó de manera deliberada por guardar silencio y omitió comunicar dichos datos relevantes a los investigadores y a las autoridades policiales o judiciales, configurándose así el ocultamiento de evidencias que retrasó el esclarecimiento del caso.
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Fiscalía pide 3 años de cárcel y la querella solicita 6 para la exjueza Tania Irún por prevaricato
Los fiscales Silvia González y Christian Benítez solicitaron una condena de 3 años de cárcel para la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún, acusada del supuesto hecho punible de prevaricato. Se la señala por entregar 310.000 hectáreas de tierra, ubicadas en la franja de seguridad fronteriza en Alto Paraguay, a presuntas empresas de maletín. Por su parte, la querella adhesiva, representada por el abogado Francisco de Vargas, solicitó una pena de 6 años de prisión.
En los alegatos finales, el Ministerio Público sostuvo que la exmagistrada utilizó su cargo para dictar una resolución arbitraria y contraria a derecho. Esto tuvo el objetivo de beneficiar a una de las partes en perjuicio de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Los fiscales afirmaron que Irún dictó la sentencia sin contar con los documentos indispensables para resolver el caso.
Asimismo, el fiscal Christian Benítez manifestó que la actuación de la acusada no puede considerarse un simple error de interpretación. Recordó que, en un fallo de 2015, la propia exjueza reconoció que no disponía de toda la información necesaria sobre las empresas beneficiadas. Indicó además que, durante el proceso, fue advertida sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Fronteriza y que contaba con informes que acreditaban que las tierras estaban en dicha zona restringida.
El representante del Ministerio Público también cuestionó la decisión de Tania Irún de interrumpir su reposo por maternidad para dictar la sentencia. Sostuvo que, durante el juicio oral, se comprobó que los estatutos de las empresas permitían transferir acciones por simple endoso, situación que vulneraba abiertamente la normativa vigente. Finalmente, afirmó que la resolución judicial favoreció indebidamente a una de las partes y provocó el despojo de 310.000 hectáreas de tierras soberanas.
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Núñez acusa a la oposición de imponer el “cuoteo político” para elegir al contralor
El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, acusó a la oposición de imponer el “cuoteo político” para la conformación de la terna de candidatos a la Contraloría General de la República (CGR), que será remitida a la Cámara de Diputados para la elección. Agregó a la vez que requerirá a la plenaria del Senado que la integración de la lista de aspirantes sea tratada luego del 15 de agosto.
“En periodos anteriores donde siempre la mayoría tuvieron los partidos de la oposición, las ternas para la Contraloría lo hicieron ellos y tuvieron contralores de su sector cuyas gestiones no fueron buenas por denuncias de corrupción, algunos se fueron presos por enriquecimiento ilícito, lesión de confianza”, refirió Núñez a los medios de comunicación.
El parlamentario acotó: “¿Por qué los opositores no plantean nomás ya directamente modificar la ley que rige a la Contraloría y vayamos directamente al cuoteo? Con esto ellos dicen sí al cuoteo político y no a la idoneidad y la preparación técnica“.
Las afirmaciones de Núñez surgieron ante la decisión del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en solicitar a los candidatos a contralor que se encuentren identificados con la centenaria agrupación y otros partidos de oposición a retirar sus postulaciones. Semanas atrás, el parlamentario había detallado cronológicamente los casos de excontralores de extracción opositora que terminaron ante la Justicia. Citó por ejemplo al liberal Daniel Fretes Ventre, quien ocupó el cargo durante los años 1995 al 2000.
Fretes Ventre enfrentó a la Justicia tras comprobarse la creación de un esquema financiero destinado al blanqueo de capitales. En 2006, un tribunal lo condenó a 12 años de cárcel y a una multa millonaria tras tipificar sus actos como lavado de dinero y asociación criminal, bajo la premisa de haber organizado una maquinaria estructurada para el lavado de activos. No obstante, años más tarde, la causa dio un giro definitivo cuando la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo y lo absolvió.
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También había mencionado el caso de Óscar Rubén Velázquez Gadea, quien contaba con la adhesión de legisladores liberales y del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace). La gestión de Velázquez Gadea colapsó institucional y judicialmente tras revelarse graves irregularidades administrativas en el manejo de planillas y salarios públicos. Fue procesado y hallado culpable por el delito de lesión de confianza en el marco del caso conocido como “la secretaria vip”. El proceso culminó formalmente en 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia que lo condenó a 4 años de pena privativa de libertad.
Núñez también recordó el caso de José Enrique García Ávalos, quien gozaba del respaldo de los congresistas pertenecientes al tercer espacio. El mismo debió responder penalmente por su actuación en el polémico caso Ivesur, enfrentando cargos por producción de documentos no auténticos e instigación a subordinado, además de ser investigado en paralelo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En 2023 recibió una condena judicial de primera instancia, la cual fue ratificada y confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2024, cerrando de este modo su ciclo institucional con un fallo condenatorio firme. Con relación a la propuesta que realizará al pleno del Senado para que la conformación de la terna se realice luego del 15 de agosto, Núñez afirmó que “yo voy a pedir a los colegas que nos tomemos el tiempo y pasar la primera quincena de agosto, es una potestad que tiene la presidencia”, puntualizó.