La agente fiscal Estela Mary Ramírez, de la Unidad Penal de Hechos Punibles contra Niños, Niñas y Adolescentes, formuló imputación por abuso sexual en niños contra A.R.C.G. de 35 años, de profesión odontólogo. La representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva del imputado.
Ahora será el juez penal de Garantías del caso quien tendrá que admitir la imputación y resolver si corresponde decretar la prisión preventiva del odontólogo o es beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
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Según los antecedentes, el hecho habría ocurrido en un consultorio ubicado en el barrio Empalado Ari, donde acudió la víctima, una niña de 13 años, para su consulta odontológica que realizaba en forma periódica. Al término de la misma, el odontólogo la manoseó por varias partes del cuerpo y zonas íntimas, también besó a la niña. El médico le dijo que no contara lo sucedido. La niña relató los hechos a su madre, quien formuló la denuncia penal.
Se constató el hecho en la sede de la Fiscalía Zonal de Caaguazú por el hecho punible de abuso sexual en niños y el Ministerio Público actuó rápidamente formulando la imputación contra el referido profesional, quien ahora deberá responder por los hechos que se le investiga.
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Metrobús: “El daño no solo es patrimonial, se pagó por una obra que no tenemos”, dice fiscal
“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.
“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La agente fiscal detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018 durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y poco más de dos meses de asumir como ministro firma el 23 de octubre del mismo año con la empresa Mota Angil un documento al que le llamaron acta de entendimiento donde acordaron la suspensión de las obras y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de Metrobús”, manifestó.
Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de G. 8.030.693.029 millones, con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido”, lamentó.
Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de G. 180 mil millones. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas es de aproximadamente 14.995 millones.
“La acusación también sostiene que después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo aconsejó que se realice y el cual le indicaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuo”, refirió.
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Añadió que de acuerdo al marco penal el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel.
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Vaquería apuesta al campo y busca atraer inversiones para impulsar su desarrollo
A poco más de tres décadas de haberse independizado del distrito de Yhú, Vaquería se consolidó como uno de los principales centros productivos del norte de Caaguazú.
La agricultura mecanizada, la ganadería y una ubicación geográfica privilegiada sostienen hoy la economía local, mientras que el municipio busca potenciar nuevas inversiones industriales y fortalecer su oferta turística con atractivos naturales y eventos culturales que cada año convocan a cientos de visitantes.
Ubicado a unos 243 kilómetros de Asunción, el distrito también conocido como San Blas nació oficialmente en 1993. Su nombre proviene de la familia Vázquez Díaz, propietaria de estas tierras décadas atrás. Con el tiempo, la pronunciación popular en guaraní transformó “Vázquez Díaz” en “Vaquedía”, hasta derivar en el actual nombre de Vaquería.
En conversación con La Nación/Nación Media, César Luis Benítez, secretario de Cultura de la Municipalidad de Vaquería, contó que el crecimiento del distrito responde principalmente al desarrollo del sector agropecuario, actividad que continúa siendo el principal motor económico de la comunidad.
Economía impulsada por el campo
La agricultura mecanizada representa hoy la principal fuente de ingresos de Vaquería. La producción de soja, trigo y maíz domina el paisaje agrícola, mientras que la ganadería complementa la actividad económica mediante la producción de carne y leche.
Según explicó Benítez, alrededor del 50 % de la población se dedica directamente a actividades vinculadas al campo, convirtiendo al sector primario en el principal generador de empleo del distrito.
“La actividad económica más fuerte de Vaquería es la agricultura mecanizada. Tenemos muchos productores de soja, trigo y maíz, además de personas dedicadas a la producción de carne y leche”, señaló.
El movimiento agrícola también impulsó el desarrollo de infraestructura vinculada a la cadena productiva. En la zona funcionan varios silos destinados al almacenamiento de granos, considerados parte de la principal riqueza económica del distrito. A ello se suma una fábrica de almidón, aunque desde la municipalidad consideran que existe margen para atraer nuevas industrias.
Benítez sostuvo que uno de los mayores activos de Vaquería es precisamente su ubicación geográfica. El distrito se encuentra sobre la ruta PY13, con conexiones hacia la ruta PY02, la Ruta PY10 y otros corredores que comunican con localidades como Curuguaty, Toledo y diversas zonas agrícolas del departamento. Esa conectividad convierte a Vaquería en un punto de paso obligado para numerosos productores y transportistas.
“Tenemos una ubicación estratégica y mucho potencial para recibir inversiones industriales. Lo que necesitamos es que más empresas decidan instalarse aquí”, afirmó.
La cercanía con importantes zonas productivas de Caaguazú fortalece además el movimiento comercial de la ciudad, donde funcionan ferreterías, comercios de gran porte, farmacias y distintos servicios que abastecen tanto a los habitantes locales como a productores de la región.
Turismo rural y naturaleza
Vaquería también apuesta al turismo rural como un complemento para diversificar su economía. Uno de sus principales atractivos son los arroyos de aguas limpias que rodean el distrito, especialmente el río Yguazú y otros cauces que permiten actividades recreativas, pesca y espacios para el descanso.
En sus alrededores existen establecimientos privados donde los visitantes pueden acampar, hospedarse y disfrutar de la naturaleza a pocos kilómetros del casco urbano.
“Tenemos varios balnearios naturales y lugares privados donde la gente puede quedarse a pasar el día o incluso la noche. Todo queda entre cinco y siete kilómetros del centro de la ciudad”, comentó Benítez.
La infraestructura turística también comenzó a desarrollarse. Actualmente, Vaquería cuenta con tres hoteles de gran capacidad, con entre 25 y 30 habitaciones, además de diversas pensiones que reciben tanto a turistas como a personas vinculadas al sector productivo.
El secretario de Cultura destacó que la ciudad mantiene un ambiente tranquilo y ordenado, con los principales servicios públicos concentrados alrededor de la avenida principal, donde se ubican la municipalidad, la parroquia, la comisaría y la mayor parte de los comercios.
Cultura, historia y desafíos
La agenda cultural constituye otro de los ejes que fortalecen la identidad local. Cada febrero se celebran las fiestas patronales en honor a San Blas, mientras que el 19 de julio se conmemora el aniversario de fundación del distrito, una fecha que reúne a pobladores y visitantes mediante festivales artísticos y actividades comunitarias.
En la municipalidad también funcionan una escuela de guitarra, una escuela de danza, una biblioteca pública municipal, escuelas de fútbol y futsal, además de diversas actividades impulsadas junto con los clubes deportivos de la ciudad.
Benítez recordó que Vaquería cumplió 33 años este 2026 como distrito independiente. La decisión de separarse administrativamente de Yhú respondió, principalmente, a la necesidad de brindar mejores servicios públicos a una población que se encontraba alejada del centro administrativo.
“En aquel entonces los caminos estaban muy abandonados y el municipio de Yhú ya no podía atender adecuadamente esta zona. Por eso surgió la idea de convertirnos en un distrito independiente para que la gente tuviera mayor atención”, finalizó.
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Caso IPS: defensa de Jorge Brítez cuestiona el acta de imputación
El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.
“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.
El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.
Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.
Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.
Otros imputados
Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
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Caso Tajy: admisión de culpa de excolaboradores de Prieto confirma la solidez de la acusación
El agente fiscal Silvio Corbeta manifestó la relevancia de que tres excolaboradores del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hayan reconocido su culpabilidad en el caso Tajy, que ayer martes fue elevado a juicio oral y público por el juez Humberto Otazú. “Para nosotros repercute positivamente porque demuestra la solidez de nuestra acusación fiscal”, dijo el funcionario de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Durante la audiencia preliminar realizada finalmente el 3 y 4 de agosto, tras una serie de chicanas, el magistrado decidió la suspensión condicional del procedimiento para los acusados Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Nelson Alexis Segovia Acevedo, extesorero; y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago. Estos funcionarios admitieron que los hechos de presunta compra simulada, mediante licitaciones por vía de la excepción, ocurrieron en junio de 2020, en plena pandemia, ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Esto refuerza la teoría del Ministerio Público, efectivamente estas personas prefieren reconocer (su culpabilidad) antes que someterse a un juicio oral y público porque ahí supone una pena mucho mayor”, refirió Corbeta, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. La Fiscalía alega pagos por mercaderías inexistentes o no entregadas, que debían destinarse a kits de alimentos para familias vulnerables; a través de una empresa sin capacidad logística, dedicada a la construcción de pozos.
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El representante del Ministerio Público refirió que “el reconocimiento de los propios actores que estuvieron en el proceso también fortalece y robustece nuestro requerimiento conclusivo y nuestra investigación porque finalmente estas personas optan por una salida procesal antes de someterse a un juicio, esto significa que los hechos han ocurrido”.
Corbeta mencionó que, “en un eventual juicio oral, estas personas se exponían a una pena mínima de tres años y medio para arriba. Son cómplices, tienen una reprochabilidad o culpabilidad reducida con relación al principal acusado que es el exintendente”.
Prieto está acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El líder del Partido Yo Creo y candidato a la presidencia de la República para el 2028 enfrentará también el próximo 31 de agosto un juicio oral y público en el marco de la causa denominada Tía Chela, por la sobrefacturación de mercaderías en pandemia.
“En el caso de la causa Tía Chela, ninguno de los acusados optó por la salida alternativa, todos pretendieron acompañar al exintendente a juicio oral. Las mismas personas que ayer admitieron su culpabilidad en el caso Tajy también están acusados en la causa de Tía Chela y la realización del juicio se torna un poco compleja porque, al haber tantas personas, lógicamente puede ocasionar suspensiones reiteradas”, comentó el fiscal.
Prieto se expone a 10 años de cárcel
Corbeta estimó que el juicio oral y público contra Prieto en la causa Tajy podría desarrollarse a finales del presente año o principios del 2027. “En este caso hay varios tipos penales, Prieto podría exponerse a una pena de 10 años si se prueba la administración en provecho propio e incluso superior si se prueba los demás tipos penales que son lesión de confianza y asociación criminal”, sentenció.
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