Dos funcionarios del Ministerio Público fueron agredidos durante un procedimiento realizado en el marco de una investigación por contrabando de combustible. Ante esta situación, se dispuso la apertura de una causa para identificar a los responsables del ataque contra estas personas; ambas pertenecen a la unidad del agente fiscal Irán Suarez. Cabe resaltar que las víctimas del hecho recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro.
Al momento del hecho, Suárez realizaba el procedimiento en el marco de la investigación mencionada anteriormente, cuando llegaron al lugar dos vehículos. Un primer grupo derramó combustible contra una de las funcionarias, con el peligro que esto puede ocasionar a la vida y a la salud física de las personas. Mientras que otro rodado embistió contra el chofer y las personas que estaban en otro de los móviles de la comitiva fiscal, atentando contra la vida de los ocupantes.
Ante lo sucedido, se dispuso la apertura de una investigación fiscal sobre los hechos mencionados a fin de identificar a los responsables del grave hecho registrado. En caso de que se identifique a los responsables del suceso, los mismos se exponen a una imputación.
Igualmente, se solicitará la colaboración de la Policía Nacional para llegar hasta los agresores y de esta manera proceder a la detención y, por ende, que respondan por sus actos ante la Justicia.
Dejanos tu comentario
ARRN celebra apertura de la Ande para que el sector privado impulse la generación nuclear
Por Lourdes Torres
lourdes.torres@nacionmedia.com
La creciente demanda de energía eléctrica por parte de las industrias, está obligando a Paraguay a buscar nuevas fuentes de generación. Por ello, la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) destacó que la Ande está mostrando una apertura para que el sector privado participe en la generación y consumo de energía nuclear, mientras el Gobierno prepara el marco legal para habilitar esta alternativa emergente.
En esta segunda entrega de la entrevista con el Diario La Nación/Nación Media, el titular de la ARRN Dr. Jorge Molina y el vicepresidente el Dr. Eduardo Galiano, mencionaron que de acuerdo a estimaciones, la Ande registra pedidos empresariales e industriales por 6.000 MW.
Por ello, sostienen que el país necesitará sumar todas las fuentes posibles de generación eléctrica para acompañar el crecimiento de la demanda. Los reactores modulares aparecen como una alternativa dentro de una matriz que también contempla gas, solar e hidroelectricidad.
No obstante, señalaron que la inversión necesaria para un reactor modular pequeño (SMR) de hasta 300 MW podría alcanzar miles de millones de dólares. Ante el alto costo, el Gobierno analiza un esquema en el que empresas privadas puedan participar como generadoras o consumidoras de energía.
Por ello, las autoridades de la ARRN se reunieron con el nuevo presidente de la Ande, Miguel Báez Reyes, con quien intercambiaron pareceres, estrategias, ideas, conceptos. Señalaron que durante la charla notaron que el presidente está muy abierto al diálogo nuclear como parte práctica e ineludible de lo que sería una futura matriz energética integrada al sistema nacional.
“Notamos que está abierto a que actores externos a la Ande, por ejemplo, del sector privado asuman un rol protagónico en la introducción de la energía nuclear al Paraguay. Cosa que lógicamente nos ponen muy contentos porque creo que estamos en muy buena sintonía en esas ideas de que, probablemente, la Ande sola no va a poder, sino que va a necesitar un empuje del sector privado, del sector empresarial. Por ello creo, que vamos por buen camino”, mencionó Galiano.
Al respecto, Molina ratificó que la intención es dejar aprobado el marco legal y avanzar con el Acuerdo Bilateral 123 antes del cambio de Gobierno; de tal modo que con el nuevo, simplemente arranque con la ejecución del proyecto. “La idea es que se comience a implementar en el próximo Gobierno, no necesariamente por parte del Estado, porque sabemos que el Estado no tiene dinero porque cuesta muy caro. Hablamos de miles de millones de dólares por el SMR de 300 MW”, acotó.
Molina remarcó que la ecuación en este caso tiene dos variantes, el que genera y el que consume. “Tenemos a los actores privados que quieran dedicarse a la generación y venta de energía nuclear, por un lado; y por otro, actores privados que sean compradores de esa energía nuclear. Entonces, al escuchar de parte de la Ande una predisposición, una apertura y apoyo también, es un cambio de paradigma, no es poca cosa, porque siempre la Ande fue por ley, un ente monopolio”, remarcó el Dr. Galiano.
Dejanos tu comentario
Presunto sicariato en Caazapá resultó en dos fallecidos y cuatro heridos
Un enfrentamiento entre presuntos sicarios y un grupo de personas tuvo como saldo la muerte de dos hombres y cuatro heridos de gravedad en la ciudad de Tavaí, en el departamento de Caazapá. Uno de los abatidos sería el presunto sicario, mientras que su cómplice se dio a la fuga a bordo de una motocicleta.
Según el reporte policial, durante la tarde de ayer sábado recibieron la denuncia sobre un enfrentamiento a tiros frente a una lavadero ubicado en el barrio San Roque de la ciudad de Tavaí. La intervención fue desarrollada por un hecho de homicidio doloso y por heridos de arma de fuego en un supuesto intento de sicariato.
Testigos indicaron que un grupo de hombres estaba compartiendo frente a un lavadero, hasta que llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabras, realizaron disparos. Esto hizo que se desate un enfrentamiento entre víctimas y presuntos autores, con la caída de uno de los atacantes de la biciclo, quien recibió varios balazos en el rostro, perdiendo la vida.
Lea también: Anuncian días frescos, con lluvias dispersas en el norte
Durante el tiroteo fallecieron: Justo Pastor Bogado Ortigoza, de 29 años, quien sería la persona que estaba siendo buscada por los sicarios. Además de Julio César Ortega Servián, de 26 años, quien sería el presunto sicario, este no registra antecedentes y fue hallado con un arma larga automática en mano.
Resultaron con heridas cuatro personas identificadas como: Julio César Sanabria Torales, alias “Jullito”, de 35 años; Marcos González Acosta, de 38 años; Julián Vega Ríos, de 48 años, y Aureliano González Acosta, de 39 años. Los mismos fueron auxiliados y trasladados hasta el Hospital Regional de San Juan Nepomuceno.
Mientras que el acompañante del sicario, una persona de sexo masculino, cuya identidad se desconoce, y que conducía la motocicleta, se dio a la fuga tras el tiroteo. Las investigaciones prosiguen, esperan hablar con los heridos y poder identificar a la persona prófuga.
Dejanos tu comentario
Fiscalía ratifica a fiscales que investigan a Wiens por el caso metrobús
El fiscal adjunto Augusto Salas Coronel, firmó la resolución 329 por la cual rechaza la recusación planteada por la defensa del exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens y ratificó la intervención de los fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimi Adle para investigar el proceso penal caratulado “Ramón Jiménez Gaona y otros sobre lesión de confianza y otros”, más conocido como caso Metrobús.
La defensa técnica del exministro, abogados Alfredo Kronawetter y Federico Huttemann, presentaron ayer jueves ante la Fiscalía Adjunta Área I de Asunción, un petitorio para que sean apartados del caso los citados investigadores fiscales, por considerar comprometida la objetividad de los mismos.
Cuestionaron que los fiscales Grisetti, Silva y Adle convocaron nuevamente a Wiens a declaración indagatoria por dos hechos: lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo. Según la defensa, el juzgado penal de Garantías había admitido la imputación únicamente por lesión de confianza, y esa delimitación ya está firme por no haber sido recurrida.
Cabe recordar que Wiens fue imputado en febrero de este año por presunto perjuicio patrimonial de G. 14.955 millones relacionado con el proyecto metrobús. Según el Ministerio Público, el exministro tendría responsabilidad penal por las decisiones adoptadas durante la ejecución de la obra.
La imputación sostiene que Wiens no cumplió con la recomendación de la Procuraduría General de la República de realizar un informe técnico antes de la demolición de obras que habían costado al Estado G. 6.924.624.006. Además, señala que autorizó el pago de G. 8.030.693.029 para rehabilitar el tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto en el proyecto original.
El presente caso está paralizado desde marzo de este año, cuando el juez Otazú decidió admitir la imputación pero debido a las chicanas presentadas por la defensa del imputado hasta el momento no se pudo desarrollar la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Dejanos tu comentario
Fiscalía pide 10, 4 y 3 años a acusados en caso María Fernanda
Se dictaron las penas para personas involucradas directamente al crimen de la joven.
En una decisiva jornada judicial dentro del juicio oral y público que se realiza por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, presentó de manera formal los alegatos finales de la representación fiscal. Durante su exposición, el agente del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 10 años para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, a quien sindica como una pieza clave en la ejecución del crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el fiscal Segovia, el rol de Rolón Melgarejo no fue secundario, sino que tuvo una participación fundamental en calidad de instigadora. Las investigaciones y los elementos probatorios producidos en el debate oral indicarían que la acusada ejerció una fuerte y directa influencia psicológica sobre el adolescente de iniciales B. S., determinándolo y alentándolo a avanzar con las acciones materiales que finalmente terminaron de forma violenta con la vida de María Fernanda.
Por otra parte, la Fiscalía extendió el pedido de reprochabilidad hacia los demás procesados en la causa, quienes habrían colaborado activamente en la impunidad del hecho. En ese sentido, se requirió la pena de 4 años de cárcel para Franco Antonio Acosta, bajo los cargos de frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.