El abogado Osvaldo Bittar, mediante un escrito solicitó a la agente fiscal Natalia Fúster formular imputación por el delito de prevaricato contra la exjueza. Foto: Gentileza.
Piden imputar por prevaricato a exjueza civil de Asunción Tania Irún
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El abogado Osvaldo Bittar, representante legal de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, mediante un escrito solicitó a la agente fiscal Natalia Fúster formular imputación por el delito de prevaricato contra la exjueza en lo civil y comercial de Asunción Tania Irún, quien entregó 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín violando la ley de seguridad fronteriza.
Bittar sostuvo que “el Ministerio Público tiene suficientes elementos para formular la imputación debido a que se comprobó que las tierras se encuentran dentro del área de seguridad fronteriza protegida por la ley N° 2532. Agregó: “La exjueza Tania Irún reconoció que no existe constancia de la nacionalidad de los accionistas de las empresas demandantes”.
Igualmente, manifestó que “se comprobó que las acciones de las sociedades demandantes son acciones al portador, cuando la ley de seguridad fronteriza requiere que estas sean nominativas y no endosables”. Del mismo modo, el citado profesional del derecho señaló: “Con todos los elementos citados se corrobora que con la resolución de la exmagistrada Irún se transgredió la ley de seguridad fronteriza, específicamente en su artículo 4 y 8, lo cual configura el hecho punible de prevaricato, que requiere el dictamiento por parte de un juez de una resolución que contraríe la ley o que viole la ley en perjuicio de una de las partes”.
Irún se presentó el miércoles ante la agente fiscal Natalia Fúster, donde declaró sobre la investigación que enfrenta. Ahora está en manos de la citada representante del Ministerio Público estudiar si formula imputación contra Irún, quien fue destituida de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la remoción fue confirmada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Fiscalía pidió 12 años de cárcel para exfiscala acusada de extorsión y otros delitos
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Los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdez solicitaron 12 años de cárcel para la exfiscal de San Lorenzo, Ana Girala, por el supuesto esquema de apriete y extorsión en la Fiscalía de San Lorenzo.
Igualmente, el Ministerio Público pidió 9 años de cárcel para Griselda Beatriz Acha Alcaraz, exsecretaria de dicha unidad fiscal, y 4 años para Christi Magalí Ortega Domínguez, ex asistente de la Unidad Penal Nº 1 de San Lorenzo.
Además, pidieron 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad para la abogada Liz Elena Martínez Robles; 2 años de cárcel para la abogada Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, y 2 años y 6 meses de cárcel para el abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza.
El juicio continuará el 24 de abril a las 8:00 horas donde la defensa de cada acusado tendrá la posibilidad de poder presentar los alegatos finales y ya luego podría dictar sentencia de primera instancia.
De acuerdo al Ministerio Público la ex fiscala Ana Girala, la conducta se encuadra en múltiples hechos punibles cometidos de manera reiterada y dentro del marco de una estructura organizada dentro de la Fiscalía de San Lorenzo. Indican que la procesada habría incurrido en delitos como asociación criminal, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, extorsión, prevaricato y persecución de inocentes, configurándose un concurso real de hechos punibles que eleva el marco penal aplicable.
Fiscala Patricia Sánchez. La defensa del senador Hernán Rivas considera que la Fiscalía imputó y acusó hechos prescriptos que ya no pueden ser perseguidos penalmente. Foto: Gentileza
La Fiscalía nunca debió imputar porque los delitos ya prescribieron, sostiene la defensa del senador Rivas
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El abogado Álvaro Cáceres, representante legal del senador Hernán David Rivas, se refirió sobre la resolución firmada por el tribunal de apelación en mayoría sobre la prescripción y la desvinculación del proceso penal por producción y uso de documento no auténtico con relación al título de abogado del citado parlamentario.
Cáceres fue claro en señalar que “la Fiscalía nunca debió imputar a Rivas porque los delitos imputados y acusados ya no podían ser perseguidos penalmente porque habían prescripto”. Indicó que “la resolución de la Cámara de Apelación fue la de corregir y argumentar jurídicamente que no puede haber uso de documento público falso cuando no existe el delito principal conexo, que es el hecho punible de producción de documento falso”.
“Creo que la postura de la Fiscalía es que no quieren reconocer que imputaron y acusaron hechos prescriptos, porque digamos que el Ministerio Público ahí no queda bien parado, pero la resolución de cámara es clara y contundente sobre la persecución del hecho punible acusado, que ya no puede seguir por lo que corresponde la desvinculación de mi representado”, sostuvo el citado profesional del derecho.
La defensa del parlamentario sostuvo en que al haber prescripto la cuestión de la producción, tanto a criterio de la defensa como a criterio de la Cámara, no se puede ya identificar el uso específicamente por esa remisión que hace el artículo del 252, que es el uso al 250, que es la producción inmediata.”
La firma Ypyta solicitó que se realice la constitución judicial en la propiedad ubicada en Pedro Juan Caballero, donde actualmente funciona la Universidad San Sebastián. Foto: Gentileza
Caso Ypyta: presentan urgimiento para agilizar constitución judicial en propiedades de PJC
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En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta S.A. Industrial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedores”, la abogada Analía Patricia Rebollo Noguera, representante legal de la citada empresa, presentó un urgimiento al cuestionado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia. El magistrado, de llamativa demora, aún no ha firmado los oficios correspondientes para comisionar al Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero, a efectos de realizar la constitución en varias propiedades ubicadas en el departamento de Amambay.
El pedido de celeridad obedece a que desde el pasado 19 de febrero se ordenó dicha diligencia, sin embargo, hasta la fecha el juez Rivas —cuya actuación en el caso ha sido calificada de dudosa— no ha suscrito los documentos pertinentes para ejecutar la inspección en las tierras en litigio. La diligencia judicial se debe realizar en la propiedad donde actualmente funciona la Universidad San Sebastián.
Asimismo, la representante de Ypyta solicitó la participación del agente síndico interviniente, Julio Agüero, para que se constituya en los bienes raíces mencionados junto con el juez de Paz de Pedro Juan Caballero. Este último quedaría facultado para realizar registros mediante anotaciones, fotografías, croquis y otros medios documentales que describan el estado de los bienes y de las personas halladas en el lugar, labrando un acta detallada para informar al juzgado.
El escrito subraya que la intervención del síndico es fundamental, considerando que la situación de los inmuebles se originó en el marco de la liquidación, hecho anterior a la declaración de rehabilitación. El objetivo final es ilustrar debidamente al juzgado sobre la situación fáctica y posesoria de las tierras, permitiendo así que la representación impulse las acciones correspondientes en salvaguarda de los intereses de la deudora.
Podrían imputar al padre de niño arrastrado por raudal tras denuncia de trabajo callejero
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El Consejo Municipal de los Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes (Codeni) confirmó que Tobías junto a sus hermanos se dedicaban a la venta callejera y recorrían solos hasta alta horas de la noche. El Ministerio Público analiza la posibilidad de imputar al padre por falta al deber del cuidado.
Hasta el momento se tienen dos versiones sobre la situación que llevó al Tobías a estar en la calle justo en medio de la tormentas. Una es que fue a comprar café, como dijo su padre, y otra es que a tempranas horas su padre, a bordo de una motocicleta, lo dejó en un punto para empezar a trabajar.
La Fiscalía analiza la posibilidad de imputar a su padre por falta al deber del cuidado. La Codeni confirmó Tobías junto a sus hermanos se dedicaban a la venta callejera y que ya habrían abordaron a los padres por esta situación.
“En diciembre del año pasado fui llamada para intervenir en otra situación y en ese momento encontré a tres niños pequeños haciendo venta callejera, ellos estaban solos sin relación parental. Uno de esos niños hoy está desaparecido”, expresó María Oviedo, en entrevista con Telefuturo.
Expresó que en aquella oportunidad la hermana de Tobías dio el nombre de sus padres y un teléfono y al otro días sus padres fueron convocados. “Los padres acudieron y ellos manifestaron que no veían nada malo en que sus hijos salgan a vender productos por la calle”, apuntó.
La desaparición del niño se reportó durante la mañana de ayer viernes, en medio de una fuerte tormenta. El menor salió a la calle e intentó cruzar la calle en medio de un fuerte raudal y fue arrastrado, los vecinos intentaron ayudarlo, pero llegó hasta la zona de obra se perdió.