El exprocurador general de la República y actual apoderado del vicepresidente Hugo Velázquez, Sergio Coscia, tiene la intención de dilatar su proceso penal por lesión de confianza, en el marco de la investigación por las irregularidades en la adjudicación de los juegos de azar y la legalización de tragamonedas, al contratar a los abogados Enrique Kronawetter y Federico Huttemann. Los citados profesionales del derecho son hábiles para poder dilatar los procesos penales.
Asimismo, el actual titular de la Conajzar, José Antonio Ortiz Báez, también imputado por lesión de confianza, y la directora de la Diben, Carmen Alonso, no se quedaron atrás y contrataron los servicios del abogado Andrés Casati, quien es conocido por recurrir a chicanas a los efectos de trabar los procesos penales. Un claro ejemplo es el proceso del clan Ferreira por contrabando, donde Casati fue defensor de Justo Ferreira y en otro caso de Patricia Ferreira.
Mientras el imputado Raúl Silva contrató a los profesionales del derecho Rodrigo Yódice, conocido por sus nexos con el diario Abc Color debido a que es defensor de la querellada Natalia Zuccolillo y Arturo Daniel.
Avaló demanda contra el Estado
El exprocurador general de la República Sergio Coscia, actual apoderado del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, avaló no poniendo ningún reparo a una condena multimillonaria contra el Estado paraguayo cuando ocupaba el cargo de procurador general de la República. El monto que se deberá abonar es de G. 2.640 millones.
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Fiscalía pide a juzgado desafuero de Mauricio Espínola
En el marco de la imputación por homicidio culposo en accidente de tránsito, la agente fiscal Mercedes Vera, de la Unidad Penal n.° 9 de la Sede 1 de Asunción, solicitó al Juzgado Penal de Garantías que remita la comunicación correspondiente a la Cámara de Diputados, para que se inicie el procedimiento constitucional y dar el tratamiento de desafuero del diputado Mauricio Espínola.
El Ministerio Público imputó al legislador adbista tras protagonizar un accidente vial, el pasado 16 de mayo, que posteriormente derivó a la muerte de Emilio Benítez Chaparro, de 30 años, el 27 de mayo, tras haber padecido un traumatismo craneoencefálico moderado.
El juez penal a cargo del caso, deberá remitir la causa a la Cámara de Diputados, donde el pleno deberá resolver mantener o retirar los fueros de Espínola para que sea sometido al proceso judicial correspondiente en esta causa. Así mismo, el órgano extrapoder solicitó para Espínola la aplicación de medidas alternativas a la prisión para asegurar su sometimiento a la investigación.
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Entre estas medidas figura la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado para la firma del libro de control, la prohibición de salir del país, la obligación de mantener el domicilio fijado, sin posibilidad de cambiarlo sin autorización judicial y la imposición de una caución real suficiente, acorde a la naturaleza del hecho.
“Según los datos recabados, la motocicleta circulaba por la avenida con dirección sur cuando impactó contra la puerta lateral izquierda de la camioneta. Como consecuencia del choque, el conductor del biciclo sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado al Hospital del Trauma para recibir atención médica”, refiere el informe de la fiscalía.
La víctima permaneció internada hasta el 27 de mayo de 2026, fecha en que se produjo su fallecimiento a las 13:00 horas. Conforme al informe médico, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico.
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Fiscalía imputa a “Masivo Bro” por presunto soborno al elector
La Fiscalía imputó a Francisco Canatta, más conocido como “Masivo Bro”, por presunta incitación a cometer delito electoral, específicamente, soborno al elector. El creador de contenido fue detenido el domingo tras ser sorprendido con una importante suma de dinero en efectivo cuando se dirigía a un local de votación.
El influencer exhibió fajos de billetes, aproximadamente G. 10 millones, en un local electoral de Luque, donde su primo, Nelson Canatta, se encontraba en competencia. El procedimiento derivó en la incautación del dinero y su traslado a la Comisaría 3.ª de Luque. Investigan el origen del dinero y si existieron hechos relacionados con el proceso electoral.
Por el momento, la Fiscalía tropieza con el inconveniente de que no existe la contraparte que supuestamente recibió el soborno, ya que la policía actuó de oficio. No obstante, se le aplicará una medida cautelar y se expone a cinco años de cárcel.
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El detenido se presentó este lunes ante la agente fiscal Sophia Galeano, de la Fiscalía n.º 8 de Luque, en el marco de la investigación. La representante del Ministerio Público aplicó la imputación en contra del influencer por haber incitado a cometer un hecho punible, consistente en el soborno a un elector.
Sin embargo, el imputado no asumió la responsabilidad del hecho. “Mi intención era volver al auto a buscar de mi documento porque me olvidé y al volver me detiene la policía. Yo no puedo negarle a mis fans que me piden fotos. Yo siempre tengo dinero conmigo porque justamente hago contenido, hago publicidad”, declaró a los medios de prensa.
La madre de “Masivo Bro”, Josefina Gonzalez Canatta, también fue detenida por intentar llevar dinero incautado. Al igual que su hijo pasó la noche en la dependencia policial y este lunes prestará declaración.
“Mamá llegó a la comisaría y se puso muy nerviosa. Ve la plata en la mesa y dice: “no le van a quitar la plata, él se lo ganó”. Agarra toda la plata y mi teléfono, guarda en su cartera y se queda ahí. En ningún momento intentó huir del lugar”, manifestó Canatta.
En ese sentido, la mujer sería procesada por apropiación de evidencia. “Mi mamá es muy brava, tiene ese carácter y no controla sus impulsos. El Policía no le da explicaciones y se pone más nerviosa”, refirió.
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Fiscalía abre investigación penal contra extitular del IPS
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ordenó la apertura de una investigación penal a los efectos de indagar al expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez; al exgerente de abastecimiento y logística, Jaime Caballero, y a otros implicados por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y malversación de fondos.
Los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta y Silvia González, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón, serán los encargados de investigar a los denunciados.
Dos profesionales del derecho presentaron la denuncia penal contra el extitular del IPS, Jorge Brítez Acosta, así como contra exdirectivos y miembros del Consejo de Administración por supuestas irregularidades en licitaciones que habrían generado un perjuicio de más de G. 391.574 millones.
La denuncia señala presuntas sobrefacturaciones, falta de estudios técnicos, ausencia de controles y contratos supuestamente duplicados en servicios de higienización, fumigación, desinfección y sistemas de gestión. Entre los señalados figuran:
- Jaime Caballero
- Alicia Olazar
y los miembros del Consejo de Administración:
- Gustavo Alberto González Maffiodo
- Carlos Alberto Pereira Olmedo
- José Emilio Argaña Contreras
- Víctor Eduardo Insfrán Dietrich
- y José Jara Rojas.
La denuncia también alcanza a la directora de Auditoría Interna, Alicia Celeste Olazar Maciel.
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Filizzola pontifica sobre justicia mientras busca su impunidad
La máxima instancia judicial decidirá si Rafael Filizzola será blanqueado en el caso de lesión de confianza donde habría perjuicio de G. 1.200 millones.
La doble moral como estrategia política resulta el ejercicio de un total cinismo en la actuación del senador Rafael Filizzola debido a que el mismo se erige como el juez moral de nuestra República; sin embargo, el citado parlamentario se olvida de que él mismo aún tiene cuenta pendiente con la Justicia por un proceso penal por supuestos hechos de corrupción cometidos cuando se desempeñaba como ministro del Interior entre 2008 y 2011.
En mayo de 2025, Filizzola fue beneficiado por la Justicia con la prescripción del proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo.
Esta resolución judicial fue apelada por el Ministerio Público, que busca continuar con el proceso penal y presentar las pruebas en un juicio oral contra Filizzola. Hasta el momento, no se ha podidoresolver la apelación de la Fiscalía debido a que Filizzola recusó a dos camaristas. Ante dicha situación, el integrante del tribunal de alzada, José Agustín Fernández, decidió apartarse del caso. Debido a ello, el expediente pasó a manos de la camarista Adriana Giagni, quien no estuvo de acuerdo con la inhibición de su colega Fernández y decidió impugnar su separación ante la Corte.
A raíz de esto, el expediente se encuentra en la Sala Penal de la Corte integrada por Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos (dos liberales) desde setiembre de 2025, a los efectos de resolver quién integrará la cámara de apelación que estudiará si corresponde que Filizzola siga procesado o si se le vuelve a beneficiar con un blanqueamiento. Actualmente, solo el camarista Paublino Escobar conforma el tribunal de apelación.
PRESCRIPCIÓN POR CHICANAS
En mayo de 2025, el juezpenal de Garantías Yoan Paúl López resolvió hacer lugar al incidente de prescripción y benefició con el sobreseimiento definitivo al exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola, quien estaba acusado por lesión de confianza en el caso conocido como “todo verde”, donde se registró un perjuicio patrimonial de G. 1.200 millones.
Con la resolución judicial dictada en primera instancia, Filizzola logró la impunidad tras presentar diversas chicanas durante más de 10 años, evitando así ser juzgado por un tribunal de sentencia.
ACUSACIÓN
La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre de 2010, el entonces ministro del Interior, Rafael Filizzola, aprobó la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción, sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de la época. El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras nunca fueron terminadas. En esta misma causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional del procedimiento.
Blanqueado en el caso helicópteros Por otra parte, la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, un caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.