El fiscal Osmar Legal allanó la oficina de la Conajzar en busca de documentos sobre la irregularidad en la concesión de tragamonedas y otros. Foto: Gentileza.
Allanan Conajzar en el marco de la investigación por la concesión irregular de tragamonedas
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El agente fiscal Osmar Legal realizó un allanamiento en la oficina de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) en el marco de la investigación iniciada por la supuesta concesión irregular de tragamonedas y otros. En el presente caso están imputados por lesión de confianza el actual titular de la Conajzar, José Antonio Ortiz, y el exprocurador Sergio Coscia, quien es actual apoderado del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Igualmente, la fiscala María Estefanía González realizó otros allanamientos.
Durante el procedimiento se incautaron documentos que se tendrán que analizar y tampoco se descarta que se amplíe la imputación a otras personas que están siendo investigadas, mencionaron los agentes intervinientes en el presente caso.
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, el pasado viernes admitió la imputación y procesó penalmente por lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción al actual titular de la Conajzar, José Antonio Ortiz Báez, así como al exprocurador Sergio Coscia y a varios miembros del directorio de la Conajzar por las irregularidades en la adjudicación de los juegos de azar y la legalización de los tragamonedas en lugares prohibidos.
Asimismo, el referido magistrado fijó para los próximos 19 y 20 de enero, a partir de las 8:30, la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se decidirá si son beneficiados con medidas alternativas o se decreta la prisión preventiva de los imputados.
De acuerdo a la citación del juez Otazú, el titular de la Conajzar, José Ortiz Báez, deberá acudir a tribunales el 19 de enero, a las 8:30. Mientras que Coscia deberá pisar el Palacio de Justicia el 20 de enero, a las 8:30. Además de Ortiz y Coscia, también fueron procesados penalmente otros integrantes del Consejo de Administración de la Conajzar.
La Fiscalía General del Estado abrió una causa penal contra los senadores Norma Aquino y Javier Vera por audios que podrían tener relevancia penal. El fiscal Luis Piñanez especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción fue designado para llevar adelante la investigación. Foto: Archivo
Filtración de audios: Fiscalía abre causa penal contra los senadores Norma Aquino y Javier Vera
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La Fiscalía General del Estado comunicó que dispuso la apertura de una causa penal contra los senadores Norma Aquino más conocida como Yamy Nal y Javier Vera alias Chaqueñito, tras la aparición de audios atribuidos a ambos legisladores que, según los informes oficiales, podrían contener hechos de relevancia penal. El fiscal que tiene a su cargo investigar es Luis Piñánez.
La decisión se fundamenta en el memorando D.G.F. N.º 914, emitido el 15 de septiembre, y en el informe 2071/2025 de la Dirección de Análisis de Información Estratégica, donde se detallan los antecedentes que motivan la investigación. El documento señala la existencia de una notitia criminis que habilita al Ministerio Público a actuar de oficio.
De acuerdo con el dictamen, los audios en cuestión ameritan la verificación de posibles conductas tipificadas en el Código Penal, por lo que corresponde la persecución de hechos punibles de acción pública.
El Ministerio Público, en su rol constitucional de impulsar la acción penal, anunció que dispondrá de todos los recursos necesarios para reunir evidencias, sustentar una eventual acusación y dirigir el procedimiento judicial.
Asimismo, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, la Fiscalía resolvió la designación de un agente especializado en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción N.º 9 de Asunción, quien estará a cargo de la investigación.
De esta manera, el caso ingresa formalmente a etapa penal, quedando en manos del Ministerio Público el avance en la recolección de pruebas y el esclarecimiento de los hechos.
Denuncian atropello con una orden de desalojo irregular
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Los abogados Julio Godoy y Aldo Gavilán, representantes legales de la firma Americana, denunciaron que la Policía Nacional se quiso prestar a un desalojo ilegal con una orden judicial dudosa firmada por la jueza Josefina Gunsett de Katueté, departamento de Canindeyú.
De acuerdo a la denuncia realizada por los abogados, la citada magistrada hizo lugar a una orden de desalojo a favor de Gissella Peters, situación totalmente irregular atendiendo a que los representantes de la estancia Americana cuentan con todas las documentaciones que avalan y reconocen la posesión del inmueble a favor de Leandro Camargo, dejando sin efecto la resolución de la magistrada Gunsett.
El intento de desalojo movilizó a más de 300 agentes policiales que se trasladaron directamente desde Asunción para tratar de lograr su fin, pero al llegar al establecimiento se encontraron con los abogados de la estancia Americana, quienes exhibieron la orden judicial que reconoce la posesión a favor de Camargo, por lo que no se realizó el desalojo.
Godoy manifestó que “con este desenlace hoy la mafia judicial ha perdido, porque cuando se actúa al margen de la ley y de manera apresurada siempre sale mal, no existe el crimen perfecto”.
El abogado aseguró que seguirán atentos para evitar nuevos atropellos, recalcando que las comunidades y familias que habitan el lugar solo quieren trabajar en paz.
Aparentemente, Mohamed Alí Awala, de 54 años, quien se dedica al comercio habría viajado el jueves por la mañana hasta la ciudad de Encarnación. Foto: Gentileza
Allanan un hotel en busca de pistas sobre la camioneta y el cuerpo quemados en Cambyreta
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En la mañana de este viernes se realizó un allanamiento en un hotel en la zona céntrica de Encarnación en el marco de la investigación sobre el hallazgo de una camioneta en llamas y que en su interior estaba un cuerpo calcinado. El hecho se dio en una zona de cultivos sobre la Ruta PY14 en la colonia Paraná, en el distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa.
Según el informe de los intervinientes, se llegó hasta el lugar luego de que se confirmara que la camioneta incinerada pertenecía a Junior Mohamed Awala López, de 24 años, y que su padre había viajado hasta la ciudad de Encarnación.
Aparentemente, Mohamed Alí Awala, de 54 años, quien se dedica al comercio y anteriormente era dirigente deportivo de la Liga Capiateña de Fútbol, habría viajado el jueves por la mañana hasta la ciudad de Encarnación a bordo del mencionado rodado y fue visto salir del alojamiento por la tarde a bordo del mismo.
De la habitación del hombre se lograron incautar varias prendas de vestir, perfumes, documento de identidad, tarjetas de crédito, recibos y facturas con el nombre de Mohamed Awala y un total de 15.600.000 guaraníes en efectivo.
El comisario Javier Flores, en conversación con el canal de noticias NPY, remarcó que hasta el momento se desconoce el móvil del hecho y no se confirmó la identidad de la persona fallecida, pero se encuentran enfocados en determinar si el señor Mohaed Awala se habría reunido con alguien al salir del hotel.
Resultado de autopsia del bebé asesinado se conocerá en un mes
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El procedimiento de autopsia del bebé de 42 días, que habría sido asesinado por su madre, culminó por la tarde de ayer jueves y los resultados se conocerán en un mes. Debido a la envergadura del caso y lo sensible de la situación, el médico forense no dio detalles del procedimiento y la fiscal remarcó la importancia de resguardar la investigación.
Según los informes preliminares, el menor habría sufrido dos heridas importantes, una a la altura del tórax y otra en el estómago; las mismas fueron atendidas de urgencia tras la intervención policial, pero lamentablemente el bebé falleció minutos después a pesar del esfuerzo de los médicos.
“Se realizó la autopsia, se extrajeron muestras y estarían aproximadamente entre 30 a 45 días los resultados, dando así la causa de muerte y los hallazgos forenses. Como es una causa que se encuentra en investigación, hay que tener presente el adelanto jurisdiccional”, comentó la fiscal Laura Guillen en conferencia de prensa.
La agente del Ministerio Público evitó dar mayores detalles respecto al avance de la investigación y el proceso que se está siguiendo, pero comentó que se encuentra en conversación tanto con la acusada como con su pareja y padre del menor fallecido y que también se mantiene una línea de comunicación abierta con los familiares de ambos.
Remarcó que, paralelamente a la investigación abierta para aclarar en qué circunstancias se habría dado el homicidio del pequeño, también han ordenado que la mujer sea sometida a una serie de pruebas psicológicas y pericias psiquiátricas para determinar si la misma se encontraba en un estado mental vulnerable en el momento de cometer el hecho.
Si bien se trata de un caso de filicidio, la carátula de la causa abierta para la investigación es la de homicidio doloso, por lo cual se podría exponer a una pena privativa de libertad de entre cinco a veinte años, dependiendo de las circunstancias y agravantes que se tengan en cuenta a la hora del juicio.