La fiscala María Eusebia Segovia resolvió imputar a un hombre con iniciales R. A. B. que habría amenazado de muerte a su expareja y a sus hijos. Así también, solicitó la prisión preventiva del mismo.
La agente del Ministerio Público formuló imputación contra el hombre por la presunta comisión del hecho punible de violencia familiar luego de haber amenazado de muerte a su expareja e hijos. De acuerdo a datos de la Fiscalía con base en la denuncia, el suceso se registró el martes pasado en un hospital público donde el hombre se encontraba hospitalizado por derramarse combustible y prenderse fuego.
El ahora imputado habría agredido de forma verbal a su expareja llegando a amenazarla de muerte, así como también a sus hijos. Además de realizar destrozos en la sala del centro asistencial y en la ocasión dijo a la mujer “que se vaya y se esconda bien, porque cuando salga le va a matar a ella y a sus hijos”, de acuerdo a la denuncia.
Asimismo, la relación ya habría acabado, lo que motivó al hombre a tomar la decisión de derramarse combustible y pretenderse fuego para quitarse la vita, por lo cual se encontraba internado. La mujer fue para cuidarlo, pero fue amenazada.
La agente fiscal solicitó además custodia para el imputado mientras siga internado, ya que también se habría mostrado agresivo con el personal de blanco.
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“Gobierno de Abdo usó el Estado como garrote contra H. Cartes”
Los senadores del movimiento Honor Colorado, Derlis Maidana y Gustavo Leite, se refirieron a la solicitud de desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra el expresidente de la República, Horacio Cartes.
“La desestimación de la causa solo nos afirma que estuvimos acertados en todo momento, pero lo más grave de este hecho es que se demuestra cómo se utilizó el aparato del Estado para dañar la reputación y la vida de ciudadanos paraguayos. Con esto no solo se perjudicó a Horacio Cartes, sino que se atentó contra la institucionalidad y el Estado de derecho”, sostuvo Maidana en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Giuzzio había acusado falsamente al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. La denuncia fue formulada el 26 enero del año 2022 ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público.
“Esperemos que nunca más facciones políticas utilicen el poder político como garrote contra los adversarios coyunturales. La lucha por un Paraguay mejor debe ser democrática, transparente y debe unir a los paraguayos; el gobierno no está para fomentar odios como lo hizo en este caso. Esta desestimación es una reivindicación del Estado de derecho y de la institucionalidad de la República”, refirió el legislador.
Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la realizó en carácter personal, aunque con el aval del exjefe de Estado y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre de 2022.
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En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).
“Si el Ministerio Público desestima las denuncias quiere decir que no hubo méritos. Para todo el show mediático que se armó es evidente que hubo mala fe y denuncias falsas con la sola finalidad de dañar al expresidente Cartes“, refirió Leite respaldando las afirmaciones de su colega Maidana.
El requerimiento de desestimación fue realizado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer. En la solicitud, manifestaron que se conformaron diversos equipos de trabajo con la Dirección Nacional de Aduanas, la Seprelad y la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actual DNIT), con el fin de indagar la falsa denuncia impulsada por Giuzzio.
Con los informes remitidos por estas instituciones estatales, los fiscales no detectaron ningún indicio de hecho punible, por ende, correspondía archivar la acusación. El requerimiento de la Fiscalía deberá ser evaluado por uno de los jueces que conforman la Unidad de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia o Humberto Otazú.
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Violación del deber de cuidado: el 59 % de las víctimas son hombres y más del 80 % son mayores
El Ministerio Público registró 1.040 causas por el hecho punible de violación del deber de cuidado de ancianos y personas con discapacidad entre el 2024 y mayo del 2025. Solo en el departamento Central y Asunción se concentra el 61 % de las causas ingresadas.
El año pasado, mediante un trabajo de muestreo que analizó denuncias ingresadas en la Fiscalía, permitió conocer el perfil de los más afectados y reveló en ese entonces que, un alto porcentaje de las víctimas de violación del deber de cuidado de ancianos son adultos mayores.
Según datos proveídos por la oficina de estadística de la Fiscalía, de enero a diciembre del 2024 cerraron con 737 causas ingresadas en diferentes puntos del país. En tanto que, hasta mayo de este año se registraron 303 causas, lo que significa que en un año y 5 meses se atendieron 1.040 denuncias, analizó el Observatorio del Ministerio Público.
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Departamentos
La mayor cantidad de denuncias ingresó en Central con 486 causas. Sigue Asunción con 150 causas, Alto Paraná recibió 58 causas, Itapúa reportó 48 causas, además de San Pedro y Caaguazú que recibieron 40 causas, respectivamente. Estos seis departamentos, concentran el 79 % del total de las denuncias recibidas en estos últimos 17 meses a nivel país.
Informe que duele y preocupa
El Ministerio Público, mediante el mencionado trabajo de muestreo, logró definir el perfil de las víctimas, tras el análisis de 82 causas del total de 558 causas ingresadas a nivel país de enero a noviembre del 2023. Si bien, el análisis de las causas corresponde a ese año, el perfil de las víctimas sigue siendo el mismo y las tendencias se mantienen.
El informe, se reveló que el 90 % de las víctimas fueron abandonadas en su vivienda y el 10 % fueron llevadas a un recinto público. En cuanto al sexo de los afectados, encontramos que el 59 % de las víctimas son hombres y el 41% son mujeres.
Asimismo el informe sobre las personas que están enfermas reporta que el 42 % de las víctimas de violación del deber del cuidado se encuentra enfermo gravemente. El 37 % tiene una enfermedad crónica y el 21% tiene una discapacidad total o parcial. El 57 % de las víctimas tiene imposibilidad de valerse por sí misma y el 43 % sufre de una enfermedad neurológica, revela el estudio revelado.
Tipos de abandono del adulto mayor: entre las diferentes formas se citan el abandono físico, abandono social, abandono económico, abandono por rechazo, abandono parcial y abandono total.
Lo que dice la ley
El análisis de las causas ingresadas en el Ministerio Público, están descriptas en el Art. 227 del código penal: “El que violara gravemente su deber legal de cuidado de personas ancianas o discapacitadas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.
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Piden revocatoria de arresto domiciliario del hombre que golpeó a su padre
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Mediante la divulgación de imágenes de video se pudo saber que un hombre golpeó a su padre con cable, viéndose el dolor que le causó al adulto mayor que estaba en cama. Fue víctima Florentín Silva Quintana y se supo que el autor es su hijo, Adrián Silva Martínez, quien estaba con arresto domiciliario por violencia familiar, pero de otra causa.
La fiscal Susan Vega Bordón, titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar N.º 3 de Ciudad del Este, solicitó al Juzgado Penal de Garantías la revocatoria de la prisión preventiva que se le había concedido a Silva Martínez, en el marco de una causa por violencia familiar en la que la víctima fue su esposa.
La medida de arresto domiciliario fue dispuesta el 5 de junio de 2025, y establecía como condición expresa la estricta prohibición de acercarse a la víctima, así como cualquier tipo de contacto con la misma. Sin embargo, el procesado agredió a su padre mientras estaba con la citada medida alternativa.
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Ante esto, la solicitud de revocatoria se sustenta en la nueva causa penal por violencia familiar iniciada de oficio por la fiscal Liliana Denice Duarte, ante la divulgación de imágenes sobre la violencia contra un hombre mayor. En dicha causa se concretó la detención del Adrián Silva, quien pasa a tener dos procesos por violencia.
La agente fiscal remarcó que el video constituye un elemento objetivo que evidencia la peligrosidad del imputado y refuerza el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima del primer proceso. Sostuvo además que, “si el procesado fue capaz de agredir a su propio padre, un adulto mayor, mal podría garantizarse que no incurra en nuevos actos de violencia contra su esposa”.
Para la agente Susan Vega “resulta inviable mantener las medidas dispuestas en el A.I. N.º 949, ya que Silva Martínez actualmente se encuentra privado de libertad por disposición fiscal en otra causa penal, lo que impide el cumplimiento efectivo del arresto domiciliario concedido”.
Al ser divulgada las imágenes y conocido el estado de arresto domiciliario, un tendal de cometarios cuestionaron que el hombre esté con medida.
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Abogada imputada por extorsión junto a policías ya está detenida
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La abogada Blanca Noemí Gauto Fernández (38) se presentó ayer viernes ante el Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco, acompañada de su abogado Omar Ortiz Pedrozo, donde fue ordenada su detención. Fue derivada a la comisaría de mujeres.
Gauto Fernández fue imputada por la fiscal antisecuestro Zunilda Ocampos, al igual que otros cinco policías por un presunto hecho de privación de libertad y extorsión agravada. La agente del Ministerio Público había pedido al juzgado su detención preventiva al tiempo de presentar la imputación.
El abogado Ortiz Pedrozo indicó que la medida alternativa a la prisión corresponde a su cliente, porque no existen elementos de obstrucción y fue demostrado su arraigo. Informó que su defendida se declara inocente de los hechos y que la misma es abogada del denunciante en una causa por violencia familiar.
Los hechos por los cuales fueron procesados ocurrieron el 3 de junio, alrededor de las 12:40 sobre la avenida Monday de la ciudad de Presidente Franco. La denuncia fue presentada por Fabio Junior Troche Zarza.
El citado y sus acompañantes que se circulaban en un vehículo, Jorge Esteban Stoian Vidiella y su hija adolescente, fueron supuestamente privados de su libertad y debieron pagar para quedar libres. La denuncia señala que durante cuatro horas estuvieron en poder de los policías en el predio del Departamento de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná.
Relató que fueron liberados después del pago de 30.000 dólares, con el compromiso de completar el pago requerido inicialmente de 50.000 dólares. La abogada, llamada por su cliente para intervenir en el caso, está imputada por supuesta participación en el hecho. La misma habría facilitado a los policías el cobro, antes que defender a su cliente.
Los policías procesados son el oficial inspector Derlis Ariel Chávez Giménez y los suboficiales Silvio Javier Rojas Vera, Celiano Antonio Zayas Benítez, Ángel Gabriel Resquín Vera y Denis Evaristo Miltos. Todos están detenidos en la Dirección de Policía. Desde ayer a la tarde se sumó la abogada Gauto Fernández.
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