La fiscala María Eusebia Segovia resolvió imputar a un hombre con iniciales R. A. B. que habría amenazado de muerte a su expareja y a sus hijos. Así también, solicitó la prisión preventiva del mismo.
La agente del Ministerio Público formuló imputación contra el hombre por la presunta comisión del hecho punible de violencia familiar luego de haber amenazado de muerte a su expareja e hijos. De acuerdo a datos de la Fiscalía con base en la denuncia, el suceso se registró el martes pasado en un hospital público donde el hombre se encontraba hospitalizado por derramarse combustible y prenderse fuego.
El ahora imputado habría agredido de forma verbal a su expareja llegando a amenazarla de muerte, así como también a sus hijos. Además de realizar destrozos en la sala del centro asistencial y en la ocasión dijo a la mujer “que se vaya y se esconda bien, porque cuando salga le va a matar a ella y a sus hijos”, de acuerdo a la denuncia.
Asimismo, la relación ya habría acabado, lo que motivó al hombre a tomar la decisión de derramarse combustible y pretenderse fuego para quitarse la vita, por lo cual se encontraba internado. La mujer fue para cuidarlo, pero fue amenazada.
La agente fiscal solicitó además custodia para el imputado mientras siga internado, ya que también se habría mostrado agresivo con el personal de blanco.
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Final feliz: la niña volvió a los brazos de su madre, pero la batalla judicial recién empieza
La niña de dos años, con iniciales MBR, ya está con su madre en la ciudad de Resistencia, Argentina, donde el padre fue detenido ayer viernes por la gendarmería del vecino país, e imputado en Paraguay por los hechos punibles de desacato de orden judicial, frustración de la persecución penal y violación del deber de cuidado.
Tras activarse los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda, la niña fue hallada a salvo.
Los padres de la niña tenían en Chile un régimen de convivencia compartida. El papá se negaba a que la madre visitara Paraguay hasta que ella consiguió un permiso, pero debía regresar el 5 de enero y no lo hizo. Allí se inició un juicio de restitución internacional, que continuó en nuestro país con nuevas reglas.
La niña chilena de dos años, de madre paraguaya, pero de padre chileno, se encuentra con su mamá en Resistencia, Argentina, desde donde regresará a Paraguay para reanudar el proceso judicial que quedó en pausa.
A partir de ahora, el proceso debe continuar tanto en Paraguay como en Chile.
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Los antecedentes señalan que la madre llegó a fin de año del 2025 a Paraguay con su hija, mediante un permiso judicial obtenido en Chile, por el cual debía regresar a ese país el 5 de enero. Como no lo hizo, alegando motivos de salud (según ella misma admite), entonces Chile inició un juicio de restitución internacional, que en la legislación chilena se llama secuestro internacional.
El Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia de Chile solicita a la justicia paraguaya que dé trámite a esa restitución internacional. La madre decidió litigar desde aquí y, en ese marco, también se inició un juicio en Paraguay, a los efectos de responder al pedido de la justicia chilena.
En ese contexto, el padre vino a Paraguay, donde se dispuso un relacionamiento provisorio mientras dure este juicio. En medio de ese proceso, el padre también incumplió ese régimen de convivencia dispuesto por la justicia paraguaya, al no restituir a la niña el miércoles 8 de julio a las 5 de la tarde.
“El juicio inicia con el pedido de restitución del padre. Comienza por el requerimiento que hace el padre a la justicia chilena para dar cumplimiento a la resolución de la justicia de Chile; otro trámite procesal era que la madre fuera hasta allá a apelar la resolución, pero ella vino a litigar acá”, explicó el fiscal a las 650 AM.
El juicio de restitución internacional promovido por Chile quedó en suspenso a partir de que el padre huyó con la niña. No obstante, una vez que se reanude, la jueza de primera instancia de la niñez de la Capital debe decir: sí o no a la entrega de la niña bajo la figura de la restitución internacional solicitada por Chile.
Sin embargo, en Paraguay el padre fue imputado por desacato de una orden judicial y violación del deber del cuidado. El Juzgado ordenó la prisión preventiva del procesado.
Entretanto, la jueza de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, Natalia Ortellado, decidió entregar a su madre a la niña de dos años hasta tanto culmine el juicio que se está tramitando en dicho juzgado.
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Fiscales piden desestimar denuncia de supuesta compra sobrefacturada de pupitres
El Ministerio Público solicitó la desestimación de la denuncia por la supuesta sobrefacturación en la compra de pupitres chinos realizada por la Itaipú binacional.
Los agentes fiscales Luis Piñánez, Luz Guerrero y Christian Benítez presentaron formalmente el pedido de cierre definitivo de la causa ante el Juzgado interviniente, defendiendo el argumento de que las arcas del Estado no sufrieron pérdidas, y por ende, no se produjo un hecho punible.
En el escrito del pedido de desestimación consta que se realizaron comparaciones con licitaciones similares en el Brasil y el precio pagado por Itaipú en Paraguay es menor a otras licitaciones.
La denuncia había sido impulsada por un grupo de legisladores en marzo de 2025, quienes habían argumentado que los precios de los pupitres oscilaban en fábricas chinas entre 15 y 30 dólares, pero según acusaron la Itaipú supuestamente pagó 96 dólares por unidad.
Sin embargo, la Unidad Anticorrupción concluyó que no existió perjuicio patrimonial en la compra de los mobiliarios chinos. Esto, a resultas de que los peritos consideraron razonables los costos finales tras sumar los gastos de logística y distribución nacional.
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Imputan a un grupo de cinco personas por coacción sexual, rapto, robo y extorsión
- Ciudad del Este. Agencia regional
El fiscal Alcides Giménez Zorrilla, de la Unidad Penal N.º 9 de Ciudad del Este, inició proceso contra cinco personas (tres hombres y dos mujeres), por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción sexual y violación, privación de libertad y extorsión agravada. La víctima es un joven de 26 años, de nacionalidad paraguaya.
Uno de los imputados es Edson Andrade Pimenta Sobrinho (57), de nacionalidad brasileña y está detenido con pedido de prisión preventiva. Los otros cuatro procesados son paraguayos y están prófugos.
La causa investigada tiene que ver con los hechos ocurridos el 6 de julio de 2026, alrededor de las 15:00, en un inquilinato del barrio Acaray de Ciudad del Este.
El denunciante contó que acudió al lugar para mantener un encuentro previamente acordado con una mujer, con quien había establecido contacto a través del celular.
Ya estando en la habitación, la mujer habría iniciado una agresión y generó un altercado con el hombre, situación que fue aprovechada por los supuestos cómplices para ingresar al sitio, reducir al joven y retenerlo contra su voluntad.
Posteriormente, lo habrían agredido físicamente y sometido sexualmente, mientras registraban el hecho en un video.
De acuerdo con la pesquisa de la Fiscalía, tras consumar la agresión, los presuntos autores utilizaron un arma de fuego y la grabación, para amenazar a la víctima con difundir las imágenes, si no accedía a sus exigencias. Asimismo, habrían obtenido las claves de acceso del teléfono y realizaron extracciones y transferencias de dinero a sus cuentas bancarias.
Luego de todo eso, la víctima fue liberada con la previa advertencia de no denunciar lo ocurrido, porque si lo hacía, el vídeo sería divulgado. Sin embargo, el afectado acudió a la subcomisaría 54 para denunciar el hecho.
Personal policial fue hasta el lugar y aprehendió a unos de los involucrados, el ciudadano brasileño, quien había permanecido en el lugar.
El Ministerio Público dispuso la inspección médica forense de la víctima, cuyo informe constató lesiones físicas compatibles con la denuncia presentada.
Fue requerido al Juzgado Penal de Garantías la declaración de rebeldía y la emisión de órdenes de captura contra los cuatro ciudadanos paraguayos que permanecen prófugos.
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Fiscal general insiste en más presupuesto para el Ministerio Público
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ratificó su reclamo de mayor presupuesto para el Ministerio Público, argumentando que el presupuesto con el que cuenta actualmente no es suficiente para cumplir con el funcionamiento de la institución, más aún en todo el país. En este sentido, afirmó que las limitaciones presupuestarias afectan tanto al funcionamiento como a la estructura de la Fiscalía.
“Es un tema de mi máxima preocupación, hay que distinguir dos aspectos que parece ser que la clase política no va captando, la autonomía y la autarquía del Ministerio Público, que son reconocidas por la propia Constitución Nacional en cumplimiento de determinadas misiones como acción penal pública en todos los niveles desde el escenario del crimen hasta el cumplimiento de sentencia definitiva, objetivos de la pena, readaptación social y defensa de la sociedad, por un lado”, indicó en diálogo con la 1020 AM.
Rolón sostuvo que también cuentan con otras misiones, “no menos importantes como medio ambiente, como derecho de comunidades indígenas, como intereses difusos y representación social, tremendas misiones que se le otorga al Ministerio Público”.
Ante estas misiones constitucionales, la institución está obligada a ubicarse en todos los rincones del país, y eso implica la necesidad de contar con el doble de fiscales, y tecnología, de acuerdo con el fiscal general.
“Llegamos al siglo XXI surge el Ministerio Público con autonomía constitucional y autarquía y le asignan misiones y, sin embargo, el presupuesto debe ser absolutamente controlado por el Poder Ejecutivo y nos dicen que no se puede aumentar el presupuesto y esto hace desde hace 10 año. Tuvimos que abandonar a comienzos del 2000, 2001, el Poder Judicial y tuvimos que ocupar rincones en todo el país. Necesitamos edificaciones propias porque la estructura del Ministerio Público es bastante diferente”, apuntó.
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