Este domingo, la Policía Nacional informó que en las últimas 24 horas recibió un total de 93 llamadas por violencia familiar, todas estas fueron asistidas y las víctimas puestas a salvo. Del total de contactos recibidos en Asunción, el 70 % son de personas que no necesitaban ayuda.

Según el reporte dado por el sistema 911, durante la jornada del sábado 7 de marzo se recibió un total de 1.848 llamadas, de las cuales 571 fueron de personas que realmente requería ayuda. De este número, 93 fueron por casos de violencia familiar, que fueron intervenidos de inmediato y las víctimas resguardadas.

Así también, recibieron 125 denuncias por casos de polución sonora que se registraron especialmente por la noche y la madrugada. La lista sigue con 93 casos de perturbación a la paz pública, también se reportaron 34 accidentes de tránsito y cinco casos de robos o asaltos.

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La Policía señaló que 1.277 llamadas fueron de no emergencias o personas que no requerían asistencia, equivalente al 70 % de los ingresos, que solo retrasan la ayuda que podría estar necesitando una víctima de violencia familiar.

Según el desglose de llamadas 978 fueron de personas que contactan y luego no contestan, 80 fueron de los que llaman para pedir información, 60 de niños que están jugando, una para decir obscenidades y 140 por distintas razones como mensajería, insultos u operativas.

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Este sábado, en el Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público, reveló que en el capítulo de Violencia contra la Mujer, hasta la fecha se registraron 9 víctimas de feminicidio en Paraguay. Además quedaron un total de 8 causas abiertas, atendiendo que en una se investiga la muerte de 2 víctimas.

“En este mismo contexto, se registran otras 8 víctimas de tentativas de feminicidio, además otras 3 causas investigadas como tentativa de homicidio (pero que fueron víctimas colaterales, entre ellas 1 niño)”, explicaron.

Indicaron también que en el primer mes del 2026 se reportaron 6 casos y en el mes de marzo 3 casos. Las cifras exponen que en dicho lapso y de acuerdo con los datos registrados por departamento a nivel país, Central reportó 6 víctimas, Concepción 1 caso, Asunción 1 caso, y Canindeyú 1 caso.

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Los autores del estudio también destacaron que la edad promedio de las víctimas es de entre 12 y 80 años, mientras que la edad promedio de los agresores es de 18 a 80 años. Una de las víctimas era menor de 12 años.

Desde Datos Abiertos también expusieron acerca de la cantidad de hijos que quedaron huérfanos, una de las consecuencias que casi siempre quedan sin ser visibilizadas. En tal sentido, indicaron que “17 hijos quedaron huérfanos, 6 de las víctimas eran madres. Del total de víctimas, 9 eran de nacionalidad paraguaya, dos de ellas pertenecientes a comunidades indígenas”.

En lo que respecta al parentesco del agresor, principalmente fueron parejas, es decir 3 parejas, asimismo, 1 expareja, 1 padrastro, 1 hijo, 2 conocidos y 1 a determinar. Tres de los autores se suicidaron.

Con relación al sitio de los sucesos, 7 casos tuvieron lugar en viviendas y 2 en la vía pública.

El estudio también se refiere al tipo de arma utilizada: en 5 casos se utilizaron arma blanca, 2 casos de muerte por arma de fuego, mientras que 1 víctima falleció por asfixia y 1 por traumatismos, por golpes.

Agregaron que hsta el momento, 6 presuntos responsables se encuentran imputados por el Ministerio Público, en tanto que 3 se suicidaron.

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Finalmente, recoradron que “la violencia es todo acto y/o acciones sistemáticas, que puedan tener como resultado un daño psicológico, físico o un daño sexual. Así también amenazas, coacción, o privación de libertad, u otro tipo de daño, tanto si se producen en la vida pública, laboral o en la vida privada".

Durante un operativo de entrega vigilada realizado ayer vier­nes a la tarde, una comitiva fiscal-policial, encabezada por el agente fiscal Fede­rico Delfino, procedió a la detención del jefe de Clínica Médica Forense del Minis­terio Público, por un caso de presunta extorsión a un funcionario de esa misma dependencia.

El hecho se registró en la parte trasera de un conocido shopping de Asunción y en la ocasión los intervinien­tes detuvieron a Juan José Saldívar, responsable de la Clínica Médica Forense de la Fiscalía, quien no opuso resistencia en el momento de la aprehensión. El fiscal Delfino dijo en la 1020 AM que Saldívar había pedido a un funcionario suyo la entrega de 15 millones de guaraníes, billetes que pre­viamente fueron fotocopia­dos para convalidar el pro­cedimiento.

“Saldívar fue detenido por un posible caso de extorsión a uno de sus funcionarios, quien a su vez habría encu­bierto una supuesta falta administrativa en la institu­ción”, afirmó el fiscal Delfino. La investigación continúa en curso. En las próximas horas, Saldívar sería imputado por la Fiscalía. El jefe forense también sería funcionario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

En otro caso, el fiscal Alberto Torres Flores, titular de la Unidad Zonal 3 de Presi­dente Franco, imputó a tres supuestos miembros (de 23, 26 y 28 años) de una banda criminal que habría sido responsable del asalto a un cambista y de otros hechos de robo a mano armada. Tam­bién está procesado el padre de uno de los jóvenes, de 53 años, en calidad cómplice, porque habría facilitado su vehículo a la gavilla a cambio de dinero.

El escrito de imputación sos­tiene que los citados habrían conformado un grupo crimi­nal para planificar el atraco. Uno de los hechos por los que se los imputa ocurrió el 28 de febrero de 2026, alrededor de las 5:15, cuando los tres hom­bres se trasladaron hasta Pre­sidente Franco a bordo de un automóvil Toyota Premio, color plateado.

Vestidos con chalecos y pan­talones tácticos, quepis y los rostros parcialmente cubier­tos, interceptaron a la víc­tima frente a su vivienda en el barrio Santa Rosa a punta de armas de fuego. El afectado se disponía a salir en su rodado cuando fue encañonado y des­pojado de 800.000 guaraníes, dos anillos de oro, documen­tos personales y un teléfono celular de la marca Xiaomi. El hecho quedó registrado en las cámaras de circuito cerrado de la vivienda, donde también se pudo ver cuando abordaron nuevamente el vehículo para abandonar el lugar.

En un documento de 84 páginas, este viernes, desde el Ministerio Público informaron que los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acta de imputación en contra del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de autor. También fueron imputados:

1. Sebastián Martínez Insfrán
2. Sonia Barrios Ramírez
3. Walter Hugo García Méndez
4. Salem Esgaib Zugaib
5. Lucía Elizabeth Lisboa de Torales
6. Valeria Fabiana Romero
7. Hugo Benítez Vázque
8. Karen González Vergara
9. Fredy Guzmán Martínez
10. y Cinthia Noelia Alen Guerrero

Todos ellos por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices.

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Según breve relato, se le atribuye a Prieto Vallejos un supuesto perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este por un valor aproximado de G. 757.166.276, resultantes de diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ, de Fredy Guzmán Martínez, y M&M Constructora de la Lic. Cinthia Noelia Alen, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.

Luego de los trámites de rigor, la Fiscalía requiere la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva sobre los imputados, indicaron.

“En ese contexto, nos encontramos ante la presencia de suficientes elementos de convicción que nos indican la existencia de un hecho punible y nos hallamos ante la suficiente sospecha de la participación de los imputados en su perpetración quienes habrían colaborado con el jefe comunal en la disminución patrimonial de la comuna”, explicaron los agentes fiscales.

Por tanto, a continuación indicaron que se aplican las siguientes medidas cautelares:

• Fianza personal o caución real adecuada sobre los imputados por la suma que el Juzgado estime conveniente de acuerdo a la naturaleza de los hechos que se investigan.
• Prohibición de salida del país.
• Fijación de un domicilio procesal y teléfonos para las notificaciones personales a los imputados.
• La obligación de presentarse periódicamente ante el juez.
• y cualquier otra medida que sea compatible con la naturaleza del caso.

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