El agente fiscal Elvio Aguilera formuló imputación por narcotráfico contra Cristhian Ariel Mareco, quien fue detenido con 1.675 kilogramos de marihuana. El referido representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado.
De acuerdo con la investigación, el citado fue interceptado por agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía, este 16 de diciembre, siendo las 20:00 aproximadamente, cuando circulaba en un tractocamión, marca Scania, con matrícula Nº CAY 659. El rodado tenía una carreta, de color rojo, chapa OAC 561, y supuestamente transportaba maíz.
Sin embargo, tras ser verificado el vehículo, los intervinientes constataron que había 69 paquetes de la sustancia alucinógena entre los granos. Los antecedentes refieren que los uniformados manejaban informaciones sobre Cristhian Ariel, quien conforme con las averiguaciones, se movilizaba en el camión cargado con estupefacientes.
Los datos que procesaron los investigadores daban cuenta que el indiciado venía del norte del país y habría sufrido un desperfecto mecánico en el km 10, lado Monday, a unos 2.000 metros de la Ruta PY02, por lo que inmediatamente se trasladaron hasta el sitio mencionado y corroboraron los datos.
Refiere el acta de imputación, que a las 23:30 de la fecha indicada, se procedió a la verificación del cargamento, a través de la puerta posterior de la carreta, por donde cayó el maíz, dejando ver varios fardos envueltos en polietileno con rótulos.
Las sustancias halladas en el interior de la carreta fueron retiradas y posteriormente sometidas al análisis primario de campo, extrayéndose para tal efecto 2 muestras al azar, arrojando resultado positivo a supuesta marihuana.
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Incautan 2.815 kilos de marihuana y detienen al mayor acopiador en Saltos del Guairá
En cuatro procedimientos simultáneos realizados en la tarde de ayer miércoles en la colonia Guadalupe de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, fue detenido el considerado como mayor acopiador de diferentes tipos de droga en la zona y se incautó 2.815 kilos de marihuana.
El operativo fue desarrollado por agentes del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Policía Nacional. El aprehendido fue identificado como Nery Ribeiro Ferreira (40).
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El comisario César Diarte, jefe del Departamento de Antinarcóticos, indicó a la 1.000 AM que en la vivienda del detenido se incautó además de la droga un arma larga calibre 7.62, cartuchos del mismo calibre, dos lanchas rápidas, dos camionetas y documentos varios que serán analizados.
Una de las propiedades allanadas tenía una interconexión con otra vivienda a través de un portón trasero, según el jefe policial. El detenido no contaba con antecedentes policiales y operaba trasladando la droga en lanchas por el río Paraná hasta el Brasil. “Se cuidaba mucho. Tiene una logística y una estructura muy importante en la zona”, dijo Diarte a la 780 AM.
El fiscal Abelino Bareiro y el subcomisario Ángel Ibarra, jefe de Antinarcóticos de Saltos de Guairá, estuvieron a cargo de los allanamientos efectuados en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
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Colombia: incautan primer narcosubmarino teledirigido del Clan del Golfo
La Armada de Colombia anunció el miércoles la primera incautación de un narcosubmarino no tripulado en el mar Caribe controlado de manera teledirigida, equipado con una antena Starlink y con capacidad para transportar 1,5 toneladas de cocaína. El uso de semisumergibles por parte de los carteles del narcotráfico para transportar droga hacia Estados Unidos y Europa es una práctica común en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo.
Según la Armada, la nave requisada cerca de la ciudad de Santa Marta (norte) era propiedad del Clan del Golfo, el mayor grupo narcotraficante del país. No tenía drogas en su interior, pero la fuerza pública considera que los narcos realizaban pruebas antes de usarla. Imágenes compartidas por las autoridades muestran la proa del narcosubmarino gris con una antena del proveedor satelital Starlink, propiedad del multimillonario Elon Musk, según dijo la Armada a la AFP.
El uso de narcosubmarinos está documentado desde hace al menos dos décadas, pero las distancias de sus recorridos son cada vez mayores y su uso cada vez más frecuente. Las autoridades regionales incautaron un récord de 38 narcosubmarinos en el Atlántico y el Pacífico en 2018, según el centro de reflexión estadounidense Insight Crime.
En noviembre de 2024, un semisumergible cargado con cinco toneladas de cocaína, cuyo destino era Australia, fue incautado en el Pacífico por las autoridades colombianas. El hallazgo “refleja la migración hacia sistemas más sofisticados no tripulados”, que usan para “dificultar su rastreo por radar e incluso operar con autonomía parcial por parte de redes criminales”, dijo en rueda de prensa el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada.
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“Talón de Aquiles”
Fabricadas en Colombia, estas embarcaciones rústicas y ligeras viajan a ras de la superficie del agua, recorren distancias más largas que las lanchas rápidas y son difíciles de rastrear para las autoridades.
Al menos desde 2017, “los carteles mexicanos habían contratado expertos en tecnología y también ingenieros para poder generar un submarino no tripulado” y facilitar sus rutas de droga en el Pacífico colombiano, aseguró Juana Cabezas, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Los dos principales carteles de narcotráfico en México, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, mantienen operaciones en el país sudamericano, que según la ONU concentra el 67 % de los cultivos de hoja de coca del mundo.
El Clan del Golfo, un grupo de origen paramilitar, hace negocios con ambos grupos, según las autoridades.
Con la incorporación de estas tecnologías, los narcotraficantes “se evitan costos” y logran un traslado “más seguro” de la droga, agregó la experta. “Es un talón de Aquiles para las autoridades”.
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La legislación colombiana castiga el uso, construcción, comercialización, tenencia y transporte de semisumergibles con penas de hasta 14 años de prisión.
Según Cabezas, el uso cada vez más frecuente de tecnologías avanzadas evidencia una “globalización” del conflicto armado colombiano de medio siglo que enfrenta a guerrillas, narcotraficantes y fuerzas estatales.
En los últimos años, grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC han aumentado los ataques con drones cargados de explosivos y han incrementado el uso de las redes sociales para reclutar menores. Para desarrollar estas tecnologías, los grupos armados reclutan a técnicos e ingenieros en muchos casos bajo coacción. “Hay una necesidad de perfiles tecnológicos en este momento”, aseguró Cabezas.
Fuente: AFP.
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Hijo del Chapo acepta declararse culpable por narcotráfico en EE. UU.
Ovidio Guzmán, uno de los hijos del cofundador del cártel de Sinaloa Joaquín “Chapo” Guzmán, acusado de narcotráfico, alcanzó un acuerdo de culpabilidad y evitar así un juicio, según documentos judiciales divulgados ayer martes. Ovidio Guzmán, alias El Ratón, uno de los cuatro hijos del Chapo conocidos como Los Chapitos que estaban al frente de una facción del cártel de Sinaloa, firmó el 30 de junio de su puño y letra un documento en el que señala que “desea declararse culpable”, lo cual le evitará tener que sentarse en el banquillo.
Como consecuencia del acuerdo, la fiscalía del tribunal del distrito Sur de Manhattan publicó un documento en el que retiraba los cargos que pesaban sobre él por conspiración en empresa criminal continuada, narcotráfico, blanqueo de dinero, uso de armas de fuego y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo, aunque en realidad transfirió el dossier al tribunal de Chicago, que aceptó encargarse del caso.
El próximo 9 de julio está prevista una audiencia para oficializar su declaración de culpabilidad ante la jueza Sharon Johnson Coleman, según documentos del tribunal de Chicago. Tras ese trámite, la jueza le impondrá una sentencia en fecha aún por determinar.
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Las autoridades estadounidenses acusan a Ovidio y a sus hermanos Archivaldo Iván Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López de ser los líderes de Los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa, designado por el actual gobierno de Donald Trump como organización “terrorista” global.
Estados Unidos acusa a los cuatro hijos del Chapo Guzmán de traficar fentanilo hacia territorio estadounidense, donde ese opioide está relacionado con decenas de miles de muertes.
Sanciones a Los Chapitos
Ovidio Guzmán fue detenido el 17 de octubre de 2019 en Culiacán (noroeste), pero fue liberado por orden del entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por la violencia que desató el cártel de Sinaola en represalia.
En septiembre de 2023, cuando López Obrador aún gobernaba, volvió a ser capturado y las autoridades lo extraditaron a Estados Unidos.
Como parte de la negociación, las autoridades estadounidenses permitieron la entrada al país de 17 familiares de Ovidio en mayo pasado.
Además de él, su hermano Joaquín también fue trasladado a Chicago.
La detención de Joaquín Guzmán López ocurrió el 25 de julio de 2024, cuando aterrizó en Estados Unidos en un pequeño avión en compañía de Ismael “Mayo” Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa junto con el Chapo.
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Zambada, de 77 años, dijo haber sido víctima de una emboscada y engañado por Guzmán López para ser llevado a la fuerza a Estados Unidos a cambio de supuestas ventajas para éste y su hermano Ovidio. Mientras, el capo Chapo Guzmán cumple cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico.
En su agresiva política contra los cárteles de la droga, el gobierno de Trump anunció a inicios de junio más sanciones contra Los Chapitos por tráfico de fentanilo y aumentó la recompensa a 10 millones de dólares por cada uno de los hermanos prófugos (Archivaldo Iván y Jesús Alfredo).
La administración estadounidense culpa al “liderazgo de Iván” de “la alarmante oleada de violencia en México y Estados Unidos contra civiles, fuerzas de seguridad y miembros de cárteles rivales”. La confrontación entre los herederos de Zambada y los hijos del Chapo tras la detención del Mayo desató una sangrienta guerra en el estado de Sinaloa, que ha dejado más de 1.200 muertos, entre ellos 39 menores, y 1.400 desaparecidos.
Fuente: AFP.
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Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para imputar al intendente Luis Yd
En la tarde del lunes se confirmó la imputación contra el intendente de Encarnación, Luis Yd, en el marco de la investigación por el derrumbe del edificio que se cobró la vida de dos personas.
Desde el Ministerio Público defendieron esta acción manifestando que existen elementos suficientes para señalar al jefe comunal de uno de los responsables en la negligencia que ocasionó el colapso de la estructura edificada.
“Esta es una imputación que versa sobre sospechas de comisión de hechos punibles y las pruebas hasta este momento han arrojado la sospecha necesaria para la presentación de la imputación, debemos seguir recabando otros medios de prueba a los efectos de pasar del estado de sospecha al de convicción y eso sí motivaría la presentación de una acusación”, explicó el fiscal Ever Williams.
En conversación con varios medios de prensa, el fiscal expuso que el Ministerio Público se ha tomado el tiempo necesario para hacer la investigación y que no podían apresurarse a presentar una imputación dado que a partir de esta etapa, existe un plazo limitado para la conclusión de esta fase y pasar a la acusación, por lo que era necesario recabar los datos que permitan sustentar las sospechas. A partir de ahora, la Fiscalía tiene seis meses de trabajos para presentar la acusación.
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“No estamos ante un hecho punible común, estamos hablando de la caída de un edificio, lleva tiempo la toma de declaraciones y eso merece un análisis exhaustivo. Apresurarnos a presentar una imputación sin siquiera tener un presupuesto de cuánto iba a costar realizar un estudio pericial en la zona del derrumbe, sería muy aventurado, por eso nos tomamos el tiempo suficiente para presentar la imputación”, alegó.
El derrumbe del edificio en construcción se registró en la noche del 2 de abril pasado, en el barrio San Roque de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.
Yd es sindicado por la comisión de hechos punibles de actividades peligrosas en la construcción y homicidio culposo, al igual que el ingeniero de obras. Asimismo, los arquitectos son señalados por estos hechos punibles y además, son sospechados por la exposición de personas a trabajos peligrosos, mientras que el encargado de obras fue imputado por homicidio culposo.
“No vimos la necesidad de ordenar ninguna orden de detención, sí hemos solicitado la aplicación de algunas medidas que garanticen el sometimiento de los mismos al procedimiento como la prohibición de salida al país, la constitución de un domicilio, la firma mensual de los imputados en el juzgado”, detalló el fiscal.
Los demás imputados por la Fiscalía son: René Orlando Miglio, director de Obras; Ramona Teresa Bogado Benítez, propietaria del edificio; Roberto Montiel Cabral, sereno; y los arquitectos Mario Bruno Urbina, y Roberto Faustino Ramírez.
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