El agente fiscal Elvio Aguilera formuló imputación por narcotráfico contra Cristhian Ariel Mareco, quien fue detenido con 1.675 kilogramos de marihuana. El referido representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado.
De acuerdo con la investigación, el citado fue interceptado por agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía, este 16 de diciembre, siendo las 20:00 aproximadamente, cuando circulaba en un tractocamión, marca Scania, con matrícula Nº CAY 659. El rodado tenía una carreta, de color rojo, chapa OAC 561, y supuestamente transportaba maíz.
Sin embargo, tras ser verificado el vehículo, los intervinientes constataron que había 69 paquetes de la sustancia alucinógena entre los granos. Los antecedentes refieren que los uniformados manejaban informaciones sobre Cristhian Ariel, quien conforme con las averiguaciones, se movilizaba en el camión cargado con estupefacientes.
Los datos que procesaron los investigadores daban cuenta que el indiciado venía del norte del país y habría sufrido un desperfecto mecánico en el km 10, lado Monday, a unos 2.000 metros de la Ruta PY02, por lo que inmediatamente se trasladaron hasta el sitio mencionado y corroboraron los datos.
Refiere el acta de imputación, que a las 23:30 de la fecha indicada, se procedió a la verificación del cargamento, a través de la puerta posterior de la carreta, por donde cayó el maíz, dejando ver varios fardos envueltos en polietileno con rótulos.
Las sustancias halladas en el interior de la carreta fueron retiradas y posteriormente sometidas al análisis primario de campo, extrayéndose para tal efecto 2 muestras al azar, arrojando resultado positivo a supuesta marihuana.
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Alba Cantero juró como fiscal general del Estado hasta 2028
Alba Rocío Cantero juró ante el Senado como fiscal general del Estado interina. Conducirá el Ministerio Público hasta 2028 para completar el periodo constitucional de Emiliano Rolón.
En sesión extraordinaria, la Cámara Alta, presidida por el senador Basilio Núñez, tomó juramento a la abogada Alba Rocío Cantero como fiscal general del Estado tras la renuncia de Emiliano Rolón Fernández.
Alba Rocío Cantero asumió formalmente el día de ayer la titularidad interina del Ministerio Público tras prestar juramento ante el pleno de la Cámara de Senadores. Con este acto protocolar, asume la conducción de la Fiscalía General del Estado (FGE) para completar el periodo constitucional correspondiente a Emiliano Rolón Fernández, quien presentó su renuncia al cargo.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, por mayoría y con un voto en contra, recomendó al Pleno aceptar la toma de juramento de rigor, conforme a lo establecido en el artículo 271 de la Constitución Nacional y con los alcances previstos en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Cantero obtuvo 35 votos a favor, tres en contra y una abstención durante la sesión del Senado convocada para analizar el tema. La nueva titular del Ministerio Público tiene 25 años de experiencia y se desempeñaba como fiscala adjunta en lo Penal.
De acuerdo con lo resuelto por el Legislativo, el interinato de Cantero se extenderá hasta el año 2028, fecha en la que culmina el mandato originalmente iniciado por Rolón.
La designación y toma de juramento se concretaron luego de que la Cámara Alta tratara y aprobara la propuesta para habilitar su asunción, conforme a los mecanismos y plazos establecidos en la Constitución Nacional.
Con este trámite, la institución busca garantizar la continuidad operativa y administrativa del Ministerio Público tras la dimisión de su anterior titular.
Ministerio Público respalda labor de fiscales del caso Ueno
“Tenemos equipos de fiscales que están trabajando día, tarde y noche”, expresó la nueva fiscal general del Estado.
La fiscal general del Estado, Alba Rocío Cantero Vera, quien juró ante el pleno del Senado el día de ayer, se reunió con la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín y los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción para interiorizarse sobre el estado y los avances de las investigaciones del caso Ueno Bank, que involucran tanto al expresidente Santiago Peña, como a exautoridades del Banco Central y a personas vinculadas al Grupo Vázquez.
Cantero sostuvo que el encuentro no constituyó una auditoría de gestión, sino que tuvo como objetivo conocer el avance de las causas y acompañar el trabajo de los equipos fiscales, sin interferir en las diligencias. “Tenemos equipos de fiscales que están trabajando día, tarde y noche”, expresó.
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
Igualmente, respaldó la labor de los agentes que tienen a su cargo la investigación y aseguró que continuarán trabajando con autonomía e independencia.
“Les aseguro que ellos seguirán trabajando con total independencia y apoyo”, sostuvo.
Finalmente, Cantero indicó que se busca fortalecer la confianza ciudadana en el Ministerio Público y recuperar la tranquilidad de fiscales y funcionarios para que puedan desarrollar sus actividades con normalidad.
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Tras renuncia de fiscal general, plantean necesidad de restablecer confianza en instituciones
Para el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, la renuncia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, representa una oportunidad para iniciar un proceso de reconstrucción institucional y recuperar la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público.
El congresista destacó que las bancadas A y B del Partido Colorado asumieron una postura favorable al juicio político al considerar que la ciudadanía reclamaba un cambio en la conducción de la Fiscalía.
“Nosotros creemos que este es un momento donde se tiene que restablecer el orden institucional en nuestro país y tenemos que recuperar la confianza ciudadana en las instituciones”, expresó.
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Dijo que desde el bloque colorado se entendió el clamor sobre la urgencia del cambio en la conducción del Ministerio Público “que tiene el monopolio de la acción penal pública”.
Así también, el diputado Latorre manifestó que el próximo titular de la Fiscalía tendrá el desafío de responder a la crisis de credibilidad que atraviesan las instituciones.
A su vez, recordó que desde el inicio de la crisis desatada por la resolución de Ueno Bank, desde su curul planteó como prioridades: la recuperación de los ahorros de los afectados, la estabilización del sistema financiero y el esclarecimiento de los hechos mediante la actuación de la Justicia.
Aseveró que las investigaciones deben avanzar sin distinción de las personas involucradas y que quienes tengan responsabilidades deberán responder ante la Justicia.
Consultado sobre la situación de la Contraloría General de la República y los cuestionamientos a su titular, Camilo Benítez, Latorre consideró necesario abrir un diálogo amplio entre los distintos sectores políticos para avanzar en una agenda de reconstrucción institucional.
Indicó que el país atraviesa una etapa que exige acuerdos y entendimientos, especialmente de cara al escenario electoral de 2027 y 2028, donde la ciudadanía va a tener el poder en el ejercicio del derecho a voto de elegir a su nueva autoridad.
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Alba Cantero asumirá la conducción interina de la Fiscalía General del Estado
Tras presentar su renuncia al cargo de fiscal general del Estado, Emiliano Rolón designó como encargada de Despacho y la función de ordenador de gastos a la fiscal adjunta Alba Rocío Cantero Vera. La medida, formalizada a través de la Resolución F.G.E. Nº 4665, se rige en estricto cumplimiento del artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Conforme a la disposición legal se estipula que la titularidad interina sea asumida por la fiscal adjunta en lo penal más antigua de la institución, debido a su carácter normativo. La disposición administrativa y de orden funcional entrará en vigencia a partir del próximo miércoles 18 de noviembre de 2026, conforme a la resolución que fue firmada por el propio Rolón.
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Además, remitió su nota al presidente de la República, Pedro Alliana, quien deberá aceptar la renuncia del fiscal general para proceder al mecanismo de reemplazo hasta la designación de un nuevo fiscal general. Rolón asumió el cargo en el 2023 y debió permanecer hasta el 2028, en cumplimiento de los 5 años establecidos en la Constitución Nacional.
El propósito de la designación de la fiscal Cantero Vera es garantizar la continuidad institucional y la operatividad administrativa de la entidad mediante la delegación de las funciones del despacho y de ordenador de gastos.
Conforme a la normativa que prevé ante ausencias temporales, inhabilidades o situaciones que afecten al titular, el despacho será asumido por los fiscales adjuntos de acuerdo con los criterios de antigüedad y especialidad fijados en la ley y los antecedentes institucionales; que en este caso, recae en la figura de la fiscal adjunta penal Alba Rocío Cantero Vera.
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Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
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Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
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Captación de depósitos pese a advertencias
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
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