El diputado colorado Rodrigo Gamarra participó este viernes de la 39° Asamblea del Parlamento Latinoamericano y del Caribe (Parlatino), en la que conversaron sobre sostenibilidad de Latinoamérica y el Caribe ante el mundo cambiante. Destacó que como presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur) abogó por una región más integrada, más justa, más equitativa y con mayores oportunidades para todos.

En el uso de la palabra ante la asamblea que se desarrolla en la capital de la República de Panamá, el legislador paraguayo señaló que desde el Parlasur llegó acompañado de varios otros colegas, para ratificar una vez más la integración de la región de América Latina y el Caribe.

“Consideramos que estos espacios de diálogo son importantes para fortalecer y cimentar las bases de la construcción de un continente mejor para todos. Porque la sostenibilidad pasa por esto que hoy estamos realizando en este encuentro del Parlatino”, expresó el legislador paraguayo.

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Agregó que este tipo de reuniones no solo sirven para compartir un café, sino que son espacios que permiten construir una amistad sólida que hagan crecer en los siguientes pasos como infraestructura, conectividad, seguridad jurídica, que son los que va a permitir que sean sostenibles estas alianzas que se están buscando entre las distintas naciones.

“Soy un convencido de que nuestra región hoy es bendecida en muchos aspectos. En primer lugar, por ser una región o zona de paz y de estabilidad social. Más allá de las diferencias que se pudieran tener entre los diferentes países, por cuestiones políticas, pero por sobre todo porque prima el respeto a la diversidad de pensamiento o de creencia que podamos tener que es, finalmente, lo que nos permite seguir avanzando y seguir construyendo”, acotó.

El diputado Gamarra resaltó que prueba de que a pesar de las diferencias, se puede llegar a concretar cosas importantes, como el Acuerdo Mercosur - Unión Europea, que se concretó en diciembre pasado en Asunción, Paraguay.

“Este acuerdo nos ha demostrado que aquello que parecía tan difícil que es ponernos de acuerdo, se puede. Mediante el diálogo, mediante el afianzamiento en las relaciones y de tratar de entender un poco y empatizar un poco más con los demás países de la región y el mundo”, expresó,

Finalmente, señaló que desde el Parlasur están dispuestos a trabajar con el Parlatino a fin de fortalecer este tipo de espacios y de foros de tal modo que pueda ser mucho más integral e inclusivo. “De tal modo que aquellos países que aún no participan puedan estar presentes en las siguientes reuniones”, concluyó.

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• César Palacios
• Comunicador y docente
• @cespala

Vivimos en una época donde la información abunda, pero el conocimiento profundo escasea. Opiniones sobran, datos faltan. Decisiones urgentes se toman muchas veces desde la intuición –o peor aún, desde la repetición– sin detenernos un momento a hacer la pregunta más importante que puede hacerse una sociedad, una institución o una persona: ¿qué no sabemos?

Aceptar la ignorancia parece, a primera vista, un signo de debilidad. Sin embargo, es exactamente lo contrario: es el punto de partida del aprendizaje, del descubrimiento y del desarrollo. Las sociedades que más progresan no son las que presumen de saberlo todo, sino las que se animan a cuestionar, probar, medir, dudar… y volver a empezar.

En tiempos donde la velocidad manda, detenerse a investigar se vuelve casi un acto contracultural. Pero es, por eso mismo, un acto transformador.

En “Sapiens: de animales a dioses” (2011), el historiador israelí Yuval Noah Harari dedica los capítulos 14 y 15 a una idea tan simple como revolucionaria: las sociedades que más avanzaron fueron aquellas que aceptaron que no tenían todas las respuestas. Harari explica que la revolución científica no surgió de una acumulación de certezas, sino del reconocimiento explícito de la ignorancia.

Europa –y en especial Inglaterra– adoptó una postura completamente nueva para la época: ver la ignorancia no como un obstáculo, sino como una oportunidad. Esta mentalidad llevó a investigar, observar y medir el mundo con una combinación de humildad radical y audacia extraordinaria.

Harari muestra cómo los ingleses integraron la investigación a su proyecto político y económico. Sus barcos no eran solo naves militares: eran laboratorios flotantes, repletos de botánicos, astrónomos, médicos, artistas y cartógrafos.

Un caso emblemático es el de James Cook, quien aplicó los estudios del médico James Lind sobre los cítricos y logró que en su tripulación no muriera ni un solo hombre por escorbuto, una hazaña inédita para la época. Era ciencia aplicada a la vida real, transformando expediciones potencialmente mortales en misiones exitosas.

Esa combinación –curiosidad, método, evidencia– convirtió a Inglaterra en una potencia. No solo conquistaban territorios: conquistaban conocimiento.

Harari también recuerda que el joven Charles Darwin se embarcó en el HMS Beagle como naturalista, siguiendo esa tradición inglesa de incluir científicos en cada expedición. Allí, observando y recolectando con rigor, nació la teoría de la evolución: una de las ideas más importantes de la historia humana. Sin investigación, Darwin no habría sido Darwin.

Significa que investigar no es un lujo ni un privilegio académico; no es un posgrado ni un trámite para cumplir requisitos. Investigar es una cultura: es preguntar mejor, no aceptar la primera respuesta, contrastar fuentes, poner a prueba lo que creemos cierto y construir decisiones basadas en evidencia, no en suposiciones.

Así como los ingleses llevaron científicos a bordo de cada barco para comprender el mundo antes de transformarlo, nosotros necesitamos “científicos” –espíritus curiosos, críticos y rigurosos– en cada institución, cada empresa, cada escuela y cada proyecto público.

La investigación también exige paciencia histórica. Muchos avances que hoy damos por inevitables comenzaron como experimentos inciertos cuyos resultados finales tardaron años –o incluso décadas– en llegar a la gente. Un ejemplo reciente lo demuestra con claridad: en 2026, un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España logró eliminar por completo tumores de cáncer de páncreas en ratones mediante una triple terapia.

El resultado fue sorprendente: remisiones duraderas, sin resistencia y con efectos mínimos. ¿Llegará esto a curar personas? Probablemente, pero no mañana. Traducir un avance así a tratamientos humanos puede requerir una década de estudios y ensayos clínicos.

Lo importante, sin embargo, es que ese futuro solo es posible porque alguien se animó a hacer la primera pregunta, diseñar el primer experimento y comenzar el camino. Investigar es sembrar futuro, incluso cuando la cosecha aún está lejos.

Paraguay necesita dar un salto de escala: pasar de ver la investigación como un ejercicio académico aislado a entenderla como una práctica diaria, transversal y estratégica para el desarrollo.

Esto implica que las universidades, y de manera especial la Universidad Nacional de Asunción (UNA), deben asumir un rol mucho más protagónico:

instalar la cultura de la investigación como columna vertebral del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La investigación no puede ser un apéndice, un módulo optativo o un ejercicio al final de la carrera.

Debe ser material de trabajo, práctica constante, método, hábito y disciplina intelectual desde el primer semestre hasta el egreso.

Investigar es enseñar a pensar, a formular preguntas, a verificar datos, a dudar con fundamento y a buscar respuestas con metodología.

Y un país que quiere avanzar necesita universidades que produzcan conocimiento, no solo que transmitan contenidos.

Necesitamos investigar más en educación, salud, turismo, comunicación, gestión pública, tecnología, economía creativa y todas las áreas donde Paraguay tiene potencial para crecer.

Necesitamos equipos que midan, comparen, prueben y aprendan. Porque sin investigación, navegamos a ciegas.

Con investigación, navegamos con brújula.

El diputado colorado Carlos Núñez Salinas se refirió al debate de la reforma de la Caja Fiscal, la cual considera una tarea urgente para cuidar las pensiones y jubilaciones de los trabajadores públicos, de hoy y de mañana. Sostuvo que este debate no es solo responsabilidad del Gobierno o del Congreso Nacional, sino que es un desafío que interpela a toda la sociedad.

Durante una comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que mantener el sistema actual haría que la mayoría pague impuestos para sostener privilegios que ponen en riesgo la jubilación de miles de funcionarios públicos.

“La urgencia es evidente. Resulta insostenible que en el futuro la Caja Fiscal se financie plenamente con los impuestos del 65 % de los trabajadores que, paradójicamente, jamás accederán a una jubilación. Por ello, debemos escuchar y respetar a docentes, policías y militares, pero también corregir las desigualdades: no es justo que algunos se jubilen muy jóvenes mientras otros esperan hasta los 60″, expresó Núñez a LN.

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El congresista recordó que, en la última década (2015-2025), el sistema jubilatorio fiscal ha acumulado un déficit superior a los 1.100 millones de dólares, generado principalmente por los sectores de docentes, militares y policías.

Señaló que esta brecha financiera se ha convertido en una pesada carga para la clase trabajadora, que sostiene al Estado a través de sus impuestos, mientras el costo se traduce en una menor capacidad de inversión en servicios públicos esenciales. Indicó que el problema no es solo contable: ha profundizado inequidades y amenaza la sostenibilidad de la jubilación de todo el servicio civil, comprometiendo el futuro de miles de trabajadores.

“Los especialistas advierten que la reforma no admite más demoras. Si el proyecto de ley no avanza, para el año 2028, el déficit deberá ser cubierto íntegramente con impuestos, desfinanciando áreas igualmente prioritarias como la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad ciudadana. En otras palabras, el costo de la inacción será pagado por toda la sociedad, y no únicamente por quienes hoy se benefician de un sistema desbalanceado", remarcó Núñez Salinas.

“El proyecto afecta principalmente a docentes, policías y militares, servidores públicos que merecen respeto y reconocimiento por su labor, pero cuya situación dentro del sistema genera un marcado desbalance e inequidad intergeneracional, pues en promedio, acceden a la jubilación alrededor de sus 50 años, aún en plena edad productiva, mientras que otros sectores deben superar los 62 años para obtener los mismos beneficios”, puntualizó Núñez a Nación Media.

Agregó que esta diferencia no solo es injusta, sino que erosiona la confianza de un sistema difícil de sostener. No obstante, señaló que es comprensible que los gremios perciban la reforma como una amenaza a derechos adquiridos.

Sin embargo, sostuvo que sostener las reglas actuales compromete la jubilación de miles de otros servidores públicos y perpetúa un modelo financieramente inviable. Por lo que considera que la verdadera discusión debería centrarse en como garantizar un sistema justo, equitativo y sostenible para todos.

“Como sociedad, debemos aspirar a mejorar las condiciones de todos los trabajadores, otro desafío acuciante es extender el derecho a la jubilación a toda la clase trabajadora. Hoy, apenas tres de cada siete personas ocupadas acceden a la seguridad social, un dato que refleja la fragilidad del mercado laboral paraguayo y coloca al país entre los de menor protección social en la región", analizó.

“La reforma de la Caja Fiscal, por tanto, debe ser vista como el primer paso de un proceso más amplio: el de construir un sistema de seguridad social inclusivo, equitativo y sostenible. No se trata únicamente de corregir un déficit financiero, sino de redefinir el contrato social entre el Estado y sus ciudadanos. La pregunta que debemos hacernos no es si la reforma es necesaria, sino que, si estamos dispuestos a asumirla con la responsabilidad y la unidad que el momento exige", concluyó.

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Víctor Pavón

Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES)

La llamada batalla cultural consiste en la prédica constante de principios y valores propios de una sociedad libre, donde el individuo, como tal, posee derechos sagrados a la vida, la libertad y la propiedad. Podría agregarse mucho más sobre este concepto, pero, en esencia, la pretensión es una sola y unívoca: si una persona no es respetada en su derecho a decidir sobre lo que considera mejor para sí misma -sin dañar a otros-, inevitablemente otros terminarán decidiendo por ella. Y la historia demuestra que así ocurre siempre.

En el caso de Paraguay, resulta interesante observar que se han logrado avances que otros países recién ahora comienzan a discutir o implementar. Temas como el déficit fiscal y la inflación han ido calando hondo, de una u otra manera, entre nuestros dirigentes políticos, al punto de que hoy muy pocos se animarían abiertamente a impulsar políticas que promuevan un aumento del gasto público sin ingresos genuinos que lo respalden. Por supuesto, esto no implica quedarnos de brazos cruzados.

Por el contrario, debemos permanecer permanentemente atentos frente a cualquier embestida populista. En este sentido, resulta especialmente relevante advertir sobre propuestas -como las que surgieron recientemente- orientadas a subir impuestos o a tolerar niveles de inflación superiores a un dígito, logro que Paraguay ha conseguido sostener en los últimos años. La Ley de Responsabilidad Fiscal, por ejemplo, es una herramienta valiosa, aunque podría fortalecerse aún más si incorporara explícitamente el principio de déficit cero.

Después de todo, ¿por qué debería autorizarse al gobernante de turno a gastar más de lo que recauda? Sabemos, fuera de toda duda razonable, que esta práctica conduce a la expansión del sector estatal, con consecuencias directas sobre los salarios de los trabajadores y las ganancias del sector empresarial.

El hecho de que cada vez más ciudadanos se interesen y discutan sobre el déficit fiscal o la inflación es, sin dudas, un resultado concreto de la batalla cultural en favor de la libertad. Una tarea fascinante, aunque muchas veces fatigosa.

Como vengo sosteniendo desde hace tiempo, el déficit fiscal y la inflación no son meros problemas de caja o de gestión financiera; son, ante todo, problemas de orden moral. Nadie debería disponer, sin consentimiento, de lo mucho o poco que cada individuo posee para destinarlo a los fines del administrador circunstancial del Estado. Por ello, celebro que el gobierno actual tome en cuenta esta cuestión e intente retornar, cuanto antes, a lo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.