Esta mañana, representantes de la Defensa Pública, el Ministerio de Justicia, del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia firmaron el protocolo de conformación del Comité Técnico Interinstitucional (CTI) en medidas alternativas a la prisión, en el marco del acompañamiento que brinda a Paraguay el Programa de Asistencia contra el crimen transnacional organizado de la Unión Europea, denominada “el PAcTO”.

La defensora general, María Lorena Segovia Azucas, expresó que está convencida que la conformación del Comité Técnico Interinstitucional permitirá la elaboración de líneas de colaboración para identificar los mecanismos útiles que admitan una aplicación efectiva de la prisión preventiva en el proceso penal.

De esta manera buscan dar cumplimiento a la regla constitucional del artículo 19 de la Constitución Nacional, de la excepcionalidad de esta medida cautelar personal, y que pueda aplicarse sólo para casos más graves, con el afán de reducir el hacinamiento penitenciario.

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Segovia Azucas señaló que la iniciativa repercutirá en beneficio de los usuarios de la Defensa Pública, puesto que de las 15.000 personas recluidas en Paraguay aproximadamente 9.000 son asistidas por la institución.

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Demostración de voluntad

“Gracias al apoyo de el PAcTO hemos concretado la constitución de estos dos importantes CTI, que institucionalizan la coordinación en el trabajo que ya venimos realizando y comprometen a las futuras autoridades a continuar el mismo en los siguientes gobiernos”, manifestó Cecilia Pérez, ministra de Justicia.

En tanto que el coordinador del Componente Sistemas Penitenciarios de el PAcTO, Giovanni Tartaglia, afirmó que la gestión de la ministra Pérez permitió un salto de calidad en esta asistencia. “Es una demostración de la voluntad de Paraguay en la lucha contra el crimen organizado”, dijo.

En lo que va del año, unas 2.900 personas que estaban recluidas y eran representadas por la Defensa Pública recuperaron su libertad. Así también, se estableció un control de seguimiento de los casos de los defensores penales que tengan personas privadas de libertad, entre otras medidas.

Objetivos

Se destacan cuatro objetivos del Comité, establecer un sistema de recopilación y análisis de datos; sensibilizar la opinión pública y los decisores políticos sobre la necesidad de financiar las medidas alternativas; implementar un sistema de medidas alternativas en todas las fases del procedimiento penal y promover una reforma del sistema penal.

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