Los acusados Carmen Carolina Duarte y Gerardo Bermúdez Arreola cambiaron de abogado y el juez Miguel Palacios suspendió la audiencia preliminar. Foto: Gentileza.
Juegos de azar: chicana impide realización de audiencia preliminar por violación de la ley
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Una vez más se suspendió la audiencia preliminar para los acusados por violación de la Ley 4716/12, régimen que establece la explotación de los juegos de azar, Carmen Carolina Duarte, Gerardo Bermúdez Arreola y Nicolás Emiliano Enjamio.
La diligencia judicial se tenía que llevar a cabo ante el juez penal de Garantías Miguel Palacios, pero se pospuso porque los acusados Duarte y Arreola cambiaron de abogados, nombrando a Carlos Villamayor como nuevo defensor. El referido profesional del derecho solicitó más tiempo para preparar la defensa de los acusados.
En abril de este año la propia Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó el proceso penal para que se pueda llevar a cabo la audiencia preliminar. El presente proceso judicial se viene dilatando gracias a la presentación de chicanas de los abogados defensores, por lo que esta situación debe llamar la atención del juez Palacios así como de los ministros de la Corte.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Bermúdez y Duarte, en su carácter de director titular y director presidente de la firma Montego Trading SA, con el nombre de fantasía Crown City Bets y/o Apuestas Jockey, respectivamente, sin autorización de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), habrían explotado juegos de azar en la modalidad de apuestas deportivas. Esto se pudo corroborar con el allanamiento realizado por el Ministerio Público en fecha 28 de junio del 2018.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que el acusado Nicolás Enjamio, en su carácter de gerente de la firma Enfield SA (con nombre de fantasía Apostamina Bet), explotó sin autorización de la Conajzar apuestas deportivas. Esta situación pudo ser corroborada el 25 de junio del 2018 cuando el Ministerio Público procedió a realizar un allanamiento en el mencionado local, ocasión en la que se constató que funcionaba una casa de apuestas.
La empresaria Dalia López cumple arresto domiciliario con el uso de tobillera electrónica mientas aguarda la realización de la audiencia preliminar. FOTO: GENTILEZA
Fijan para el 6 de noviembre la audiencia preliminar para Dalia López
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El próximo 6 de noviembre a las 08:30 se llevará a cabo la audiencia preliminar de la empresaria Dalia Angélica López. En esta diligencia, el juez penal de Garantías, Francisco Acevedo, definirá si la acusada enfrentará un juicio oral y público por la presunta provisión de cédulas paraguayas y pasaportes de contenido falso al exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho), a su hermano Roberto y al prófugo Wilmondes Sousa Lira.
Los fiscales Christian Ortiz, Juan Ramón Sandoval, José Martín Morínigo y Alejandro Cardozo solicitaron al Juzgado de Garantías que la empresaria sea juzgada por la presunta comisión de los delitos de producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
De acuerdo con la acusación fiscal, entre finales de 2019 y principios de 2020, López Troche —quien permaneció prófuga durante casi seis años— habría encomendado a sus secretarios de confianza, Gerardo Sebastián Medina Gómez e Iván Vidal Francisco Ocampos Miño, tramitar ante la Dirección Nacional de Migraciones la radicación permanente de Ronaldinho, su hermano y Sousa Lira para obtener los documentos de identidad paraguayos.
La Fiscalía sostiene que la empresaria sabía que los tres eran de nacionalidad brasileña, que no tenían intenciones de radicarse en Paraguay y que no cumplían con los requisitos legales exigidos. Para obtener los papeles, presuntamente abonó USD 19.000. Los secretarios habrían recurrido a Bernardo Guzmán Arellano y Cirilo Gustavo Amarilla, señalados como responsables de la producción de los documentos falsos con la colaboración de Wilson Arellano, Vicente Javier Martínez Moreno y Stella Marys Lugo.
El juez Civil de Asunción, Édgar Rivas, remitió un oficio a su colega de Pedro Juan Caballero a los efectos de realizar la constitución judicial a la propiedad de Ypyta, donde funciona la Universidad Autónoma San Sebastián UASS. Foto: Gentileza
Ypyta: ultiman detalles para constitución judicial en Universidad Autónoma San Sebastián PJC
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El juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas, remitió un oficio a su colega, el magistrado de Paz de Pedro Juan Caballero, a los efectos de dar cumplimiento a la decisión adoptada por el Juzgado de la Capital, que ordenó realizar la constitución judicial en la propiedad perteneciente a la firma Ypyta S.A., ubicada en Pedro Juan Caballero, donde actualmente funciona la Universidad Autónoma San Sebastián. Dicho inmueble estaría ligado a Ángela Toumani, esposa del fallecido capo mafioso Jorge Rafaat Toumani.
De esta manera se ultiman detalles para que el juez de Paz de la “terraza del país” pueda realizar la diligencia judicial, donde se relevarán datos sobre el inmueble, así como de quiénes están actualmente ocupando la costosa propiedad de la firma Ypyta, que aún está en litigio.
Será la Sala Constitucional de la Corte la que tendrá que definir si se hace justicia e Ypyta recupera el valioso inmueble, el cual fue vendido de forma irregular por el condenado exsíndico de Quiebras Blas Velázquez. El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani, esposa del capo mafioso Jorge Rafaat Toumani.
Braga Diniz recurrió a la Sala Constitucional de la Corte en un intento desesperado por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación Civil. Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular del inmueble y devolvió la propiedad a Ypyta. Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypyta S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.
El exintendente destituido Miguel Prieto sufrió otro revés en la causa que es investigado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Foto: Matías Amarilla/LN
Habrá audiencia disciplinaria a Prieto por chicanas
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El planteamiento se dio en contra de la resolución que dispuso su convocatoria para una audiencia disciplinaria por las chicanas en el marco de la causa conocida como Tajy, en la cual es investigado por el presunto perjuicio de más de G. 306 millones durante su administración municipal.
Con la resolución de la Sala Penal, integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón quedó firme el trámite para la realización de una audiencia disciplinaria fijada en una instancia previa.
Los magistrados apuntaron que la convocatoria “no genera agravio irreparable al imputado”, esto teniendo en cuenta que “su conducta procesal podrá debatirse ampliamente durante la audiencia disciplinaria”. Esta audiencia se da porque Prieto se representa a sí mismo en este proceso.
El ministro Alberto Martínez Simón actuó como preopinante, y expuso las argumentaciones del por qué no corresponde la apelación, señalando que “aunque la resolución fue dictada por un Tribunal de Apelaciones y puede ser revisada por la máxima instancia judicial, en este caso no corresponde la apelación porque el supuesto perjuicio alegado por Prieto no tiene carácter irreparable”.
Este criterio fue acompañado por los ministros Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón, por lo que la decisión fue adoptada de manera unánime. Miguel Prieto está acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal
Rechazan chicana de abogado procesado por coacción y usurpación de funciones
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El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, rechazó el recurso (chicana) presentado por Fernando René Marecos Gamarra, imputado por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Marecos está procesado por participar, sin tener poder para participar en un procedimiento judicial irregular realizado en la firma Cargo Line Paraguay S.A., donde habría coaccionado a funcionarios de la empresa.
Romero sostuvo que el juzgado considera que la providencia recurrida por la defensa del imputado fue dictada conforme a lo dispuesto en el artículo 303 del Código Procesal Penal y sobre la base de un acta de imputación que reúne todos los requisitos legales para su admisión. Con este recurso, el imputado pretendía suspender la audiencia de imposición de medidas cautelares, fijada para el 8 de octubre a las 10:00.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra asumió atribuciones que no le correspondían durante el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron.
Asimismo, la denuncia señala que el imputado participó en la diligencia judicial como supuesto representante de la parte demandante, sin embargo no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. El denunciante del caso es el actual gerente general de la empresa, Gustavo Martínez Venialgo.
Juez reencauza juicio civil
Por otra parte, el juez Guillermo Trovato reencauzó la actuación irregular de su colega Mafalda Cameron y sustituyó las medidas cautelares dictadas el 16 de septiembre. Trovato designó como administrador judicial de Cargo Line Paraguay S.A. a Gustavo Martínez, y de Cimportex Paraguaya I.C.S.A. a José Eduardo Fleitas Gómez. Ambos estarán bajo la fiscalización de la interventora María Graciela Álvarez Benítez, perito contable designada por el juzgado.