El Tribunal de Apelación integrado por los camaristas José Agustín Fernández, Arnulfo Arias y Gustavo Auadre hizo lugar a la extinción de la acción penal contra el exsenador colorado Óscar González Daher debido a que el mismo falleció. El presente fallo es en el marco de la condena de dos años con suspensión de la ejecución de la pena por la filtración de audios en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Asimismo, el colegiado anuló parcialmente el fallo dictado en primera instancia y dispuso que el exsecretario del JEM y el abogado Carmelo Caballero enfrenten nuevamente un juicio oral y público por los hechos punibles de tráfico de influencias y asociación criminal. También se ratificó la absolución de culpa y pena del exsenador Jorge Oviedo Matto.
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Ahora la defensa de Caballero puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia buscando anular las sentencias de primera y segunda instancia, respectivamente.
El tribunal de sentencia en mayoría conformado por los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro habían sentenciado a dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena a González Daher, mientras que el abogado Caballero fue sentenciado a 1 año y 8 meses con suspensión de la ejecución de la pena y Raúl Fernández Lippman fue condenado a dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena.
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Tribunal autorizó allanamiento de reserva natural Pikyry por supuesto delito ambiental
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La Cámara de Apelaciones de Alto Paraná revocó el rechazo de una orden de allanamiento dictada por el Juzgado Penal de Garantías de Hernandarias, en el marco de una causa por supuesto hecho punible contra el medio ambiente, previsto en la Ley 716/96. Se trata de la reserva natural Pykyry, de Itaipú Binacional, ubicada en el distrito de Santa Fe del Paraná.
En el inmueble habrían ingresado personas ajenas a la entidad binacional y cometido supuestos delitos ambientales. La apelación había sido presentada por la fiscal de Medio Ambiente, Zunilda Ocampos.
El Tribunal de Apelación, Primera Sala, declaró admisible el recurso de apelación general presentado por la Fiscalía contra el auto interlocutorio N.º 170, del 17 de febrero de 2026, y resolvió revocar dicha decisión, autorizando el allanamiento en un inmueble ubicado en el distrito de Santa Fe del Paraná.
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La resolución judicial está sustentada en la existencia de presuntas intervenciones de gran magnitud dentro de una zona declarada reserva natural. Entre los hechos denunciados figuran la eliminación total de la cobertura vegetal, la remoción del suelo y la apertura de caminos internos en el área protegida.
La medida judicial permite el allanamiento de forma limitada al inmueble identificado, con el objetivo de posibilitar las diligencias investigativas y la eventual recolección de evidencias vinculadas al presunto daño ambiental.
La decisión fue adoptada por mayoría de votos de los camaristas Nilda Estela Cáceres Díaz y Alba Angelina Meza Ávalos, mientras que el magistrado Raúl Insaurralde votó en disidencia. Finalmente, el Tribunal dispuso la devolución del expediente al juzgado de origen para la prosecución de las diligencias correspondientes dentro del proceso investigativo.
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Tribunal confirma validez de imputación contra titular del banco Atlas
El Tribunal de Apelación ratificó la admisión de la imputación por lavado de dinero contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, en el marco de la denuncia impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el fallecido empresario Nicolás Leoz desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.
“Significa que formalmente está confirmada su vinculación al proceso penal y se discute la necesidad de disponer otras medidas cautelares para asegurar el avance del proceso”, indicó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, a la 1000 AM.
“Esto implica que realmente el proceso cumple con los estándares previstos en la ley, es una sospecha razonable, fundada y se cumplió en comunicar la sospecha a la persona imputada, entonces estamos ante un proceso regular que esta en su marco de avance en la investigación", explicó Lovera en otra entrevista con la 1020 AM.
Una vez que el expediente retorne al juzgado, el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, deberá fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares. En dicha diligencia se determinará si Zaldívar litigará en libertad o bajo medidas restrictivas.
“El Ministerio Público requirió de medidas cautelares para garantizar su sometimiento al proceso y que el caso avance. El juzgado debe convocar a una audiencia en donde se analizará esta pretensión y los argumentos de la defensa para definir que medidas cautelares considera pertinentes", dijo el abogado.
En la causa también se encuentran imputadas Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.
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Antecedentes
De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos. Los depósitos que realizó Leoz y sobre los que el banco Atlas nunca solicitó ninguna documentación fueron de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
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Tribunal revoca desestimación y ordena seguir investigando a extitular del IPS Vicente Bataglia
Por voto en mayoría, el Tribunal de Apelación, revocó el pedido de desestimación que planteó el Ministerio Público, contra el extitular de Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Vicente Bataglia, y dispuso la continuación de la investigación sobre el presunto perjuicio patrimonial de G. 1,6 billones entre los años 2022 y 2023.
Este tribunal de Apelaciones Especializados en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción, en la Primera Sala de la Capital, dio lugar a la apelación general interpuesta por el abogado José González, director jurídico y apoderado de la Previsional contra el Auto Interlocutorio N° 212 de fecha 18 de agosto de 2025, dictado por el Juzgado Penal del Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, Humberto Otazú.
Asimismo, ordenó a la Fiscalía agotar todas las instancias investigativas sobre el caso. Vale recordar que el Ministerio Público había sustentado su pedido de desestimación y archivo del proceso penal, basado en un informe pericial en la que concluía que el IPS no sufrió perjuicio patrimonial.
La Cámara especializada contó con los votos en mayoría de las camaristas Claudia Criscioni y Silvana Luraghi frente al voto en oposición de su colega Gustavo Amarilla. Con esta mayoría se resolvió revocar la resolución que desestimaba resolución firmada por el juez Otazú.
La resolución revocada había resuelto hacer lugar a la desestimación de la denuncia contra Bataglia, a pedido de la fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca y que había sido ratificada ante el juzgado por los agentes Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez.
Esta denuncia contra la administración del extitular del IPS arrancó en setiembre del 2023, cuando la Contraloría General de la República, presentó una denuncia contra el extitular Vicente Bataglia y otras cinco personas más. Esto, luego de detectar un presunto desfalco de más de G. 1 billón, afectando los recursos del IPS, durante el ejercicio fiscal 2022 y el primer cuatrimestre del 2023.
En su fallo, la camarista Criscioni, mencionó que luego del análisis de la subsunción el Ministerio Público encontró que solamente se tuvo en cuenta el reporte de la Contraloría y el dictamen respecto a ese reporte del perito.
En tanto, no se tuvo en cuenta los medios de prueba y las posibilidades de investigación que le fueron propuestas por la víctima, en este caso el IPS, como ser auditorías internas, que aún no concluyó; además de auditorías externas, la constitución de los agentes fiscales en el IPS con el fin de colectar mayor información y documentos.
En conclusión, igualmente coincidió con su colega la camarista Luraghi, ya que no se agotaron todas las instancias investigativas, habiendo incluso un reporte de la víctima que registraría un elevado monto en el daño patrimonial.
“Lo que reclama la víctima es una debida investigación a la altura de los hechos denunciados por una institución pública cuya función esencial es el servicio de salud dirigido a asegurados que son miles de trabajadores del ámbito público y privado en el Paraguay, en base a este supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.630.424.082.023″, expresa parte del fallo de Luraghi.
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Estafa a colonos: extraerán datos del celular de imputado
El Tribunal de Apelación Multifueros de la Circunscripción Judicial de San Pedro, confirmó que se debe realizar la extracción de datos del celular incautado del imputado Willian Bogarín, imputado por presunta estafa, cuyas víctimas son colonos de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro.
En el presente proceso penal están imputados Bogarín Campuzano por los delitos de estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y otros. El tribunal de apelación confirmó que el licenciado José Ibarra y Ronald Chamorro son los peritos que deben realizar la extracción de datos y análisis del contenido del dispositivo móvil incautado de Bogarín.
De esta manera, el Ministerio Público sigue recolectando elementos probatorios contra cada uno de los imputados, recordando que además de Bogarín, están imputados el gestor José Francisco Ljubetic, quien habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert e Ilsa Maricela Paredes.
Los mismos habrían vendido tierras inexistentes en el chaco a colonos menonitas de Río Verde departamento de San Pedro.
Tierras no existen
El Ministerio Público recibió el informe pericial de la constitución que se realizó en una propiedad de Mariscal Estigarribia, Chaco paraguayo, que habría sido vendida por los imputados a los colonos menonitas víctimas de estafa.
El resultado revela que el inmueble que supuestamente adquirieron los menonitas no existe, lo cual compromete la situación procesal de los imputados.
El informe firmado por el profesional Gustavo Calle dice: “Observando los planos y coordenadas proveídas por la Fiscalía sobre las supuestas propiedades verificadas no se tiene información sobre los números de finca y padrón por lo tanto los planos y coordenadas, así como la propiedad que los colonos adquirieron no existe”.
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