El Tribunal de Apela­ción dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audien­cia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asocia­ción criminal, en la causa de presunta corrupción munici­pal por la compra de alimen­tos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preli­minar pendiente por el pre­sunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago con­cretado por mercaderías inexistentes, durante su ges­tión al frente de la Municipa­lidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

El equipo de fiscales inte­grado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favore­cidas durante la pandemia del covid-19, por la administra­ción del intendente de Ciu­dad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denomi­nada El Distribuidor SRL que fue favorecida con una lici­tación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre de 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al pro­grama “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril de 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justa­mente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusa­ción por la existencia de un perjuicio patrimonial bas­tante importante”, refirió.

Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciu­dad del Este, construido por Prieto durante la crisis sani­taria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefac­turación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impul­sado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impul­sada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peri­tos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.

Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.

Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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El abogado Abel Villalba González, del Movimiento La Derecha Liberal, dijo que el senador Enrique Salyn Buzarquis debe ser expul­sado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tras la denuncia de tráfico de influencia realizada en su contra por parte del inten­dente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Indicó que los mensajes del senador Salyn Buzarquis al intendente a favor de la contratación de un amigo en el Municipio es la demostra­ción de todo lo nefasto que se puede hacer en la política.

Villalba González mani­festó que el caso debe ser analizado por el Tribunal de Conducta del partido o en la próxima convención partidaria del 6 de octubre.

“Desde nuestro movi­miento repudiamos todo acto de corrupción y trá­fico de influencias. Buzar­quis no representa los valores liberales. El PLRA debe despojarse de corruptos y volver a abrazar las ideas de la libertad y la integridad, la corrupción no debe ser per­donada”, señaló el dirigente liberal.

A renglón seguido indicó que “lamentamos mucho y nos movilizó que el pre­sidente del partido, Hugo Fleitas, haya minimizado el tema. El Tribunal de Conducta debe tomar car­tas en el asunto. Nosotros pedimos la pena máxima.

El Partido Liberal está pasando por una profunda crisis moral”.

Villalba González dijo que están conversando con los convencionales afines al Movimiento La Derecha Liberal para plantear en la próxima convención la expulsión del senador Salyn Buzarquis de los registros partidario.

Villalba González aña­dió que de no prosperar su desafiliación mediante el Tribunal de Conducta, la acusación debe ser anali­zada en la próxima convención extraordinaria pre­vista para el 6 de octubre con la finalidad de expul­sar a Buzarquis.

“Los convencionales son las máximas autoridades del partido y ellos pueden en ese estadio tomar a consi­deración este caso. Por más que el tema no esté dentro del orden del día, igual la convención tiene la posibi­lidad y autoridad comple­tamente legal de solicitar o tomar la decisión de expul­sar al senador Buzarquis”, manifestó.

Señaló además que se encuentran dialogando con convencionales cerca­nos a su movimiento para proponer la expulsión del legislador.

“Estamos hablando para que ese día se pueda demos­trar una postura que tienda a mejorar la imagen del PLRA y despojarnos de los corruptos”, sentenció.

La semana pasada el sena­dor Enrique Salyn Buzar­quis se encadenó frente a la Municipalidad de Asun­ción y dijo que venía a denunciar al jefe comunal Óscar “Nenecho” Rodrí­guez de corrupto. El inten­dente le recibió al parla­mentario en su despacho donde escuchó paciente­mente las acusaciones en su contra, para después hacer su descargo.

Rodríguez señaló que el senador fue a manifestarse luego de que la municipali­dad interviniera una clínica propiedad del primo de Buzarquis y también dio a conocer unos mensajes de texto donde el senador libe­ral le pedía que le dé trabajo a un humilde “amigo camio­nero” que tiene.

Luego de este incidente se supo que el “humilde amigo” del que hablaba Buzarquis era un poten­tado empresario que vive en San Pedro y que es pro­veedor del Estado.

Es más, saltó que el empre­sario ganó millonarias licitaciones en diferentes municipalidades liberales. Casi todos los trabajos se le otorgaron por la vía de la excepción o de manera directa. Al final, incluso, llegó a denunciar que el empresario sería el presta­nombre de Buzarquis. Por todas estas cuestiones es que desde su mismo par­tido están exigiendo que sea expulsado del PLRA.