El fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, imputó por el delito de tráfico de influencias a Teresita Raquel Rey Safi y Óscar David Amarilla Velázquez, ambos funcionarios del Ministerio Público de San Antonio, quienes pidieron dinero para favorecer con un criterio de oportunidad a una persona dentro del expediente por violencia familiar.
Corbeta realizó un procedimiento en la sede fiscal de San Antonio donde dispuso la detención de los dos funcionarios del Ministerio Público. Los mismos detenidos se abstuvieron de prestar declaración y luego de dicha diligencia fiscal se procedió a formular la imputación contra las dos personas.
De acuerdo a la investigación fiscal, ambos imputados pidieron la suma de G. 8 millones y luego de una negociación se llegó a un acuerdo de entregar la suma de G. 5 millones para poder solucionar el problema judicial. El dinero entregado a los hoy imputados fue cotejado y autorizado judicialmente. Los funcionarios fueron detenidos y quedaron separados de sus cargos.
Ahora los mismos deberán comparecer ante un juez penal de Garantías para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si son beneficiados con medidas alternativas a la prisión o se ordena la reclusión de los dos procesados.
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Juicio a Tania Irún: ratifican acusación por presunta violación a ley de seguridad fronteriza
Se inició el juicio oral y público para la exjueza civil y comercial de Asunción, Tania Irún, quien está sentada en el banquillo de los acusados por el hecho punible de prevaricato.
Se la acusa de presuntamente violar la ley de seguridad fronteriza al dictar un fallo que otorgó a supuestas empresas de maletín, unas 310.000 hectáreas de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a la exmagistrada está integrado por los jueces penales Lourdes Garcete, Juan Francisco Ortiz y Rossana Maldonado.
Ellos tendrán que analizar los elementos probatorios que sostienen la acusación formulada por el Ministerio Público y la querella adhesiva.
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Al presentar sus alegatos iniciales, el fiscal Cristian Benítez fue tajante y contundente en señalar que, durante el debate del juicio oral, se demostrará que la acusada abusó de su cargo de jueza al dictar una resolución manifiestamente injusta y contraria al derecho. Según la acusación, este acto vulneró la seguridad nacional y la integridad territorial de la República del Paraguay.
Asimismo, el representante del Ministerio Público sostuvo que llamó la atención que la hoy exjueza Tania Irún interrumpió su permiso de maternidad para regresar a su despacho y firmar la resolución haciendo lugar a una demanda. Tal situación podría hacerlo el interino de la hoy acusada, indico el fiscal.
Acusación
La acusación contra Irún menciona que, cuando ella se desempeñaba como jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 15.º Turno de la Capital, dictó de forma irregular la Sentencia Definitiva N.º 494 del 23 de noviembre de 2018.
Mediante esta resolución, ordenó transferir a favor de cuatro empresas extranjeras unas 310.000 hectáreas de inmuebles ubicados en Alto Paraguay, una zona de seguridad fronteriza protegida por ley.
La fiscalía sostiene que la entonces magistrada no verificó la identidad ni la nacionalidad de los representantes de las empresas demandantes, ni comprobó la naturaleza de sus acciones o títulos, incumpliendo las exigencias previstas en la Ley N.º 2532/05 de Zona de Seguridad Fronteriza.
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Policía sobreviviente a ataque “recibió un disparo de refilón y se hizo del muerto”, reveló fiscal
El fiscal Óscar Paredes habló acerca del ataque que se cobró la vida de dos suboficiales y un civil en el puesto policial de Naranjito y señaló que el grupo llegó al sitio caminando, pero disparando y sin mediar palabra ejecutaron a dos oficiales.
“Los fallecidos estaban en la ruta realizando controles y no tuvieron tiempo de reaccionar. Ellos fallecieron en el mismo lugar”, dijo este miércoles en declaraciones a la 1080 AM.
Añadió que en el lugar, también había un civil que recibió dos impactos de bala. Además, otro policía que estaba en la patrullera recibió un disparo de refilón en la cabeza y otro en la axila. “Él se hizo del muerto y recibió otro impacto en el costado, pero pudo escapar”, informó el agente fiscal.
El herido, suboficial mayor Víctor Raúl Gavilán, fue derivado a Curuguaty y luego fue trasladado a Asunción hasta el Hospital de Policía Rigoberto Caballero. Aparentemente, su cuadro no reviste gravedad.
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Asimismo, mencionó que otro agente que estaba descansando en una edificación del fondo salía para tomar su turno cuando escuchó los tiros y escapó por la parte trasera. El grupo criminal estaba compuesto entre 20 a 30 personas que vestían ropas camufladas, botas y portaban armas largas. Se comunicaban en idioma guaraní.
“Hablaban en guaraní”
Al policía que estaba en la patrullera le dio tiempo de visualizar al grupo antes de recibir los disparos. “Divisó a personas camufladas con botas y hablaban en guaraní, todos portaban armas largas”, precisó el representante del Ministerio Público.
Luego, los malvivientes “tiraron una bomba ‘molotov’ a la patrullera”, incendiando el móvil policial. Este momento fue aprovechado por el suboficial para escapar del grupo armado. “Al incendiarse, salió por una de las puertas y entró en un matorral”, puntualizó el agente fiscal.
El civil fallecido cumplía tareas de secretario. “Hacía limpieza, mandados en la comisaría”, apuntó. Posteriormente, los atacantes procedieron a quemar el puesto policial.
Los tres fallecidos tras el ataque contra una sede policial en Ybyrarobaná son: el suboficial mayor Atilio Martínez Barrios (40), suboficial inspector Herminio Ojeda González (32) y Josemar Escobar Piris (38), funcionario civil.
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Accidente en Brasil: imputan a choferes por homicidio culposo y sospechan exceso de velocidad
La justicia de Brasil sospecha que la unidad de transporte de la empresa Guaireña circulaba con exceso de velocidad al momento de registrarse el accidente en el que fallecieron cuatro personas. La Policía Civil ya ordenó una pericia accidentológica para verificar la veracidad de las declaraciones de los conductores quienes ya fueron imputados.
El colectivo transportaba a niños y padres de la Academia de Danzas Bethania de Independencia, departamento de Guairá, tras participar de una competencia de danza en Gramado y Canela.
El delegado de la Policía Civil de Santa Catarina, João Luis Mioto, indicó que uno de los choferes fue interrogado en el lugar del siniestro y tuvo la oportunidad de dar su versión. “El que manejaba al momento del accidente dijo que el vehículo sufrió una falla mecánica y que el freno no funcionó, pero eso será esclarecido con la pericia solicitada a la policía científica”, explicó el jefe policial a los medios de comunicación.
Del mismo modo, se recolectaron varios testimonios de los pasajeros, quienes manifestaron su preocupación por el extraño balanceo del bus y aseguraron que este circulaba a alta velocidad.
Los choferes Fermín Espínola y Óscar Peralta fueron imputados por homicidio culposo y lesiones corporales en el tránsito. El resultado de la pericia será clave para definir el futuro de ambos, pues, de confirmarse las sospechas, tendrán que responder ante la justicia brasileña.
El accidente de tránsito ocurrió en la madrugada del miércoles 15 de julio en San Miguel de Boa Vista, Santa Catarina, donde se produjo un vuelco a la altura de una curva. El percance dejó como saldo cuatro personas fallecidas: tres adultas y una niña de 8 años. Además, algunos pasajeros sufrieron la amputación de extremidades, entre ellas, piernas y brazos. El resto de la delegación ya se encuentra en el país.
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La Fiscalía se cansa de las chicanas y pide reactivar la causa de excolaboradores de Abdo
La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia reactivar la causa correspondiente a la causa de la filtración de información por parte de exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados, según una información publicada por el diario digital hoy.com.py.
Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
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La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones. Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial.
Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
- Fuente: hoy.com.py