El fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, imputó por el delito de tráfico de influencias a Teresita Raquel Rey Safi y Óscar David Amarilla Velázquez, ambos funcionarios del Ministerio Público de San Antonio, quienes pidieron dinero para favorecer con un criterio de oportunidad a una persona dentro del expediente por violencia familiar.
Corbeta realizó un procedimiento en la sede fiscal de San Antonio donde dispuso la detención de los dos funcionarios del Ministerio Público. Los mismos detenidos se abstuvieron de prestar declaración y luego de dicha diligencia fiscal se procedió a formular la imputación contra las dos personas.
De acuerdo a la investigación fiscal, ambos imputados pidieron la suma de G. 8 millones y luego de una negociación se llegó a un acuerdo de entregar la suma de G. 5 millones para poder solucionar el problema judicial. El dinero entregado a los hoy imputados fue cotejado y autorizado judicialmente. Los funcionarios fueron detenidos y quedaron separados de sus cargos.
Ahora los mismos deberán comparecer ante un juez penal de Garantías para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si son beneficiados con medidas alternativas a la prisión o se ordena la reclusión de los dos procesados.
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Caso Tía Chela: fiscal Silvio Corbeta advierte que Miguel Prieto amenaza a testigos clave
El fiscal Silvio Corbeta denunció las amenazas “innecesarias” del exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hacia testigos y denunciantes de irregularidades durante su administración municipal.
Corbeta integra el equipo del Ministerio Público que encabeza el juicio oral y público en el caso Tía Chela. En este proceso judicial se encuentra acusado el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con otras personas
El fiscal hizo referencia a las declaraciones de Prieto hacia el exconcejal Celso “Kelembú” Miranda, quien realizó varias denuncias en su contra, anunciando que lo demandará por denuncia falta en el caso de una supuesta sobrefacturación en la licitación de la planta asfáltica municipal, que finalmente fue desestimada.
“Se amenaza al testigo que va a venir a declarar, en este caso, el señor Celso Miranda de forma innecesaria porque gracias a él fue que se evitó ese perjuicio patrimonial, y fue porque justamente no se llegó a pagar”, dijo el fiscal a los medios de prensa.
Recordó que no es por un trabajo, ni por una gestión que hizo el acusado, “es por un trabajo de la fiscalía que justamente no hubo pago y al no no haber pago no hubo un perjuicio patrimonial”, refirió el fiscal.
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En este sentido, indicó que no es una clara amenaza, y no solamente hacia Miranda, sino que también amenazó al director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) Óscar Orué y a otros testigos que son “testigos trascendentales” para el juicio. Agregó que la actitud amenazante del exintendente incluso puede ser sancionada por el Tribunal.
“Eso podríamos dejar a consideración del Tribunal, pero son amenazas que se hacen a los testigos que van a venir a declarar en contra, se puede tomar ciertas medidas indisciplinarias, incluso puede ser motivo de una revocación de libertad, pero nosotros igual vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, refirió.
La desestimación
El fiscal Corbeta explicó que el caso de desestimación ya se dio en el mes de agosto de este año solicitada ya en marzo por los propios fiscales investigadores, y que no se trata de un hecho nuevo como lo instaló Prieto semanas atrás. Indicó que esta desestimación incluso se dio por la colaboración del exconcejal Miranda.
“La desestimación fue justamente porque no hubo el pago a la empresa contratista y la empresa contratada y seleccionada por el intendente Miguel Prieto, fue la empresa más cara, entonces, cuando se hizo la denuncia ante la Fiscalía, las demás empresas proveedoras hicieron su protesta correspondiente ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y eso evitó que la municipalidad pague por el mismo servicio mucho más caro y esa fue la denuncia”, sentenció.
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Investigan otro posible feminicidio tras muerte de una adolescente en Villa Hayes
La Fiscalía investiga un posible feminicidio, tras la muerte de una adolescente de 18 años en Villa Hayes, luego de la denuncia de familiares de presunta violencia y amenazas de muerte de parte de su pareja. La víctima, identificada como Sara Elizabeth Prieto (18), fue encontrada sin vida en el baño de su vivienda.
Según el fiscal, el cuerpo presentaba hematomas y rastros de lesiones que llamaron la atención de los investigadores. La denuncia fue presentada en la mañana del miércoles, en la sede del Ministerio Público de Villa Hayes. “Aproximadamente a las 9:00 se acerca una familia a comunicarnos que a eso de las 6:40 encontraron a su hija de 18 años en el baño, sin signos de vida”, relató el fiscal César Pujol, en declaraciones a C9N.
Los familiares trasladaron a la joven hasta el Hospital de Villa Hayes, en donde confirmaron su deceso. “Manifestaron que la noche anterior ella había recibido una llamada telefónica y pidió auxilio a su familia porque su pareja le había amenazado de muerte y le había violentado”, detalló el agente fiscal.
Por esa razón, los familiares se acercaron a hacer la denuncia. “Estamos haciendo las investigaciones a fin de determinar la verdadera causa de muerte”, añadió.
El representante del Ministerio Público mencionó que llamó mucho la atención el primer diagnóstico del hospital que determinó como causa de muerte asfixia por ahorcamiento.
“Llamó mucho la atención porque, conforme a las averiguaciones que conseguimos de las diligencias realizadas, una de las amigas había manifestado que días antes la pareja le había apretado el cuello tratando de ahorcarle, más la amenaza de muerte”, subrayó Pujol.
Una vez inspeccionado el cuerpo, observaron hematomas a nivel del miembro inferior, en la pierna derecha, como también en las rodillas y en los brazos. “Por ese motivo, el médico forense dispuso que se haga la autopsia para determinar la causa de fallecimiento y esclarecer las circunstancias”, apuntó.
El supuesto autor, Carlos Walter Mencia (19), ya se encuentra aprehendido. Todo indica que se trataría de un nuevo caso de feminicidio. “Hay indicios, tanto las declaraciones de las amigas como de la madre y algunos mensajes telefónicos que nos indican que nos encontramos ante un hecho de violencia”, puntualizó el fiscal.
Sin embargo, no hay antecedentes de denuncias anteriores por violencia familiar.
Asimismo, cuentan con imágenes de circuito cerrado de la vivienda donde ocurrió el hecho y de casas aledañas. Ya se encuentra a cargo del personal de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional para su estudio.
“También llamó mucho la atención que en el hogar se encontró una soga en el baño que, según los familiares, no era de la casa, y conforme a las lesiones inferiores, descartamos que se haya hecho pasar como un hecho de suicidio”, manifestó.
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Caso títulos falsos: Fiscalía depura lista de CGR por errores de carga
“Ahí ya tendríamos un número definitivo con las irregularidades detectadas”, señaló el fiscal Francisco Cabrera.
El fiscal Francisco Cabrera, quien lleva adelante el caso sobre los 1.090 títulos presuntamente falsos detectados en la función pública, indicó que se comenzó una depuración de la nómina inicial ante la existencia de errores en la carga de datos.
Agregó que el proceso durará una semana aproximadamente para luego proceder a investigar caso por caso. “A medida que pasan estos días, fueron constituyéndose personas ante las unidades fiscales presentando sus documentaciones correspondientes, entonces fuimos verificando y el día de ayer martes nos reunimos con los funcionarios encargados de redactar los informes de la Contraloría, quienes nos fueron informando que, por el impacto que generó la denuncia, también otras instituciones fueron corroborando los informes que remitieron inicialmente y ahora están en una suerte de depuración que yo creo que duraría aproximadamente una semana más”, expresó Cabrera, el día de ayer, al programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El agente fiscal comentó que “ahí ya tendríamos un número definitivo con las irregularidades detectadas, ya de alguna forma confirmadas. También falta un porcentaje de las instituciones públicas que no respondieron al pedido de la Fiscalía. Acá habrá que estudiar caso por caso. Según la información preliminar que en su momento se recibió, la irregularidad detectada es que la universidad que informó señalaba que la carrera no existía o que la persona no cursó en esa institución, entonces la hipótesis inicial habla de falsificación de títulos”.
Cabrera acotó: “Hay casos donde también se vieron errores en las informaciones que pasaron las instituciones públicas; es decir, un error en la carga de datos en el registro de las instituciones públicas, y son cosas que se irán depurando”. La causa judicial inició tras una denuncia presentada por la Contraloría que detalló que los 1.090 títulos corresponden a 1.083 funcionarios públicos. El 93 % de los casos corresponden a carreras de educación.
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Fiscalía abre causa penal para investigar títulos universitarios sin acreditación
En el marco de la denuncia presentada por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), desde el Ministerio Público se informó sobre la apertura de una causa penal para investigar las titulaciones registradas entre 2023 y 2026 de carreras universitarias que no cuentan con acreditación vigente.
Para el caso, el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, conformó un equipo especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción que se encuentra integrado por los agentes Silvia González, Laura Giaucummo y Christian Benítez.
La denuncia impulsada por la Aneaes surge tras un proceso de análisis de 138.256 títulos de grado registrados durante el citado periodo. Del total, 71.093 corresponden a carreras que no contaban con la acreditación vigente al momento del registro.
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La institución encabezada por José Duarte Penayo remitió los datos a la Fiscalía y requirió analizar el inicio de una investigación para verificar títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas vinculados a las ofertas observadas.
El informe entregado por la Aneaes coloca especial atención en las carreras cuya acreditación es obligatoria por ley y en las del área de la salud. Desde la institución también se había aclarado que la falta de acreditación vigente no significa, por sí sola, que todos los títulos sean irregulares.
De acuerdo a ese informe, existe evidencia de un patrón de evasión de los controles de calidad por parte de un conjunto de instituciones: carreras de acreditación obligatoria que no se presentan a las convocatorias de la Agencia durante años, que siguen titulando con acreditación vencida o denegada, o que titulan desde ofertas que figuran como inactivas en el catastro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).