Agentes Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), del Grupo de Investigación Sensible (Gise), detuvieron esta mañana a José Ignacio Hermoza Ledesma, durante un allanamiento de un inmueble rural ubicado en la Colonia Americana, distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú.

El detenido es señalado como hombre de confianza y mano derecha de Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”.

Al respecto, el titular de la Senad, ministro Jalil Rachid, indicó que el aprehendido se dedicaba a la coordinación logística entre la banda de “Macho”, con las comunidades indígenas de la zona. Señaló que el detenido es una persona que ya fue identificado como parte de esta estructura y venía siendo investigado en el marco de la Operación Ignis de que data del 2023.

“Esta persona está prófuga y constituía en aquel entonces un brazo logístico muy importante a la estructura de Felipe Santiago Acosta. De hecho, el hoy aprehendido se dedicaba a la coordinación operativa y logística de la estructura de alias ”Macho”, con grupos de indígenas de la zona. Para nosotros, esta captura, significa un golpe más a esta estructura y que en definitiva hoy ya está puesto a disposición del Ministerio Público y del órgano jurisdiccional", precisó.

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El ministro Rachid recordó además que se tiene conocimiento al menos desde el 2023, que alias “Macho”, utilizaba a las comunidades indígenas como escudo protector para cometer sus actividades ilícitas. No obstante, aclaró que con esta afirmación, no está señalando a todas las comunidades de pueblos originarios que estén involucrados en las mismas actividades.

“Se sabe perfectamente que Acosta utiliza a comunidades indígenas y a ciertos indígenas para cometer sus ilícitos. Básicamente, forman parte de su logística operativa teniendo en cuenta su condición de comunidad indígena. Es una estrategia ya utilizada hace tiempo por él y que lo viene haciendo desde entonces; al menos desde el 2023, hasta la fecha para poder escudarse de esta forma con la utilización de comunidades indígenas”, explicó.

Asimismo, el titular de la Senad destacó que desde el inicio de la operación de Ignis y los golpes estratégicos que han llevado adelante desde la Senad, se logró el debilitamiento de la estructura del trafico de drogas en Canindeyú.

Indicó que anteriormente su principal actividad era el narcotráfico en la zona, pero hoy en día debido a los golpes estratégicos que la Senad junto a los organismos de seguridad, obligaron a esta estructura criminal a “un cambio de rubro”; pasando del tráfico de drogas a la extorsión a los productores de la zona.

“Nosotros tenemos demostrado y corroborado por diversos medios y trabajos de inteligencia que él se pasa realizando amenazas y extorsiones utilizando a comunidades indígenas y amedrentando a los productores para lograr autofinanciarse de esta forma. Básicamente lo que hace es extorsionar usando la fuerza y arma letal contra los productores exigiendo montos suma de dinero por las cosechas de los granos de la agricultura mecanizada, exigiendo fuertes sumas de dinero para poder autofinanciarse de ese modo”, acotó.

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En un fuerte despliegue de fuerzas especiales, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público capturaron este jueves a un hombre que es sindicado como la mano derecha y nexo logístico del prófugo Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”.

Este es acusado de operar principalmente con comunidades indígenas de Corpus Christi en el marco de la Operación IGNIS.

Según el reporte de los intervinientes, este operativo se desplegó con informaciones del Batallón de Inteligencia Militar, elementos de Fuerzas Especiales del CODI y agentes de la Senad. Estos agentes realizaron un allanamiento del inmueble rural en la localidad de Colonia Americana, distrito de Corpus Christi.

Durante la intervención fue capturado José Ignacio Hermoza, alias “Nacho”, sindicado como supuesto Integrante del “Clan Macho”. Al ingresar sus datos al sistema de la Policía Nacional se pudo constatar que contaba con órdenes de captura vigentes por varias causas.

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Los investigadores resaltaron que Nacho sería un hombre clave en la red de seguridad del prófugo Felipe Santiago Acosta y es acusado de operar principalmente con comunidades indígenas de Corpus Christi en el marco de la Operación IGNIS. Además, es considerado mano derecha y nexo logístico del criminal, por lo que todos los contactos con Acosta debían pasar por Hermoza.

Se incautaron de dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritaje para extraer información. La operación estuvo acompañada por el Ministerio Publico, representado por el abogado José Martín Morínigo de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

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Tras catorce años de investigación, el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas, de Curuguaty, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, por la invasión de inmuebles de la Estancia de la Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. El magistrado también rechazó los cinco planteamientos de la defensa y dispuso mantener la prisión preventiva del acusado.

Mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, de fecha 14 de octubre de 2026, el magistrado resolvió elevar a juicio oral y público la causa seguida contra Mercado Méndez, identificado en la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, instalado dentro de las propiedades de Estancia Pindó.

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La decisión fue adoptada luego de la audiencia preliminar donde el Ministerio Público y la querella adhesiva ratificaron sus respectivas acusaciones y solicitaron que los hechos fueran sometidos al juzgamiento de un Tribunal de Sentencia.

De acuerdo a la resolución judicial, se admitió íntegramente el Requerimiento de Acusación Fiscal N.º 108/2026, presentado el 12 de agosto de 2026 por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, así como la acusación promovida por Agroganadera Pindó S.A., representada por su abogada querellante, Eva Margarita Colmán Adorno.

En consecuencia, Jorge Mercado Méndez deberá afrontar el juicio por la presunta comisión, en carácter de autor, de los siguientes hechos punibles:

• Invasión de inmueble ajeno, artículo 142 del Código Penal, modificado por la Ley N.º 6830/2021.
• Asociación criminal, artículo 239 del Código Penal.
• Detentación ilegal de arma de fuego, artículo 260 de la Ley N.º 7411/2024.

La admisión de estas acusaciones significa que los tres hechos punibles serán objeto de debate ante el Tribunal de Sentencia, sin que ello implique todavía una declaración de culpabilidad.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución judicial es el rechazo de la totalidad de los planteamientos formulados por los abogados defensores de Mercado Méndez, quienes pretendían cuestionar distintos aspectos de la acusación e impedir o limitar su elevación a juicio.

El juzgado rechazó la excepción de incompetencia territorial, el cuestionamiento sobre la aplicación temporal de la Ley N.º 6830/2021, la objeción contra la acusación por asociación criminal, el planteamiento relativo a la detentación ilegal de arma de fuego y las observaciones sobre la identificación de los inmuebles afectados.

El magistrado consideró que los argumentos expuestos no constituían impedimentos procesales suficientes para excluir los hechos de la acusación ni para impedir la prosecución de la causa. Asimismo, estableció que las controversias relativas a la conducta atribuida, la valoración de las pruebas y la determinación de la responsabilidad penal deberán ser examinadas durante el juicio oral y público.

Cabe recordar que la investigación inició tras las denuncias presentadas por representantes de Agroganadera Pindó S.A., por la ocupación de sus propiedades rurales. Según informes policiales, en los inmuebles se habrían establecido asentamientos permanentes, con estructuras de vigilancia y mecanismos de control de acceso que presuntamente impedían el ingreso de autoridades y representantes de los propietarios.

La Fiscalía atribuye a Jorge Mercado Méndez funciones de dirección, liderazgo y coordinación dentro del asentamiento Joaju–Primero de Marzo, cuya comisión directiva habría presidido desde abril de 2014. Un relevamiento de la Policía Nacional realizado en septiembre de 2025, registró aproximadamente 450 viviendas en los asentamientos investigados.

Actualmente, el acusado continuará recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada, quedando a disposición del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá; conforme a lo dispuesto por el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas.

Al respecto, la abogada Margarita Colmán señaló que para la Agroganadera Pindó S.A., la decisión judicial constituye un avance significativo después de más de catorce años de actuaciones vinculadas con la ocupación de sus propiedades. Durante este prolongado proceso, la empresa sostuvo sus denuncias y ejerció las acciones judiciales correspondientes para obtener el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales.

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Las inundaciones también afectan a pobladores de Canindeyú, donde la jornada nubosa continúa este jueves con predicción de más lluvias para el transcurso del día. La inestabilidad climática ahonda aún más la crisis en algunos puntos del departamento en relación a los damnificados que van sumando.

“No tenemos crecida de río, pero sí se han desbordado algunos arroyos en las últimas horas y el lugar más afectado es el asentamiento Kuruguá, distrito de Curuguaty, barrio San Isidro”, informó el corresponsal Juan Alcaraz, en el programa Arriba Hoy de canal GEN y Universo 970AM.

En el sitio se contabilizaron 74 familias afectadas y alrededor de 50 casas están totalmente bajo el agua. “A pesar de esa situación, las familias siguen en el lugar. No han salido por temor a perder sus casas”, explicó.

Los afectados reportan que han perdido varias pertenencias, entre electrodomésticos, enseres, prendas, muebles, inclusive vehículos. “Y siguen esperando que, en la medida de las posibilidades, hoy llegue un equipo de la SEN para asistir a los damnificados”, refirió el hombre de prensa.

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Asimismo, mencionó que estiman alrededor de 80 familias afectadas por inundaciones en todo el departamento por crecida de arroyos, especialmente en Curuguaty y Yasy Cañy y en sectores de Ybyrarobaná, según reporte de lugareños.

Desde ayer (miércoles) comenzaron a llegar algunas ayudas de fundaciones y de grupos solidarios. Los vecinos precisan chapas, carpas, alimentos; también asistencia sanitaria, especialmente para los más pequeños que habitan en el asentamiento Kurugua.

“Yo calculo que el 50% de los vecinos está bajo el agua. Es impresionante la cantidad de agua que entró; a algunos se les mojó toda su comodidad, y el temporal llevó el techo de algunas casas”, señaló Nicolás Capdevila, dirigente vecinal.

Resaltó que la mayoría son familias de escasos recursos y añadió que necesitan de manera urgente alimentos, pero también materiales para reparar sus viviendas.

“Ayer (miércoles), el grupo de concejales electos de Curuguaty llegó con alimentos para la comunidad y también la Fundación Félix Eduardo de la ciudad de La Paloma llegó con víveres para repartir a esta comunidad que sigue bajo agua y espera la asistencia por parte del Estado”, apuntó Alcaraz.

Por su parte, la Municipalidad de Curuguaty ofreció el polideportivo Curuguay; la seccional colorada puso a disposición sus instalaciones para que las familias puedan resguardarse de las inclemencias del tiempo.

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