El Ministerio de Justicia informó que como resultado de la requisa general que se desarrolló en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo en el marco del operativo Guyra hũ 3, se logró el decomiso de unos 500 celulares. Además, sacaron de circulación varias tarjetas SIM, armas de fabricación casera y varios objetos no permitidos.

Este operativo se realizó con la intención de desarticular esquemas de delitos informáticos que operan desde el interior de las penitenciarías y fue desarrollado en coordinación con la Policía Nacional, de acuerdo a la información brindada por el departamento de Ciberseguridad del Ministerio del Interior.

El operativo comenzó a tempranas horas de este lunes y finalizó esta tarde cuyo resultado fue bastante favorable. El operativo Guyra hũ 3 tuvo como resultado la incautación de: 500 celulares, varias tarjetas SIM, armas de fabricación casera y varios objetos no permitidos dentro de las celdas.

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Las autoridades confirmaron que para lograr este resultado se movilizó a unos 300 agentes de seguridad entre ellos efectivos policiales, tácticos antimotines y 100 agentes penitenciarios. La dirección de Asuntos Internos inició una investigación para determinar si hay complicidad de funcionarios para el ingreso o permanencia de estos objetos prohibidos.

Estos procedimientos de requisas y controles se iniciaron con: Vyrá Hu 1, en San Pedro en el marco de las investigación por vaciamiento de billeteras electrónicas y luego siguió con Vyrá Hu 2 en Encarnación por los esquemas de estafas y suplantación de identidad.

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El príncipe Enrique y el cantante Elton John perdieron su demanda por vulneración de su vida privada contra el propietario del diario Daily Mail, según una sentencia hecha pública ayer martes por el Tribunal Superior de Londres. Tras un juicio de 11 semanas a principios de este año, el tribunal señaló en su veredicto que los “demandantes no lograron demostrar las acusaciones que habían presentado. Por lo tanto, las demandas quedan desestimadas”.

Enrique no tardó en reaccionar y arremetió contra un fallo que calificó de “impactante” y “totalmente injustificado”. “Es un encubrimiento absoluto y evidente, pero lamentablemente no del todo inesperado”, apuntó Enrique en una declaración conjunta con Doreen Lawrence, cuyo hijo fue asesinado en un ataque racista en 1993.

La sentencia coincide con un viaje del príncipe Enrique, de 41 años, al Reino Unido. Ellos se encontraban entre los siete demandantes, entre los que se incluyen el cantante Elton John y la actriz Elizabeth Hurley, que habían presentado una demanda contra el editor del Mail, Associated News, alegando que habían sido víctimas de obtención ilegal de información.

Los demandantes denunciaron que los tabloides recurrieron a detectives privados para interceptar mensajes de voz, escucharon conversaciones telefónicas e incluso mintieron para la elaboración de artículos publicados entre 1993 y 2018.

El fallo representa “una victoria aplastante para el Daily Mail y sus periodistas, así como para la libertad de prensa en general”, celebró el grupo ANL en un comunicado.

El proceso judicial contra el Daily Mail es el último iniciado por Enrique, quien desde hace varios años libra una batalla legal contra la poderosa prensa sensacionalista británica.

El príncipe considera a los ‘paparazzi’ responsables de la muerte de su madre, Diana, en París en 1997. Desde hace unos años vive en California con su esposa Meghan y sus dos hijos.

Al comparecer ante el Tribunal Superior en enero, al borde de las lágrimas, el príncipe acusó a la prensa sensacionalista de haber hecho “absolutamente infernal” la vida de su esposa Meghan.

Tanto él como los otros seis demandantes reclamaban una indemnización “sustancial” al propietario del Daily Mail y del Mail on Sunday. Por su parte, ANL sostuvo que sus periodistas actuaron dentro de la legalidad y que se basaron en fuentes legítimas para redactar los artículos.

En su batalla contra las prácticas de la prensa del corazón, el duque de Sussex, su título oficial, obtuvo en diciembre de 2023 una sentencia favorable que condenó a la empresa editora del Daily Mirror. Posteriormente, en enero de 2025, alcanzó un acuerdo económico, cuyo importe no fue revelado, con el propietario de The Sun.

La decisión del Tribunal Superior coincide con la presencia de Enrique en Reino Unido para una visita de varios días, en el marco de los preparativos de los Invictus Games, previstos para 2027 en Birmingham, en el centro de Inglaterra.

Esa competición deportiva internacional fue creada por el propio príncipe para militares veteranos heridos o enfermos.

En un principio, Enrique iba a estar acompañado en su visita por Meghan y por sus hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, lo que habría supuesto el primer viaje para ellos al Reino Unido desde 2022.

Los medios británicos especulaban sobre un posible encuentro entre el rey Carlos III y sus nietos.

Sin embargo, el fin de semana pasado se produjo un primer giro inesperado, cuando una fuente cercana al duque de Sussex informó que finalmente Meghan y los niños no viajarían a Londres para la primera parte de la visita.

Según explicó un portavoz de Enrique, las autoridades británicas decidieron no proporcionar protección policial a su familia, lo que lo obligó a adoptar “medidas alternativas”.

La situación acabó desembocando en confusión el lunes. Varios medios británicos, entre ellos la BBC y Sky News, citando a una fuente cercana a Enrique, informaron inicialmente que el príncipe se alojaría en el Palacio de Buckingham.

Menos de dos horas después, esos mismos medios publicaron un desmentido del Palacio de Buckingham, que explicó que Enrique no había aceptado con suficiente antelación la invitación para hospedarse en la residencia oficial del monarca británico. Un portavoz del príncipe calificó de “decepcionante” que la invitación “fuera retirada en el último momento”.

Las cuestiones relacionadas con la seguridad son extremadamente delicadas para Enrique. “El príncipe sabe lo que significa contar con una protección eficaz”, comentó a la AFP Simon Morgan, un exagente de policía encargado de proteger a la familia real. “A raíz de la muerte de su madre, sabe que esa protección puede fallar y cuáles pueden ser las consecuencias catastróficas de ello”, añadió.

Fuente: AFP.

Los días 22, 24 y 31 de julio se desarrollará el juicio oral y público para la exjueza civil y comercial Tania Irún, acusada por el delito de prevaricato tras, presuntamente, violar la seguridad fronteriza nacional al firmar un fallo judicial que otorgó de forma irregular 310.000 hectáreas de tierras protegidas a empresas de maletín en el departamento de Alto Paraguay.

Luego de conformarse el tribunal de sentencia, cuyos integrantes son los jueces Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz, se fijó la fecha para el desarrollo de la audiencia oral. El presente caso se realizará tras confirmarse en la Cámara de Apelación la resolución judicial que elevó este proceso penal a un juicio oral y público.

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En su momento, la fiscal adjunta Soledad Machuca acusó y solicitó el juicio oral y público para la procesada. Machuca fue contundente al señalar que la entonces magistrada obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial —e intimó a la parte demandada— a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en Alto Paraguay.

La acusación del Ministerio Público refiere textualmente: “Como bien podrá advertirse, la entonces magistrada Irún, al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley Especial N° 2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan solo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras, afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes; sin embargo, en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”.

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El vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis María Benítez Riera, y el ministro doctor Manuel Ramírez Candia, ambos superintendentes de la Circunscripción Judicial del Guairá, encabezaron ayer viernes una serie de actividades desarrolladas en el marco del “Día de Gobierno” en la ciudad de Villarrica.

Durante la jornada se desarrolló el examen de conocimientos dirigido a postulantes del Concurso para Ingreso de Personas al Poder Judicial, en el que participaron más de 1.000 aspirantes a cargos jurisdiccionales, administrativos y forenses. Así también, se llevó a cabo el acto de juramento de ley de 37 nuevos abogados que prestarán servicios en la mencionada circunscripción. La ceremonia estuvo a cargo de la secretaria de la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, abogada Rita Monges.

La presencia de los ministros de la máxima instancia judicial en la Circunscripción Judicial del Guairá forma parte del plan de acción del Poder Judicial destinado a fortalecer el servicio de justicia en las distintas localidades del interior del país, además de atender las sugerencias y necesidades planteadas tanto por autoridades locales como por la ciudadanía en general.

Durante la ceremonia, el doctor Luis María Benítez Riera expresó sus congratulaciones a los nuevos abogados del Guairá y, al mismo tiempo, los alentó a continuar capacitándose con el objetivo de servir a la ciudadanía, haciendo especial énfasis en el aspecto humano de la profesión. Por su parte, el doctor Manuel Ramírez Candia subrayó el compromiso de la abogacía de atender cada vez mejor las necesidades de las personas.

Finalmente, los ministros superintendentes de la Circunscripción Judicial del Guairá, doctores Benítez Riera y Ramírez Candia, mantuvieron una reunión con integrantes del Consejo de Administración de la zona, con el objetivo de coordinar acciones orientadas a optimizar la prestación del servicio de justicia. Asimismo, recibieron a representantes de gremios de abogados del Guairá para abordar temas de interés público.