El abogado Andrés Casati asumió la defensa del gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, imputado por lesión de confianza. Asimismo, el referido profesional del derecho ya se presentó en sede fiscal para poner a conocimiento del representante del Ministerio Público que ha tomado intervención en el presente caso.
Días atrás, el juez de Garantías en Delitos Económicos, José Delmás, decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes, muebles e inmuebles contra el gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, y otras 14 personas imputadas por lesión de confianza. El pedido se hizo lugar por solicitud del fiscal de la causa, Rodrigo Estigarribia.
La referida resolución adoptada por Delmás es una medida cautelar decretada y que consiste en la interdicción genérica de disponer de los bienes registrables inscriptos a nombre del deudor. Asimismo, con la citada determinación adoptada tanto Hugo Javier como los demás imputados no pueden vender sus inmuebles, muebles y tampoco comprar.
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Los imputados son Hugo Javier González, actual gobernador de Central; Javier Marcelo Rojas Giménez, director general de Administración y Finanzas de la gobernación; Tadeo Andrés Álvarez, presidente de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP); y el tesorero de dicha fundación, Paulino de los Santos Palacios Recalde.
La lista sigue con Nicolás Eduardo Álvarez Doria, síndico de la CIAP; Lourdes Verónica Lezcano, secretaria general de la gobernación; Armando Adolfo Soler, secretario de Obras Públicas; Luis Eduardo Allende, extesorero.
Además figuran Édgar José Zaracho, asesor jurídico de la gobernación; Guido Rolando Portillo, jefe del departamento de presupuesto; Modesta Valiente Escobar, exfuncionaria de Administración y Finanzas. También fueron imputados el exfiscalizador de obras, Adalberto Benítez Aguilera, y los contratistas Óscar Morel y Laureano Gaete Gómez.
El gobernador deberá comparecer el 10 de noviembre para la audiencia de imposición de medidas cautelares, mientras que los demás procesados el 11 del mismo mes.
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Ueno Bank: imputan al superintendente de Bancos por lesión de confianza y piden su prisión preventiva
Los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore Franco, Ruth Benítez, Laura Giacummo y Verónica Valdez Rivas formularon imputación contra el superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfrán, por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor. Esto se da en el marco de la causa penal que investiga presuntas irregularidades relacionadas con las operaciones de Ueno Bank S.A. y el ejercicio de las funciones de supervisión del sistema financiero.
Asimismo, los fiscales pidieron al Juzgado de Garantías la prisión preventiva del imputado. Ante este pedido, el juez Humberto Otazú ya admitió la imputación y fijó para este viernes, a las 08:45, la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si Insfrán va a prisión o recibe medidas alternativas.
En la presente causa penal también están imputados el expresidente de la República Santiago Peña, así como el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. En el caso del exjefe de Estado, el mismo se encuentra privado de libertad en el Regimiento Escolta Presidencial, mientras que Carvallo está recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
Según el acta de imputación, el superintendente habría tomado conocimiento formal, el 29 de abril de 2026, de excesos en los límites de crédito otorgados a empresas vinculadas a Ueno Bank, entre ellas Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A. Las obligaciones conjuntas de estas firmas habrían alcanzado aproximadamente G. 743.784 millones, equivalentes al 31,9 % del patrimonio efectivo de la entidad bancaria, por encima del límite regulatorio del 20 %.
La representación fiscal sostiene que, pese a las advertencias técnicas y al tiempo transcurrido desde la detección de las presuntas irregularidades, el imputado no habría exigido la presentación del plan de regularización previsto en la legislación bancaria.
Asimismo, la investigación señala que el 16 de junio de 2026 se habría considerado regularizada la situación de Ueno Bank tras una operación de venta de cartera crediticia a Vinanzas S.A. por aproximadamente USD 74,4 millones. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, dicha operación habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco, mediante préstamos y operaciones con sociedades relacionadas.
Otro de los hechos atribuidos se refiere al tratamiento de un informe técnico remitido el 10 de julio de 2026 por un exgerente de Supervisión, que advertía sobre posibles irregularidades en la operación de transferencia de cartera. Según el acta de imputación, el documento habría sido comunicado al entonces presidente del BCP recién el 24 de julio, sin haber sido elevado formalmente al Directorio de la institución. La Fiscalía también atribuye al imputado la presunta falta de impulso de medidas correctivas y el no haber comunicado oportunamente al Directorio del BCP la necesidad de adoptar disposiciones ante las observaciones detectadas, mientras la entidad bancaria continuaba desarrollando operaciones financieras.
Como parte de las diligencias investigativas, los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres y Elena Fiore Franco encabezaron un allanamiento en la vivienda del superintendente, donde se ejecutó una orden de detención previamente dispuesta por el Ministerio Público. Durante el procedimiento fueron incautados documentos relacionados con sus funciones, computadoras, un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
Asimismo, se inspeccionaron dos vehículos. En uno de ellos fueron halladas maletas vacías, mientras que en el otro se localizaron documentos y una computadora de trabajo, que también fueron incautados. Los elementos recolectados serán sometidos a los análisis y pericias correspondientes para determinar su eventual relevancia para la investigación.
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Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
La Fiscalía requiere la prisión preventiva del expresidente de la República, Santiago Peña, al ser imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor. Además, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, en el marco de la causa judicial ueno bank.
También solicita la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
La imputación contra Peña quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
El proceso de investigación apunta a establecer si existieron decisiones o gestiones desde el Ejecutivo que incidieron en la canalización de recursos estatales hacia el banco, cuyos directivos Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada se encuentran imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Se busca a la vez determinar si esas actuaciones habrían generado beneficios indebidos para intereses particulares. El otro eje de la investigación se centra en los créditos que la entidad bancaria habría concedido a sociedades vinculadas a su propio grupo económico, mientras recibía y administraba fondos de entes públicos y previsionales.
La Fiscalía busca determinar si existió un manejo irregular de esos recursos y si las operaciones crediticias se realizaron en condiciones que pudieron comprometer los intereses patrimoniales involucrados.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
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El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
La imputación también menciona que al 30 de septiembre de 2026, el patrimonio de ueno bank ascendía a G. 2.525.148 millones, de acuerdo con el balance publicado por la entidad.
El documento menciona además que “durante casi los dos primeros años de su mandato presidencial, Santiago Peña habría mantenido simultáneamente su condición de presidente de la República y una participación accionaria y relación corporativa en ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada a ueno bank dentro del mismo grupo empresarial”.
La imputación manifiesta también que “considerando la situación patrimonial del banco, Santiago Peña habría intervenido públicamente para sostener la confianza en la entidad en tres momentos diferentes”. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el procedimiento de resolución y disolución del banco tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido por ley.
“De esta manera, pese a la existencia de informes técnicos que advertían sobre irregularidades en las operaciones crediticias, posibles excesos regulatorios y riesgos para la situación patrimonial de ueno bank S.A., Santiago Peña habría continuado respaldando públicamente la situación financiera de dicha entidad, sin que se haya tomado medidas precautorias con relación a los fondos públicos allí colocados”, expresa.
Los hechos investigados se sustentan en denuncias presentadas el 5 de noviembre de 2026 por parlamentarios de la oposición, entre ellos Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Lucía Mendoza, Esperanza Martínez, Rubén Velázquez, Ignacio Iramain, Johanna Ortega y Ever Villalba.
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Denuncian penalmente al titular del Indert por perjuicio millonario en cobro de tierras
El abogado Weldon Walter Black Zaldívar denunció penalmente a Francisco Ruiz Díaz, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), por el cobro irregular de tierras en el Chaco dentro de tres juicios ejecutivos.
Según la denuncia, las demandas se habrían cerrado mediante un aparente arreglo que generó un perjuicio patrimonial al Estado.
La acción legal señala presuntas irregularidades en procesos judiciales tramitados para el cobro de deudas por tierras adjudicadas en el distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay, en el Chaco.
Los tres juicios ejecutivos fueron promovidos por el Indert en contra de Ángel David Bobadilla Rivas, Sergio Miguel Morán Barrios y Mario Alejandro Olmedo Urquhart.
El reclamo judicial inicial ascendía a cerca de G. 6.228 millones, cifra que incluía las cuotas vencidas, así como los intereses moratorios y punitorios.
Sin embargo, de acuerdo con el denunciante, en esa instancia comenzaron las anomalías: se habrían exonerado los intereses hasta en un 65 % “sin sustento en la ley”, lo que provocó —solo en ese concepto— un perjuicio patrimonial de más de G. 1.000 millones.
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Además, supuestamente se abonaron los gastos judiciales de forma directa con fondos públicos de la institución, sin una regulación judicial previa y sin exigir posteriormente el reembolso a los demandados.
Entre las irregularidades citadas, también se menciona el pago de honorarios al oficial de justicia Osvaldo Maldonado por un total de G. 155 millones (equivalente al 2,5 %), a pesar de que la tasa establecida habitualmente es del 1 %. La denuncia subraya que dicho desembolso se gestionó como «prioridad», sin concurso ni competencia.
El abogado Black Zaldívar sostiene que existió una condonación ilegal de los intereses que el Indert debía percibir, un monto que calificó como una pérdida efectiva para el Estado, sumada a los gastos judiciales no devueltos por los demandados.
El profesional concluyó que la institución no aplicó la ley y se extralimitó en sus facultades legales al dar por finiquitados los juicios.
El denunciante no determinó un valor cerrado del daño total y solicitó a la Fiscalía que lo cuantifique, incluyendo los gastos judiciales ocasionados sin devolución (notificaciones, viáticos y traslados), el dinero descontado de los intereses y otros detalles del proceso.
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Caso ueno bank: Fiscalía pidió a Seprelad informes financieros y societarios de 27 imputados y 20 empresas
En el marco de la investigación relacionada con presuntas irregularidades financieras en ueno bank S.A., la agente fiscal Yeimy Adle, integrante del equipo de trabajo conformado para la causa, solicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), información financiera y societaria correspondiente a 27 personas físicas imputadas y 20 personas jurídicas.
La solicitud fue hecha este jueves, mediante una nota fiscal dirigida a la ministra secretaria ejecutiva de la Seprelad, Liliana Alcaraz, en el marco de la causa n.º 89/2026, por presuntos hechos punibles de lesión de confianza y otros.
El pedido comprende información relacionada con personas vinculadas a la administración de la entidad bancaria y a distintas sociedades mencionadas en la investigación, entre ellas: Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., Tuiu S.A., Franede S.A., Aime S.A. Corredores de Seguros, Vinanzas S.A., ITTI S.A.E.C.A. y otras empresas.
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La diligencia forma parte de las actuaciones impulsadas por el equipo fiscal integrado por Jorge Arce, Silvio Corbetta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera, designado mediante la Resolución FGE n.º 4393, del 3 de noviembre de 2026. En el documento, la representación fiscal requirió que los informes sean remitidos en formato digital dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la recepción de la nota.
El pedido de información se realiza en el marco de las diligencias investigativas destinadas a reunir antecedentes financieros y societarios relacionados con los hechos objeto de la causa.
En el presente caso están imputadas 27 personas, entre ellas los principales directivos de la firma ueno bank, Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Diana Leticia Mongelos González y Miguel Ángel Almada.