El fiscal Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó al gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, y a otras quince personas por los delitos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por las supuestas obras fantasmas de la Gobernación de Central.
Ahora, un juez penal de Garantías deberá admitir la imputación y fijar la fecha para que se pueda desarrollar una audiencia de imposición de medidas para el gobernador y los demás imputados. En la citada diligencia judicial se definirá si todos son beneficiados con medidas alternativas a la prisión u otra medida cautelar.
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Antecedentes
El gobierno departamental recibió G. 6.382 millones (US$ 1 millón) del fondo de la Ley de Emergencia para financiar proyectos de reactivación, de los cuales G. 5.105 millones (US$ 800.000) fueron entregados a la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para la ejecución de obras viales y de mejoramiento de espacios públicos.
Sin embargo, en la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas y aparentemente obras fantasmas. Al respecto, especificó que la Contraloría General es la encargada de corroborar si existen o no dichas obras.
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Imputan al intendente de Luque por la muerte de madre e hija en raudal
El fiscal de Luque, Jorge Escobar, presentó imputación contra el intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR), por los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo por el fallecimiento de una madre y su hija, quienes fueron arrastradas por el raudal en dicha ciudad. El proceso penal está a cargo de la jueza de Garantías Cecilia Ocampos, de Luque.
En el lamentable hecho fallecieron Sara Benítez (48) y su hija Nilda Luján Barrios Benítez (19), quienes el pasado 25 de abril en horas de la madrugada fueran arrastradas por el caudal de agua que desemboca en el cauce del arroyo San Juan.
El escrito del acta de imputación refiere que conforme a los datos recolectados se tiene elementos de sospecha que hacen presumir que, al momento en que habría caído el vehículo donde iban madre e hija a la zanja, habría deficiencias en el sistema de seguridad vial, es decir, una nula señalización de advertencias de peligro e instalaciones de protección a peatones y vehículos y carencia de barrera de protección eficaz ante raudales.
Asimismo, el documento del Ministerio Público señala que “en carácter de Intendente Municipal de Luque, Echeverría sería la persona responsable de dirigir y ejecutar obras para la seguridad vial de la ciudad y en ese sentido, no habría realizado las debidas diligencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular e inclusive peatonal de la zona identificada como zanja San Juan, situada en el lado derecho de las calles Francisco Solano López y Curupayty de Luque, omisión que generó el fallecimiento de ambas mujeres”, refiere el escrito.
Ahora el juzgado penal de garantías deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el jefe comunal de Luque va a prisión o es beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
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Patricia Samudio fue condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza
Patricia Samudio, extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar) y del primer anillo del expresidente Mario Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de prisión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia de covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión.
El Ministerio Público había solicitado ambas penas para Samudio y su esposo y el tribunal de sentencia integrado por Gloria Hermosa, Darío Báez y Alba González así lo resolvió. Los fiscales Silvio Corbeta y Francisco Cabrera sostuvieron que se probó el delito de lesión de confianza en la compra irregular de agua tónica durante la pandemia.
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Acusación
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a la petrolera estatal.
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Presentan nueva denuncia contra Prieto, por asociación criminal y lesión de confianza
Integrantes de la Contraloría Ciudadana presentaron ante el Ministerio Público, otra denuncia contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por supuesta asociación criminal y lesión de confianza. El jefe comunal habría adjudicado a una empresa de maletín, obras (empedrado y aulas) por un monto total de G. 10.700 millones.
Se trata de la constructora SCDE SA, que era un club nocturno y cuyas accionistas son gente del mismo equipo político del jefe comunal. Aparecen como socias de la firma supuestamente de fachada, Lilian Gregoria Benítez Villalba y Samara Clarice Aguirre Benítez, según los documentos verificados por los denunciantes.
La licenciada Magdalena Montiel, una de las firmantes de la denuncia, explicó que en el seno de la Contraloría realizaron una investigación y encontraron que la empresa era una discoteca y luego se convirtió en constructora; no tiene la antigüedad ni experiencia requeridas para ser adjudicada y no cumplió con los plazos de terminación de obras. Igualmente, refirió que la comuna no aplicó la falta por incumplimiento de contrato.
Manifestó que en la investigación, la prueba más contundente sobre la adjudicación a una firma de maletín es el hecho que Lumma Magdalena Silva Battochi era socia de la empresa Golden Rouse, que explotaba el night club, que luego cambió de razón social para ser constructora SCDE SA. La misma es funcionaria municipal desde diciembre de 2021 como auxiliar en Gestión de Cobranzas.
Según el escrito de denuncia, “esta es la prueba más contundente de que la empresa es de fachada, de maletín, dirigida desde la Municipalidad de Ciudad del Este”. Silva Battochi está hoy en la Dirección de la Vivienda. Los denunciantes, además de las documentaciones, presentaron imágenes en las que se ve a los supuestos responsables de la firma de fachada compartiendo con dirigentes del equipo político de Prieto.
“Se ha podido constatar que bajo la dirección del intendente Miguel Prieto Vallejos han creado una organización estructurada jerárquicamente, bien organizada, destinada a desviar recursos financieros de la municipalidad, al crear comisiones barriales a las que debían entregar recursos para la construcción de empedrados, a favor de quienes se libraban los cheques”, refiere el escrito de denuncia.
Además de Magdalena Montiel, firmaron la denuncia José Víctor Vázquez Leguizamón, Sergio Alejandro Sánchez Mereles y Gricelda Fernández, bajo patrocinio del abogado Víctor Enríquez. La Contraloría Ciudadana ya presentó seis denuncias contra Miguel Prieto, quien tiene dos imputaciones.
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Tras chicana de Prieto y otros imputados, suspenden imposición de medidas
Se suspendió la audiencia de imposición de medidas cautelares para Miguel Prieto, actual intendente de Ciudad del Este, quien enfrenta su segundo proceso penal por el delito de lesión de confianza. La diligencia judicial se pospuso debido a que la defensa de Prieto y otros imputados presentaron varios incidentes que deberán ser analizados por el juez Humberto Otazú.
Prieto planteó una excepción de incompetencia material y territorial, donde cuestiona que el presente caso debe tramitarse en un juzgado de Ciudad del Este y no de Asunción. Primero, el magistrado Otazú deberá estudiar este incidente y luego analizar los demás que se ha presentado en el presente caso.
También la defensa de los demás imputados presentó varios incidentes, entre ellos la nulidad del acta de imputación que deberá ser analizado por el mencionado magistrado.
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El segundo proceso penal es por una licitación supuestamente direccionada que fue realizada en el año 2020, donde se realizó una compra por la vía de excepción para la adquisición de insumos con el objetivo de la elaboración de panificados para familias de escasos recursos por la pandemia Covid 19, con supuestos fines sociales.
El Ministerio Público sospecha que Prieto y los demás imputados ocasionaron un perjuicio de una suma superior a los G. 306 millones, a través del pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes.
Manifestación
Del mismo modo, un grupo de personas se manifestaron frente al Poder Judicial para exigir celeridad en el proceso penal de Prieto y demás imputados en el presente caso.