Ahora, un juez penal de Garantías deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas para los imputados. Foto: Gentileza.
Fiscal imputó al gobernador de Central y a quince personas más
Compartir en redes
El fiscal Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó al gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, y a otras quince personas por los delitos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por las supuestas obras fantasmas de la Gobernación de Central.
Ahora, un juez penal de Garantías deberá admitir la imputación y fijar la fecha para que se pueda desarrollar una audiencia de imposición de medidas para el gobernador y los demás imputados. En la citada diligencia judicial se definirá si todos son beneficiados con medidas alternativas a la prisión u otra medida cautelar.
El gobierno departamental recibió G. 6.382 millones (US$ 1 millón) del fondo de la Ley de Emergencia para financiar proyectos de reactivación, de los cuales G. 5.105 millones (US$ 800.000) fueron entregados a la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para la ejecución de obras viales y de mejoramiento de espacios públicos.
Sin embargo, en la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas y aparentemente obras fantasmas. Al respecto, especificó que la Contraloría General es la encargada de corroborar si existen o no dichas obras.
La Fiscalía imputó a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes, a una funcionaria del Registro Público y al abogado Óscar Tuma, por alterar el sistema para realizar transferencia de inmuebles. FOTO: ARCHIVO
Imputan a hijo de Lalo Gomes, a funcionaria y al abogado Tuma por transferencia de inmueble bloqueado
Compartir en redes
El Ministerio Público presentó imputación contra el abogado Óscar Tuma, defensor del también imputado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes y actualmente imputado por narcotráfico y a Alcira Celeste Rodríguez Flores, funcionaria de la Dirección General de Registros Públicos, por la presunta participación en un hecho ilícito para evadir una medida cautelar judicial y transferir inmuebles con fines de ocultamiento patrimonial.
Según la imputación, la funcionaria de los Registros Públicos, Rodríguez Flores, habría accedido de forma indebida al sistema informático de Registros Públicos y alteró deliberadamente los datos personales de Alexandre Rodrigues Gomes, quien se encontraba judicialmente inhibido de disponer de sus bienes. La acción de la referida funcionaria posibilitó la emisión de certificados falsos de libre disponibilidad, lo que facilitó que cuatro inmuebles, valuados en más de G. 1.700 millones, fueran transferidos al abogado Óscar Tuma en concepto de pago por honorarios.
La Fiscalía sostiene que el abogado Tuma, consciente de la inhibición vigente sobre los bienes de su cliente, igualmente aceptó las propiedades, incurriendo así en el hecho punible de lavado de activos. Ahora un juzgado deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Alexandre Rodrigues Gomes, actualmente recluido en el CERESO de Encarnación, habría ejecutado esta operación con el objetivo de frustrar el comiso especial de sus bienes, medida dictada por el Juzgado Especializado en Crimen Organizado como parte del proceso que enfrenta por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Los hechos imputados a los involucrados incluyen :
alteración de datos
acceso indebido a sistemas informáticos
alteración de datos relevantes para la prueba
lavado de activos
La causa está a cargo de los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez. El juez Penal de Garantías José Delmás remitió el expediente al Juzgado Especializado en Crimen Organizado para la prosecución del proceso penal.
El Ministerio Público presentó la imputación contra Marcelo Giménez Duarte (foto) por el homicidio de la niña ocurrido en el distrito de Yegros, departamento de Caazapá. Foto: Gentileza
Fiscal imputa a principal sospechoso en el caso de homicidio de la niña de Isla Sakã
Compartir en redes
El fiscal Carlos Germán Ramírez formuló imputación contra Marcelo Giménez Duarte (24), por el hecho punible de homicidio doloso, ocurrido el pasado 21 de julio en la compañía Isla Sakã (distrito de Fulgencio Yegros, Caazapá), en donde resultó víctima una niña de tan solo 11 años de edad.
De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho se habría producido entre las 15:00 y las 19:00 en un yuyal ubicado a unos 200 metros de un arroyo cercano a la vivienda del imputado. La víctima fue encontrada sin signos de vida, presentando indicios de asfixia mecánica por ahorcamiento.
Según los datos recabados, el sindicado habría interceptado a la menor en un camino vecinal, trasladándola hasta el sitio donde se produjo el crimen. En el lugar, presuntamente la despojó de parte de sus prendas y la habría amarrado con una de ellas, provocándole la muerte.
El sospechoso que está detenido negó la autoría del crimen, señalando que estaba trabajando en la hora que se habría registrado el asesinato.
El representante del Ministerio Público solicitó la prisiónpreventiva, debido a la gravedad del hecho, el peligro de fuga y la obstrucción a la investigación fiscal. Entre los elementos que sustentan este pedido se menciona que el imputado contaba con antecedentes penales por abuso sexual en niños y se encontraba en libertad condicional al momento del hecho.
La causa continúa en etapa investigativa y se encuentra a cargo del Ministerio Público, que ha solicitado un plazo de seis meses para formular el requerimiento conclusivo correspondiente.
El exintendente de Arroyito, Samuel González, sentenciado a 5 años de cárcel por lesión de confianza, fue detenido este viernes por la Policía Nacional. Foto: Archivo
Exintendente de Arroyito fue detenido para cumplir condena de 5 años de cárcel
Compartir en redes
El exintendente de Arroyito, Samuel González, sentenciado a 5 años de cárcel por lesión de confianza, fue detenido este viernes por la Policía Nacional. Sobre el mismo pesaba una orden de captura y hasta la fecha se mantuvo prófugo. La aprehensión de Samuel González Valdez, de 41 años, fue durante un procedimiento ejecutado en la localidad de Horqueta, departamento de Concepción.
El mismo fue detenido en el Barrio Santa Rita, como resultado de un trabajo de inteligencia ejecutado por agentes del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles de Concepción.
El exjefe comunal de la Municipalidad de Arroyito se encontraba con una orden de captura pendiente, luego de ser condenado en el 2022 a 5 años de cárcel por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos.
Durante la administración de González, se detectó un perjuicio patrimonial en el municipio que alcanza los G. 722.600.000. La Fiscalía logró demostrar millonarios faltantes de recursos y la existencia de varias “obras fantasmas”. Tras quedar firme su condena, el exintendente recurrió a diversas estrategias judiciales para evitar ir a prisión, aunque posteriormente desapareció del radar durante varios años hasta concretarse finalmente su captura.
González será remitido a una penitenciaría de nuestro país, donde deberá cumplir con la sentencia dictada por la Justicia.
El exgobernador del departamento Central Hugo Javier González y su entonces director de Gabinete Miguel Ángel Robles fueron beneficiados con la libertad ambulatoria tras haber permanecido durante seis meses privados de libertad, cumpliendo una pena de diez años. Ambos fueron condenados por el caso de obras fantasma en la Gobernación.
El fallo del Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Karina Cáceres, se dio a conocer luego de una revisión planteada por la defensa, tras el cumplimiento de la condena mínima.
“Los miembros del tribunal han revocado la prisión preventiva y ahora goza con libertad ambulatoria el señor Hugo Javier con las reglas de conducta que el Tribunal ha impuesto”, señaló el abogado Guillermo Gayoso a la 730 AM.
Explicó que su defendido ha compurgado la pena mínima establecida en el artículo 19 de la Constitución Nacional, por lo tanto, corresponde otorgarle dicho beneficio. Consideró que el tribunal ha actuado en uso de sus atribuciones al disponer la libertad ambulatoria de ambos condenados. Así, también, el profesional destacó que su cliente nunca obstruyó las investigaciones y siempre cumplió las reglas, y no hay peligro de fuga.