El Tribunal de Apelación, integrado por Bibiana Benítez, Gustavo Ocampos y Arnulfo Arias, confirmó la prisión preventiva de Alberto Ayala Jacquet, acusado junto con Cristian Turrini por la incautación de la megacarga de 2.906 kilos de cocaína en el puerto Terport de Villeta, en octubre del 2020.
El abogado del acusado, Ivo Caballero Sanabria, había solicitado a la jueza penal de Garantías Rosarito Montanía medidas sustitutivas a la prisión para su defendido, señalando que no existe peligro de fuga ni obstrucción a la investigación por parte de su representado, ya que demuestra suficiente arraigo.
Ante el pedido, la referida magistrada decidió ratificar la prisión del procesado. El fallo de primera instancia fue apelado y el tribunal de alzada tomó la determinación de que el imputado siga privado de su libertad.
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Ayala Jacquet tendría la presunta participación en la comisión de los hechos investigados, debido a que el mismo sería propietario de las firmas Tres A y Carbosur, a cuyos nombres fueron despachados los contenedores que contenían supuesta cocaína, que sería remitida al exterior.
El voto de los camaristas señala que al tratarse de un hecho grave, conforme a la calificación de su conducta descrita en la imputación, la pena es elevada en caso de ser comprobada su participación en el hecho y da por la conformación del fallo en primera instancia. En el mencionado caso también se encuentran procesados Cristian Turrini, Andrés Fernández y Ariel Aquino.
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Tía Chela: Miguel Prieto a juicio oral por corrupción con kits de alimentos que ocasionó millonario perjuicio a la comuna de CDE
Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.
Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.
La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.
En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.
Esquema delictivo
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
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Otros casos de Prieto
Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.
Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.
En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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Condenan a 16 años de prisión a un hombre por abuso sexual de su hijastra menor de edad
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Vivian Andrea Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, acusó a un hombre de 34 años por el abuso sexual de una menor de edad y el mismo fue condenado a 16 años de prisión tras el juicio oral que culminó ayer en el complejo edilicio judicial de Ciudad del Este.
La víctima es una hijastra del sentenciado y fue sometida a un sistemático abuso que se extendió durante dos años aproximadamente, según se expuso en el juicio.
La fiscal presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que fueron valoradas por el Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Lourdes Morínigo, Flavia Lorena Recalde y Evangelina Villalba. Tras el análisis de los elementos producidos durante el enjuiciamiento, el colegiado determinó la responsabilidad penal del acusado.
Los hechos juzgados se iniciaron en 2021, cuando la víctima tenía 11 años, y se extendieron hasta 2023, en la vivienda familiar, ubicada en Minga Guazú. El hombre aprovechaba las ocasiones en que quedaba a solas con la niña para cometer los abusos sexuales, que consistían en manoseos de sus partes íntimas.
El caso fue denunciado ante el Ministerio Público el 24 de marzo de 2025, a través del servicio telefónico 147 del Ministerio de la Niñez. Posteriormente, la fiscal Vivian Coronel dispuso que la víctima sea sometida a evaluaciones médica y psicológica.
El informe psicológico señala alteración emocional relacionada con los hechos denunciados, con perturbaciones en el sueño, insomnio, sentimiento de inseguridad, angustia y dificultad en la atención. Además, refiere indicadores de daños psicológicos relacionados con los hechos de abuso sexual.
A partir de los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía presentó acusación por abuso sexual en niños, y tras el juicio oral, el Tribunal de Sentencia resolvió dictar el fallo condenatorio de pena privativa de libertad.
La identidad del condenado no se divulga en protección de la víctima, teniendo en cuenta que la relación familiar, según indica el Código de la Niñez.
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Tragedia en Pedrozo: decretan prisión preventiva para chofer del camión que causó fatal accidente
La Justicia ordenó la prisión preventiva de Víctor Raúl De la Cruz, chofer del camión que causó el fatal accidente en Pedrozo y que está imputado por homicidio culposo. De la Cruz cumplirá la medida en el Centro Nacional de Prevenidos (antiguo penal de Tacumbú). La resolución judicial se dictó tras la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se decidió privar de la libertad al conductor.
El fiscal Juan Manuel Ledesma imputó por homicidio culposo a De La Cruz tras el siniestro vial donde murieron cinco personas, el pasado sábado 15 de agosto en la compañía Pedrozo, Ypacaraí. Según el acta de imputación, el camión se habría quedado sin frenos luego de descender el cerro Caacupé, llevándose por delante a varios vehículos que detuvieron su marcha en el semáforo del cruce sobre la Ruta PY02.
Autopsia
El director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Pablo Lemir, informó que culminaron los procedimientos de identificación y autopsia médico-legal de cuatro de las víctimas fatales. Los estudios se realizaron en la Morgue Judicial de Asunción y finalizaron aproximadamente a las 22:00 del domingo 16 de agosto. Debido a las condiciones en que fueron recuperados los cuerpos, fue necesario un abordaje médico-legal multidisciplinario.
Las cuatro víctimas pertenecían a una misma familia: un hombre de 49 años, una mujer de 45, un joven de 18 y una niña de 9 años. Por disposición de la investigación, sus identidades no fueron divulgadas. El vehículo en el que viajaba la familia sufrió un incendio tras el impacto con el camión de gran porte. Los resultados de los análisis médicos ya fueron remitidos a la unidad penal interviniente y serán incorporados como antecedentes técnicos de la investigación. Posteriormente, se realizará la autopsia de la quinta víctima fatal del grave siniestro ocurrido en Pedrozo.
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Juez definirá si envía a la cárcel o no a Vicente Bataglia, extitular del IPS
El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia definirá este 20 de agosto si decreta la prisión preventiva del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Mario Bataglia, imputado por lesión de confianza y un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones, relacionado con la provisión de quirófanos modulares para el Hospital Central.
El jueves 20 de agosto, a las 09:00, Bataglia deberá comparecer ante el magistrado para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si el imputado será privado de su libertad o si permanecerá libre como los demás procesados. En el caso de Bataglia la situación podría ser diferente, atendiendo a que el mismo estaba fuera del país y no se tuvo registro de su reingreso. Tras su retorno, se puso directamente a disposición del fiscal, quien prefirió levantar la orden de detención antes que ponerlo a disposición del juzgado.
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A pesar de que en este proceso penal otros ocho imputados ya fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión, el caso del extitular del IPS podría tomar un rumbo distinto, decisión que está en manos del juez Rodrigo Estigarribia.
Según la imputación, Bataglia, en su rol de presidente del IPS y firmante de las adendas n.° 3 y 4, habría otorgado, junto con otros funcionarios, condiciones favorables a la empresa Neighpart S.A., permitiendo pagos por aproximadamente G. 61.000 millones y ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial a la previsional.
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