La jueza penal de Garantías de Cordillera Cinthia Paola Páez Mancuello se constituyó hasta la antigua penitenciaría regional de Emboscada, el penal Padre Antonio de la Vega y la Granja Penitenciaria Ita Porã. Esto, con el propósito de verificar la situación procesal de personas privadas de libertad su y en cumplimiento de la Ley N° 5.162 que establece el Código de Ejecución Penal.
La citada magistrada y la actuaria judicial Liz Marlene Quiñónez llegaron hasta las cárceles mencionadas más arriba y conversaron con los reclusos cuyas causas están siendo llevadas por su juzgado; además escucharon sus necesidades y se interiorizaron de la situación de salud de los mismos, del trato dispensado, de las condiciones de habitabilidad e higiene, entre otros temas.
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Igualmente, las autoridades judiciales se pusieron al tanto de las actividades cotidianas que realizan cada uno de los reclusos y reflexionaron acerca de la reinserción a la sociedad en todos los ámbitos, una vez que estos abandonen la penitenciaría. Asimismo, los internos expusieron sus trabajos y sus logros dentro de los penales.
Cabe destacar que tanto la jueza como la actuaria llegaron sin previo aviso, como está estipulado en el código mencionado, como una de las funciones del juez si así lo estimare conveniente. También entregaron a los responsables de las penitenciarías alimentos no perecederos a ser compartidos con los internos.
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Sigue fricción en PLRA: presidentes de Comité rechazan adelantar elecciones internas
Los Consejos de Presidentes de Comité de Central y Cordillera llevaron adelante una reunión el fin de semana, en la que han decidido no acompañar el pedido de la Coordinadora de Intendentes Liberales sobre el adelantamiento de elecciones partidarias.
Ambas organizaciones de dirigentes de base expresaron su molestia por la decisión inconsulta de los intendentes, quienes intentan acortar el mandato de las autoridades partidarias, tanto a nivel local como nacional. Además, anunciaron que en la semana comunicarán al Directorio sus decisiones a fin de que se tenga en cuenta a la hora de tomar una resolución en el pleno de la conducción nacional.
Impedimentos legales
Conforme al comunicado que han emitido en conjunto los dirigentes de Comité de ambos departamentos, exponen como argumento para oponerse al pedido de adelantar las elecciones internas partidarias, señalan que tropieza con impedimentos constitucionales y legales.
En tal sentido, señalan el artículo 154 de la Ley 1975/02 que modifica la ley electoral que expresa que se establecen dos periodos para la elección de autoridades nacionales, departamentales y partidarias, por lo que las elecciones partidarias deberán indefectiblemente realizarse en forma conjunta con las internas municipales o en su defecto en el 2027 con más internas presidenciales.
Por otra parte, la Ley 6318/19 en su artículo 3° que habla del sistema de votación electrónica será utilizada de manera obligatoria. Esto obligaría a que en caso de adelantamiento la Justicia Electoral deberá alquilar un año antes las urnas, lo que implicaría una ingente erogación presupuestaria, que el TSJE no tiene previsto.
A todo esto debe sumarse el impedimento de acortar mandatos, situación no prevista en las normativas vigentes, requisito necesario para su aplicación al ser los partidos políticos sujetos de Derecho Público.
En otro apartado del comunicado, aclaran que sí están de acuerdo con la reforma del estatuto partidario. “Estamos a favor porque también venimos analizando de manera permanente la situación del partido, por lo que consideramos que es momento de un análisis profundo de fondo y de forma para realizar todas las modificaciones necesarias de manera a ajustarlo a la realidad actual”, mencionan.
Asimismo, lamentan la falta de un diálogo de representantes de la Coordinadora de Intendentes liberales con las autoridades partidarias de las bases para llevar adelante un petitorio el cual también los afecta directamente.
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Violento accidente de tránsito involucró a un motociclista y una camioneta en Cordillera
Una cámara de circuito cerrado captó un impactante accidente de tránsito registrado en la zona de Nueva Colombia, departamento de Cordillera, en el que un motociclista atravesó en el carril izquierdo y chocó frontalmente contra una camioneta. Tras el fuerte impacto el conductor de la motocicleta voló por los aires y cayó en la carrocería del vehículo al cual había chocado.
El conductor de la moto fue trasladado por los bomberos hasta un centro asistencial en donde permanece en observación luego del terrible accidente de tránsito.
Por su parte, la Fiscalía ordenó que la camioneta así como la motocicleta sean incautadas y depositadas en la comisaría local hasta tanto culmine la investigación.
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No se descarta realizar una pericia accidentológica que podrá determinar quien tuvo la responsabilidad en el percance automovilístico, que tuvo su viralización en redes sociales.
Del mismo modo el conductor de la camioneta deberá comparecer a declarar en sede del Ministerio Público. También lo deberá hacer el conductor de la motocicleta una vez que se recupere debido a que en las imágenes se puede observar que fue el mismo quien impacto de lleno contra la camioneta.
No se descarta absolutamente nada al respecto, pero la Fiscalía realizará todas las diligencias investigativas correspondientes para poder cerrar el caso que podría ser con una imputación o el archivamiento del hecho.
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Fleitas abre paraguas ante auditoría de la CGR a su gestión en Cordillera
Tras la declaración del Senado en la que insta a la Contraloría General de la República (CGR) a iniciar una fiscalización de los gastos realizados en la Gobernación de Cordillera durante la administración del exgobernador y actual presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Hugo Fleitas, el mismo salió al paso a través de sus redes sociales aludiendo que se trata de pase de facturas políticas. Al parecer, al presidente de los liberales no le gusta la revisión de gastos de la merienda escolar, la ejecución de los fondos que, según denuncias, fueron a parar en el bolsillo de sus correligionarios.
- Unidad de Investigación Nación Media
Al exgobernador de Cordillera y actual presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, parece no agradarle mucho que la Contraloría General de la República (CGR) fiscalice los gastos realizados en su administración, ya que según manifestó en sus redes sociales, considera que esta fiscalización no es más que una venganza política.
“Los que usan las instituciones como garrote para vengar sus enconos personales están apurados en ejecutar su plan. Confiados en nuestra gestión y en el pueblo que nos apoya estamos firmes para resistir los embates. Los exliberales, expulsados por indignos, no nos harán retroceder”, dice la publicación compartida por Fleitas a través de su cuenta de X (ex-Twitter) en la que se adjunta la nota que el Senado remitió a Contraloría instando el inicio de auditoría.
Recordemos por resolución CGR número 1089/23 se aprobó el Plan General de Auditorías para el ejercicio 2024 y mediante la nota número 1017 la Contraloría comunica a la Gobernación de Cordillera el inicio de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) a la gestión del presidente liberal en la que se analizarán los gastos relacionados con obras públicas durante los ejercicios fiscales del 2018 al 2023; almuerzo escolar y fondos concedidos por la Ley de Emergencia (Pandemia Covid-19) entre los años 2021 al 2023; la ejecución del rubro 800 que corresponde a transferencias realizadas organizaciones no gubernamentales entre el 2021 hasta el 2023. Esta misma tarea se hará en las gobernaciones de Central, Alto Paraná, Boquerón, Misiones, Guairá y Presidente Hayes.
En el caso de Cordillera, puntualmente la gestión de Fleitas en la gobernación, registra en su haber casos como el de junio de 2022, cuando 30 alumnos de entre 9 y 12 años habían presentado vómitos presumiblemente a causa alimentos de mala calidad que fueron distribuidos en su administración. La denuncia alude a los proporcionados en el colegio Héroes del Chaco, ubicado en Mbocayaty del Yhaguy en Cordillera, donde desayunaban y almorzaban.
En el rubro de merienda escolar la administración de Fleitas fue muy criticada por ineficiencia en procesos licitatorios que dilataban la entrega a los escolares.
El presidente liberal también es blanco de cuestionamientos en redes sociales por la supuesta repartija de fondos covid a miembros de comités liberales durante la pandemia, ya que según una serie de publicaciones realizadas por el comunicador Alfredo Guachiré en su cuenta de X (ex-Twitter), la administración de Fleitas recibió G. 6.382 millones del fondo covid para enfrentar la pandemia y realizó uso discrecional y repartija a consejos de salud manejados por sus correligionarios.
La actitud del actual presidente del PLRA y exgobernador de Cordillera deja entrever la resistencia a la transparencia sobre el uso que le dio a los fondos públicos cuando ejerció como jefe del mencionado departamento.
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Rechazan que la Contraloría se encuentre siendo usada como garrote contra Fleitas
La directora general de Control Gubernamental de la Contraloría, Gladys Fernández, salió al paso de las acusaciones provenientes de sectores de la oposición y medios de comunicación afines, que sostienen que la institución se encuentre siendo utilizada como un garrote político contra el titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas.
“Acá no es que caemos con todo sobre Cordillera. No creo que el doctor Camilo Benítez tenga esa intención de que la Contraloría sea utilizada como garrote. En la institución existen profesionales comprometidos con la Contraloría y con el país, de eso puedo dar testimonio. El día que eso ocurra no perderá la Contraloría, sino el país”, sostuvo.
Las acusaciones de la oposición surgen tras la aprobación en la Cámara de Senadores del proyecto de declaración que insta al órgano extrapoder a auditar la gestión del exgobernador de Cordillera y actual presidente de los azules, Fleitas ante denuncias de supuestos casos de corrupción.
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En la iniciativa se solicita al órgano extrapoder fiscalizar el periodo 2018-2023 con relación a las partidas presupuestarias ejecutadas para la compra de alimentación escolar, contratación de obras y transferencias realizadas a las organizaciones de la sociedad civil. También se requiere la auditoría sobre el uso que le fue dado a los fondos concedidos por normativas especiales y de emergencia, dictadas durante la pandemia por covid-19.
“Tenemos antecedentes de que todos los pedidos que han sido realizados desde el Ministerio Público, desde Diputados, el Senado, el Poder Ejecutivo, las mismas autoridades en vigencia, las anteriores siempre fueron priorizadas porque está dentro de nuestro protocolo. Igualmente pasan con las denuncias ciudadanas, periodísticas”, dijo a la 730 AM.
En el transcurso de este último jueves, la Contraloría anunció la implementación de auditorías en siete departamentos del país, abarcando diversas áreas de gestión y transferencias. Según el Plan General de Auditorías (PGA) aprobado por el ente contralor, las gobernaciones a cuyas gestiones serán fiscalizadas son Central, Alto Paraná, Boquerón, Misiones, Guairá y Presidente Hayes y Cordillera.
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