El juez penal de Garantías, Raúl Florentín, recibió una comunicación del departamento de Interpol de Montevideo Uruguay que confirma que José Peirano Basso, procesado en nuestro país, se encuentra en condiciones de ser extraditado a Paraguay para someterse a la Justicia por el proceso penal por la quiebra del Banco Alemán, registrada hace 19 años.
El magistrado Florentín señaló que: “Si bien no hay una comunicación oficial por la vía diplomática correspondiente, sí hay una comunicación del departamento de Interpol de Uruguay a su par de Paraguay, comunicando que esta persona estaría ya a disposición del Estado paraguayo, a los efectos de ser trasladada ante el pedido de extradición que solicitó la Justicia paraguaya”.
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Florentín explicó que Peirano está acusado en el país por lesión de confianza y conducta indebida en situación de crisis y que existe una imputación fiscal. “Hay una propuesta de Interpol Paraguay para enviar agentes para el traslado correspondiente al país, y cuando esté por acá vamos a analizar la conducta de esta persona, cuya causa está paralizada hace mucho tiempo”, señaló.
Peirano está en rebeldía y tiene una orden de captura y años atrás se presentaron los abogados de la defensa, quienes solicitaron una audiencia por vías telemáticas, sin embargo, no presentaron ningún escrito.
La extradición del acusado fue confirmada en el 2004 por la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, quedó supeditada a que cumpliera condena en Uruguay. José Peirano Basso está acusado por haber causado supuestamente un perjuicio patrimonial de US$ 12.900.000 al quebrado Banco Alemán.
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Senadora apelará resolución que la obliga a desbloquear de X a abogada
Tras la resolución del juez Rubén Darío López que obliga a la senadora Norma Aquino “Yamy Nal” a desbloquear de X a la abogada Alejandra Peralta Merlo, la legisladora adelantó que apelará esta resolución judicial. La parlamentaria se sostiene en que tiene potestad de restringir su cuenta a quien considere pertinente dado que ella no es fuente de información pública.
“Mañana estaríamos presentando el recurso de apelación. Un juez no puede desconocer la ley, el sentido de la misma y es claro yo no soy fuente de información pública, según lo que dice la ley de transparencia N° 5282, entonces lastimosamente se debe subsanar el error cometido”, aseveró Aquino en conversación con La Nación/Nación Media.
Asimismo añadió, “si ellos se mantienen en esto que no está bien, voy a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia si es necesario”. Para la senadora, este fallo judicial deja un mal precedente puesto que obliga a los funcionarios públicos de cualquier jerarquía a someterse al amedrentamiento a través de redes sociales.
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“Lo que hoy se produjo fue un adefesio jurídico que sienta un precedente horrible para la justicia porque quiere decir que si de por ahí hay una persona que te está molestando en tu perfil personal, le tenes que aceptar y no bloquear porque de lo contrario te pueden hacer un recurso de amparo”, cuestionó.
Aquino recordó que hay una diferencia entre un perfil personal y una cuenta institucional, por lo que ella puede restringir sus redes sociales para ciertas personas si así lo desea. La senadora afirmó que se ceñirá a lo dispuesto por el juez y que desbloqueará momentáneamente a la abogada Peralta Merlo, esto en tanto, se resuelve el recurso de apelación.
“Yo persisto en mi postura en que está equivocada esta señora, imagínense que esto se siente como jurisprudencia, esto atenta contra al derecho a la privacidad de las personas. Creo que es la primera vez en que todo el mundo está de acuerdo conmigo, inclusive periodistas de varios medios me han dado la razón por primera vez”, expresó.
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Segunda imputación contra Miguel Prieto se tramitará en juzgado de Asunción
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú rechazó el incidente de excepción de incompetencia de la territorialidad presentada por las defensas de los imputados por lesión de confianza Miguel Prieto, Higinio Acuña, Richard Ayala Avalos, Maggi Fariña Almada, Nelson Segovia, Francisco Arrúa Álvarez, procesados por un supuesto perjuicio a la comuna esteña de G. 306 millones.
Con la resolución del citado magistrado, el proceso penal de Prieto y otros se tramitará en Asunción. Ahora la defensa de los procesados tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, un tribunal de apelación definirá si corresponde que el caso se siga tramitando en un juzgado de la capital.
Otazú sostuvo que existe una ley que establece que el juzgado a su cargo tiene competencia en toda la República, por lo que no corresponde el planteamiento formulado por la defensa de los imputados.
En el caso están igualmente imputados por lesión de confianza, Buena Ventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Richard Ayala Avalos, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.
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Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron la imputación contra Prieto y demás personas. Los mencionados fiscales imputaron al intendente por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Los representantes del Ministerio Público sostienen que existe un perjuicio de G. 300 millones en perjuicio a la comuna esteña.
De acuerdo al acta de imputación, Prieto habría encabezado un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
Según el Ministerio Público, el intendente siendo ordenador de gastos de la municipalidad, entre marzo y junio del 2020 habría convocado y promovido la licitación para adquirir por vía de la excepción, insumos para panificados que irían destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia por el covid-19.
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Ecuador aprueba la extradición en referendo
La extradición en Ecuador impulsada por el presidente Daniel Noboa como medida de lucha contra el crimen organizado fue aprobada el domingo por un 72% de la votación en una jornada violenta, según un sondeo a boca de urna divulgado en vivo por el canal Teleamazonas.
El Sí a favor de la extradición, una de las once preguntas propuestas por Noboa, recibió un 72% de apoyo, mientras que el No captó 25% de la votación total, incluidos blancos y nulos, según la encuesta a boca de urna de la empresa Infinity Estrategas contratada por el gobierno, de acuerdo con la televisora.
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Principales puntos
Las once preguntas planteadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el referendo de este domingo apuntan a permitir la extradición de connacionales, endurecer condenas contra el crimen organizado, crear judicaturas especializadas y restablecer el trabajo por horas y el arbitraje internacional.
La interrogantes, a las que los ecuatorianos responderán “Sí” o “No”, serán resueltas mediante un referendo (cinco) y consulta popular (seis), apuntan a darle un mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, que ha convertido a la nación en estratégico centro de sus operaciones y desatado una ola de violencia.
Referendo
- Que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía para combatir el crimen organizado.
Actualmente, la Constitución establece que los militares están a cargo de la defensa de la soberanía, mientras que el mantenimiento del orden público es responsabilidad de la policía.
- Permitir la extradición.
La Constitución determina que en ningún caso se concederá la extradición de ciudadanos ecuatorianos. La enmienda constitucional propuesta se refiere a delitos de terrorismo y contra la humanidad, con la condición de no aplicarse la pena de muerte en el país de destino.
- Establecer judicaturas especializadas en materia constitucional.
Los jueces especializados, que de aprobarse la medida se instalarán en todo el país, resolverán exclusivamente en sus propias jurisdicciones. En Ecuador se han dado casos en que políticos y delincuentes se han visto beneficiados por medidas de amparo dictadas por magistrados de lugares que no corresponden a los procesos.
- Reconocer al arbitraje internacional para solucionar controversias en inversión y comerciales.
En el gobierno del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), Ecuador dio por terminados los tratados bilaterales de inversión y se retiró de organismos de arbitraje como el CIADI.
- Establecer el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas.
La administración de Correa eliminó el trabajo por horas al considerar que precarizaba las condiciones laborales. La iniciativa de Noboa para fomentar empleo es rechazada por sectores sindicales e indígenas.
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Consulta popular
- Que las Fuerzas Armadas realicen controles de armas en los accesos a cárceles.
Las prisiones, donde las autoridades han hallado armas más sofisticadas que las de la propia fuerza pública, han sido escenarios de cruentas matanzas entre presos miembros de bandas narco que se disputan el poder.
- Incremento de penas para diez delitos como terrorismo, narcotráfico y sicariato.
Noboa, en guerra contra el narcotráfico, declaró “terroristas” a una veintena de bandas. Ese delito es ahora sancionado con hasta 13 años de cárcel.
- Eliminación de rebajas de penas para los condenados por delitos como terrorismo.
- Que la fuerza pública pueda utilizar de inmediato las armas incautadas.
- Tipificar el delito de tenencia o porte de armas de uso privativo de militares y policías.
- Simplificar el procedimiento de la ley de Extinción de Dominio para que el Estado pase a ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado (incautados).
De ganar el Sí en el referendo, las enmiendas constitucionales entrarán en vigencia en cuanto los resultados sean publicados en el Registro (Diario) Oficial. En el caso de la consulta popular, las propuestas deberán ser debatidas y aprobadas por la unicameral Asamblea Nacional (Congreso), en el que la oposición es mayoría pero está dispersa.
Fuente: AFP.
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Algunos medios de comunicación aún no logran digerir sus derrotas
No debe haber nada más tóxico que el periodismo que supura sus heridas por las llagas de los fracasos electorales. Y, para peor, que sus operadores no asuman sus líneas partidarias (porque hasta se involucraron abiertamente en las internas de la Asociación Nacional Republicana), con la actitud de los pusilánimes que tiran la piedra y esconden la mano, pretendiendo presentarse ante la sociedad con la hipócrita vestimenta del tratamiento imparcial de los hechos y la ecuanimidad en la publicación de las noticias. Todo lo que tocan contaminan con la manipulación aviesa y torpe de los acontecimientos. Ahí donde ponen la mano dejan el rastro de la deliberada distorsión de los sucesos. La ética de la responsabilidad para con el público la han tirado al tacho de los deshechos. Sus intereses son exclusivamente comerciales. Y sus fracasos políticos, la razón de sus enconos. No existe lealtad con la verdad. Ni compromiso con la nación. Recortan el horizonte de la patria a la miopía de los fanáticos impenitentes y la rabia indisimulada de los derrotados que no logran o no quieren vislumbrar los eventos más allá de la estrechez de sus sesgadas visiones.
Como si fuéramos una sociedad de cretinos que no sabe diferenciar la realidad de la falacia infame. Esta actitud miserable excreta todo su resentimiento, frustración y agresividad y vomita su impotencia contra todos quienes considera sus enemigos, expresión de rabia patológica, sin percatarse de que en su obnubilada ira dispara contra su propia credibilidad. La sociedad que aprendió a discernir entre lo que es y lo que se pretende que sea les ha retirado a estos medios toda confianza. Esa es la razón principal de que la hegemonía de ayer se haya reducido hoy drásticamente en tiradas y en audiencia. Dejaron de ser los “dueños de la verdad” cuando la ciudadanía descubrió que en primer lugar están sus negocios o negociados y, en el último, la salud económica, social y cultural de la población.
Estamos hablando de los mismos medios de comunicación y sus periodistas que durante los cinco años del desgobierno de Mario Abdo Benítez no abrían la boca ni emitían sonido crítico alguno, aunque sea refunfuñando, por generosos contratos del Estado con los propietarios y los millones de guaraníes desembolsados desde el fisco y las hidroeléctricas binacionales que financiaban hasta periódicos digitales de los “amigos” del mismo corral, para no utilizar la otra conocida frase. Se cumplía así la popular expresión: “Nadie muerde la mano del que le da de comer”. Por ello se explican los ánimos alterados de algunos y algunas (periodistas) cuando les fueron retirados, por la administración de Santiago Peña, sus espurios privilegios y canonjías que anteriormente servían para repudiables entrevistas en las que el invitado nunca era incomodado por preguntas indiscretas.
De ahí hay que extraer la furia de los presupuestívoros que ganaron mucho dinero por no hacer cuestionamientos comprometedores y que hoy sienten la lengua reseca por falta de la vital mamadera pública. Y más grotesco todavía cuando, apelando a una histérica vocinglería, se esfuerzan por mostrarse como los propietarios de la moral y la honestidad intelectual, cuando sabemos que es totalmente del revés. Mientras más se desgañitan, intentando disfrazar sus felonías de “interés público” y “defensa de la patria”, más se hunden en la vorágine de la impostura y la infamia. El futuro les depara un destino como el que vivieron: sus humos de vedettes se disiparán en el más absoluto anonimato y ostracismo. Porque efímera es la fama de los impostores y de nuevos Efialtes de un pueblo que solo quiere bienestar y paz social.
El periodismo militante de la patraña y la distorsión consciente de los hechos, que los presentan como ellos quieren y no como realmente son, va desgastándose irremediablemente en su seriedad y prestigio, hasta convertirse en cenizas o esporádicos rescoldos que recordarán aquellos buenos tiempos, después de renegar de la dictadura que sostuvieron por varios años, que fueron dilapidados por la barbarie de la mendacidad y la mediocridad lacerante de quienes se enceguecieron con las veleidosas luces de neón. Hoy, por ejemplo, se obstinan en seguir dando pábulos a la movilización de los universitarios para obstaculizar cualquier negociación con el Gobierno. La ruin consigna es mantener encendida la llama del conflicto, porque, evidentemente, continúa ardiendo en sus espíritus innobles el fuego de la derrota. Les cuesta asimilar que, a pesar de los poderosos medios y recursos de los cuales disponen (imperio construido durante la dictadura de Alfredo Stroessner), ya no son “dueños de la verdad” ni pueden manipular a voluntad la conciencia ciudadana. No pueden digerir que sus montadas campañas de desprestigio fueran sepultadas con miles de votos de aquellos que entendieron que los intereses sectarios de estos medios no representan los intereses del pueblo.