El juez penal de Garantías, Raúl Florentín, recibió una comunicación del departamento de Interpol de Montevideo Uruguay que confirma que José Peirano Basso, procesado en nuestro país, se encuentra en condiciones de ser extraditado a Paraguay para someterse a la Justicia por el proceso penal por la quiebra del Banco Alemán, registrada hace 19 años.
El magistrado Florentín señaló que: “Si bien no hay una comunicación oficial por la vía diplomática correspondiente, sí hay una comunicación del departamento de Interpol de Uruguay a su par de Paraguay, comunicando que esta persona estaría ya a disposición del Estado paraguayo, a los efectos de ser trasladada ante el pedido de extradición que solicitó la Justicia paraguaya”.
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Florentín explicó que Peirano está acusado en el país por lesión de confianza y conducta indebida en situación de crisis y que existe una imputación fiscal. “Hay una propuesta de Interpol Paraguay para enviar agentes para el traslado correspondiente al país, y cuando esté por acá vamos a analizar la conducta de esta persona, cuya causa está paralizada hace mucho tiempo”, señaló.
Peirano está en rebeldía y tiene una orden de captura y años atrás se presentaron los abogados de la defensa, quienes solicitaron una audiencia por vías telemáticas, sin embargo, no presentaron ningún escrito.
La extradición del acusado fue confirmada en el 2004 por la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, quedó supeditada a que cumpliera condena en Uruguay. José Peirano Basso está acusado por haber causado supuestamente un perjuicio patrimonial de US$ 12.900.000 al quebrado Banco Alemán.
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Controversia en EE. UU.: juez prohíbe exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas
Un juez federal de Estados Unidos falló en contra de una ley en Texas que ordenaba a los colegios públicos exhibir los Diez Mandamientos en todas las salas de clase.
El juez Fred Biery ordenó una restricción preliminar de la implementación de la ley, que entraría en vigencia a partir del 1 de septiembre y que fue cuestionada ante la justicia por familias de diversos credos con hijos en escuelas públicas.
La ley del estado de Texas, conocida como el Proyecto de Ley 10 del Senado, es inconstitucional y “toma posición, de manera inadmisible, en asuntos teológicos y favorece oficialmente a creencias cristianas por encima de otras”, escribió Biery en el fallo de 55 páginas.
“Es probable que la exposición envíe un mensaje de exclusión y de carga espiritual a los hijos de los demandantes que no suscriban la versión aprobada de los Diez Mandamientos, que los considerarían que ‘no pertenecen a su comunidad escolar’”, afirmó.
El rabí Mara Nathan, uno de los demandantes, sostuvo la decisión.
“Las creencias religiosas de niños y niñas deben ser promovidas por sus padres y por sus comunidades, no por políticos y colegios públicos”, declaró Nathan.
Rachel Laser, presidenta de la asociación Americanos Unidos para la Separación Iglesia-Estado, también aplaudió la decisión de enviar un “fuerte mensaje que resonará en todo el país sobre la libertad de credo de cada estudiante en nuestras escuelas públicas”.
Otro juez federal bloqueó en noviembre de 2024 una ley en Luisiana que requería la exposición de los Diez Mandamientos en todas las aulas de escuelas públicas de ese estado conservador del sur de Estados Unidos.
El juez John deGravelles aseguró que la norma es inconstitucional porque violar la Primera Enmienda.
La separación de iglesia y Estado es un principio fundacional de Estados Unidos y la Constitución prohíbe que se establezca una religión nacional o se dé preferencia a una creencia por encima de otras.
En un caso similar, en 1980, la Corte Suprema decidió que la exposición de los Diez Mandamientos en los colegios de Kentucky era inconstitucional.
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En Oklahoma, la máxima autoridad educativa de ese estado conservador ordenó recientemente que se enseñe la Biblia en escuelas públicas, una decisión que también enfrenta desafíos legales.
Fuente: AFP
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Juez presentó su obra jurídica sobre garantías constitucionales en el proceso paraguayo
En el Salón Auditorio “Doctora Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de Asunción se realizó la presentación de la obra jurídica “Garantías Constitucionales en el Proceso Paraguayo”, del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno de Lambaré, Guillermo Manuel Delmás, que aborda el debido proceso desde un enfoque garantista y comparativo.
La actividad contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, así como de referentes del ámbito jurídico nacional César Diesel Junghanns, y de los ministros Luis María Benítez Riera, Alberto Joaquín Martínez Simón y Gustavo Santander Dans.
La obra constituye un aporte al análisis de las garantías constitucionales aplicadas al proceso judicial civil, con énfasis en el derecho a la defensa, la igualdad procesal y la imparcialidad del juzgador. Durante la actividad, el ministro Alberto Martínez Simón valoró el contenido de la obra como una exposición estructurada de pensamiento jurídico que enriquece el debate académico e institucional.
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La obra presenta una revisión crítica de las facultades ordenatorias e instructorias del juez, a la luz del artículo 18 del Código Procesal Civil, desde una visión garantista y con referencias a sistemas jurídicos comparados.
La publicación está estructurada en cuatro capítulos, además de anexos que incluyen jurisprudencia y acuerdos relevantes. En el primer capítulo, se expone el objeto de investigación y el método adoptado. El segundo capítulo, el más extenso, desarrolla el marco teórico, analiza antecedentes nacionales y extranjeros, y reflexiona sobre principios procesales y medidas como las de mejor proveer.
El tercero aborda un análisis doctrinal y comparativo con experiencias de otras jurisdicciones. En tanto que el cuarto capítulo presenta conclusiones y recomendaciones, orientadas a fortalecer la formación jurídica con enfoque de garantías. El libro fue prologado por el jurista argentino Adolfo Alvarado Velloso, referente internacional del derecho procesal.
Igualmente, el evento contó con la participación de:
- la vicepresidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Beatriz Pucheta Vda. de Correa,
- la exministra de la Corte Suprema de Justicia, Miriam Peña
- el profesor doctor Oscar Alejandro Amaya (Universidad de Bolonia, Italia)
- el presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, doctor Delio Vera Navarro
- autoridades de tribunales
- universidades
- gremios jurídicos
- operadores del sistema de justicia
La presentación fue transmitida a través de la plataforma Google Meet, y concluyó con una entrega simbólica de reconocimiento al autor por parte de sus colegas, destacando el valor académico de su contribución a la doctrina jurídica nacional.
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México entregó a EE. UU. a Caro Quintero y otros 25 capos narco
México entregó el martes pasado a 26 señalados narcotraficantes a la justicia de Estados Unidos, entre quienes figuran miembros de “alto perfil” de los dos principales cárteles mexicanos, informaron las autoridades de ambos países. En medio de presiones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para detener el contrabando de fentanilo, México ya había enviado a ese país en febrero a 29 de sus más notorios capos de las drogas, entre ellos el veterano Rafael Caro Quintero, señalado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena" en 1985.
Entre los transferidos el martes pasado se encuentran capos de “alto perfil” de los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa“, señaló la embajada de Estados Unidos en México. En febrero, Washington designó a esos grupos como organizaciones terroristas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló en un comunicado la identidad de los 26 presuntos criminales, a los que señala como responsables de haber introducido a ese país “toneladas de peligrosas drogas, como cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína”.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que el traslado “es el más reciente ejemplo de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar a los cárteles y las organizaciones terroristas internacionales”. El documento destaca casos como el de Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, considerado el brazo financiero del CJNG y cuñado del líder de grupo criminal. Otro capo de alto perfil es Servando Gómez Martínez, apodado “La Tuta”, quien fuera uno de los jefes La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Es considerado entre los responsables de promover una escalada en la violencia y la saña con la que actúan los narcotraficantes.
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Cadena perpetua
La lista también incluye a Juan Carlos Félix Gastelum, apodado “El Chavo Félix” y yerno de uno de los jefes del cartel de Sinaloa, y a Pablo Edwin Huerta, alias “El Flaquito”, de la diezmada banda de los hermanos Arellano Félix. Hay jefes de seguridad de distintas bandas criminales y hasta un piloto que servía a los jefes del cartel de Sinaloa.
Salvo el caso de un presunto traficante de migrantes originario de Sierra Leona, todos enfrentan la pena de cadena perpetua, según el comunicado. Las autoridades mexicanas indicaron que el traslado se dio “bajo solicitud del Departamento de Justicia” de Estados Unidos, que “se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país”. La operación de este martes “es un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad”, destacó el embajador estadounidense, Ronald Johnson, al expresar su agradecimiento a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
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Riesgo a la seguridad
Según una declaración del gobierno y la Fiscalía General de México, los 26 acusados se encontraban detenidos en diferentes cárceles y “representaban un riesgo permanente a la seguridad” del país. El envío ocurre en momentos en que México y Estados Unidos negocian un acuerdo sobre seguridad, que incluye el tráfico de drogas y armas.
También se produce tras reportes periodísticos, la semana pasada, según los cuales Trump ordenó utilizar al ejército de ese país contra los cárteles de la droga, ante lo cual el gobierno mexicano manifestó que “no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses” en su territorio. Los 26 presos fueron entregados bajo un procedimiento legal abreviado, que excluye instancias previstas en los casos de extradición.
El gobierno de Sheinbaum justifica este tipo de medidas al señalar que algunos narcos recuperan la libertad porque supuestos jueces corruptos les conceden recursos de amparo. Uno de los capos que sigue prófugo es el líder del CJNG, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, por quien Washington ofrece hasta 15 millones de dólares por su captura.
En Estados Unidos ya están presos otros capos como los fundadores del cártel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua, e Ismael Zambada, alias “El Mayo”, en espera de ser procesado. No obstante, la banda criminal sigue activa y envuelta en una guerra entre las facciones de ambos capos que deja más 1.000 muertos en Sinaloa (noroeste) en el último año.
Fuente: AFP.
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Bolsonaro abandona la prisión domiciliaria para que le realicen exámenes médicos
Un juez de la corte suprema de Brasil autorizó este martes al expresidente Jair Bolsonaro a dejar temporalmente la prisión domiciliar para realizar una serie de exámenes médicos en un hospital.
El exjefe de Estado (2019-2022) está confinado desde la semana pasada en su residencia en Brasilia, por violar una prohibición judicial de uso de redes sociales en el marco del juicio que enfrenta por presunta intentona golpista.
Sus abogados habían indicado, en una solicitud presentada este martes a la corte, que Bolsonaro, de 70 años, tiene “síntomas de reflujo e hipo” crónicos y debe ir esta semana a un hospital en Brasilia para realizarse exámenes, incluyendo una endoscopia del tracto intestinal.
El expresidente ultraderechista aún sufre las consecuencias de una puñalada que recibió en 2018, con problemas gástricos y hospitalizaciones recurrentes.
El juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro, autorizó la visita hospitalaria.
El expresidente deberá presentar ante la corte un “certificado de comparecencia” al centro médico en un plazo de 48 horas después de los procedimientos, según determinados por el magistrado.
Las pruebas médicas deben hacerse el 16 de agosto, y Bolsonaro podría necesitar permanecer hasta ocho horas en el hospital, según sus abogados.
No descartan que los médicos recomienden acciones adicionales.
Bolsonaro se enfrenta a un juicio ante el Supremo Tribunal Federal acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Además es objeto de una investigación por obstrucción judicial, que se desprende de la campaña que su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro avanza en Estados Unidos para que la Casa Blanca presione a las autoridades brasileñas a favor de su padre.
En represalia al juicio contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó aranceles del 50 % a las importaciones brasileñas, mientras su gobierno impuso sanciones a Moraes.
Debido a la presunta obstrucción judicial, desde mediados de julio el excapitán del Ejército debe llevar una tobillera electrónica, y le está prohibido expresarse en redes sociales.
El 4 de agosto Moraes ordenó la prisión domiciliaria de Bolsonaro por incumplir esa última prohibición. Desde entonces, con excepción de sus abogados y familiares cercanos, toda visita a su residencia quedó proscrita, salvo autorización previa.
Moraes aún no ha respondido a un pedido presentado la semana pasada para revocar la prisión domiciliar del expresidente, que sus abogados denunciaron como “censura”.
Inhabilitado a presentarse a elecciones hasta 2030, Bolsonaro puede enfrentar unos 40 años de cárcel por el juicio en curso.
Fuente: AFP