Los defensores y defensoras públicas especializadas en la Ley 5777/16 “De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia” asisten a las mujeres e intervienen a pedido de la víctima en los procesos sobre violencia familiar, violencia doméstica o violencia contra la mujer exclusivamente. En este primer semestre, fueron asistidas 1.547 mujeres víctimas de violencia, 30 de las cuales fueron mujeres adultas mayores, de acuerdo a los informes dados a conocer por el Ministerio de la Defensa Pública.
Ante los juzgados de paz, fueron representadas 1.087 mujeres; ante el Ministerio Público, 233; ante los juzgados de primera instancia, 118 y en otras instituciones 106 mujeres.
La Defensa Pública también asiste y representa a las personas consideradas demandadas como victimarias dentro del proceso. En este primer semestre del año, fueron representadas 98 personas, 53 del sexo masculino y 45 del sexo femenino.
Es importante mencionar que la Defensa Pública cuenta con 18 defensores y defensoras públicas especializadas en la “Ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”. Los mismos realizan seguimiento a los casos denunciados con relación a violencia contra mujeres.
Igualmente, la defensa pública, dentro de su plan estratégico, ha establecido como prioridad la atención especializada a grupos vulnerables, entre ellos las mujeres víctimas de violencia. Por esta razón se considera necesaria la difusión de la Ley 5777/16, de manera que las mismas tengan buen conocimiento acerca de la ley que las protege.
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Hurto y violencia familiar: los delitos que acorralan a la juventud paraguaya
Un informe elaborado por el Observatorio del Ministerio Público reveló que el hurto y la violencia familiar encabezan la lista de los hechos punibles con mayor involucramiento de jóvenes en Paraguay. El análisis estadístico, que abarca 12 tipificaciones delictivas registradas entre los años 2021 y 2025, contabilizó un total de 725.501 causas ingresadas al sistema penal, exponiendo una problemática social que afecta de manera predominante a la población masculina de entre 18 y 30 años.
Entre los delitos contra la propiedad, el hurto fue el de mayor incidencia general con 314.777 denuncias, de las cuales el 60 % tuvo como sospechosos a jóvenes de la franja etaria estudiada y un 91 % de varones. En una línea similar, el robo sumó 89.170 causas y alcanzó el pico más alto de participación juvenil, donde el 67 % de los investigados pertenecía a este rango de edad y el 93 % eran hombres, abarcando modalidades como el robo agravado y con resultado de muerte.
Por su parte, los hechos punibles que atentan contra la integridad física y la convivencia también mostraron cifras preocupantes de crecimiento. La violencia familiar acumuló 172.722 denuncias en el quinquenio, con un 40 % de sospechosos de entre 18 y 30 años, mientras que las denuncias por exposición al peligro en el tránsito terrestre alcanzaron 47.304 causas, lideradas en un 47 % por conductores jóvenes. Asimismo, las causas por lesiones llegaron a 45.926 carpetas fiscales con una prevalencia juvenil del 40 %.
En materia de narcotráfico y delitos de gravedad institucional, la Ley N.º 1340/88 registró 13.991 investigaciones iniciadas, en las cuales los jóvenes representaron el 61 % del total de imputados. En cuanto a los crímenes de mayor impacto contra la vida y la libertad individual, la franja de 18 a 30 años concentró el 52 % de los indagados por lesión grave, el 40 % en casos de coacción sexual y el mayor porcentaje de las 6.565 denuncias por homicidio doloso registradas en el país.
El relevamiento expuso además situaciones de alta vulnerabilidad en el ámbito de la niñez y la protección del menor. De las 17.305 denuncias por abuso sexual infantil, el 30 % de los investigados pertenecía al rango juvenil, aunque el informe enfatizó con preocupación que un 14 % correspondía a adolescentes de 14 a 17 años. En contrapartida, las 7.680 denuncias por maltrato de niños bajo tutela mostraron una dinámica distinta, siendo las mujeres jóvenes el 75 % de las personas señaladas como responsables.
Desde la institución judicial remarcaron que el ingreso temprano al fuero penal genera secuelas inmediatas en la responsabilidad legal del ciudadano y fractura sus proyectos de desarrollo personal. Los antecedentes penales obstaculizan el acceso a la educación formal, la inserción en el mercado laboral y la estabilidad sociofamiliar, por lo que las autoridades instan a abordar esta realidad desde una perspectiva integral que combine prevención, educación y oportunidades reales para la juventud.
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Minga Porã: fiscal imputa a un hombre por tentativa de feminicidio y coacción grave
- Ciudad del Este. Agencia regional
Ovidio Mereles Paredes (41), denunciado por su pareja por golpearla e intentar matarla con arma blanca, está imputado por el fiscal Fernando Galeano, de la Unidad Penal N.º 2 de Minga Porã, por los supuestos hechos punibles de violencia familiar, tentativa de feminicidio y coacción grave.
La investigación se inició tras un violento episodio registrado en una vivienda del barrio 15 de Agosto, de Minga Porã, ocasión en que el supuesto victimario habría atacado con un cuchillo a su pareja. El imputado se encuentra prófugo y la Fiscalía solicitó su declaración de rebeldía.
El acto violento ocurrió el 12 de septiembre de 2026, entre las 02:50 y las 03:00, después que la pareja regresara a su vivienda, tras participar de un festejo por el aniversario del Partido Colorado. Una vez en la casa, el hombre habría iniciado una discusión con la víctima, motivada por celos y aparentemente bajo los efectos del alcohol.
Luego, en medio de insultos y descalificaciones por parte del hombre hacia su pareja, pasó a la agresión física a la mujer. Tras golpearla, habría tomado un cuchillo de cocina y amenazó de muerte a la mujer, quien se encontraba sentada en el suelo.
De acuerdo con los antecedentes, el agresor habría colocado el arma blanca a la altura del rostro y también del tórax de la víctima, mientras continuaba con las amenazas.
Todo el episodio de agresión y amenaza ocurrió frente a los hijos menores de edad. El pedido de auxilio que hizo la mujer alertó a los vecinos, quienes acudieron rápidamente al lugar.
Ante esta situación, el supuesto agresor habría abandonado la vivienda antes que el personal policial llegara. El acta de imputación también refiere antecedentes de episodios anteriores de violencia y señala que los hechos igualmente habrían sido observados por hijos menores de la pareja.
Asimismo, familiares y vecinos habrían aportado información sobre grabaciones del incidente que fueron difundidas en redes sociales. El Juzgado de Paz de Minga Porã dispuso medidas de protección para la víctima, entre ellas la prohibición de acercamiento y cualquier forma de violencia.
El fiscal Fernando Galeano pidió la prisión preventiva del hombre, una vez que sea capturado, al considerar que existen presupuestos para sostener la existencia de los hechos investigados y riesgos procesales.
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Concretan la primera aplicación de tobillera electrónica en Saltos del Guairá
En la localidad de Saltos del Guairá se implementó por primera vez el uso de tobillera electrónica en una persona que tiene un proceso legal por violencia familiar. Sin embargo, los primeros casos dentro del departamento de Canindeyú se usaron en personas que cuentan con prisión domiciliaria en la localidad de Katueté y Puente Kyjhá.
Esta persona fue beneficiada por la Jurisdicción Judicial de Canindeyú mediante el Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Simec). Se trata de un hombre que fijó como residencia en una vivienda ubicada en el kilómetro 6, que será monitoreado por la Policía Nacional.
“Es la primera vez que estamos recibiendo una persona con tobillera electrónica que guardará arresto domiciliario en nuestra jurisdicción. Estará siendo monitoreada mediante el sistema Simec, cuya oficina está en Alto Paraná”, expresó el comisario Miguel Troche, subjefe del puesto policial, en “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
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La medida fue autorizada por la jueza Erika Chudecki Duarte, del Juzgado Penal de Garantías n.° 5, quien designó que el puesto policial ubicado en el kilómetro 7 se encargue de monitorear a esta persona. “El sistema nos va a avisar en caso de que haya una actividad fuera de lugar del GPS de la persona”, detalló.
Resaltó que en caso de que esta persona tenga algún problema de salud que requiera salir de su casa, su abogado deberá avisar al Juzgado, y desde la institución deberán avisar si está o no autorizado para realizar esa salida. La misma medida se aplica en caso de que fallezca un familiar del procesado.
El primer caso histórico fue en Katueté, en noviembre 2025 para un hombre procesado por violencia familiar, quien al demostrar su insolvencia económica se les exoneró el pago mensual del equipo. El segundo caso fue en Puente Kyjhá en Junio 2026 que involucró a un joven de 23 años, quien mientras portaba el dispositivo fue detenido tras irrumpir en un establecimiento rural.
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Excoordinador y docentes afirmaron en juicio que Rivas participó en clases y rindió varios exámenes
En el marco del juicio oral y público que enfrenta el exsenador Hernán David Rivas, procesado por la presunta utilización de un título dudoso de abogado, declararon ante el tribunal el actual presidente de la ANEAES, José Duarte Penayo; Aurelio Marecos, excoordinador de la Universidad Sudamericana entre 2009 y 2014; Mario Antúnez, exdocente de la citada universidad; además de Heber Samaniego y Victorina Elizeche, exalumnos de la referida casa de estudios en Ciudad del Este.
El testigo Marecos, quien fuera coordinador entre alumnos y docentes en las sedes de Asunción y Luque de la Universidad Sudamericana, manifestó ante el Tribunal de Sentencia que conoce al exsenador Rivas de su época de estudiante de Derecho en la filial de Ciudad del Este.
Marecos relató que viajaba constantemente a dicha ciudad para tomar exámenes y señaló que, en ese entonces, Rivas no era una persona muy conocida. Explicó que pudo identificarlo porque tenía su número telefónico y que, en 2016, Rivas y otros estudiantes lo llamaron preocupados por el cierre de la facultad.
Asimismo, Marecos aclaró que nunca le tomó un examen personalmente a Rivas, pero que sí estaba presente durante las evaluaciones para registrar la asistencia de las personas. Posteriormente, las notas se cargaban en planillas.
El testigo también recordó a varios profesores y alumnos. Entre los docentes mencionó a Mario Reyes y Mario Antúnez; este último a cargo de materias como Derecho Constitucional, Penal y Procesal Penal. En relación a los alumnos, citó a Heber Samaniego —de Ciudad del Este—, a quien señaló como compañero de Rivas y con quien habría rendido exámenes. También recordó a Victorina Elizeche, Luis Gil, Ever Ortíz y a una persona de apellido Morínigo.
Respecto a Rivas, manifestó que estuvo presente en la mayoría de sus exámenes en Ciudad del Este, mencionando las materias de Constitucional, Penal, Tributario y Administrativo, y agregó que las evaluaciones podían ser escritas u orales.
Marecos afirmó que sabía que los alumnos asistían a clases debido a las planillas que le entregaban. Aclaró, además, que en la sede de Pedro Juan Caballero no existía la carrera de Derecho.
Por su parte, el testigo Mario Antúnez, exprofesor de la Universidad Sudamericana, señaló que el exsenador Rivas fue su alumno e incluso llegó a evaluarlo. Recordó haberle tomado un examen de Derecho Constitucional, ocasión en la que individualizó a Rivas.
Antúnez indicó que lo veía en clases los días viernes, que Rivas solía sentarse en la parte trasera del aula y que era una persona callada. En la misma línea declaró Victorina Elizeche, quien afirmó conocer a Rivas porque fue su compañero y lo vio en varias clases y exámenes.
Titular de la ANEAES
Por otro lado, el titular de la ANEAES, José Duarte Penayo, indicó que, según los informes de la intervención a la universidad en el año 2014, la carrera de Derecho en dicha institución “nunca existió” formalmente porque no fue catastrada ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).
Al ser consultado sobre quién es el responsable de iniciar los trámites para el catastro o la habilitación, Duarte fue tajante al asegurar que es una responsabilidad exclusiva de cada universidad. Igualmente, ante la pregunta de si el alumno tiene alguna intervención en los pasos administrativos del trámite, respondió de forma negativa.
Finalmente, aclaró que su postura es meramente técnica, no se dirige a Hernán Rivas en particular y afecta a todos los egresados de la Universidad Sudamericana.