El abogado Cristhian Velázquez, en representación de Raúl Brítez Benítez, presentó una denuncia en sede del Ministerio Público por los delitos de apropiación y estafa contra María Leticia Ruiz Cuenca, quien habría engañado a varios compatriotas que residen en España.
Refiere la denuncia que “en fecha 27 de agosto del 2020 el denunciante Raúl Brítez, quien tiene una empresa de empaquetar enseres, había enviado un contenedor a nuestro país siendo lugar de destino el puerto Caacupemí de Zeballos Cué, de la ciudad de Asunción, solicitado por los clientes y para el despacho correspondiente se abonó la suma de G. 52 millones a la denunciada, quien funge de despachante, María Leticia Ruiz Cuenca.
Explican que la mercadería nunca fue despachada y un año después el envío fue declarado en abandono por la naviera y la Aduanas lo puso en remate provisorio. Este hecho generó la sorpresa del denunciante, quien tuvo que contratar los servicios profesionales de otro profesional para poder realizar los trámites correspondientes y retirar la mercadería en cuestión.
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Asimismo, mencionaron los denunciantes que nunca se devolvió la suma de G. 52 millones que se envió a la denunciada para que pueda sacar la mercadería de Aduanas, por lo que la misma se apropió del dinero y, a su vez, engañó a varios paraguayos que tenían sus encomiendas en el contenedor.
El fiscal del presente caso es Aldo Cantero, de la unidad fiscal de Zeballos Cué, quien tendrá que analizar el presente caso y si considera y existen indicios de irregularidad en la actuación de la denunciada, tiene la posibilidad de imputar a María Leticia Ruiz Cuenca.
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A dos semanas de las elecciones, españoles se movilizan ante la crisis de la vivienda
España afronta este miércoles una huelga general convocada ante una ola de indignación por la crisis de la vivienda y el poder adquisitivo, temas álgidos a poco más de dos semanas de las elecciones generales en las que Pedro Sánchez se juega la reelección.
Catorce años después de la última protesta similar en la cuarta economía de la zona euro, los observadores estarán atentos al seguimiento del paro en la industria y los servicios, especialmente en el transporte público, donde no obstante se garantizarán servicios mínimos.
También se seguirá de cerca la magnitud de las manifestaciones previstas, sobre todo las de la tarde en Madrid y Barcelona, que podrían servir de barómetro del descontento social de cara a los comicios del 29 de noviembre.
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Los principales sindicatos del país llamaron a esta huelga siguiendo la estela de las protestas por el acceso a la vivienda. El detonante fue el desalojo forzoso de su apartamento en septiembre de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que falleció pocos días después.
“Es una huelga del pueblo. Yo creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que de donde ha salido la convocatoria es desde las mismas calles”, se congratuló el domingo en la radio pública Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, asociación clave detrás de la movilización.
De hecho, las protestas, que incluyeron una acampada que por cinco semanas ocupó la céntrica Puerta del Sol en Madrid, dieron pie a la convocatoria de las próximas elecciones generales. Al fracasar en validar un paquete de medidas sobre la vivienda en el Parlamento, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, adelantó los comicios previstos inicialmente para 2027.
“Una huelga contra nadie”
De todas maneras, el Gobierno de izquierda tiene previsto hacer aprobar el jueves, un día después de la huelga, parte de esas medidas en la Diputación Permanente, un órgano que hace las funciones de Parlamento, disuelto por la convocatoria electoral.
“Esta no es una huelga contra nadie, sino a favor de dar respuestas comunes por parte de todas las administraciones a un problema real que existe, que es el del acceso a la vivienda”, aseveró Sánchez el domingo al diario La Vanguardia.
Recordando los avances sociales logrados en España en décadas pasadas cuando “la gente dijo ¡basta! y se organizó y salió a la calle e hizo huelgas”, Sánchez llamó el lunes en la red social X a “proteger” lo logrado. La paralización de actividades, rechazada por la patronal que la ha calificado de protesta “electoral”, ha sido criticada por la derecha y la extrema derecha.
“No la hagan. No la hicieron en ocho años de Gobierno. No la hagan ahora” antes de las elecciones “o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre”, advirtió a los sindicatos la semana pasada en un mitin el líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo.
El jefe del PP, partido favorito para ganar las elecciones según las encuestas, calificó de “grave error” continuar con la huelga “69 muertos después”, en referencia a los fallecidos en una colisión de trenes en el centro del país a finales de octubre, un hecho que estremeció la campaña.
“Deberían tener un mínimo de vergüenza” los sindicatos “de corte marxista” y suspender la paralización, pero de no hacerlo “tomaremos nota”, advirtió Santiago Abascal, líder de la extrema derecha, cuyo apoyo podría ser necesario para formar gobierno si la derecha queda lejos de la mayoría absoluta, tal y como señalan los sondeos.
“Gran movilización social”
“Somos conscientes de que es un paro un tanto excepcional”, pero “el gran objetivo es promover una gran movilización social y un sentido común sobre el tema de la vivienda”, se defendió el lunes en el medio digital eldiario.es Unai Sordo, secretario general de uno de los principales sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO).
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El salario bruto español alcanza una media de unos 2.460 euros mensuales en 14 pagas, mientras que el alquiler de un apartamento de 50 m2 en Madrid costaba 1.170 euros al mes de media en octubre, según el portal Idealista. Esto supone casi la mitad del salario bruto promedio, una proporción muy alejada del 30% que suelen recomendar los organismos públicos y los profesionales de la vivienda.
Fuente: AFP
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Identifican a motociclista que falleció tras chocar contra un contenedor de basura
La Policía Nacional logró identificar a la mujer que falleció tras chocar contra un contenedor de basura en Cambyretá, departamento de Itapúa. El Ministerio Público está investigando la posición del depósito de residuos y sí contaba con la señalización adecuada cuando ocurrió el trágico percance.
Según el reporte de la comisaría 101, el accidente se reportó durante la noche del domingo sobre la ruta 14, en el barrio San Juan del distrito de Cambyretá. En el lugar se vio involucrada una motocicleta de la marca Leopard modelo HBI de color negro, que era guiado por una sola persona.
El trágico accidente se reportó cerca de las 23:00 cuando la mujer identificada como Delia Noemí Venialgo Barrios, domiciliada en el centro del barrio San Miguel, estaba circulando sobre la ruta 14 y en un momento dado impactó contra el contenedor metálico que contenía residuos.
Este depósito de basura de gran porte se encontraba al costado del camino y atendiendo a la alta velocidad con la que circulaba esta quedó tendida en el suelo. Hasta el lugar acudieron bomberos voluntarios, quienes confirmaron que la mujer falleció prácticamente al instante.
El procedimiento quedó a cargo del agente fiscal de turno y de los peritos del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, quienes levantaron evidencias en la escena para evaluar factores clave como la visibilidad en la zona, la velocidad del biciclo y las condiciones de señalización del contenedor.
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Brasileños denunciaron estafa en comercio de CDE por 77 mil reales
- Ciudad del Este. Agencia regional
Un comerciante brasileño denunció estafa en un local del microcentro de Ciudad del Este, tras compra de 17 aparatos celulares de alto costo.
Se habría pagado el 50 % del costo total de la compra con el compromiso de recibir las mercaderías, pero no se cumplió supuestamente.
Fue víctima Reinal Araujo Oliveira, residente en la ciudad de Brasilia, capital de la República Federativa del Brasil, según reportó el personal de la Comisaría 1a. El local donde habría ocurrido el hecho es Iphone Importado EAS, ubicado sobre la calle Camilo Recalde.
Tras la denuncia, siendo las 13:00 de hoy, los policías acudieron al local denunciado donde ya esperaban la víctima y su abogada Andrea Genez Franco.
El brasileño manifestó que el 28 de setiembre del 2026 adquirió del citado comercio 17 aparatos celulares de la marca Apple, modelo Phone 18 PRO MAX, por valor total de 140.000 reales.
Indicó que pagó 77.000 reales como parte del costo, con el compromiso de recibir las mercaderías y completar el monto total, pero no recibió los celulares adquiridos, ni tampoco una respuesta de los responsables de la tienda. Pasado más de un mes del negocio, Reinal Araujo decidió volver al local a reclamar y realizar la denuncia.
Se informó a la División de Fiscalización de la Municipalidad de Ciudad del Este y al fiscal Gabriel Segovia. La calle Camilo Recalde es una de las vías sobre las cuales están locales comerciales con reiterados casos de denuncias por supuesta estafa.
Otras denuncias
La Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Ciudad del Este recibió también hoy dos reclamos similares y fueron contra el local comercial Movi Store, por presuntas infracciones a la Ley N.º 1334/98 de Defensa del Consumidor.
Ante ambas denuncias, se realizó la mediación entre las partes y se llegó a acuerdos conciliatorios que contemplan el cambio de productos por un valor de 8.000 reales y la cancelación de compras por 9.500 reales.
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Denuncian penalmente al titular del Indert por perjuicio millonario en cobro de tierras
El abogado Weldon Walter Black Zaldívar denunció penalmente a Francisco Ruiz Díaz, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), por el cobro irregular de tierras en el Chaco dentro de tres juicios ejecutivos.
Según la denuncia, las demandas se habrían cerrado mediante un aparente arreglo que generó un perjuicio patrimonial al Estado.
La acción legal señala presuntas irregularidades en procesos judiciales tramitados para el cobro de deudas por tierras adjudicadas en el distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay, en el Chaco.
Los tres juicios ejecutivos fueron promovidos por el Indert en contra de Ángel David Bobadilla Rivas, Sergio Miguel Morán Barrios y Mario Alejandro Olmedo Urquhart.
El reclamo judicial inicial ascendía a cerca de G. 6.228 millones, cifra que incluía las cuotas vencidas, así como los intereses moratorios y punitorios.
Sin embargo, de acuerdo con el denunciante, en esa instancia comenzaron las anomalías: se habrían exonerado los intereses hasta en un 65 % “sin sustento en la ley”, lo que provocó —solo en ese concepto— un perjuicio patrimonial de más de G. 1.000 millones.
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Además, supuestamente se abonaron los gastos judiciales de forma directa con fondos públicos de la institución, sin una regulación judicial previa y sin exigir posteriormente el reembolso a los demandados.
Entre las irregularidades citadas, también se menciona el pago de honorarios al oficial de justicia Osvaldo Maldonado por un total de G. 155 millones (equivalente al 2,5 %), a pesar de que la tasa establecida habitualmente es del 1 %. La denuncia subraya que dicho desembolso se gestionó como «prioridad», sin concurso ni competencia.
El abogado Black Zaldívar sostiene que existió una condonación ilegal de los intereses que el Indert debía percibir, un monto que calificó como una pérdida efectiva para el Estado, sumada a los gastos judiciales no devueltos por los demandados.
El profesional concluyó que la institución no aplicó la ley y se extralimitó en sus facultades legales al dar por finiquitados los juicios.
El denunciante no determinó un valor cerrado del daño total y solicitó a la Fiscalía que lo cuantifique, incluyendo los gastos judiciales ocasionados sin devolución (notificaciones, viáticos y traslados), el dinero descontado de los intereses y otros detalles del proceso.
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