El fiscal Luis Trinidad Colmán imputó a dos mujeres por presunta estafa contra Y.F.A.V. y C.M.R.Y. El monto del supuesto fraude alcanza la suma de 45 millones de guaraníes. Ocurrió en la ciudad de Asunción.
La víctima Milciades Encina Aguilera había contactado con las mujeres que ofrecían teléfonos celulares a través de la red social Facebook. Al principio, el denunciante había comprado dos aparatos telefónicos de las ahora encausadas.
Al entrar en mayor confianza quiso adquirir más equipos y contactó nuevamente con las vendedoras y realizó nuevos pedidos, pidiendo además facturas legales, pero las mujeres explicaron al comprador que la empresa en la cual trabajaban solo podía expedir facturas por venta de electrodomésticos.
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Posteriormente, dos personas también pagaron por heladeras y televisores. Sin embargo, los electrodomésticos supuestamente estaban en el recinto de la Aduana y en 15 días serían entregados a los compradores.
Luego, pasó el tiempo y los aparatos no llegaron en poder de las víctimas. Tras el reclamo, las ahora imputadas argumentaron que necesitaban vender más productos para acelerar el retiro de Aduana, que sería en 15 días más. Así fue que los afectados totalizaron una compra de G. 45 millones en electrodomésticos, pero nunca recibieron los artefactos.
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Luego las dos mujeres con las víctimas llegaron a un acuerdo y firmaron un contrato por escribanía. Las investigadas firmaron sendos pagarés y se comprometieron a devolver el dinero en dos pagos de G. 22.500.000, que debían efectivizar el 25 de octubre y 25 de noviembre del 2020, pero nunca cumplieron con el compromiso.
A raíz de esta situación, se presentó la denuncia en el Ministerio Público, que luego de varios pedidos de informes recolectó elementos de convicción contra las denunciadas para el inicio del proceso penal.
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Estafa a colonos: fiscal general debe destrabar caso penal de imputados
El fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, debe destrabar el proceso penal que enfrentan el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín Campuzano, José Francisco Ljubetic, y otras dos personas procesadas penalmente por estafa, cuyas víctimas son colonos de Río Verde, departamento de San Pedro.
Rolón debe resolver la impugnación que se presentó contra la confirmación del fiscal del presente caso, Luis Alberto Godoy, quien fue recusado por el imputado José Francisco Ljubetic al solo efecto de dilatar que el presente proceso penal siga su curso.
De acuerdo al acta de imputación, el gestor José Francisco Ljubetic habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert.
Igualmente, se describe que Ljubetic se presentó ante los hermanos Bernardo y Hernán Friesen Neufeld, a quienes ofreció la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, ubicados en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón, por la suma de USD 1.600.000.
Para asegurar a sus víctimas, se dio participación a un supuesto equipo jurídico, conformado por los abogados Willian Bogarín Campuzano (exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara Baja) e Ilsa Maricela Paredes.
Los citados se encargarían de realizar algunos trámites en el Indert para beneficiar a los colonos de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro.
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Hipótesis formulada por Giuzzio fue derribada por la Fiscalía con su pedido de desestimación
El Ministerio Público realizó el pedido de desestimación de la denuncia contra Horacio Cartes, luego de no encontrar méritos a la denuncia formulada por Arnaldo Giuzzio y otros exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo. Sobre esto, el abogado Pedro Ovelar realizó un recuento de cómo se dio esta trama que tenía como fin acabar con la figura política del expresidente y para esto, utilizaron a las instituciones del Estado, a la Justicia e incluso a entidades extranjeras.
“La hipótesis de Giuzzio es totalmente derribada por la Fiscalía porque realiza diligencias para aclarar los hechos”, afirmó Ovelar durante el programa Fuego Cruzado, emitido por GEN/Nación Media, donde expuso que la Fiscalía echó por tierra todas las acusaciones en contra de Cartes y sin que haya elementos para procesarlo por ningún hecho punible.
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El abogado señaló que esta causa tuvo como único objetivo “afectar al movimiento Honor Colorado, dañar la imagen de Cartes y entorpecer la candidatura de Santiago Peña”. Según Ovelar, todo comenzó en diciembre de 2021, tras las elecciones municipales, cuando se iniciaron reuniones secretas en las oficinas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
En estos encuentros participaron Giuzzio, Daniel Farías, Verioska Velasco, la encargada de comunicación de Abdo, cuyas funciones nunca fueron muy claras. El resultado de esos encuentros, según su relato, fue la elaboración de un informe “sin relevancia penal”, filtrado luego a medios de comunicación para generar impacto político y mediático.
“El informe fue enviado de forma espontánea por Seprelad a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU. en abril de 2022, pidiendo que la jurisdicción norteamericana interviniera sobre Horacio Cartes y mintiendo sobre supuestas operaciones en paraísos fiscales”, denunció Ovelar.
Aseguró que este informe sirvió como base para posteriores publicaciones en medios de comunicación aliados al abdismo, que fue utilizado por referentes como Mario Abdo, Mauricio Espínola y Desirée Masi antes de su difusión oficial.
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Denuncias carecen de sustento
El abogado enfatizó que la Fiscalía, tras varios años de diligencias, concluyó que no existen hechos punibles ni participación de Cartes en actividades criminales, por lo que solicitó al juez el archivo definitivo del caso. Indicó que esta resolución “desmonta por completo la hipótesis de Giuzzio”, quien había acusado al expresidente de enriquecimiento ilícito, contrabando, evasión y actividades financieras irregulares.
“La Contraloría verificó que el crecimiento patrimonial de Cartes es lícito y justificado, que genere una actividad industrial que produzca algo, no le hace responsable de lo que hacen terceras o cuartos compradores. Tampoco se configura intermediación financiera ilegal por préstamos entre empresas propias o por percibir dividendos no retirados”, explicó.
Ovelar también responsabilizó al exembajador de EE.UU., Marc Ostfield, de haber sido el “ejecutor extranjero” del esquema que derivó en la sanción de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) contra Cartes. Relató que el caso del avión iraní, fue manipulado para alimentar la narrativa de presuntos vínculos con el terrorismo.
Finalmente, el abogado aseguró que el expresidente fue “condenado mediáticamente” y sancionado por organismos extranjeros, sin derecho a la defensa, a diferencia de los hoy denunciados por Cartes, quienes “tienen todas las garantías procesales para probar su inocencia”. A su vez, criticó los recursos y recusaciones presentados por la defensa de los denunciados, que a su criterio demuestran que “no quieren discutir el fondo de la cuestión”.
“La persecución no terminó con el gobierno anterior. Los daños siguen vigentes, afectando no solo a Horacio Cartes, sino también a miles de trabajadores paraguayos que dependen de su grupo empresarial”, sostuvo. Queda en manos del Poder Judicial resolver si se desestima o no la causa, y en este sentido, Ovelar pidió paciencia ya que el caso contiene muchas complejidades.
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Fiscal imputa a dueño de estación de servicios por contaminación de pozos de agua
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Orlando David Quintana, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente, de Alto Paraná, imputó al empresario Ramón Zárate Galeano, presidente de la firma Grupo Zagal S.A., por transgresión de la Ley 716/96, ante la contaminación de pozos de agua del barrio San Isidro, de Ciudad del Este.
El caso tiene que ver con una denuncia por ensuciar y alterar el agua, a consecuencia de pérdidas de hidrocarburos de tanques subterráneos, de una estación de servicios, que es operada por la empresa citada, según el escrito de imputación de la Fiscalía.
La investigación es por el hecho que habría producido el 13 de febrero de 2025, en el local ubicado sobre la avenida San José, de la capital del Alto Paraná, donde se constató la presencia de combustible en dos pozos de uso domiciliario, pertenecientes a vecinos que residen frente y a escasos metros de la expendedora de combustible.
“El análisis indica que ambos pozos se abastecen de la misma agua subterránea, lo que refuerza la presunción de contaminación ambiental por pérdidas en tanques o cañerías del surtidor”, refiere el escrito de imputación del empresario propietario de la estación de servicio.
En las diligencias investigativas, durante una inspección en el surtidor, la Fiscalía identificó irregularidades en el plan de gestión ambiental presentado por la empresa ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
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Proyecto contempla dos tanques, pero tiene cinco
Una de esas irregularidades es que el proyecto contempla solo dos tanques subterráneos de 20.000 litros cada uno. No obstante, en el sitio fueron hallados cuatro tanques de 10.000 litros y uno de 20.000 litros, todos en funcionamiento, así como otros cinco tanques en desuso que no fueron retirados del lugar, según el fiscal de la unidad ambiental.
Tampoco se implementaron pozos de monitoreo, ni se realizó el mantenimiento de las canaletas destinadas a la contención de derrames, conforme a lo previsto en las medidas de mitigación, en base a lo que dice el acta de imputación.
Ante estos hechos, el fiscal Orlando Quintana procesó al responsable de la empresa por la presunta transgresión a la Ley 716/96 y por el ensuciamiento y alteración de las aguas. Asimismo, solicitó al Juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.
Para tal efecto, el imputado deberá presentar una caución real o personal por G. 300.000.000, además de presentarse periódicamente ante el Juzgado para el registro de firma, y cumplir con la prohibición de salida del país y de cometer nuevos hechos punibles.
Como medida cautelar, la Fiscalía requirió la clausura de la estación de servicios y la prohibición de innovar en el establecimiento, hasta tanto se apruebe un plan de contingencia ambiental y se verifique el control efectivo de posibles pérdidas de hidrocarburos, a fin de evitar un mayor daño a los recursos naturales de la zona.
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Abogado de Boidanich afirma que fiscalía no reunió elementos tras sobreseimiento
El representante legal de Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), el abogado Claudio Lovera, señaló que el Ministerio Púbico no cuenta con los argumentos necesarios para sostener la denuncia en contra de su defendido. El letrado citó que en junio del 2024 se sobreseyó de manera provisional al exfuncionario, y un año después se reabre la causa sin los elementos que prueben la supuesta retención de informes.
“La fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional y afirmó en ese momento que no contaba con elementos que cumplan con el estándar que autoriza una acusación, y señaló el sobreseimiento provisional porque indicó al juzgado que esperaba en el plazo de un año pueda reunirse determinados elementos que puedan, en su caso, sería complementar la información analizada y que pueda eventualmente cambiar esta primera apreciación”, explicó Lovera, este jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Con la reapertura de la causa, el profesional cuestiona que la fiscalía, un año después aún no cuenta con los argumentos. “Lo que ocurrió en el plazo de un año es que el Ministerio Público realizó las diligencias que indicó y todos los resultados justificaron, o en su caso particular, ratificaron que realmente desde la Seprelad no se realizó ningún tipo de conducta tendiente a beneficiar a ninguna persona en concreto, ni en específico, ni en general”, apuntó.
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Prórroga irregular
La acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, alega que se habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias; entre junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018.
El abogado refirió que todas las diligencias realizadas por el Ministerio Público favorecían la postura de que no había méritos para acusar. “No obstante, contrariando al resultado de estas diligencias, el Ministerio Público presentó una acusación y manejando el provisional como si fuera nada más una prórroga de tiempo para tomar una postura, y no es una figura prevista en ese sentido”, cuestionó.
No acreditaron motivación
Así también, detalló que cuando la fiscalía imputó y llamó a indagatoria a Boidanich se sostuvo la sospecha que denominan como demora injustificada, en el envío de un informe de inteligencia que fue realizado con una motivación en particular y, según la sospecha que la fiscalía tenía o afirmaba en ese momento, esa motivación era evitar el inicio de una investigación penal.
“Hoy en día, cuando ellos presentan su acusación, claramente sostienen que no acreditaron la existencia de ese motivo, es más, sostienen que ese motivo no existía, pero de todas formas acusan”, sentenció el abogado.