El exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Bonifacio Ríos Ávalos afirmó que solicitará una aclaratoria sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para ver la posibilidad de su reintegro a la máxima instancia judicial, donde en este momento hay una vacancia.

“La Comisión está estudiando la posibilidad de hacer una presentación que en términos técnicos de ellos significa interpretación, pero para nosotros significa aclaratoria, porque la sentencia dice que está firme la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay donde ordena nuestra reposición”, dijo en declaraciones a la 1080 AM.

Comentó que el abogado de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos le transmitió esa misma duda y que va a tratar de aclarar. “Tengo 65 años, así es que desde ese punto de vista estoy habilitado”, aseguró.

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“La sentencia dice que está firme nuestra reposición. Nosotros vamos a realizar una consulta a la Corte porque hay una vacante o si debo esperar otra vacancia, hay una ambigüedad allí. Mi objetivo es volver”, añadió.

En otro momento, el exmagistrado refirió que la ley dice claramente que en los actos ilícitos son responsables todos los participantes, al aludir al juicio político por el cual fue removido de la Corte. “Solo dos senadores estuvieron en contra del juicio político, tenemos 43 responsables y todos son millonarios”, sentenció.

Ríos Ávalos también disparó dardos hacia el entonces presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos. “También cae como responsable el expresidente Nicanor Duarte Frutos, también una persona con alto poder económico”, puntualizó.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos comunicó en la víspera la sentencia a Paraguay, al considerar arbitraria la remoción de los exministros de la Corte Bonifacio Ríos Ávalos y el ya fallecido Carlos Fernández Gadea.

El caso data del año 2003, cuando ambos magistrados fueron destituidos de sus cargos por medio de un juicio político por supuesta corrupción, mala administración de Justicia y tráfico de influencias. Al considerar que se habían violado sus derechos de legítima defensa, los mismos recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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